Madrid lanza un programa para que los parados con prestación trabajen en los ayuntamientos

LAEDICION.NET.-Hoy entra en vigor una nueva política activa de empleo de la Comunidad de Madrid, con su publicación en el boletín regional. El programa, que canalizará de forma temporal a parados que cobran prestación hacia trabajos en ayuntamientos, viene acompañado de la polémica, tras las críticas vertidas por oposición y sindicatos. Por su parte, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha asegurado que "no es nuevo" que las administraciones empleen en régimen de colaboración social a parados que están cobrando prestación ya que esa posibilidad existe desde 1982.
El plan recibe el extenso nombre de Programa de Recualificación Profesional de Desempleados Participantes en Trabajos Temporales de Colaboración Social y ofrece, durante un plazo máximo de seis meses, experiencia profesional y formación a los que participen.
Según se aprobó el pasado 16 de mayo, el programa estará dotado con unos 15 millones de euros. Cada ayuntamiento podrá solicitar hasta 100 puestos de colaboración social de forma que hasta 4.500 personas podrán beneficiarse, de acuerdo con las previsiones del gobierno regional que preside Ignacio González.

Destinatarios y subvenciones

Podrán participar en los proyectos todos los demandantes de empleo inscritos en las oficinas de la comunidad y que estén cobrando algún tipo de ayuda por desempleo, ya sea la prestación del paro de nivel contributivo, un subsidio de nivel asistencial o la Renta Activa de Inserción.
Los ayuntamientos harán la selección a partir de la lista de posibles candidatos que les remitan desde las oficinas de empleo y distribuirán los contenidos formativos y de experiencia laboral. Además de esto, el parado recibirá orientación profesional para la búsqueda activa de empleo y, en su caso, para el desarrollo de una iniciativa emprendedora, a través de la Oficina de Empleo, con una duración de diez horas al mes.
En conjunto, las actividades de práctica profesional, formación y orientación profesional no podrán exceder de ocho horas al día, se explica en el BOCAM.

Las subvenciones

Además, para ponerlo en marcha Madrid habilitará subvenciones para los municipios que participen, destinada a sufragar los gastos derivados del desarrollo del proyecto: los costes del complemento de la prestación o subsidio por desempleo; los costes de desplazamiento y de la cuota por accidente de trabajo y enfermedad profesional, y los costes de impartir la formación.
El importe de esta subvención se determinará en función de la 'jerarquía' de los costes. De este modo, para los primeros gastos, se calcula en 500 euros por desempleado participante al mes; mientras que para los costes de impartir la formación, la subvención será de 5 euros por desempleado participante por hora de formación.
La convocatoria podrá priorizar las obras o servicios vinculadas al cambio del modelo productivo y a las actividades económicas emergentes o con potencial en la generación de empleo, tales como servicios que formen parte de un proyecto de dinamización turística, industria cultural o energías renovables.
También se incluye en este apartado el ahorro energético en la rehabilitación de edificios, rehabilitación de espacios urbanos o de edificios públicos, entre otras.

Las críticas

Tanto la oposición al PP, al frente del gobierno madrileño, como los sindicatos han expresado su rechazo a esta medida, que califican de "discriminatoria".
Ayer, CCOO aseguró que esta medida, junto a la denunciada la semana pasada en la que se da prioridad en la asignación de ofertas de empleo a las personas que cobran prestaciones, tiene como objetivo "aumentar los controles de los perceptores y reducir la factura del desempleo". 
El sindicato añade que estos trabajos temporales de colaboración social no tienen la consideración de trabajos por cuenta ajena, aunque la jornada pueda ser de ocho horas diarias, ya que el desempleado está obligado a desempeñar un trabajo de utilidad pública. Sin embargo, a cambio "no será contratado ni dado de alta en la Seguridad Social".
Por su parte, desde el PSOE han calificado el plan de de "economía sumergida" y "empleo encubierto". "La reforma laboral ampara y da cobijo legal a este tipo de medidas", ha denunciado la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, que cree que se trata de una nueva "discriminación" para los parados que no perciben ningún tipo de prestación.
A su vez, el diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) por Asturias, Gaspar Llamazares, cree que es una "grave equivocación" obligar a los parados a trabajar para los ayuntamientos si no quieren perder sus prestaciones, porque la lucha contra el desempleo "no trata de utilizar una mano de obra casi esclava" sino de crear puestos de trabajo "de calidad".

El negocio de los contenedores de ropa crece y llena Madrid de buzones ilegales

• El Ayuntamiento retiró 1.313 de estos puntos de recogida de las calles de la ciudad en 2012, un 31% más que el año anterior.
• Cada uno puede generar hasta 3.500 euros al año, según la OCU.
• No pagan impuestos y sus dueños se aprovechan de la buena fe de quienes depositan sus prendas para hacer negocio.

LAEDICION.NET Hay decenas en las calles de Madrid. En esquinas, recovecos, junto a los cubos de la basura o los del reciclado de papel y vidrio. Quienes los colocan lo hacen clandestinamente y a sabiendas de que se enfrentan a multas de entre 751 y 1.500 euros, pero, aun así, lo siguen intentado. El negocio de los contenedores ilegales de ropa se ha disparado en los últimos tiempos en Madrid. Solo en 2011, el Ayuntamiento de la capital retiró 997 puntos no autorizados de recogida. Ninguno de ellos había solicitado permiso de ocupación de la vía pública ni había pagado los impuestos correspondientes.
Los propietarios de los contenedores 'pirata' los disfrazan con pegatinas o símbolos institucionalesEn 2012, la cifra de 'capturas' creció un 31% hasta los 1.313, en parte por el mayor celo de los vecinos y la Policía Municipal y en parte porque sus dueños cada vez intentan instalar más, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). En 2013, el ritmo está siendo de 4 o 5 diarios, según Humana, la única ONG con contenedores autorizados.
Los propietarios de estos buzones son empresas o, directamente, redes que pretenden aprovechar la buena voluntad de los madrileños para sacar tajada. La mayor parte de las veces se presentan como ONG. Otras, tratan de imitar los recipientes autorizados colocando pegatinas que simulan las auténticas o, incluso, el escudo municipal y la bandera de la Comunidad de Madrid. Llamar a los teléfonos móviles que aparecen en estos soportes es prácticamente inútil, porque rara vez contestan o devuelven las llamadas.
En todos los casos, la ropa termina en almacenes o domicilios que seleccionan, arreglan si es necesario y venden la ropa a tiendas de segunda mano o en mercadillos como los de La Elipa o el rastro de Madrid. También se han detectado envíos al norte de África, Sudamérica o Europa del Este.

