Ruiz Canto denuncia que la Junta “no vela” por la “legalidad” del sistema público ni por “dar el ejemplo” que “la ciudadanía se merece”
LAEDICION.NET.- El portavoz de Función
Pública del PP andaluz, Rafael Ruiz Canto, denunció hoy que la Junta de
Andalucía “no vela” por la “legalidad” del sector público andaluz ni por “dar
el ejemplo” que la ciudanía se merece, por lo que exigió al bipartito “la
claridad y transparencia de la que ellos tanto hablan” ante “los micrófonos
públicos” y que “luego en la intimidad” del Gobierno de Andalucía “no practican
para nada”.
Durante una rueda de prensa en Sevilla, el diputado popular exigió al Gobierno de Griñán que explique “públicamente” el motivo “de la sustitución” de los funcionarios que prestan servicio en el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía por un despacho privado de abogados y asesores tributarios; cuál es la cuantía “real” que han producido a las arcas andaluzas los “gastos de los caprichos de los recursos del Gobierno andaluz frente a la lógica jurídica y a las sentencias contra los actos que ellos imponen”; por qué los contratos de los diez últimos años no han “sido publicados para que participe cualquier gabinete jurídico que tenga capacidad” y “cuáles han sido las funciones ejercidas por los servicios jurídicos externalizados frente al trabajo que realizan los funcionarios”.
Ruiz Canto solicitó todas estas aclaraciones tras conocerse un auto de la juez que instruye el caso del fraude de los Expediente de Regulación de Empleo (ERE), Ana Rosa Curra, que ha detectado “discrepancias” en la adjudicación de contratos entre la Junta y un despacho privado de abogados durante una década por un móntate total de 1,5 millones de euros. En este sentido, también llama la atención, según precisó Ruiz Canto, la “gran diferencia” en el importe de las facturas declaradas entre el gabinete privado y la Agencia IDEA.
“El oscurantismo y la falta de transparencia es la bandera del Gobierno andaluz”, que “vía parlamentaria no da información, ni respuesta o dice que no sabe”, afirmó el portavoz de Función Pública del PP andaluz.
VARAPALOS JUDICIALES
Respecto a los varapalos judiciales a la Junta de Andalucía referentes a la reordenación del sector público, el diputado popular se refirió al decreto 216/2011, de 28 de junio, de adecuación de diversos organismos autónomos a la categoría de agencia administrativa regulada en la Ley 9/20078 recurrido por el Sindicato de Enfermería (SATSE), en el que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) determina que se vulnera el derecho de audiencia y por tanto “tiene que retrotraerse al principio”.
También informó de un fallo del Tribunal Supremo a favor de recursos de ciudadanos que denunciaban que la Agencia Tributaria de Andalucía había estado sancionando en el periodo 2009-2012 y practicando liquidaciones sin tener potestad para ello e incluso después de tener conocimiento de la nulidad de sus Estatutos. En este sentido, denunció que “los desmanes” de la Junta de Andalucía “nos llevará a los andaluces a pagar los costes”.
ACUERDO FANTASMA PARA EL ALQUILER DE VIVIENDA DE ALTOS CARGOS
En otro orden de cosas, Ruiz Canto también denunció la “opacidad” del bipartito que no “facilita información o la da con cuenta gotas” respecto al número de altos cargos y la cuantía que perciben en la gratificación por alquiler de vivienda, según un “acuerdo fantasma de hace más de trece años que se firmó en un Consejo de Gobierno que presidía” el ex presidente de la Junta Manuel Chaves y del que ya formaba parte el actual presidente, José Antonio Griñán.
“En ningún momento se nos aclara cómo se adjudican las viviendas ni cómo se pagan y sólo nos han acreditado que son 38 altos cargos los que perciben una media de 1600 euros mensuales, sin precisar nombres ni los puestos que ocupan”, explicó Ruiz Canto, quien criticó la demagogia del Gobierno bipartito que “sigue ejecutando los desahucios en los alquileres de las viviendas propias”, mientras “los altos cargos se benefician de un decreto fantasma que no se publicó” en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
Durante una rueda de prensa en Sevilla, el diputado popular exigió al Gobierno de Griñán que explique “públicamente” el motivo “de la sustitución” de los funcionarios que prestan servicio en el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía por un despacho privado de abogados y asesores tributarios; cuál es la cuantía “real” que han producido a las arcas andaluzas los “gastos de los caprichos de los recursos del Gobierno andaluz frente a la lógica jurídica y a las sentencias contra los actos que ellos imponen”; por qué los contratos de los diez últimos años no han “sido publicados para que participe cualquier gabinete jurídico que tenga capacidad” y “cuáles han sido las funciones ejercidas por los servicios jurídicos externalizados frente al trabajo que realizan los funcionarios”.
Ruiz Canto solicitó todas estas aclaraciones tras conocerse un auto de la juez que instruye el caso del fraude de los Expediente de Regulación de Empleo (ERE), Ana Rosa Curra, que ha detectado “discrepancias” en la adjudicación de contratos entre la Junta y un despacho privado de abogados durante una década por un móntate total de 1,5 millones de euros. En este sentido, también llama la atención, según precisó Ruiz Canto, la “gran diferencia” en el importe de las facturas declaradas entre el gabinete privado y la Agencia IDEA.
“El oscurantismo y la falta de transparencia es la bandera del Gobierno andaluz”, que “vía parlamentaria no da información, ni respuesta o dice que no sabe”, afirmó el portavoz de Función Pública del PP andaluz.
VARAPALOS JUDICIALES
Respecto a los varapalos judiciales a la Junta de Andalucía referentes a la reordenación del sector público, el diputado popular se refirió al decreto 216/2011, de 28 de junio, de adecuación de diversos organismos autónomos a la categoría de agencia administrativa regulada en la Ley 9/20078 recurrido por el Sindicato de Enfermería (SATSE), en el que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) determina que se vulnera el derecho de audiencia y por tanto “tiene que retrotraerse al principio”.
También informó de un fallo del Tribunal Supremo a favor de recursos de ciudadanos que denunciaban que la Agencia Tributaria de Andalucía había estado sancionando en el periodo 2009-2012 y practicando liquidaciones sin tener potestad para ello e incluso después de tener conocimiento de la nulidad de sus Estatutos. En este sentido, denunció que “los desmanes” de la Junta de Andalucía “nos llevará a los andaluces a pagar los costes”.
ACUERDO FANTASMA PARA EL ALQUILER DE VIVIENDA DE ALTOS CARGOS
En otro orden de cosas, Ruiz Canto también denunció la “opacidad” del bipartito que no “facilita información o la da con cuenta gotas” respecto al número de altos cargos y la cuantía que perciben en la gratificación por alquiler de vivienda, según un “acuerdo fantasma de hace más de trece años que se firmó en un Consejo de Gobierno que presidía” el ex presidente de la Junta Manuel Chaves y del que ya formaba parte el actual presidente, José Antonio Griñán.
“En ningún momento se nos aclara cómo se adjudican las viviendas ni cómo se pagan y sólo nos han acreditado que son 38 altos cargos los que perciben una media de 1600 euros mensuales, sin precisar nombres ni los puestos que ocupan”, explicó Ruiz Canto, quien criticó la demagogia del Gobierno bipartito que “sigue ejecutando los desahucios en los alquileres de las viviendas propias”, mientras “los altos cargos se benefician de un decreto fantasma que no se publicó” en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
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