Ascienden al magistrado detenido a la salida de un pub

LAEDICION.NET.-Redacción Juan Antonio Lozano, el juez que fue detenido el pasado día 31 de mayo en la salida de un pub de la capital almeriense en el transcurso de una actuación de la Policía Local por un presunto delito contra el orden público, pasará a desempeñar la plaza de magistrado de la Audiencia Provincial de Almería y deja la del Juzgado de lo Mercantil que ocupaba hasta el momento. Se da la circunstancia que la asignación del Consejo General del Poder Judicial tiene la misma fecha que su propia detención.

El juez que encarceló a Blesa se enfrenta a su posible expulsión

El Consejo del Poder Judicial investiga "faltas graves" pero que no tienen relación con la investigación de Caja Madrid

LAEDICION.NET.-El juez de instrucción número 9 de Madrid, Elpidio José Silva Pacheco, quien la pasada semana envió a prisión al ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa por irregularidades en la compra del City National Bank de Florida, tiene pendiente desde abril un expediente disciplinario que le ha incoado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por retrasos, falta de motivación de sus resoluciones y mal comportamiento con sus funcionarios. Las faltas, de ser confirmadas, conllevarían la suspensión del juez, su traslado forzoso o la separación de la carrera judicial.

Así lo confirmaron a Europa Press fuentes del órgano de gobierno de los jueces, que apuntan que Silva Pacheco acumula un nutrido historial disciplinario desde 1994, cuando fue suspendido tres meses de sus funciones por retrasos en su juzgado de entonces, el número 1 de Instrucción de San Roque, en Cádiz.

Actualmente, la Comisión Disciplinaria del CGPJ está instruyendo contra él un expediente por dos faltas muy graves y una grave. Las primeras lo son por "absoluta y manifiesta falta de motivación" de sus resoluciones -sanción prevista en el artículo 417.15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)- y por retrasos en la tramitación de asuntos en su juzgado -artículo 417.9 de la misma Ley- mientras que la grave corresponde al artículo 418.5, que sanciona la falta de consideración a sus funcionarios.

La resolución del expediente, bien mediante la imposición de sanciones o con su archivo, debe producirse antes de seis meses de su incoación o caducará.

Esa caducidad ya le ha valido al juez Silva para eludir dos sanciones anteriores, valoradas en 6.000 euros. El magistrado fue sancionado por el Consejo en septiembre del 2010 por una "falta grave", por desatender de forma reiterada requerimientos realizados por instancias jurídicas superiores. El Tribunal Supremo anuló las multas al superarse el tiempo para la resolución fijado por la legislación.

La Justicia tiene casi 200.000 ejecuciones hipotecarias pendientes

No todas ellas son por la primera vivienda, por lo que no se traducirán en nuevos desahucios

LAEDICION.NET.-El presidente Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, aseguró ayer que a finales del pasado año la Justicia tenía pendientes 198.076 ejecuciones hipotecarias, aunque señaló que no todas ellas son por primera vivienda ni que signifiquen desahucios.

Moliner compareció en la Comisión de Justicia del Senado para presentar las memorias del CGPJ de 2010 y 2011, si bien aprovechó para ofrecer datos de 2012.

Reconoció que los desahucios constituyen un problema social, político y jurídico grave, y muy importante, y consideró necesario buscar soluciones desde la vía judicial y con la colaboración de los servicios sociales para, al menos, minimizarlo en el caso de las personas más desvalidas.

La Audiencia ve “dentro de las pautas” la suspensión de ingreso en prisión del imputado por la muerte de la bebe

LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-La presidenta de la Audiencia Provincial de Almería, Lourdes Molina, ha asegurado este jueves que la suspensión del ingreso en prisión de Raúl R.F., imputado por la muerte de la niña onubense de 16 meses, se “adoptó dentro de las pautas de comportamiento” para este tipo de casos, si bien ha indicado que ha existido “evidentemente retraso” en la tramitación, un extremo que ha achacado a que en ese órgano existen “cerca de 2.000 ejecutorias”.
En declaraciones a Europa Press, Molina ha descartado en esta línea que proceda comparar este caso con el crimen de Mari Luz Cortés y ha demandado “cautela” en relación a lo dicho por el abogado que ejerce la acusación particular de la familia de la víctima, quien ha lamentado la “lentitud” de la Justicia y ha exigido “explicaciones técnicas” de porqué Raúl R.F. no se encontraba cumpliendo la pena de dos años y tres meses a la que fue condenado en firme por malos tratos a su novia menor de edad.
“No se puede anticipar y hacer una valoración apresurada de estas situaciones porque causan gran alarma”, ha destacadop. Asimismo, ha abogado por “estudiar cuál ha sido el proceso que ha seguido el asunto y las incidencias que se han producido durante su tramitación para ver si ha sido la adecuada o ha habido negligencia”. “Por un hecho desgraciado no vamos a cargar las tintas sobre la persona que ha resuelto”, ha apuntillado.
Molina, quien ha insistido en que no le parece “vía adecuada” hacer “comparación” entre los casos de la bebé y de Mari Luz Cortés, ha afirmado que el “retraso” es un “mal” que están “padeciendo todos” los órganos judiciales y ha hecho referencia al plan de refuerzo de los juzgados de lo Penal implantado en Almería “y que se ha prolongado hasta marzo después de un informe demoledor” del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En esta línea, ha señalado que los inspectores “quedaron sorprendidos” del “cúmulo de trabajo” que soportaban estos órganos en la provincia “pese al esfuerzo, según destacaron, de magistrados, funcionarios y secretarios judiciales”. “Los datos están ahí, son palpables e incontestables”, por lo que, ha añadido, “existe una gran carencia de medios para soportar un control exhaustivo de cada una de las ejecutorias pese al ímprobo esfuerzo”.
“DESAFORTUNADA E INJUSTA”
Tras remarcar que centrar la atención mediática en este caso particular sin atender al contexto resulta, a su juicio, “desafortunada e, incluso injusta”, ha recordado que la ley “no impone” en caso de recurso de amparo la suspensión del procedimiento ya que “se abriría de esa forma el camino a dilaciones indebidas y sistemáticas”.
Molina ha destacado que “no se pueden establecer criterios generales” y ha indicado que cada juez “valora en cada caso particular y concreto” las “posibilidades” que tiene de prosperar un recurso. “Los criterios los marca el juez moviéndose en los límites legales que marca el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, según ha ahondado para subrayar que, en el caso de Raúl R.F., “la suspensión no se prolongó más de un mes, lo que no es un plazo excesivo”.
El Juzgado de lo Penal número 4 de Almería acordó suspender en septiembre el ingreso en prisión de Raúl R.F., uno de los imputados por el crimen de la niña onubense de 16 meses, a la espera de que el Tribunal Constitucional (TC) resolviese sobre la admisión o inadmisión a trámite del recurso de amparo que presentó contra la sentencia firme dictada en octubre de 2010 que le condenaba a dos años y tres meses de prisión por maltratar a su novia, menor de edad.
Según indicó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el auto dictado por la jueza Marta Inés Sierra, quien ordenó el inicio de los trámites para la ejecución en noviembre de 2011, es un resolución “habitual” cuando las penas no superan los tres años de cárcel.
Así, el TC inadmitió a trámite el recurso de amparo de Raúl R.F. a “finales del pasado mes de noviembre” y el traslado de la decisión no llegó al Juzgado de lo Penal número 4 hasta “mediados de diciembre de 2012″. Cabe recordar que la bebé fue secuestrada el día 20 de ese mismo mes por Jonathan Moya y que su cuerpo sin vida fue recuperado del interior de una balsa de riego el día 28.
Según la cronología remitida por el TSJA, la Fiscalía Provincial pidió en enero de 2012 los antecedentes penales de Raúl R.F. y, en marzo, “una vez recabados los antecedentes”, informó negativamente a una posible suspensión o sustitución de las penas que se le impusieron como autor de delitos de violencia física y psíquica habitual en el ámbito de la mujer y de lesiones. “Es mismo mes, el condenado presentó el recurso de amparo”, apuntilla.
La titular del Juzgado de lo Penal número 4 dictó en agosto un nuevo auto en el que, en la misma línea que el Ministerio Público, denegaba la suspensión y sustitución de la pena y en aras de continuar la ejecución para su ingreso en prisión solicitó informe al TC para que comunicase cuál era el estado del recurso, que finalmente resolvió en noviembre.

El Gobierno aprueba medidas urgentes para evitar el aumento de las facturas eléctricas

• La medida supone un ahorro de 340 millones de euros en costes de energía.

• El Consejo de Ministros también ha aprobado la renovación del CGPJ.
• Además acordó el plan de estrategia española de ciencia, tecnología e innovación para adecuar el I+D+i al resto de países europeos.

LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un real decreto de medidas urgentes en el sistema eléctrico para evitar un nuevo incremento de la factura eléctrica, una reforma que conllevará recortes a la retribución de las actividades reguladas y cambios en las primas a las renovables. Además, se ha remitido al Consejo de Estado un proyecto de ley de crédito extraordinario por valor de 2.200 millones de euros para hacer frente a los posibles desfases que se registren a lo largo de 2013 en relación a las primas al régimen especial, con el fin de que éstos no se traduzcan en subidas de la luz.
El crédito será otorgado al Ministerio de Industria El crédito será otorgado al Ministerio de Industria y, una vez aprobado por el Consejo de Estado, se tramitará como proyecto de ley. "El objetivo es que no se encarezca la tarifa eléctrica ni para los hogares ni para las empresas", ha afirmado el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Medidas de carácter regulatorio