Madrid, "plagada"

El negocio, alerta la OCU, es lucrativo: cada depósito, con capacidad para unos 100 kilos de prendas y calzado, puede llegar a generar hasta 3.500 euros al año. Solo en el barrio de Las Rosas la organización localizó a principios de año 16 buzones de los que 14 eran ilegales. La ciudad, aseguran, está "plagada" de ellos. La pasada semana, este diario comprobó la existencia de varios en la calle del Almendro (Latina), Juan Álvarez Mendizábal (Moncloa), o Cardenal Silíceo (Prosperidad).
La situación se repite en el resto de municipios de la región. Eso, a pesar de que los asaltos para robar las prendas o la sustracción de los propios contenedores para venderlos como chatarra son cada vez más frecuentes. Las afectadas no denuncian porque saben que sus contenedores son ilegales. "La crisis ha hecho que algunos afinen el ingenio para ganarse la vida", indica un policía municipal a ESTE DIGITAL
Si veo a alguien echando ropa en un contenedor falso, le alerto de que es una estafaY tanto que lo hacen. El pasado mes de abril, agentes del distrito de Chamberí detuvieron a dos individuos vestidos con uniformes de operarios del Ayuntamiento que habían serigrafiado su furgoneta con los colores que usa el Área de Medio Ambiente para intentar pasar desapercibidos mientras colocaban y recogían ropa de sus recipientes cerca de la calle de Princesa.
El Consistorio alerta de que la colaboración vecinal es fundamental para acabar con estas prácticas, bien notificándolo al Área de Medioambiente (91 588 10 00 o 010 para información general) o bien alertando a las patrullas de la Policía Municipal presentes en la zona.
Ana P., de 31 años y residente en la zona centro, ha optado por otra táctica: "Si veo a alguien echando ropa en un contenedor falso, le alerto de que es una estafa o pongo un letrero con rotulador". El boca a boca también funciona.

Contenedores autorizados

En la capital, Humana es la única ONG autorizada para recoger ropa. Sus 150 recipientes, verdes y con una estética más cuidada que los ilegales, solo están situados en puntos limpios y edificios de titularidad municipal como los polideportivos. También recogen ropa en sus 11 tiendas.
Según la organización, el 12% de la ropa recogida va a sus tiendas. El 47% se vende a comerciantes en África, mientras que otro 31% se envía a plantas de reciclaje. Un 10% ni siquiera puede usarse, por lo que va a los vertederos. Si Humana obtiene más ropa de la que puede clasificar, la vende a otras plantas de reciclado.
Esta actividad comercial ha sido criticada por sus detractores. Humana ha sido relacionada con la secta danesa Tvind, extremo que la ONG niega. El Ayuntamiento de Valencia, por ejemplo, ha decidido retirar sus contenedores de la vía pública por la existencia de una parte de negocio en su actividad. Con los beneficios obtenidos, Humana asegura financiar proyectos de cooperación al desarrollo en África, Sudamérica y Asia. Para contrarrestar las acusaciones, la entidad ofrece en su web sus cuentas y auditorías.

Andalucía, Murcia y Madrid, las ‘cuentas pendientes’ de Cospedal en el PP

LAEDICION.NET.-Las reformas de Mariano Rajoy están poniendo contra las cuerdas a los ‘barones’ autonómicos del PP que, junto a los alcaldes, sufren en sus ‘carnes’ la indignación ciudadana. Tal es la situación que muchos de ellos no quieren encabezar la candidatura del partido en las próximas elecciones autonómicas. Un problema para el que María Dolores de Cospedal no encuentra solución. Este sería el caso de Andalucía y Murcia. En Madrid, por su parte, no logra que cuaje su apuesta por Cristina Cifuentes. Los problemas se le amontonan a la ‘número dos’ del PP. Por si no tuviera bastante con tener que acallar las críticas que ha despertado en un sector de los populares vascos, encabezado por Santiago Abascal, el nombramiento ‘a dedo’ de Arantza Quiroga como relevo de Antonio Basagoiti, ahora tiene que buscar candidato para otras autonomías. Desde la marcha de Javier Arenas, el PP de Andalucía se encuentra descabezado. La elección de Juan Ignacio Zoido como líder autonómico no ha acabado de cuajar, entre otras cosas porque ni a él le ha gustado. El alcalde de Sevilla, según fuentes populares, no quiere moverse de la capital andaluza y ya le ha trasladado a Génova su negativa a encabezar la papeleta electoral. Una ausencia de candidato a la Junta que merma el discurso del PP en una de las más importantes autonomías de España en la que los populares nunca han gobernado, aunque sí han rozado el poder. A pesar del desgaste del PSOE, José Antonio Griñán logró mantenerse. Eso sí, gracias a un pacto con IU. Esta situación de vacío en la que se encuentran los populares andaluces debe ser resuelta por Cospedal, y cuanto antes. Y es que, hay un sector del PP que presiona por conocer ya el nombre de quién se presentará a la Presidencia de la Junta. Ayer mismo, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, reclamó elegir “cuanto antes” al que será el candidato, ya que es un tema que no se “debe dilatar”. El PP de Andalucía no es el único problema al que se enfrenta Cospedal. En Murcia, Ramón Luis Valcárcel recordó hace unos meses que ha llegado el momento del ‘adiós’ tras ocho años en el poder. Ahora, la secretaria general de los populares se las tendrá que ingeniar para colocar a su sucesor que quiera asumir esta responsabilidad y que consiga el beneplácito de sus compañeros. Y es que, la dirigente manchega quiere evitar un frente como el abierto en Madrid. La apuesta de Cospedal por Cristina Cifuentes para la Alcaldía de Madrid ha desatado un huracán en las filas del PP autonómico que amenaza con una nueva crisis interna que ponga en jaque el control que la secretaria general ejerce en los populares.

El ex presidente Aznar paga las clases de golf que les dieron por la cara a él y su familia

El Club de campo abre una investigación para saber que fue lo que pasó

El Ayuntamiento de Madrid costeó 203 clases para los Aznar

LAEDICION.NET.-La familia Aznar ha decidido abonar al Club de Campo de Madrid la totalidad de los importes cobrados en 2001 por su instructor por unas clases de golf que recibió como "cortesía", mientras que la empresa ha abierto una investigación para determinar la veracidad de las facturas.
Según ha informado el Club de Campo Villa de Madrid en un comunicado, la familia del ex presidente del Gobierno José María Aznar ha decidido abonar esa cantidad "voluntariamente" e "independientemente de que concluya dicha investigación y se determine el coste de las clases realmente impartidas".
Al mismo tiempo, la empresa, en la que el Ayuntamiento tiene una participación del 51%, ha consultado las agendas de los miembros de la familia Aznar en las fechas indicadas en las facturas y ha abierto una investigación "ante la improbabilidad de que esas clases ocasionales alcanzaran el número de horas o el importe facturado".
La investigación interna abierta, ha indicado, servirá para "determinar la veracidad del contenido de esas facturas y exigir, en su caso, las responsabilidades que procedan a quien cobró esas cantidades del Club".
El diario 'El Mundo' publicó este 2 de abril de 2013 facturas emitidas por "clases de golf impartidas al señor presidente del Gobierno (José María Aznar) y su familia" en 2001 en las instalaciones de esta empresa mixta, participada al 51% por el Ayuntamiento de Madrid, por importe de 1.947.773 pesetas (11.706,35 euros).
Esta sería la cantidad que ha decidido abonar la familia Aznar, aunque el Club de Campo ha evitado incluirla en su comunicado.
'El Mundo' afirma que hay cuatro recibos, dos pagados y conservados por el Ayuntamiento, un tercero que no se abonó y otro que ha desaparecido, por clases impartidas por Germán Garrido Canora.
Además, en su comunicado, el Club de Campo Villa de Madrid ha aclarado que ofreció al entonces presidente del Gobierno y su familia "la posibilidad de recibir clases de golf a cargo de un técnico empleado de la entidad", unas prácticas "que se impartieron de forma esporádica a algunos miembros de la familia, sin que la entidad tenga constancia de su número o frecuencia".
Unas clases "de cortesía"
Ha precisado que esas clases "fueron ofrecidas por el Club de Campo como una atención de cortesía y, por tanto, en ningún caso se comunicó a la Presidencia del Gobierno que esa actividad a cargo de un instructor empleado por el club debiera ser remunerada".
Tampoco, ha añadido, que fuera facturada "de forma unilateral a la entidad por el técnico encargado como un acto privado distinto de las tareas propias de su puesto de trabajo".
Ha reconocido asimismo que, "en cualquier caso, y sin cuestionar en su momento la buena fe de dicho empleado, el Club abonó parte de las facturas que éste les presentó por ese concepto".

