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El defensor del paciente criticó la "falta de profesionalidad" con la
que se celebró ayer el juicio, que ha quedado visto para sentencia
La acusación particular ha
interesado penas de multa y pago de una indemnización de 500.000 euros para los
dos médicos del complejo hospitalario de Torrecárdenas, en Almería, acusados de
una presunta falta de imprudencia leve del artículo 621.2 del Código Penal en
la muerte de una bebé de ocho meses en 2006.
La menor falleció en el centro de salud de Adra en la madrugada del 3 de enero a causa de un "probable síndrome de Reye", según la autopsia que obra en las actuaciones si bien la acusación particular sostiene que, tal y como se diagnosticó "correctamente" a un hermano nacido un año y medio después, padecía una "enfermedad genética grave que afecta al metabolismo por déficit de beta oxidación".
En el juicio de faltas, que ha quedado visto para sentencia ante el Juzgado de Instrucción número 4, los dos acusados se han negado a contestar a las preguntas de la acusación particular y han respondido sólo al letrado de su defensa ante la ausencia de la fiscal asignada al caso. Tampoco ha comparecido en sala pese a estar citada la perito forense.
Según el abogado de la asociación El Defensor del Paciente, Ignacio Martínez, tras la práctica de la prueba, ha solicitado la imposición de sendas multas de cuatro meses a razón de 50 euros al día y una indemnización de 500.000 euros de acuerdo al baremo fijado por el Tribunal Supremo para víctimas de negligencias médicas. Subsidiariamente, en caso de que la juez considere la aplicación del baremos para accidentes del tráfico, 157.000 euros.
Martínez, quien ha criticado con dureza la falta de "compromiso y profesionalidad" con la que se ha celebrado la vista tras siete años de instrucción y el "luto continuado" que han padecido los padres, ha señalado que el único perito que ha depuesto en juicio ha sido el de la acusación particular, quien ha remarcado que la bebé, que murió dos horas después de recibir el alta hospitalaria, "tenía necesariamente que tener las analíticas alterados" en contra de los que sostienen los dos acusados.
El Juzgado de Instrucción número 4 resolvió hace un año tramitar las diligencias que se incoaron en 2008 como un juicio de faltas después de que la Fiscalía estimase que los hechos no podían ser considerados como constitutivos de un delito de imprudencia temeraria, como calificó el letrado de la acusación, pero sí de falta leve.
La menor falleció en el centro de salud de Adra en la madrugada del 3 de enero a causa de un "probable síndrome de Reye", según la autopsia que obra en las actuaciones si bien la acusación particular sostiene que, tal y como se diagnosticó "correctamente" a un hermano nacido un año y medio después, padecía una "enfermedad genética grave que afecta al metabolismo por déficit de beta oxidación".
En el juicio de faltas, que ha quedado visto para sentencia ante el Juzgado de Instrucción número 4, los dos acusados se han negado a contestar a las preguntas de la acusación particular y han respondido sólo al letrado de su defensa ante la ausencia de la fiscal asignada al caso. Tampoco ha comparecido en sala pese a estar citada la perito forense.
Según el abogado de la asociación El Defensor del Paciente, Ignacio Martínez, tras la práctica de la prueba, ha solicitado la imposición de sendas multas de cuatro meses a razón de 50 euros al día y una indemnización de 500.000 euros de acuerdo al baremo fijado por el Tribunal Supremo para víctimas de negligencias médicas. Subsidiariamente, en caso de que la juez considere la aplicación del baremos para accidentes del tráfico, 157.000 euros.
Martínez, quien ha criticado con dureza la falta de "compromiso y profesionalidad" con la que se ha celebrado la vista tras siete años de instrucción y el "luto continuado" que han padecido los padres, ha señalado que el único perito que ha depuesto en juicio ha sido el de la acusación particular, quien ha remarcado que la bebé, que murió dos horas después de recibir el alta hospitalaria, "tenía necesariamente que tener las analíticas alterados" en contra de los que sostienen los dos acusados.
El Juzgado de Instrucción número 4 resolvió hace un año tramitar las diligencias que se incoaron en 2008 como un juicio de faltas después de que la Fiscalía estimase que los hechos no podían ser considerados como constitutivos de un delito de imprudencia temeraria, como calificó el letrado de la acusación, pero sí de falta leve.
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