jueves, 23 de mayo de 2013

El juez que encarceló a Blesa se enfrenta a su posible expulsión




El Consejo del Poder Judicial investiga "faltas graves" pero que no tienen relación con la investigación de Caja Madrid
LAEDICION.NET.-El juez de instrucción número 9 de Madrid, Elpidio José Silva Pacheco, quien la pasada semana envió a prisión al ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa por irregularidades en la compra del City National Bank de Florida, tiene pendiente desde abril un expediente disciplinario que le ha incoado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por retrasos, falta de motivación de sus resoluciones y mal comportamiento con sus funcionarios. Las faltas, de ser confirmadas, conllevarían la suspensión del juez, su traslado forzoso o la separación de la carrera judicial.

Así lo confirmaron a Europa Press fuentes del órgano de gobierno de los jueces, que apuntan que Silva Pacheco acumula un nutrido historial disciplinario desde 1994, cuando fue suspendido tres meses de sus funciones por retrasos en su juzgado de entonces, el número 1 de Instrucción de San Roque, en Cádiz.

Actualmente, la Comisión Disciplinaria del CGPJ está instruyendo contra él un expediente por dos faltas muy graves y una grave. Las primeras lo son por "absoluta y manifiesta falta de motivación" de sus resoluciones -sanción prevista en el artículo 417.15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)- y por retrasos en la tramitación de asuntos en su juzgado -artículo 417.9 de la misma Ley- mientras que la grave corresponde al artículo 418.5, que sanciona la falta de consideración a sus funcionarios.

La resolución del expediente, bien mediante la imposición de sanciones o con su archivo, debe producirse antes de seis meses de su incoación o caducará.

Esa caducidad ya le ha valido al juez Silva para eludir dos sanciones anteriores, valoradas en 6.000 euros. El magistrado fue sancionado por el Consejo en septiembre del 2010 por una "falta grave", por desatender de forma reiterada requerimientos realizados por instancias jurídicas superiores. El Tribunal Supremo anuló las multas al superarse el tiempo para la resolución fijado por la legislación.

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