Ana Botella pedirá a Montoro que los desahuciados no tengan que pagar la plusvalía municipal

LAEDICION.NET.-.La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, le pedirá por carta al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que los afectados por procesos de desahucios no tengan que abonar la plusvalía municipal haciéndose cargo de ella, en su lugar, las entidades bancarias.

La petición la hará en los próximos días “como medida protectora a las personas en situación económica vulnerable”, informó Europa Press. Para ello solicitará una modificación de la Ley de Haciendas Locales en el apartado de los cambios de titularidad catastral y el pago de la plusvalía municipal en las ejecuciones hipotecarias para que sean los bancos los que se hagan cargo de esos desembolsos.

La delegada de Hacienda y Administración Pública, Concepción Dancausa, ha manifestado a través de un comunicado que los desahucios son “verdaderos dramas personales y familiares. Son personas que se quedan sin hogar por la imposibilidad de pago del préstamo hipotecario correspondiente, principalmente por la situación de desempleo de uno, varios o incluso todos los miembros de la unidad familiar”.

A esta “situación de indefensión” del ciudadano desahuciado se acoge Ana Botella para instar al Gobierno central a que cambie la normativa actual, que establece que cuando se produce una ejecución de estas características es el desahuciado quien está obligado al pago de la plusvalía municipal.

Para Dancausa “no es razonable que la Ley obligue al pago de la plusvalía municipal a quien se ve obligado a perder su vivienda por un proceso de ejecución hipotecaria o dación en pago ya que sus posibilidades económicas son mínimas y viene a agravar aún más la delicada situación de las familias que sufren este penoso trance”.

Estos son los argumentos que esgrime el Gobierno de Ana Botella para “dar un paso al frente ante esta situación y tomar la iniciativa para instar al Estado” a que se consideren estas operaciones de ejecución hipotecaria como no sujetas al impuesto sobre la plusvalía municipal.

La propuesta que plantea el Ayuntamiento se limita a la ejecución hipotecaria de la vivienda habitual. Esto no significa que la operación quede sin tributar por completo, lo que se conseguiría con esta propuesta sería demorar el pago del impuesto hasta la posterior transmisión, en la que se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada del desahucio.

En definitiva, como explican desde el Ayuntamiento, el número de años de posesión que se tendría en cuenta para la siguiente transmisión -que sería realizada no por la persona desahuciada sino por el que adquiere el inmueble en dicho proceso, que en la mayoría de los casos es la entidad financiera titular del crédito hipotecario- no se contaría de nuevo. Así, la plusvalía municipal de la persona desahuciada finalmente sería abonada por la entidad financiera en el momento de la posterior transmisión del inmueble.

Dancausa ha destacado que quien de verdad denota capacidad económica en estos supuestos es “el que adquiere la vivienda, bien sea la entidad financiera, bien el adjudicatario final del inmueble en la subasta correspondiente”. Por tanto, “es razonable liberar a quien sufre esta ejecución hipotecaria de la obligación de pago de la plusvalía municipal, para que sean los adjudicatarios del inmueble quienes deban tributar finalmente por este impuesto”, ha defendido la delegada.

La intención municipal es que la propuesta tenga efectos retroactivos “para que también puedan beneficiarse de ella las personas desahuciadas en los últimos meses, debido al incremento de la morosidad que se ha producido por la virulencia de la actual crisis económica”.

Dancausa ha recordado que no es la primera vez que desde el Consistorio de Madrid se toman iniciativas en ese sentido. En diciembre de 2011 el Pleno del Ayuntamiento aprobó una proposición, por unanimidad de todos los grupos municipales en la que se instaba al Gobierno de la Nación a que modificase la Ley de Haciendas Locales para que la plusvalía municipal fuese abonada en los casos de ejecuciones hipotecarias por el adquirente del inmueble, es decir, la entidad financiera.

El Gobierno de la Nación acogió dicha propuesta en el Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, pero circunscribiéndola a los deudores que se encontraban en los umbrales de exclusión a que se refiere dicha norma.

La incidencia de esta medida sería prácticamente inapreciable en el presupuesto municipal. Primero, como explican, porque dado su carácter extraordinario no se recogen en las previsiones de ingresos que por este impuesto se consignan en los presupuestos municipales y, segundo, porque las probabilidades de éxito en el cobro de este tipo de contribuyentes es prácticamente inexistente.

Desde el Ayuntamiento también se está trabajando con la Administración central para que los cambios de titularidad catastral derivados de ejecuciones hipotecarias se realicen lo más rápido posible y evitar cobros indebidos a estas personas del Impuesto de Bienes Inmuebles y la Tasa de Basuras.

Particulares expropiados se querellan contra Botella por la operación 'Nuevo Bernabéu’