El real decreto ley, ha apuntado, incluye medidas de carácter regulatorio. La iniciativa prevé ahorros de entre 330 y 340 millones de euros. El objetivo pasa por cambiar el método en virtud del cual se revisan anualmente las retribuciones de las actividades reguladas del sistema eléctrico: transporte, distribución, sistemas extrapeninulares y primas al régimen especial.
Los costes del sistema eléctrico se han incrementado de forma "creciente" en los últimos meses, mientras que los ingresos han caído debido al descenso de la demanda, de ahí la necesidad de "medidas urgentes", ha apuntado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaría.
Por otra parte, el Gobierno también ha aprobado tanto el plan como la estrategia española de ciencia, tecnología e innovación para adecuar el I+D+i al resto de países europeos. El objetivo que se pretende es dar prioridad a la investigación por retos sociales y no por disciplinas, como hasta ahora se venía realizando.
La nueva estrategia de I+D+I para el período 2013-2016 , tal como ha señalado la vicepresidenta "busca la eficiencia y la coordinación entre el Estado, las comunidades y la Unión Europea".
Esta iniciativa es la "espina dorsal" del sistema científico para los próximos años que pretende, entre otros, aumentar la inversión privada en I+D+i y rebajar la burocracia.

Objetivos de la I+D+i

La estrategia 2013-2020 contiene los objetivos, reformas y medidas que deben abordarse en el ámbito de la I+D+i para potenciar su crecimiento e impacto, mientras que el plan 2013-2016 concreta las actuaciones de la administración, estableciendo las prioridades científico-técnicas y sociales y la distribución de los recursos.
Además de la movilidad de los investigadores o aumento de la inversión privada, se plantea un "mejor aprovechamiento" por parte de los agentes españoles de los proyectos europeos
Entre las iniciativas que también han sido aprobadas este viernes destaca el nuevo proceso de renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Sáenz de Santamaría desveló la suspensión de la vigencia de parte de la Ley Orgánica para aplazar el inicio del proceso de renovación del Poder Judicial con el fin de que sea sometida a la reforma que plantea el ministro Alberto Ruiz-Gallardón.
Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aplazado, sin fecha fija, la aprobación de un anteproyecto de la futura Ley de Régimen Local.

Violencia género. Casi 800 menores enjuiciados por violencia de género desde 2007

LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-Un total de 778 menores entre 14 y 17 años han sido acusados por delitos y faltas relacionados con la violencia de género desde 2007, según el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En la presentación del balance sobre los 7 años de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, la presidenta de este organismo, Inmaculada Montalbán, afirmó que desde 2007 los menores acusados por ejercer malos tratos investigados en estos juzgados han aumentado un 23,7%.
De ellos, a 716 se les ha impuesto algún castigo, desde medidas educativas al internamiento. “Esto nos está diciendo algo”, afirmó Montalbán, para quien “habría que intervenir en el aprendizaje de nuestros jóvenes y adolescentes”.
A su juicio, se debería incidir más “en la educcación” de los escolares y ofrecer “tratamientos específicos” a los que son objetos de la violencia de género.
MÁS DE 300 DENUNCIAS AL DÍA
Montalbán también destacó que desde 2007, los juzgados especializados en violencia de género han recibido 735.730 denuncias, lo que implica una media de 360 denuncias diarias.
El aumento en estos años ha sido poco significativo (4,3%), frente al incremento en el porcentaje de renuncias, de un 29,5% desde 2007. Según Montalbán, fue a partir de 2009 cuando el aumento de las renuncias resultó más apreciable, y ello demuestra el efecto perjudicial de la crisis a la hora de enfrentar un proceso de estas características.
Por ello, dijo, es necesario mantener una red de apoyo y atención integral a las víctimas, pues “la ley penal da de sí lo que puede dar, pero para reanudar una vida hace falta mucho más”, destacó Montalbán.
De ahí su petición para que los recortes no afecten ni a los programas de recuperación ni a las dotaciones en ayudas y viviendas para las víctimas.
BALANCE
Desde 2005, los juzgados de violencia sobre la mujer han instruido 963.471 delitos, han enjuiciado 71.142 faltas y han dictado un total de 137.408 sentencias
la mayoría fueron delitos por lesiones y malos tratos, con 656.212 casos.
De ellos, las lesiones no definidas como delito, el menoscabo psíquico o los golpes sin causar heridas ascendieron a 520.839, lo que supone un aumento del 102%.
Los delitos regulados en el artículo 173.2 del Código Penal(ejercer habitualmente violencia física o psíquica) alcanzaron un total de 101.900 casos, con un incremento del 140% desde 2005.
Finalmente, Montalbán destacó que los casos de lesiones y malos tratos más graves (“aquellos que requieren hospitalización o tratamientos quirúrgicos”) ascendieron a 33.473, con un aumento del 18% sobre 2005.

