Gallardón privatizará la gestión de los registros Civil, Mercantil y de la Propiedad

• El Colegio de Registradores se hará cargo de todos ellos según el borrador de ley que prepara el Ministerio de Justicia.
• Los usuarios tendrán que pagar por servicios que eran gratis, aunque Justicia asegura que los trámites más habituales lo seguirán siendo.
• El Registro Civil Central desaparece.

LAEDICION.NET.-REDACCION.-Alberto Ruíz-Gallardón acometerá la privatización de la gestión de los registros Civil, Mercantil y de la Propiedad a través de una reforma legislativa que ya tiene borrador y que establece que estas entidades pasarán a ser llevadas por el Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España, en lugar de por los jueces. El texto del Ministerio de Justicia prevé que, tras el traspaso, los usuarios tengan que pagar un arancel por determinados servicios que hasta el momento no tenían coste. Esos pagos deberán sufragar los gastos de gestión, funcionamiento y conservación de las oficinas registrales, así como la retribución de sus profesionales.
Según costa en la reforma del artículo 294, los aranceles se aplicarán sobre los valores comprobados fiscalmente de las fincas o derechos objeto de los hechos, actos o negocios jurídicos sujetos a inscripción y, a falta de aquellos, sobre los consignados por las partes como precio o valor de tasación de los bienes.
El cobro se realizará sobre las peticiones de información sobre de partidas de nacimiento, matrimonio, divorcio, defunción o nacionalidad. Las concesiones de nacionalidad fueron los primeros trámites que Gallardón anunció que pasarían a manos de los registradores.

Los "privilegios" de los registradores

"Quienes acudan al Registro Civil tendrán que pagar un arancel para registrar una defunción y para cualquier acto o hecho obligatorio que inscriban, pero además habrá que inscribir otros actos que a día de hoy no son obligatorios, como poderes, el domicilio, seguros de vida y accidentes, y testamentos", ha denunciado UGT.
Para la asociación de Jueces para la Democracia (JpD), esta reforma perjudicará la mayoría de la población y beneficiará a corporaciones que "han sido tratadas tradicionalmente de forma privilegiada".
El Gobierno ha invertido alrededor de 128 millones en los registros que ahora entrega al ColegioAdemás, la JpD ve "contradictorio" que el Gobierno haya invertido unos 128 millones de euros en la modernización, informatización y digitalización de los registros civiles y que, ahora, "aproveche" esta mejora para asignarla a la "gestión privada con efectos lucrativos para sus gestores".
La modernización de esta parte de administración es, precisamente, uno de los motivos del cambio, ya que el Colegio de Registradores aportará las cantidades de las que el Ministerio carece para completar la reforma. A cambio, cobrará de los usuarios. Además, ello aligerará de carga los juzgados y tribunales.
El nuevo régimen organizativo reduce el número de oficinas y elimina el Registro Civil Central, aunque no esclarece el destino de los funcionarios que trabajan allí.
Según el departamento de Alberto Ruíz-Gallardón, los actos habituales para los que se recurre al Registro Civil, como pueden ser la inscripción de nacimientos y las actas de defunción, "seguirán siendo gratuitos para los ciudadanos".
Para defender su postura y negar la privatización, Justicia señala que los registradores son empleados del Estado que realizan un trabajo público.

El Ayuntamiento solicita paralizar la subida de la tasa de recaudación

Han remitido un escrito a la Diputación para renegociar el coste real del servicio tributario

LAEDICION.NET.-REDACCION.-El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Benahadux, encabezado por su alcalde, Juan Jiménez, ha presentado ante la Diputación Provincial de Almería, un escrito solicitando la paralización de la nueva imposición de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la prestación de los servicios de Recaudación tributaria.

La subida de tasas, que no ha sido consensuada con los Ayuntamientos y por tanto ha sido impuesta por la Diputación, supondrá una subida del 400% en 2013, lo que afectará a las arcas municipales de Benahadux, tanto que se pasará de pagar unos 35.000euros actuales, a más de 120.000 euros.

El primer edil de Benahadux, Juan Jiménez, ha manifestado que está dispuesto a llegar a acuerdos sobre el coste real de la prestación del servicio, pero admiten que el precio impuesto por la diputación no es creíble y para nada se ha llamado a los Ayuntamientos para acordar un precio por este servicio.

El equipo de gobierno de Benahadux, pide así al presidente provincial, Gabriel Amat, que reconsidere su postura en beneficio de los municipios almerienses. "La Diputación se creó para ayudar a los pueblos, no para castigarles", expone Jiménez que además matiza que su municipio ha sido responsable durante todos estos años, manteniendo un superávit y gestionando bien los recursos. "¿Por qué ahora nos obligan a pagar más de 120.000 euros al año?", se pregunta el regidor.