LAEDICION.NET.-Según el digital local ‘Madriddiario’, los herederos del Conde de Maudes llevan al Ayuntamiento al juzgado para exigir una compensación. Florentino cedió unas parcelas en Carabanchel a la ciudad, y quiere ampliar el estadio mediante un párking subterráneo, un hotelazo y un centro comercial. El proyecto pergeñado entre el Real Madrid y el Ayuntamiento para remodelar el Santiago Bernabéu cuenta con elementos que tratan de soterrar la reforma, nacida del enésimo pacto de Florentino Pérez con el exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón. La Operación Nuevo Bernabéu, con la que el conjunto merengue pretende agrandar su estadio y albergar un hotel de cinco estrellas, un aparcamiento subterráneo y un centro comercial, sigue adelante, pero tendrá que sortear en los tribunales la denuncia que presentará la familia Ruiz Villar, otrora propietaria de los terrenos afectados.
Según el digital madrileño Madriddiariolos Ruiz Villar, herederos de Pedro Villar, Conde de Maudes, llevarán al Ayuntamiento ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo por la remodelación del estadio, operación por la que exigen una compensación económica. Desde 1942, el Consistorio madrileño ha expropiado numerosas veces a la familia, titular de varias parcelas colindantes.
La última expropiación, fechada en 1990, es la que ha dado a la familia munición para solicitar una recompensa; la de ahora sería la segunda gratificación, ya que en los noventa el Ayuntamiento ofreció a los Ruiz Villar 100 millones de las antiguas pesetas, que terminaron aceptando. Aquella expropiación se realizó para construir un aparcamiento público que nunca llegó a cuajar. "Ya en 19990 impugnamos la construcción del párking”, contó la familia –con la que Vozpópuli trató de contactar ayer en vano- al diario deportivo As en 2009. “Esas parcelas fueron expropiadas para vía pública, y un cambio en el uso tendría como consecuencia la reversión, la devolución".
En definitiva, lo que los Ruiz Villar plantean, según Madriddiario, es que la reforma del Bernabéu no reúne las “características públicas” que condujeron a la expropiación del año 90, tales como el aparcamiento inacabado o las zonas verdes que hoy se asientan en los antiguos terrenos de la familia; la remodelación beneficia más bien al Real Madrid.
No son los primeros pasos que dan los antiguos propietarios: ya han presentado alegaciones al proyecto ante Ayuntamiento y Comunidad y un recurso de reposición contra el mismo. El paso siguiente son los tribunales, aunque la familia no se fía del todo: “El Ayuntamiento tiene una maquinaria jurídica enorme contra la que es muy difícil litigar”.
Valorada en unos 70 millones de euros, la operación parece otro caramelo de Gallardón a Florentino: el Real Madrid acometerá obras profundas en una zona emblemática de la capital a cambio del 10% del coste del proyecto, la parcela de la esquina del Bernabéu y otras cuatro parcelas en el Barrio de Opañel, en el Distrito de Carabanchel y fuera de la M30. Las cuatro parcelas ya pertenecían a Cibeles: en octubre de 2011 el Consistorio se las cedió al club blanco en compensación por un terreno en el barrio de Las Tablas que, en el marco de la Operación Ciudad Deportiva, debió de ser entregado al Real Madrid pero nunca se le dio. 

González hace público su patrimonio: ingresó 112.725€ en 2011 y tiene 11.761€ en acciones

·  El presidente de la Comunidad de Madrid y sucesor de Esperanza Aguirre solo declara de su propiedad el 20% del ático de Marbella.

·  Figuran a su nombre un todoterreno y un utilitario.

·  Debe pagar 77.500 euros de un crédito de Bankinter y 135.000 a La Caixa.

LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, cumplió este miércoles su compromiso de trasparencia haciendo públicas sus ganancias y su patrimonio. Pasadas las 12.00 horas, la página web del Gobierno autonómico (www.madrid.org) difundió un resumen de su declaración de la renta de 2011 y un extracto firmado ante notario de sus bienes patrimoniales.
En los mismos figura que el sucesor de Esperanza Aguirre en el Ejecutivo regional y secretario general del Partido Popular de Madrid declaró a Hacienda ingresos por un montante de 112.725 euros en 2011. Su sueldo hasta septiembre era de 5.903 euros netos al mes (9.042 brutos) según las nóminas distribuidas por el Ejecutivo. En los tres últimos meses del año, tras jurar su cargo como presidente, su nómina se redujo ligeramente dado que en Madrid el sueldo base del segundo de a bordo es 133 euros superior al del primer responsable.
En total, después de abonar los impuestos correspondientes, la declaración le salió a devolver por un total de 118 euros.

Acciones y depósitos

Respecto a sus bienes, González declara en propiedad únicamente el 20% del polémico ático de lujo en Marbella investigado por la Justicia. El resto, según las escrituras que presentó en su día, pertenece a su mujer. No figura a su nombre su residencia habitual, situada en Aravaca, que donó a su familia en 2009, aunque él sigue pagándola.
González ha invertido 24.600 euros en depósitos bancariosEl presidente cuenta con acciones de dos grandes sociedades que cotizan en Bolsa: la eléctrica Iberdrola (4.500 euros) y Repsol YPF (7.100 euros).
A estos hay que sumar los títulos por valor de 11 euros de Fadesa Inmobiliaria, perteneciente a Martinsa Fadesa, la constructora implicada en un presunto pelotazo urbanístico vinculado a la red Gürtel en Arganda del Rey y que protagonizó la mayor quiebra de una constructura en España. El valor fue excluido de la cotización el 17 de diciembre de 2012. También tiene 150 euros en acciones de la nacionalizada Bankia, cuyo valor por unidad está en 0,32 euros.  En conjunto, las acciones suman 11.761 euros.
Estos no son sus únicos activos. González ha invertido 24.600 euros en depósitos bancarios en en Caja Madrid (2.800 euros), Bankinter (17.500) y Barclays (4.300).

Participa en una firma inmobiliaria

Además, participa en dos empresas que no cotizan en Bolsa. Una de ellas es Subastas Segre, con 391 acciones, de la que su esposa es una de las propietarias. La otra es Marpepina S.A. (80 acciones), una sociedad que tiene por objeto social la compraventa, explotacion, cesión y arrendamiento de inmuebles y fincas. Se constituyó en 2002 y su capital social supera los 100.000 euros.
Marpepina S.A. se dedica a la comercialización de fincas rústicas y urbanasEn el extracto firmado ante notario figura que el dirigente madrileño debe pagar dos dos créditos hipotecarios de 212.500 euros. El primero de ellos, concedido por Bankinter por importe de 77.500 euros sirve a González para pagar su vivienda en Aravaca. El segundo, a cargo de La Caixa y por valor de 135.000 euros, corresponde al abono de su 20% del ático marbellí.
González refleja, asimismo, un seguro de vida de 120.000 euros. A su nombre figuran dos vehículos: un todoterreno de gama alta marca Toyota del modelo San Cruiser y un utilitario Smart de dos plazas.

Primeras imágenes del complejo Eurovegas que se construirá en Alcorcón

Las Vegas Sands Corporation ha ofrecido al Gobierno regional las primeras imágenes en 3D de lo que será el macrocomplejo de ocio y turismo que bajo el nombre de Eurovegas levantará en los próximos años en la ciudad madrileña de Alcorcón. En algunas de estas imágenes, a las que ha tenido acceso Europa Press, se ve uno de los gran resort que quiere poner en marcha en la primera fase, con el hotel central en forma de 'M' rodeado de fuentes y fuegos artificiales.

LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-Alcorcón se ha confirmado oficialmente como sede de Eurovegas, cuya primera fase empezará a construirse antes de que acabe 2013 y contará con financiación suficiente, según han anunciado hoy el consejero delegado de Las Vegas Sands, Michael Leven, y el presidente madrileño, Ignacio González.
Un anuncio que, aunque ya se esperaba -desde que Leven dejara caer este lunes en Londres que Alcorcón era el terreno con más posibilidades-, ha vuelto a despertar elogios y críticas entre grupos políticos, empresarios y ciudadanos.
Valdecarros y Torrejón-Paracuellos han dicho definitivamente adiós al proyecto, después de meses de especulación sobre los terrenos que lo albergarían.
González y Leven han comparecido en una multitudinaria rueda de prensa en la sede de la Presidencia del Gobierno de Madrid para confirmar la ubicación -en 750 hectáreas de Alcorcón- y sobre todo para lanzar un mensaje tranquilizador respecto a la financiación de la inversión, "probablemente la más importante que se va a producir en España y seguramente en casi todo el mundo en los próximos años".