La justicia almeriense se levanta en contra del 'tasazo' por "injusto"

LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-Cerca de 300 profesionales se concentran en el Palacio y la flamante Ciudad de la Justicia · Piden al Gobierno una rectificación urgente · Los abogados también se unen en sus reivindicaciones Jueces, fiscales, abogados, secretarios judiciales y procuradores de la provincia de Almería expresaron ayer su malestar y rechazo absoluto con la nueva Ley de Tasas y la falta de medios que padecen y manifestaron que con una justicia ágil se ayuda a la reactivación económica, algo "con lo que no contribuye el Gobierno estableciendo medidas como la que entró en vigor el pasado jueves" a pesar de no entrar en funcionamiento por no tener listos los impresos.

En Almería capital se realizaron dos concentraciones, una ante el Palacio de la Justicia y, otra, de manera simultánea, en la Ciudad de la Justicia de Carretera de Ronda. La asistencia de los profesionales de este sector fue numerosa, sumando en torno a 300 personas entre las dos protestas. Entre los asistentes se encontraban el juez decano de Almería, Luis Columna, y la de El Ejido, Ana Fariñas. La manifestación también contó con la presencia del decano del Colegio de Almería, José Pascual Pozo. "Con la Ley de Tasas se le está haciendo un flaco favor al sistema judicial y se perjudica, sobre todo, a la clase media, la gran perjudicada de la sociedad española en las últimas fechas. Se abre, de esta forma, una brecha en el acceso a la justicia. Es un ataque frontal a la tutela judicial efectiva y va a significar que muchas personas no puedan hacer frente a los procedimientos judiciales", explica el decano. La protesta de ayer, que se realizó de forma conjunta en diferentes ciudades españolas, consta de varios puntos entendidos como reclamaciones. Por un lado, exigen la "retirada inmediata" del proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al entender que "perjudica la calidad de la Justicia", así como el "mantenimiento" de las actuales "estructura, competencias y autonomía presupuestaria" del CGPJ.

Además, piden un aumento del número de jueces y fiscales "hasta alcanzar los parámetros de la media europea", una Justicia "impartida exclusivamente por jueces y fiscales profesionales", la "determinación definitiva de la carga de trabajo por el CGPJ y la Fiscalía General del Estado", y una "eficacia y optimización de recursos".

Junto a todo ello, claman por la adopción de medidas "para paliar el abandono y la lamentable situación en que se encuentran los juzgados y las fiscalías", la regulación de "un Estatuto Judicial y Fiscal acorde con la especialidad de la función que desempeñan los jueces como poder del Estado y los fiscales", y unas tasas judiciales "moderadas".

En cuanto a la subida de tasas, efectúa una ampliación sustancial tanto de los hechos imponibles como de los sujetos pasivos, que ahora alcanzan no sólo a las personas jurídicas, sino también a las personas físicas. De esta forma, dentro de un procedimiento civil y cambiario en el que hasta ahora se pagaban 90 euros, se impone una subida de 60 euros; en el ordinario 150 euros más o en el recurso de casación y extraordinario por infracción procesal, también dentro de la vía civil, hasta 600 euros más (1.200 euros en total).

Pero hay más opiniones al respecto, incluso la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, Inmaculada Montalbán, afirmó en el día de ayer que la flamante ley de tasas de tasas judiciales, que entra en vigor desde hoy, supondrá "un obstáculo" para que las víctimas de malos tratos soliciten la separación o divorcio de su agresor.

En la protesta de ayer también estuvieron presentes representantes de partidos políticos, como José Luis Sánchez Teruel (PSOE), cuyo grupo ya ha planteado la inconstitucionalidad de esta nueva ley: "En la práctica, esta medida impide la igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a la Justicia. En Almería, la subida de las tasas judiciales aprobada por el PP se va a traducir en la recaudación de 9 millones de euros y pondrá en peligro 2.629 empleos, que es el resultado de sumar a los procuradores y a los abogados de la provincia", explica el secretario general del PSOE en la provincia.

