La Junta debe a El Ejido cerca de 1,4 millones de euros en ayuda a domicilio y residencia

LAEDICION.NET.-La Junta de Andalucía debe a los ejidenses cerca de 1,4 millones de euros por el pago de los servicios de ayuda a domicilio y residencia geriátrica ‘Ciudad de El Ejido’. Y es que ésta ha pasado de adelantar las cantidades destinadas a estas prestaciones, a acumular en el último año importantes retrasos y déficit entre las cantidades comprometidas a través de resoluciones y los pagos correspondientes.

El portavoz municipal y concejal de Hacienda y Contratación del Consistorio, José Francisco Rivera, ha explicado que “el gobierno autonómico no está asumiendo las obligaciones que, por competencia, le corresponden; no cumpliendo así ni con las personas dependientes del municipio, que es lo que resulta más grave, ni con el propio Consistorio, desde donde se está haciendo frente a los pagos con recursos propios para garantizar la continuidad de importantes prestaciones sociales que afectan a un colectivo especialmente vulnerable”. Tal es así que la Administración Autonómica adeuda al Consistorio algo más de un millón de euros por los servicios prestados de ayuda a domicilio y más de 370.000 euros a la residencia.

En esta línea, el responsable municipal ha incidido en que “esta situación está causando graves perjuicios a la tesorería municipal; así como está afectando, de manera significativa, a los ratios medios de pago”. Asimismo, el edil ha señalado que “puede haber reclamaciones de deuda y se puede dar la situación de tener que hacer frente a importantes gastos financieros, lo que desestabilizaría en gran manera las arcas municipales”.

Por todo ello, el equipo de gobierno llevará al próximo Pleno municipal, que tendrá lugar el lunes, 25 de marzo, una moción para su aprobación en la que se insta a la Junta de Andalucía al pago inmediato de la deuda que mantiene actualmente con el Ayuntamiento de El Ejido por la prestación de los servicios del sistema de autonomía personal y atención a personas con dependencia, así como a la puesta en marcha del propio sistema que, hoy por hoy, se encuentra en situación de paralización casi completa.

El equipo de gobierno ha mostrado su sorpresa ante la abstención en Comisión Informativa de los grupos políticos de IU y PSOE de instar a la Junta a que pague esta importante cantidad económica. En este sentido, la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Julia Ibáñez, espera que “la oposición cambie el sentido del voto, dejando a un lado sus intereses políticos y partidistas y empiece a pensar más en el interés general”.

Ibáñez ha señalado que “el sistema de atención a la dependencia está paralizado y en regresión, lo que está provocando un claro perjuicio a las personas dependientes que requieren de este servicio tan necesario e importante para su desarrollo diario”.
En el caso de la ayuda a domicilio, la Junta de Andalucía ha disminuido en el último año el número de horas de este servicio en el municipio, pasando de 15.965 a 13.988, lo que ha supuesto una disminución del 12% en la prestación del servicio.
En la atención residencial, el geriátrico ‘Ciudad de El Ejido’ cuenta con 63 plazas concertadas y sin embargo, actualmente hay seis sin ocupar. Algo parecido ocurre con el Programa de Respiro Familiar que dispone de tres plazas concertadas con la Junta, de las que dos están sin cubrir.

La Unidad de Estancias Diurnas cuenta con 45 plazas, seis de ellas están vacantes. Lo mismo ocurre con el Programa de Estancias de Fin de Semana de la Unidad de Estancias Diurnas de la Residencia Geriátrica ‘Ciudad de El Ejido’ que dispone de 15 plazas concertadas y seis se encuentran libres. “Sin embargo, la demanda de recursos existe y no disminuye, tal es así que en 2012 la Junta de Andalucía admitió 280 expedientes y la resolución fue un expediente de ayuda a domicilio y dos de residencia en todo el año”, ha concretado Ibáñez.

Por último, la edil ha remarcado que “los riesgos sociales que pueden producir esta situación son evidentes; falta de atención especializada a personas que lo necesitan, desestructuraciones familiares o falta de oportunidades laborales para personas que tienen que cuidar a las personas dependientes, por nombrar tan sólo algunas de ellas”. Asimismo ha incidido en que “se está produciendo un agravio comparativo ya que los servicios son cofinanciados; es decir, que las personas dependientes participan en el copago de sus recursos y además se da la paradoja de que los usuarios sí pagan, y si no lo hacen, pueden perder la prestación; mientras que la Administración Autonómica, que es la que debe ampararle, no hace frente a sus obligaciones”.