Ignacio González ha concretado que el 35 % del capital saldrá de los propios recursos de Las Vegas Sands y que se buscará financiación para completar la primera fase.

Leven, a su vez, ha precisado que su compañía tiene 2.686,5 millones de euros (3.600 millones de dólares) disponibles para arrancar el proyecto, y que cuenta con disponibilidad de crédito por parte de "muchos bancos" que ayudarían a financiar el proyecto.
El máximo responsable de Las Vegas Sands en el encuentro ha avanzado también las fechas de ejecución de la inversión, y ha dicho que la idea es completar el strip -la calle principal del complejo- en unos 15 o 18 años, y finalizar las tres fases "antes de que Sheldon Adelson cumplan 100 años", es decir, en 21 años como muy tarde.
No ha especificado exactamente el número de puestos de trabajo que creará, pero siguiendo los ejemplos del complejo de Las Vegas Sands en Singapur, ha calculado que en Alcorcón se podría dar trabajo a 40.000 personas de manera directa, y a otras 40.000 en las zonas comerciales y resto de instalaciones del complejo.
Serán empleos, ha continuado, ocupados preferentemente por españoles -"siempre y cuando quieran hacer estos trabajos", ha dicho Leven-, y excepto los puestos de supervisión, que estarán reservados a personas de confianza de la compañía, traídas seguramente de otros países.
Junto a las garantías de Las Vegas Sands, el Gobierno madrileño ha expuesto sus compromisos, como la promesa de poner en marcha "un marco legislativo que permitiera desarrollar grandes proyectos de interés regional", marco legal que "hoy es una realidad".
Con todo, Madrid ha dejado en manos del Gobierno central cuestiones como las infraestructuras (aumentar las carreteras, conectar Eurovegas con el tren de alta velocidad o la posibilidad de crear un aeropuerto en las proximidades), y temas más controvertidos como posibles modificaciones de tipo fiscal o cambios para permitir fumar en los casinos.
Paso previo a todo esto será, no obstante, la apertura de un concurso para que otras empresas que pudieran estar interesadas en la iniciativa puedan aspirar a construirlo, concurso que se convocará hacia el mes de abril y que se resolverá en septiembre.
Y mientras los vecinos de la zona se movían hoy entre la satisfacción, la esperanza por el empleo que se creará y las críticas, los partidos políticos han retomado los cruces de opiniones sobre la inversión.
Así, entre otros, han mostrado su defensa de Eurovegas los consejeros del Gobierno regional, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella; el Partido Popular, el alcalde de Alcorcón, David Pérez (de este partido), y el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) y de la Cámara de Comercio, Arturo Fernández.

Han reiterado su postura en contra, sin embargo, los partidos de la oposición o la plataforma 'Eurovegas No', que ya ha advertido de que intensificará la movilización ciudadana para frenar el proyecto, y esta misma tarde celebrará una concentración en la Puerta del Sol.
Otros, a su vez, esperan tener beneficios de la inversión, como Ignacio Elduayen, gerente del aeródromo de Casarrubios del Monte (Toledo), que ha confiado que Eurovegas acelere la construcción del proyectado aeropuerto.

La cubierta de la plaza de Las Ventas se hunde

LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-TAURODELTA investigará el fallo técnico que provocó que ayer se desprendiera parte de la cubierta provisional que se había instalando sobre el ruedo de la plaza de toros de Las Ventas, cuatro días antes de que se procediera a su inauguración. El proyecto, de 4 millones de euros, “obra de vanguardia y diseño de la ingeniería española”, según la Comunidad de Madrid, ha quedado aplazado al menos un año

Ana Botella ignora una sentencia del Supremo para ganar más dinero con la venta de unos terrenos en Valdebebas

LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-Ecologistas en Acción ha cargado  contra Ana Botella por querer subastar una parcela en Valdebebas a la que otorga uso residencial edificable, cuando estas características fueron anuladas por el Tribunal Supremo. El colectivo ha asegurado que la alcaldesa de Madrid quiere hacer negocio con este proceso y ha amenazado con llevar al Ayuntamiento ante la justicia si no paraliza la venta.
En una nota de prensa, la plataforma ecologista señala que “la Agencia Tributaria de Madrid, dependiente del Ayuntamiento, tiene previsto subastar el 31 de enero una parcela que ha obtenido por embargo a La Dehesilla de Valdebebas, Sociedad Cooperativa Madrileña”. El anuncio sobre dicho proceso “fue publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del pasado 5 de enero”, aunque Botella ha decidido ‘omitir’ algunos aspectos con el fin de obtener los mayores beneficios en este proceso.
Según esta asociación, “dicha parcela se sitúa en Valdebebas, uno de los veintidós ámbitos del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid anulados por sentencias del Tribunal Supremo de 2007 y de 2012”. En este sentido, los ecologistas remarcan que el anuncio del Ayuntamiento de la capital describe el terreno como “residencial y se le asigna una edificabilidad (superficie que se puede construir) de 6.773 metros cuadrados. En estas condiciones, la valoración de partida es de 4.330.208 euros”.
“Se omite en el anuncio que la parcela ha perdido la condición de suelo urbanizable y por tanto, el uso residencial y la edificabilidad asignada. El terreno está incluido en un sector anulado por sentencia y, por tanto, su suelo no es urbanizable”, sigue la carta de este colectivo, que acusa al consistorio de Botella de cometer una “grave imprudencia” que no es más que “un engaño a los interesados y futuros compradores”.
Por ello, Ecologistas en Acción ha solicitado “a la Agencia Tributaria de Madrid que suspenda la subasta o rectifique el anuncio, ajustando las características de la parcela a la realidad urbanística actual”. Si no lo hace, ha advertido, llevarán al Ayuntamiento ante los tribunales.

La Justicia estrecha el cerco sobre Ignacio González

LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-La Justicia estrecha el cerco sobre Ignacio González por la trama de espionaje a varios cargos del PP de Madrid. La juez que instruye este caso ha imputado al exsubdirector del Área de Seguridad de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la región, Miguel Castaño. Un departamento que estaba en aquella época controlado por el actual presidente autonómico.
El ‘caso de los espías’ ha vuelto, y lo ha hecho con más fuerza que nunca. Desde que la Audiencia Nacional ordenara hace unos meses reabrir la investigación sobre los seguimientos a cargos del PP se han sucedido las imputaciones al respecto, seis a día de hoy. La última, la de Castaño, mano derecha del que fuera director de Seguridad de la Comunidad, Sergio Gamón, que también se encuentra imputado por presunta malversación de fondos públicos.
Ambos, tanto Gamón como Castaño, formaban parte de la estructura de la consejería que en su día ostentaba Ignacio González y, según recoge la SER, se les señala como los principales responsables de elaborar los partes de seguimiento a Alfredo Prada y Manuel Cobo, entre otros, que después remitían al mencionado González.
Junto a la imputación, al exsubdirector de Seguridad de la región se le ha citado el próximo 5 de febrero para que declare por esta trama.
Esta decisión se produce apenas una semana después de que El País desvelara que Alberto Ruiz Gallardón y Cristina Cifuentes también fueron víctimas de seguimientos. “Gamón y Castaño [director y subdirector general de Seguridad] nos trasladan a principios de 2008 de forma verbal tanto a los tres policías como a los tres guardias civiles [fichados como asesores de seguridad] una relación de personas a las que denominan objetivos, de los cuales el vicepresidente D. Ignacio González [hoy presidente autonómico] tiene especial interés en conocer sus actuaciones y movimientos”, aseguró el guardia civil en el escrito firmado que su abogado, Ramón González Bosch, remitió al juzgado este pasado 8 de enero, según este diario.
Unas noticias a las que el presidente de la Comunidad de Madrid trató de restar credibilidad destacando que este tema “se archivó y ahora cambian las declaraciones”.