Montalbán (CGPJ) alerta del "menoscabo" a la tutela judicial efectiva de las maltratadas con la nueva ley de tasas

LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Inmaculada Montalbán, ha alertado de que la nueva Ley de tasas judiciales supone un "menoscabo" para la tutela judicial "efectiva" de las mujeres víctimas de malos tratos.
   Según ha indicado durante la presentación del 'Balance de los siete años de la creación de los Juzgado de Violencia contra la Mujer' en el CGPJ, la normativa sobre tasas judiciales, publicada este miércoles en el BOE, persigue un "afán recaudatorio, incompatible con el servicio publico de justicia".
   "Las tasas van a suponer un freno para que las víctimas accedan a los juzgados de violencia sobre la mujer; van a ser un obstáculo para que rompan con su agresor", ha apostillado la presidenta del Observatorio.
   Asimismo, ha señalado que estos juzgados exclusivos no sólo tramitan las denuncias, sino también se hacen cargo de los procesos de separación y divorcio. A su juicio, la nueva ley va a suponer para las víctimas una carga económica, en muchos casos inasumible, que asciende a unos cien euros por la interposición de la demanda y a los 800 por el recurso de apelación.
   Montalbán ha recordado que expertos en violencia de género solicitaron el pasado 31 de octubre a los grupos parlamentarios, durante la tramitación en el Congreso de la ley de tasas que asumieran una enmienda para que se excluyera de la norma a las víctimas de violencia de género del pago de las tasas en los procesos de separación y divorcio tramitados en los juzgados especializados. Sin embargo, ha lamentado que "esta propuesta no se recogió".

El PSOE quiere que los bancos que reciban ayudas alquilen viviendas a los desahuciados

·  El Gobierno y el PSOE se reúnen el miércoles para ver cómo frenar los desahucios.

·  Se reúnen Soraya Sáenz de Santamaría y Elena Valenciano.

·  El Gobierno quiere tomar "nuevas medidas" de aplicación inmediata.

·  El PSOE pide que las viviendas devueltas a los bancos que han recibido ayudas públicas sean alquiladas a los desahuciados con una renta social.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció este martes que el Gobierno y el LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-PSOE trabajan en "nuevas medidas" para frenar los desahucios. Rajoy reconoció que el código de buenas prácticas aprobado por el Gobierno para los bancos en este asunto no ha tenido los resultados esperados. No obstante, precisó que su intención es adoptar "nuevas medidas", pactadas con el resto de partidos políticos,  sobre todo, precisó, con el PSOE, que entren en vigor "de manera inmediata".
Acto seguido anunció una reunión entre la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría y Elena Valenciano, del PSOE, para este miércoles con el objetivo de adoptar una decisión "justa y equitativa" contra los desahucios con la "máxima celeridad" y además, "de aplicación inmediata".
El PSOE ha instado al Gobierno a tomar medidas de inmediato contra los desahucios que pasan "por el desarrollo de una ley de segunda oportunidad, existente ya en otros países", han reinvindicado.

La propuesta del PSOE para cambiar la ley

La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha mostrado su confianza en que de la reunión pueda salir un acuerdo para reformar la legislación "con la máxima urgencia".
La portavoz parlamentaria socialista, Soraya Rodríguez, ha asegurado que el diálogo versará sobre "leyes" que se apliquen de manera rápida y no sobre acuerdos de buena conducta.
El PSOE pide al Gobierno que se exija a los bancos que reciban ayudas públicas que las viviendas devueltas tras los desahucios —y que no estén ocupadas— vayan a una bolsa de alquileres sociales para las familias que se han quedado sin hogar.
El PSOE pretende que esta medida sea retroactiva para que también se dé una solución a los que ya han sido desahuciados. Sobre el precio del alquiler social, Soraya Rodríguez ha explicado que deberían tener en cuenta los ingresos de la familia.

Los jueces, a favor de una nueva norma

El PSOE pretende que también se dé una solución a los que ya han sido desahuciados El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ  ), Fernando de Rosa, también apuesta por reformar la ley hipotecaria porque "la actual está creando una serie de disfunciones" que provoca un aumento de los desahucios  .
Esta decisión del CGPJ de reflexionar sobre los desahucios llegan después de que hace unas semanas un grupo de jueces enviase a este organismo un documento crítico con la ejecución de los desahucios en España, que señalaba la "mala praxis de las entidades bancarias" y propone agilizar este tipo de procedimientos civiles.

Francisco Serrano: "He sido víctima del pensamiento único, usado como aviso a navegantes para el resto de jueces"

El juez condenado por prevaricación publica el libro 'La Dictadura de Género'

"A mí ya me habían advertido que iban a ir a por mí"

LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-Voluntariamnete o no, el juez Francisco Serrano se convirtió en uno de los rostros más posicionados contra la discriminación positiva, en favor de las mujeres, establecida en la justicia a la hora de litigios de pareja. La carrera del juez quedó truncada tras ser primero condenado a dos años de inhabilitación, pena que - posteriormente - el Tribunal Supremo elevó a 10 años de inhabilitación.
En su libro 'La Dictadura de Género'    editado por la editorial Almazara, el ya ex juez Serrano pretende hacer una denuncia pública sobre las llamadas políticas de 'igualdad' y de 'violencia de género' y su reflejo en leyes que, a juicio del autor, son perniciosas para su objetivo fundamental: la justicia y la igualdad.
El ex juez ha atendido telefónicamente a Periodista Digital para hablar sobre cómo fue echado de la Justicia.
¿Por qué ha querido publicar un libro con su odisea?
El libro se divide en dos partes- En una cuento con datos, con rigor, con detalle, con información precisa todo lo que es el origen y las consecuencias que está teniendo no solamente en España sino para toda la sociedad lo que es esa dictadura de género que supone una ideología perversa, de una perversión moral, que nos están estafando a la sociedad y específicamente a las mujeres y en segundo ligar, claro, como toda dictadura, como todo totalitarismo, lo que hace es siempre perseguir al que disiente.
Como el mensaje que yo transmito es un mensaje muy claro, muy difícil de rebatir, porque además tiene argumentos y no se basa en cuestiones de mera ideología y de meros eslóganes, lo que han hecho no es matar al mensaje, sino matar al mensajero. ¿Y cómo lo han matado? Pues a base de inventarse expedientes disciplinarios y procedimientos judiciales, que no tienen nada que ver con cuestiones jurídicas sino de índole jurídica.
Porque lo que está claro es que yo ya estaba condenado  desde que empecé a oponerme y a hacer crítica fundada sobre lo que suponía esa dictadura de género. O sea, un juez que defiende la independencia, la objetividad, la imparcialidad, el no sectarismo, se convierte en un enemigo precisamente para esa inquisición, para esa doctrina de pensamiento único.
¿Se considera una víctima del pensamiento único?
Totalmente. No solamente yo sino que a través de mí se espera atemorizar a otros jueces como un aviso a navegantes.
En el 2012 ha habido tres condenas destacadas contra jueces por prevaricación en el Tribunal Supremo: la del juez Garzón por pinchar las conversaciones de abogados, la del juez Urquía por el caso Malaya y la suya. ¿Qué reflexión el merece estar en ese grupo?
Lo que sí que es palmario, esperpéntico y grosero es la condena del Supremo contra mí. Y digo lo de palmario, esperpéntico y grosero porque son los términos que ha usado el TS en su condena contra mí. Salvo los sinvergüenzas que están detrás de mi condena, creo que hay muy poca gente que pueda considerar que una resolución que autorice a un niño a ir a un paso de Semana Santa es una resolución grosera o palmaria.
Usted en su resolución falló a favor de lo que le pedía el niño de asistir a una procesión de Semana Santa frente a lo que solicitaba la madre...
Ya había habido resoluciones así antes. En este caso, lo pidió el abuelo un día antes de la fiesta. Por eso había razones de urgencia. (...) ¿Que no les gustó a los del TS mi resolución? Vale, a mí tampoco me gusta las suyas. Pero se debe analizar desde la jurisdicción civil, no la penal. Y la Audiencia de Sevilla, que es la jurisdicción civil aquí, dijo que la resolución estaba bien adoptada, porque había razones de urgencia que justificaban esa resolución sin oír a la madre.
Y el tribunal del TS que me juzga resulta que hasta asesora al abogado de la acusación y me condenan a mí sin oírme. Y da como hechos probados meras sospechas. Es algo muy esperpéntico. Pero yo ya estaba condenado no desde que me pusieron la demanda, desde el primer día que empecé a criticar la dictadura de género.
A mí ya me habían advertido que iban a ir a por mí. Pero pensé que no iba a pasar nada, porque llevaba mi juzgado muy al día. Pero mi padre me advirtió que buscarían lo que fuera o directamente se lo inventarían, que fue lo que hicieron.
Si usted hubiera dictado exactamente esa misma resolución, pero no hubiera concedido antes todas aquellas entrevistas significándose en contra de 'la dictadura de género' ¿cree que no hubiera pasado nada?
No habría pasado absolutamente nada. Estoy convencido yo, y está convencido todo el mundo. En el año 2006 adopté una misma decisión, pero en esa ocasión no era una procesión habitual, sino la procesión de los gitanos, que es de 12 horas y no pasó absolutamente nada. ¿Le pasó algo a la juez de Elche que en 2009 dictó una resolución idéntica a la mía? ¿Le ha pasado algo a la Audiencia de Sevilla que ratificó mi resolución?
¿Qué les diría a los jueces que le condenaron?
