A propósito de las oleadas de robos y asaltos a fincas
que sufre el medio rural
El
presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato, acompañado de varios dirigentes
regionales de la Organización mantendrá hoy un encuentro de trabajo con los
ministros de Agricultura, Miguel Arias Cañete, y Justicia, Alberto Ruiz
Gallardón, para analizar el grave problema que sufren las explotaciones
agrícolas con las sucesivas oleadas de robos perpetradas en el campo. Barato
pedirá a ambos ministros una acción coordinada del Gobierno para atajar esta
situación y propondrá cambios normativos dirigidos a endurecer las penas
contempladas en el Código Penal.
LAEDICION.NET.-Dos personas fallecidas (un vigilante en Cheste
(Valencia) hace pocos días y un pastor en Cinco Casas (Ciudad Real) en
diciembre de 2011) miles de robos y actos vandálicos llevados a cabo en todo el
territorio nacional y pérdidas de muy difícil cuantificación pero que ascienden
a millones de euros si tenemos en cuenta no solo el material robado (vehículos,
maquinaria, aperos, bombas de riego, motores, transformadores, gasóleo,
herramientas, plantones, cosechas enteras, ganado, etc.) sino también los daños
y destrozos causados en las explotaciones asaltadas y el consiguiente retraso
en las labores agrícolas hasta que se repone lo robado. Esta es la radiografía
de lo que está ocurriendo desde hace ya varios años en ámbito rural.
Las fincas y las explotaciones agrarias son asaltadas
con total impunidad debido a la insuficiente vigilancia existente en las zonas
rurales y a la laxitud de un Código Penal que en su actual reforma debe ser
corregido y modificado para acabar con graves deficiencias que hoy por hoy
tiene.
ASAJA va a pedir al ministro Gallardón que se agraven
las penas, catalogando de delitos lo que ahora son faltas de hurto, con
independencia de su cuantía económica, pero teniendo en cuenta no solo el valor
de lo robado sino también los daños colaterales (tiempo y costes de reparación,
horas pérdidas, etc.). También demandamos una respuesta efectiva a la
multirreincidencia para evitar que individuos con decenas de robos queden
libres.
Otra de las medidas que tienen que desarrollar las
distintas administraciones es el control exhaustivo, vía inspecciones, de los
posibles puntos de destino de los materiales robados (desguaces, chatarrerías,
mercadillos o cualquier establecimiento donde se sospeche que se puedan vender
objetos robados) y el control en aduanas de la salida de material robado hacia
otros países.
Por último, ASAJA también reclama una intensificación
de la vigilancia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en especial
en los periodos especialmente conflictivos (noches, fines de semana, y
festivos) así como una mayor coordinación entre los entes públicos (Guardia
Civil, Policía Nacional y Policía Local) y los entes privados (guardas de
cotos, guardas rurales y forestales) que también realizan tareas de vigilancia
en el campo.
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