La Comunidad de Madrid subirá el precio del transporte en febrero otro 3%

·  El incremento está en la línea del crecimiento del IPC, situado en el 2,9%.

·  El año pasado los usuarios cargaron con dos subidas, en mayo y septiembre.

LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-Los madrileños tendrán que pagar un 3% más de media por su abono transporte y por el resto de billetes para los medios públicos de locomoción a partir del próximo mes de febrero. El consejero de Transportes e Infraestructuras, Pablo Cavero, adelantó este lunes que esa será la cifra que el Consorcio Regional de Transportes, organismo controlado por el Ejecutivo autonómico, propondrá al resto de representantes de su consejo de administración como medio para cuadrar las cuentas del ente que gestiona el sistema de transporte autonómico.
El Ejecutivo lo justifica en la subida del precio de la energía y los carburantesLa subida, destacó Cavero, es acorde al IPC (que ha subido un 2,9%) y no afectará por igual a todos los títulos. Será este martes, tras la reunión del consejo de administración del Consorcio, cuando se conozca cómo afectará el incremento a los distintos operadores (Metro, autobuses interurbanos, EMT) y en las bonificaciones de las que se benefician algunos colectivos como las personas con discapacidad o las familias numerosas.
Cavero achacó la revisión al alza a la necesidad de mantener el equilibrio en las cuentas del Consorcio y al incremento de los costes de la energía en algunas modalidades del transporte, por ejemplo, la electricidad en el suburbano, o el gasóleo en los autobuses interurbanos.

Tercer 'sablazo'

La subida de febrero será la tercera con la que tendrán que cargar los usuarios en menos del año. En mayo de 2012, la Comunidad dio un 'sablazo' al bolsillo de los ciudadanos al subir los precios hasta un 11% de media, cinco veces más de lo que se encarecía el coste de la vida. En septiembre, y después de que el Gobierno de Mariano Rajoy decidiese subir el IVA, el Ejecutivo volvió a repercutirlo en los pasajeros (+2%).
El excesivo número de kilómetros de Metro y sus modelos de gestión está detrás de las subdias, según los expertosLa subida de mayo se produjo tras la campaña de Metro 'Más por menos', en la que promocionaba el billete menos competitivo para el usuario (el sencillo) y que despertó numerosas críticas.
En esta ocasión, el lema se ha dado la vuelta. En lugar de tener más servicios por menos dinero, los madrileños pagarán más por menos ventajas, ya que tanto Metro (dependiente de la Comunidad) como la Empresa Municipal de Transportes (responsabilidad del Ayuntamiento de la capital) decidieron el año pasado suprimir expediciones y aumentar los tiempos de espera para ahorrar. Ninguna de las compañías anunció públicamente sus intenciones.
Los recortes y las subidas de tarifas obeceden a la falta de recursos para financiar un sistema de transporte público que los expertos califican como "de lujo", pero que es insostenible debido, entre otras, a la constante bajada de viajeros que registra desde 2008.

Barra libre para la publicidad de alcohol en las calles de Madrid

LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-. Aunque la publicidad exterior de bebidas alcohólicas no ha dejado nunca de estar presente en la capital de España, quizás en estos días navideños su percepción se hace más llamativa. Es difícil pasear por algunas de las zonas más céntricas de Madrid, pero también por algunas de las nuevas avenidas, o por los barrios de siempre (Francisco Silvela, Doctor Esquerdo, Valle de Mena, Bravo Murillo…) sin encontrar anuncios de alcohol en fachadas o vallas. Incluso algunos soportes innovadores, como las pantallas ubicadas en determinados edificios emblemáticos, despliegan todo su potencial de notoriedad anunciando este tipo de bebidas.

A pesar de su aparente normalidad, todos esos anuncios son en realidad publicidad ilícita, que incumple la normativa legal tanto comunitaria como  estatal.

Ya en  el año 2002, la Ley sobre Drogodependencias de la Comunidad de Madrid  prohibió la venta, el consumo y la publicidad de bebidas alcohólicas en la vía pública, a pesar de lo cual los anuncios de esas bebidas han seguido prodigándose durante una década sin cortapisas apreciables. La Asociación de Usuarios de la Comunicación ha presentado en estos años –infructuosamente- más de un centenar de reclamaciones ante la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid, autoridad administrativa encargada de hacer cumplir la ley, contra ese tipo de comunicación comercial.

Hace un año, en noviembre de 2011, el Gobierno autonómico modificó la norma para flexibilizar su aplicación y permitir la publicidad exterior en el caso de bebidas fermentadas de baja graduación. Curiosamente, lo que el transeúnte suele encontrarse en estos días en las calles de Madrid no son los anuncios ahora ya permitidos (de vinos, de cerveza, de sidra), sino aquéllos que continúan siendo ilegales, especialmente de ron y de ginebra.

Por lo que respecta a la legislación de ámbito estatal, la Ley General de Publicidad no permite desde el año 1988 la publicidad de bebidas alcohólicas “en aquellos lugares en los que está prohibida su venta o consumo”. Como ocurre, por ejemplo en las calles de Madrid, salvo en el caso de las terrazas y de algunas fechas señaladas. Parece que el Gobierno de España, siguiendo la estela de la Administración madrileña, se ha planteado también algún tipo de liberalización para la publicidad de vino y cerveza, pero de nuevo ello no afectaría a la ilegalidad de las bebidas destiladas, que siguen impunemente desarrollando su comunicación comercial en la calle.

La Asociación de Usuarios de la Comunicación ha acudido también a los tribunales contra este despropósito, obteniendo varias sentencias favorables tanto en audiencia provincial como en el Tribunal Supremo contra estas prácticas ilegales, sin que tampoco la evidencia judicial haya  servido para acabar con ellas y sin que exista ninguna explicación mínimamente convincente para su permanencia.

La industria trata de argumentar que esa publicidad exterior no es, en puridad, publicidad en la vía pública, ya que se encuentra ubicada en fachadas o solares que tienen la condición de dominio privado. Pretenden ignorar así que una cosa es el mensaje comercial y otra distinta es el soporte en el que se ubica. El proceso comunicativo, la difusión del mensaje, se produce cuando dicho mensaje es percibido por los que pasan por la calle y ven el cartel o la pantalla, de modo que es en ese espacio público en el que la actividad publicitaria adquiere su sentido. Esa realidad explica, por ejemplo, que la legislación sobre tabaco permita la publicidad en los estancos, pero orientada hacia el interior del establecimiento.

