jueves, 28 de marzo de 2013

Manos Limpias denuncia a Villalobos por "presunto delito de prevaricación"



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El Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias, a través de su coordinador general en Andalucía, Arnaldo Fernández Calderón, ha presentado una denuncia por "presunto delito de prevaricación" contra el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ante la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Provincial de Sevilla, apuntando a unas supuestas contrataciones "ilegales".
  LAEDICION.NET.- Según la denuncia, firmada por el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, y recogida por Europa Press, el colectivo apunta  a que "al menos 80 personas" han sido contratadas "al margen" de lo que se establece tanto en los artículos 14 y 103 de la Constitución, como en el 55 del Estatuto de la Función Pública y el 91 de la Ley de Bases de Régimen Local.
   Así, hace referencia a una noticia publicada por el diario 'ABC' en la que se enumeraba a políticos y expolíticos presuntamente contratados desde las últimas elecciones en la Diputación, además de en sus diferentes organismos y empresas.
   En este sentido, señala que esa "ilegalidad", conlleva un "ilícito penal por parte del órgano político", apuntando a un posible delito de "prevaricación", tanto respecto al bien jurídico protegido --"el correcto funcionamiento de la Administración"--, como a los elementos objetivos y subjetivos.
   "El sujeto activo es una autoridad o funcionario que ha dictado una resolución arbitraria, no adecuada a la legalidad", indica, apuntando además que en cuanto a los elementos subjetivos "el autor debe dictar la resolución a sabiendas de su injusticia, con intención deliberada y plena conciencia de la ilegalidad del acto, conociendo los elementos del propio dolo". Además, significa que "no se exige de forma expresa una lesión al correcto funcionamiento de la Administración pública para la consumación".
   De este modo, desde Manos Limpias se pide la realización de una serie de diligencias a practicar, apuntando a los expedientes administrativos de los contratados o "beneficiados", a informes del interventor y el secretario, a la declaración de los "beneficiados" o contratados, la titulación y currículum de estas personas, además de la publicación de la convocatoria y de los requisitos exigidos, entre otros.

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