Sólo en 2.405 casos la vivienda estaba ocupada cuando la autoridad judicial
ejecutó la sentencia; apenas en 355 fue necesaria la fuerza pública.
LAEDICION.NET.-La
Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), cuyo máximo
exponente es la polémica
Ada Colau, lleva meses protagonizando una intensa campaña
mediática para denunciar el
"drama social" -e
incluso
"genocidio"- que provocan los desahucios en
España, hasta el punto de liderar el movimiento de
acoso a políticos
del PP para imponer
su propuesta legislativa. Y todo ello, empleando como principal
y casi único argumento el elevado número de
ejecuciones hipotecarias que
se han producido desde el inicio de la crisis.
En este sentido, la PAH ha empleado insistentemente las cifras publicadas
por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para proclamar que España
acumula más de
400.000 desahucios desde 2008. Su mensaje ha
calado hasta tal punto que el Gobierno ha aprobado la
paralización temporal de los desalojos e incluso ha
reformado la Ley Hipotecaria para reforzar la protección de
los deudores. Este dato, sin embargo, no es correcto y constituye
una de las grandes falacias que
distorsiona el problema
de los desahucios.
Efectivamente, según el CGPJ, el número de ejecuciones hipotecarias
presentadas en los juzgados asciende a un total de 415.117 entre 2008 y 2012, a
un ritmo medio de 83.000 casos al año. Sin embargo, la PAH obvia que
no
todas las ejecuciones acaban en desahucio (lanzamiento o desalojo) y
que, además, la inmensa mayoría de éstas
no afectan a la primera y
única vivienda. Las ejecuciones y lanzamientos que contabiliza el
Poder Judicial incluyen todo tipo de procesos: inquilinos expulsados por no
pagar el alquiler, segundas viviendas, extranjeros que regresan a su país de
origen y abandonan el piso, promociones inmobiliarias requisadas a la empresa
deudora o demandas judiciales en las que al final se llegó a un acuerdo.
Es decir, las
cuentas del CGPJ no desglosan a qué
corresponde cada caso, por lo que
no son válidas para
contabilizar lo que el común de los mortales entiende por
"desahucio": desalojar por la fuerza (vía judicial) a una familia de
su única propiedad (vivienda habitual) por impago de hipoteca. Tanto es así que
el propio Poder Judicial tuvo que matizar que los desahucios de primera
vivienda apenas
ascenderían a 25.000 desde 2008 (el 10% del total de
ejecuciones hipotecarias), en línea con las estimaciones ofrecidas por las
entidades financieras.
Ahora, el
Banco de España (BdE) ha vuelto a desmentir el
eje argumental que emplea la PAH para exigir la paralización de los desahucios
y la aprobación de la dación en pago con carácter retroactivo. La entidad que
dirige Luis Linde ha publicado este viernes la
primera estadística
oficial sobre ejecuciones hipotecarias en España, pero limitada tan
sólo a personas físicas y a vivienda habitual. El siguiente cuadro resume las
principales conclusiones del informe.
1. El número total de
hipotecas
a hogares para adquisición de vivienda habitual asciende a
6,1 millones
a cierre de 2012.
2. El número de
viviendas habituales entregadas
como resultado del impago de hipoteca se situó en
32.490 en 2012 (0,53%
de las hipotecas totales).
3. Sin embargo, dentro de las entregas de primera vivienda
hay que diferenciar entre las voluntarias (tras llegar a un acuerdo entidad
financiera e hipotecado) y las forzosas (por vía judicial).
- Las entregas
voluntarias se situaron en 18.325 (56%), y de
éstas 14.110 implicaron dación en pago (43%
del total), es decir, la entrega de la propiedad conllevó
la extinción total de la deuda.
- Desahucios de
primera vivienda (lanzamientos forzosos): las entregas de
inmuebles para cuya posesión fue necesario acudir a la vía judicial
ascendió a 14.165 el pasado año (44%).
- Además, en estos casos de
desahucio por vía judicial, 11.760 pisos estaban vacíos en el momento de
la posesión y tan sólo 2.405 seguían ocupados.
Tumba varios mitos
Así pues, la estadística del BdE tumba de golpe varios mitos propagados por
la PAH, que han servido de excusa al propio Gobierno para paralizar
temporalmente desahucios y cambiar la Ley Hipotecaria.
El primero, y más importante, es el referido al
número total de
desahucios. Según esta estadística, tan sólo se produjeron
14.165
desalojos forzosos (vía judicial) de primera vivienda en 2012, una
cifra muy en línea con los
15.000 casos hasta 2011 que reveló la banca y los
cerca de 25.000 desde 2008 que estima el Poder Judicial.
Pero con independencia de la cifra exacta, todas ellas están
a años luz
de los 400.000 desahucios que denuncia la plataforma de Colau.
Los datos también muestran que la entrega de vivienda habitual por impago
tan sólo afectó al
0,53% de las hipotecas, desmintiendo la
existencia de un problema generalizado -el "drama social" que
proclama la PAH-. Además, a diferencia de lo que denuncia esta plataforma, el
informe pone de manifiesto que
en la mayoría de los impagos (56%),
entidad y deudor llegaron a un acuerdo. Y en estos casos, el 77% de
las entregas voluntarias pactadas por las partes incluyó la
dación en
pago, de modo que el traspaso de la vivienda saldó toda la deuda.
Por otro lado, hay que destacar que dentro de los desahucios judiciales (los
14.165 de los que hablábamos) sólo
2.405 desalojos se
produjeron con la
vivienda ocupada (estos son realmente los
casos que la mayoría de la población entiende que se produce un desahucio en
sentido estricto y de los que los medios se hacen eco). Es decir, que esos
cientos de miles de casos de familias a las que, en teoría, se expulsaba de su
casa sin tener otro sitio al que ir, en realidad, no llegan a 2.500 en el peor
año de la crisis. Esto supone el 7% de las entregas y el 0,04% del volumen
total de hipotecas.
Dando un paso más, el Banco de España apunta a que sólo en 355 ocasiones fue
necesaria la intervención de las
fuerzas del orden para forzar
el desalojo. Esta última cifra contrasta con los "miles" de casos en
los que, según la PAH, han intervenido sus afiliados para evitar el desahucio.
Con todas estas cifras sobre la mesa es lógico preguntarse si era necesario
cambiar la Ley Hipotecaria, que afecta a seis millones de hipotecas, o podría
solucionarse el problema con medidas dirigidas a esas 2.500 familias
desalojadas.