En un país en el que el consumo de alcohol por parte de los jóvenes se ha convertido en un problema de salud pública de enorme importancia, cualquier medida orientada a liberalizar la legislación publicitaria en el campo de las bebidas alcohólica supone contraer una enorme responsabilidad. Pero es aún más preocupante el  incumplimiento flagrante y continuado de la normativa existente.

Madrid cobrará el 1 de enero el euro/receta

Las farmacias de Madrid empezarán a cobrar el próximo 1 de enero un euro por receta, según informó el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, ayer en rueda de prensa.
LAEDICION.NET.-Lasquetty lamenta que el Gobierno central no apoye esta medida porque “no se toma por gusto” ni con “fines recaudatorios”, afirmó. Además explicó que se produce por las circunstancias económicas, a la vez que busca un efecto “disuasorio” a la hora de comprar medicamentos. El consejero volvió a detallar que están exentos del abono de esta medida los afectados por síndrome tóxico y personas con discapacidad, así como las personas perceptoras de rentas de integración social, personas beneficiarias de pensiones no contributivas, los parados de larga duración que hayan agotado el subsidio de desempleo y las personas con tratamientos derivados de accidente de trabajo o enfermedad profesional.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy compareció poco después y afirmó que sería “impensable” que el Gobierno tomase “una decisión diferente” en Madrid que en Cataluña. Por tanto se espera, que al igual que ocurrió en junio, cuando se impuso el euro por receta en las farmacias catalanas, esta medida sea denunciada al Tribunal Constitucional por considerar que invade las competencias del Gobierno central.
La medida consiste en abonar un euro por receta dispensada, independiente del número de envases que se compren, con un tope de 72 euros por usuario y año, para no perjudicar a los pacientes polimedicados.

Desmantelado un punto de compra-venta de material electrónico robado en pleno centro de Madrid

Se decidió iniciar la investigación cuando los agentes tuvieron conocimienot de la existencia de un comercio dedicado activamente a la recepción de material robado en la plaza del Cascorro.

LAEDICION.NET.-En esa zona había mucho trasiego de personas conocidas por los agentes porque son habituales en la comisión de delitos contra el matrimonio, la mayoría fichados por hurtos al descuido.

Gran parte de los terminales telefónicos sustraídos, principalmente a turistas extranjeros, eran desmontados para utilizar sus piezas como recambios en las reparaciones hechas a otros clientes.

Finalmente y tras varias pesquisas procedieron a establecer un dispositivo en el locutorio, que dio como resultado la detención de cuatro personas cuando estaban a punto de realizar una operación de venta ilegal.

Uno de ellos regentaba un establecimiento sito en la plaza del Cascorro, que combinaba sus actividades comerciales con la compra venta de objetos procedentes de delitos de hurto y robo cometidos en el distrito de Centro.

Como resultado de la operación, se localizó a la mayoría de los propietarios de algunos de los terminales intervenidos en el establecimiento. En el local se intervinieron un total de 125 teléfonos móviles, ordenadores portátiles, cámaras fotográficas, tres pantallas de televisión, numerosos pendrives y 4.845 euros en metálico.

La investigación ha sido llevada a cabo por la Sección de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Centro perteneciente a la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Ignacio González prepara el terreno para ‘cobrar’ por los abogados de oficio

LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-.El presidente de la Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites necesarios para empezar a ‘cobrar’ por los abogados de oficio. Ignacio González ha decidido limitar la Justicia gratuita en la región, y ha dictado que a partir de enero sólo se abonen a los abogados del turno de oficio los expedientes tramitados electrónicamente, con los que se conocerá si la persona que he hecho uso de este servicio tiene derecho a él.

Según indicó ayer el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno autonómico, Salvador Victoria, la Comunidad de Madrid pondrá en marcha un sistema informático que permitirá conocer en 24 ó 48 horas si alguien que no cumpla los requisitos se ha beneficiado de la Justicia gratuita. El objetivo, dijo, es evitar fraudes.

Además, según explicó, esta nueva medida beneficiará al abogado de oficio, que evitará verse perjudicado por la demora de la concesión o denegación de este derecho. En concreto, se refiere a las demoras del Ejecutivo regional a la hora de pagar por este servicio.

Precisamente ayer, el Consejo de Gobierno acordó destinar 31 millones de euros para liquidar los pagos pendientes de este año a los colegios de Abogados y Procuradores en concepto de Justicia gratuita. De ellos, 27,9 millones se destinan a los abogados y 3,1 millones a los segundos.

Esta medida que llegará en enero a la Comunidad de Madrid ya figura en los planes de Alberto Ruiz-Gallardón. Hace unos días se conocía un documento que revelaba que el ministro de Justicia tiene la intención de obligar a los ciudadanos a pagar los honorarios de los abogados de oficio en el caso de que, tras la correspondiente revisión, su perfil no estuviera incluido en el grupo de quienes sí tienen derecho a la Justicia gratuita. 

Los sindicatos se concentrarán frente a la sede de Bankia el día de Nochebuena

LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-Delegados de UGT y CCOO se van a concentrar en todas las capitales de España el próximo día 24 de diciembre frente a las sedes de los bancos nacionalizados para protestar por los planes de despidos anunciados en el sector financiero.

El acto en Madrid tendrá lugar entre las 12.00 y las 14.00 horas, en la Plaza de Castilla, frente a la sede de Bankia. Según los cálculos de los sindicatos, a finales de este año se habrán perdido más de 35.000 puestos de trabajo desde el inicio de la crisis en el 2008 y a partir del 2013 ya están anunciados otros 18.500 despidos en las entidades nacionalizadas y las que están en proceso de fusión.

Además, hay que tener en cuenta que aún no están cerrados todos los procesos de reestructuración, con lo que estas cifras “se verán incrementadas de forma considerable”, según señalan los representantes de los trabajadores.

FeS-UGT ha denunciado en un comunicado que “estamos ante asistiendo a un gran ataque el empleo y que los excesos de los banqueros los estamos sufriendo directamente los trabajadores del sector y miles de familias van a verse afectadas”.

El sindicato también quiere destacar las dificultades que se están poniendo desde el FROB y las direcciones de las entidades para llegar a acuerdos en las mesas de negociación abiertas. “Reclamamos que se respeten los pactos de los Convenios Colectivos del sector financiero, contrariamente a la vía que se quiere adoptar de imponer la Reforma Laboral en los ajustes”, concluye.