Según la sentencia, mi resolución era 'grosera, esperpéntica y palmaria'. Para que fuera eso, tendría que ser una resolución que no tuviera explicación posible en derecho. En mi caso ha habido varios votos particulares de jueces que no coinciden por su nombramiento, que son nombramiento discrecional, con precisamente aquellos jueces que sí coinciden por su nombramiento con aquel sector político que me había amenazado. ¡Que casualidad!
Los jueces, cuyo nombramientos político - discrecional que sí coincide con el nombramiento político de los jueces que me condenan resulta que dice que soy inocente y los magistrados de la Audiencia de Sevilla que están ahí por escalafón, por cuestiones meramente profesionales, dicen que la resolución está ajustada a la legalidad. No estamos hablando ya de si mi resolución era justa o injusta, sino si estaba ajustada a la legalidad o no. Y yo me pregunto: ¿como una resolución legal puede ser injusta?
¿En qué se basaron para decir que su resolución era un caso de prevaricación?
Toda su acusación se basa en una casualidad. El abogado que llevó mi denuncia contra Inmaculada Montalbán, que es la que dijo que a mí me tenían que echar de la carrera judicial por mis declaraciones contra 'la dictadura del género', resultó que era también el abogado del padre del niño del paso de semana santa, el reclamo que aquel caso, recuerdo, no me lo hizo el padre del niño, me lo hizo el abuelo.
Y se han basado en eso para decir que aquí había una complot pseudo-masónico para que el niño pudiera ir a la procesión. (irónico) Fíjate en la importancia de la medida, al mismo nivel que lo de Garzón o lo de Urquía, es de la misma gravedad. Cuando la gente oye lo de los 10 años de inhabilitación se piensa que es algo más grave. ¡Es que no hay nada!
¿Usted es miembro de alguna asociación de jueces?
Foro Judicial Independiente, que me está respaldando. Ten en cuenta que para un juez lo peor es la prevaricación, ningún juez apoyaría a un prevaricador. Y a mí hay 100 jueces que están poniendo dinero para ayudarme a pagar la multa, porque creen esos jueces - que tienen un sentimiento de justicia innato - que esa sentencia ha sido injusta.
De los jueces que le han condenado, dos de ellos son destacados miembros de 'Jueces para la Democracia', Perfecto Andrés y Saavedra.
Sí, sí, son de ese sector que ya me había señalado con el dedo.
¿Qué le parece el caso de la juez María Sanahuja?
Otra represaliada por el sistema. Aquí no ha quedado títere con cabeza. A una juez de Santander también la han expedientado por eso. En el libro reflejo toda la estrategia y toda la maquinaria que ha puesto en marcha la dictadura del género.
Aunque es un caso diferente al suyo, ¿qué opinión le merece la condena al juez Ferrín Calamita?
También hubo una persecución política contra una persona que tenía unos planteamientos y un ideario de tipo religioso. Pero a nadie le pueden condenar por lo que piense, sino por los contenidos de sus resoluciones y su resolución, por la que fue condenado, que era perfectamente defendible en derecho, porque por el razonamiento por el que le condenaron, no habría ningún juez en España que quedaría libre de condena. Lo que pasa es que el caso Calamita y el caso mío han sido dos paréntesis por presiones de tipo político sobre lo que es el ejercicio imparcial e independiente de lo que es la jurisdicción.
¿Cree que anularán instancias superiores su condena?
Espero que lo anule el Tribunal Constitucional, porque aquí ha habido violación de derechos fundamentales. Todos los que dicen que yo había hecho llorar a la madre porque estuviera sin el niño un día porque estaba en la procesión...  creo que el daño que he sufrido tanto yo como mi familia por ser inhabilitado por 10 años. Y si no, Estrasburgo.
¿Si le ampara el TC volvería a su juzgado?
Ya han sacado a concurso la plaza del juzgado. Ya han conseguido el objetivo que pretendían: echarme del juzgado de familia. Yo voy a ejercer ahora el ejercicio de la abogacía. Me va a ir económicamente mejor, porque ya me conoce mucha gente en España.
La filosofía y los principios que yo mantengo coinciden con la mayoría de gente de este país. Yo ya, por razones de dignidad, no volveré al juzgado, prefiero ser un abogado libre de presiones políticas y no un esclavo del miedo. Los jueces en materia de familia son objetos de presiones políticas intolerables.
¿Podría poner nombre a los cabecillas de este movimiento de 'la dictadura de género'?
Tengo claro quienes son, pero si ahora mismo dijera quienes son, podría haber lío. Yo soy una persona que tiene rigor, a diferencia de otros profesionales que condenan sin rigor y en base a meras sospechas. Aunque tengo sospechas, casi convicciones, no me puedo pronunciar. No quiero apuntar a nadie que se pueda ver aludida y diga que la estoy difamando.
Lo que se tendría que hacer es una investigación profunda para decir quién ha sido desde el CGPJ la persona que ha filtrado información reservada al abogado de la acusación para que la utilizara en mi contra en el procedimiento.
Si se sabe quién era esa persona, de ahí podremos tirar del hilo que nos ayudaría a saber cuales han sido las presiones políticas que han causado que un juez haya sido condenado por permitir que un niño salga en una procesión de Semana Santa.

