LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-El informe redactado por el Consejo General del
Poder Judicial sobre los desahucios es un magnífico alegato contra una gran
tragedia colectiva, probablemente la más grave derivada de la crisis, que
afecta ya a más de 350.000 familias que son con frecuencia arrojadas a la
indigencia y a la marginalidad. El suicidio, ayer en Granada, de un hombre de
54 años que iba a ser desahuciado y el intento de acabar con su vida de otro
hombre en Burjassot al no poder afrontar una hipoteca resume dramáticamente la
envergadura del problema Fuentes del CGPJ han asegurado que el informe hubiera
sido aprobado “sin pena ni gloria” si su contenido no se hubiera publicado ayer
en varios medios, lo que acredita que hasta el CGPJ filtra datos a diestro y a
siniestro. En otras ocasiones se han realizado estudios con propuestas en
materia penal, de menores o de lo contencioso-administrativo y nunca ha habido
problemas.
Sin embargo, un grupo de vocales, con Concepción Espejel a la cabeza, una de
las que más se ha distinguido en los últimos tiempos en defender las posturas
del Ministerio de Justicia, se opuso a la mera existencia del trabajo por
entender que el consejo no tiene competencias para formular este tipo de
propuestas que conllevan reformas legislativas, y debe limitarse estrictamente
a las funciones que le encomienda la ley orgánica que regula su funcionamiento.
El informe atribuye esclarecidamente la situación a «la ligereza y mala praxis»
de los bancos, causantes de una generalizada extensión del crédito hipotecario
«sin valorar las posibilidades reales del deudor». Todo ello agravado por la
existencia de un procedimiento para el cobro de créditos, creado en 1909, que
«permite cobrar de forma rápida con un proceso judicial extremadamente agresivo
con el deudor». Y los siete jueces firmantes proponen, como punto de partida,
«extender al cliente sobre endeudado una parte de los beneficios y ayudas que
la banca recibe del Estado». En definitiva, del informe se desprende, además de
la necesidad de humanizar la legislación, atacar el problema mediante
«soluciones excepcionales» que se acomoden a la excepcionalidad de la situación
actual. Del total de las 18 medidas propuestas, destacan la posibilidad de
conceder moratorias en casos concretos -enfermedad, paro, accidentes de
trabajo, etcétera- y muy especialmente la dación en pago como medio de cancelar
el crédito, evitándose así situaciones kafkianas de familias que, tras perder
la vivienda, quedarán endeudadas de por vida, lo que les impide rehacerse de la
adversidad. El informe analiza también el Código de Buenas Prácticas que fue
redactado para estos casos por el Gobierno, y lo considera totalmente
insuficiente, no solo porque es de aceptación voluntaria por los bancos sino
también porque únicamente pueden acogerse a él personas y familias ya en la
pobreza más absoluta. Y los jueces proponen un cuadro normativo con medidas de
protección que aliviarían el problema: plazos de carencia, ampliaciones del
plazo, rebajas del tipo de interés y quitas. No se deberían oponer objeciones
técnicas a un planteamiento humanitario que combate abusos y que rezuma además
sentido común.
La medida estrella del Gobierno para favorecer a los ciudadanos desahuciados
fue el Código de Buenas Prácticas, pero la comisión de magistrados del Consejo
General del Poder Judicial cree que ha fracasado. “No se ha alcanzado el
resultado perseguido, por las estrictas condiciones para fijar las personas que
pueden acogerse a las medidas, lo que supone que solo un porcentaje muy
reducido, en la pobreza más absoluta, puede acogerse a esos beneficios”.
Los magistrados destacan que este código, además de ser de asunción voluntaria
por los bancos, solo “se aplica a deudores que estén en el umbral de exclusión”
y aseguran que desde que entró en vigor hace seis meses “la aplicación de esta
norma ha sido testimonial”. La comisión denuncia el privilegio procesal de los
bancos para una tutela judicial reforzada “que surgió a principios de siglo
pasado (1909) en un contexto que nada tiene que ver con la situación de crisis
actual, un proceso en el que el deudor prácticamente nada puede alegar u
oponer”. Y propone reconducir la ejecución hipotecaria a las normas generales
de la ejecución ordinaria. El análisis reclama que las ayudas públicas a la
banca se completen con otras que permitan extender aquellas ayudas a los
particulares y buscar soluciones que mitiguen la situación existente y repartan
las cargas sociales derivadas de la crisis y que hoy afectan exclusivamente a
los ciudadanos, el eslabón más débil de la cadena.
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