. Flores debía 15.700 euros al Ayuntamiento, que se planteó no volver a contratar con él días antes de la tragedia

  

  

LAEDICION.NET.-Un informe de Madrid Espacios y Congresos del pasado 22 de octubre informó que, aparte de deber 26.000 euros a la Seguridad Social, el dueño de Diviertt no pagó 15.711 euros de gas y electricidad por otro ‘macrofestival’ celebrado en la Caja Mágica. El escrito, redactado con un léxico deficiente, no explica con claridad las intenciones del Consistorio tras reconocer la deuda y viene firmado por la directora de Operaciones de MEyC, cesada ayer.  Madrid Espacios y Congresos (MEyC), empresa del Ayuntamiento de Madrid, reconoció en un informe el pasado 22 de octubre una deuda de 15.711 euros que le debía Miguel Ángel Flores, organizador del macrofestival del Madrid Arena que acabó con la muerte de cinco chicas jóvenes en la madrugada del 1 de noviembre. El informe, incorporado al sumario de la tragedia, se redactó solo nueve días antes de que arrancara el desgraciado evento denominado Thriller Music Park. La deuda había sido contraída por Flores en otro festival, el Space of Sound Festival 2012, celebrado la pasada nochevieja en la Caja Mágica, otro recinto municipal.
La cifra responde a “presupuestos de consumos de electricidad y gas natural”. El escrito, trufado de garrafales errores de léxico que dificultan, cuando no imposibilitan, su comprensión, parece sugerir que el Ayuntamiento barajó no volver a firmar contratos con el empresario, una idea compartida por varias fuentes municipales. “Actualmente, este cliente dispone de un convenio con MEyC para la celebración de varios eventos en nuestras instalaciones durante lo que queda de año y el año próximo. Para lo que se solicita la anulación de la oferta de servicio correspondiente a los consumos anteriormente citados”, se lee al final del texto, lo que apunta a que optaron por condonarle la deuda ante su posición privilegiada de contratación con la empresa municipal. Según el texto, en el Space Sound Festival Flores “recibió numerosas quejas y le presentaron varias hojas de reclamaciones”, probablemente por la temperatura o cualquier otro factor relacionado con el gas natural y la electricidad. “Acabado el evento (…), el cliente [Flores] traslada el desacuerdo con estos consumos”. Tuvo entonces lugar una reunión entre las direcciones Jurídica y de Márketing y Estrategia de MEyC , “aceptándose la solicitud del cliente”. Otra frase incomprensible.
El informe viene firmado por María Cabeza Quirós del Valle, directora de Operaciones de MEyC y precisamente cesada ayer por la sospecha de amaño en un concurso público para adjudicar la gestión de la Caja Mágica, como ha publicado El Mundo. También estampan su firma Francisco del Amo, coordinador de Proyectos y Operaciones y Rafael Pastor, director de Seguridad y Emergencias. Los dos están imputados.
Diviertt, la empresa de Flores, no podía contratar con el Consistorio madrileño por tener deudas pendientes con la Seguridad Social, según trascendió a los pocos días de la tragedia. Concretamente, la empresa debía 15 días antes del evento 26.047 euros, algo que, según la Ley de Contratos del Sector Público, la impedía alquilar el Madrid Arena.
 

Madrid obliga a pagar hasta 10 euros para que padres separados puedan ver a sus hijos

·  El precio se aplica a quienes tengan que ver o entregar a sus hijos en los conocidos como Puntos de Encuentro Familiar.

·  Los mayores también tendrán que rascarse el bolsillo: entre 186 y 788 euros por acudir a los centros de día.

·  También entran en vigor tarifas similares para los servicios de los centros de inmigrantes o los de apoyo a la familia. a Comunidad de Madrid pasar a ser de pago.
LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-  O mejor dicho, de repago. Desde el 29 de noviembre, estos espacios ya no se financian solo a través de impuestos, sino que los usuarios tienen que abonar entre 5 y 10 euros por hacer uso de ellos para poder ver a sus hijos. Los puntos de encuentro familiar son centros públicos especializados para el cumplimiento del régimen de visitas a menores establecido judicialmente tras al divorcio o la separación de los progenitores y en casos existencia de denuncias u órdenes de alejamiento por violencia de género.
Jueces para la Democracia denuncia que el repago influirá negativamente en el cumplimiento de los regímenes de visitaHasta el momento, quienes los utilizaban no tenían que pasar por caja. A finales del mes pasado, sin embargo, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCMpublicó un acuerdo del Ejecutivo de Ignacio González por el cual se implantan las tarifas relativas a los servicios de la Consejería de Asuntos Sociales.
Según el documento, que puede consultarse en la web del BOCMla entrega o recogida de menores pasa a costar 5 euros por persona y servicio. El precio de la visita supervisada se fija en 10 euros, 7 si no se precisa o se demanda la presencia de un profesional. Además, deberán pagar "con anterioridad a la prestación del servicio", es decir, por adelantado.
Para la Asociación Jueces para la Democracia, que denunció este viernes la situación, el Gobierno regional "limita el acceso a unos servicios que contribuyen a la reducción de las controversias entre los progenitores y al efectivo cumplimiento de las resoluciones de los juzgados de familia". "Las consecuencias van a afectar gravemente a los menores, regresando a la situación en la que las entregas y recogidas se hacían en las comisarías , en los juzgados de guardia o en cualquier otro lugar carente de las condiciones para proteger a los menores", critica la asociación.

Más dinero por menos servicios

De esta forma, todos los padres que quieran pasar tiempo con sus niños no tendrán más remedio que abonar el precio. Solo estarán exentas aquellas personas con menos recursos (ingresos y recursos por debajo del indicador público de renta de efectos múltiples, perceptores de la renta mínima de inserción) y los beneficiarios de la justicia gratuita o quienes hayan sido víctimas de violencia de género. Esta idea ha sido confirmada desde la consejería este domingo.
Hoy solo están activos los puntos de encuentro de Móstoles y Las RozasLos usuarios que procedan de los Puntos de Encuentro Familiar y acudan a mediación familiar para llegar a acuerdos sobre el régimen de visitas deberán sufragar ni la sesión informativa y ni las tres sesiones adicionales. Tampoco se abonará el precio público por la primera sesión informativa de mediación familiar, que será gratuita.
El establecimiento de tarifas no solo supone repagar, sino repagar más por menos, ya que la Consejería de Asuntos Sociales ha cerrado este año seis de los ocho centros públicos de encuentro familiar de la región. Las familias que los utilizaban han sido derivadas a los Centros de Apoyo a la Familia (CAF). Hoy, solo están activos los puntos de encuentro de Móstoles y Las Rozas.
Los usuarios de los CAF tampoco se libran del nuevo peaje. En estos, el coste del servicio de información, orientación y asesoramiento psicológico, el asesoramiento jurídico y la orientación social es ahora de 10 euros. La mediación familiar se eleva a 10 euros por persona hasta un máximo de cuatro.

Precio de los centros de mayores

El acuerdo del Consejo de Gobierno incluye las tarifas que deberán sufragar, de acuerdo a su nivel de ingresos, los jubilados y pensionistas que acudan a los centros de día para mayores: entre 186 y 788 euros dependiendo del nivel de atención de demanden y de las enfermedades o dolencias que padezcan.
Una consulta jurídica en un centro de inmigrantes costará 5 euros por sesiónEl repago se extiende a los servicios prestados por los Centros de Participación e Integración de Inmigrantes (Cepi) de la Comunidad de Madrid, los Cepi, en su mayoría gestionados por empresas privadas. Aquí, la atención jurídica individualizada cuesta 5 euros por sesión. La participación en cursos de más de diez horas de duración se fija en 1 euro por hora.
Los madrileños que acudan a la Escuela de Profesionales de la Inmigración y la Cooperación (Epic), abonarán 0,10 euros por hora de curso en el caso de cursos presenciales y 0,05 euros por hora de curso, en el caso de cursos que se impartan a través de Internet.