El PP ordena paralizar la reforma del Código de Buenas Prácticas para frenar los desahucios

LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-El informe redactado por el Consejo General del Poder Judicial sobre los desahucios es un magnífico alegato contra una gran tragedia colectiva, probablemente la más grave derivada de la crisis, que afecta ya a más de 350.000 familias que son con frecuencia arrojadas a la indigencia y a la marginalidad. El suicidio, ayer en Granada, de un hombre de 54 años que iba a ser desahuciado y el intento de acabar con su vida de otro hombre en Burjassot al no poder afrontar una hipoteca resume dramáticamente la envergadura del problema Fuentes del CGPJ han asegurado que el informe hubiera sido aprobado “sin pena ni gloria” si su contenido no se hubiera publicado ayer en varios medios, lo que acredita que hasta el CGPJ filtra datos a diestro y a siniestro. En otras ocasiones se han realizado estudios con propuestas en materia penal, de menores o de lo contencioso-administrativo y nunca ha habido problemas.

Sin embargo, un grupo de vocales, con Concepción Espejel a la cabeza, una de las que más se ha distinguido en los últimos tiempos en defender las posturas del Ministerio de Justicia, se opuso a la mera existencia del trabajo por entender que el consejo no tiene competencias para formular este tipo de propuestas que conllevan reformas legislativas, y debe limitarse estrictamente a las funciones que le encomienda la ley orgánica que regula su funcionamiento.

El informe atribuye esclarecidamente la situación a «la ligereza y mala praxis» de los bancos, causantes de una generalizada extensión del crédito hipotecario «sin valorar las posibilidades reales del deudor». Todo ello agravado por la existencia de un procedimiento para el cobro de créditos, creado en 1909, que «permite cobrar de forma rápida con un proceso judicial extremadamente agresivo con el deudor». Y los siete jueces firmantes proponen, como punto de partida, «extender al cliente sobre endeudado una parte de los beneficios y ayudas que la banca recibe del Estado». En definitiva, del informe se desprende, además de la necesidad de humanizar la legislación, atacar el problema mediante «soluciones excepcionales» que se acomoden a la excepcionalidad de la situación actual. Del total de las 18 medidas propuestas, destacan la posibilidad de conceder moratorias en casos concretos -enfermedad, paro, accidentes de trabajo, etcétera- y muy especialmente la dación en pago como medio de cancelar el crédito, evitándose así situaciones kafkianas de familias que, tras perder la vivienda, quedarán endeudadas de por vida, lo que les impide rehacerse de la adversidad. El informe analiza también el Código de Buenas Prácticas que fue redactado para estos casos por el Gobierno, y lo considera totalmente insuficiente, no solo porque es de aceptación voluntaria por los bancos sino también porque únicamente pueden acogerse a él personas y familias ya en la pobreza más absoluta. Y los jueces proponen un cuadro normativo con medidas de protección que aliviarían el problema: plazos de carencia, ampliaciones del plazo, rebajas del tipo de interés y quitas. No se deberían oponer objeciones técnicas a un planteamiento humanitario que combate abusos y que rezuma además sentido común.

La medida estrella del Gobierno para favorecer a los ciudadanos desahuciados fue el Código de Buenas Prácticas, pero la comisión de magistrados del Consejo General del Poder Judicial cree que ha fracasado. “No se ha alcanzado el resultado perseguido, por las estrictas condiciones para fijar las personas que pueden acogerse a las medidas, lo que supone que solo un porcentaje muy reducido, en la pobreza más absoluta, puede acogerse a esos beneficios”.
Los magistrados destacan que este código, además de ser de asunción voluntaria por los bancos, solo “se aplica a deudores que estén en el umbral de exclusión” y aseguran que desde que entró en vigor hace seis meses “la aplicación de esta norma ha sido testimonial”. La comisión denuncia el privilegio procesal de los bancos para una tutela judicial reforzada “que surgió a principios de siglo pasado (1909) en un contexto que nada tiene que ver con la situación de crisis actual, un proceso en el que el deudor prácticamente nada puede alegar u oponer”. Y propone reconducir la ejecución hipotecaria a las normas generales de la ejecución ordinaria. El análisis reclama que las ayudas públicas a la banca se completen con otras que permitan extender aquellas ayudas a los particulares y buscar soluciones que mitiguen la situación existente y repartan las cargas sociales derivadas de la crisis y que hoy afectan exclusivamente a los ciudadanos, el eslabón más débil de la cadena.

El CGPJ se desliga del informe de seis jueces que propone reformar el sistema de desahucios

El Consejo no asume el contenido de la propuesta por no aprobarse de manera formal

LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-El Pleno del CGPJ se desvinculó del contenido del informe coordinado por el vocal Manuel Almenarque que critica duramente el actual sistema de desahucios por impago y propone diversas medidas para modificar el procedimiento de ejecución hipotecaria, que tilda de "privilegiado" para los intereses de los bancos.

En una nota informativa remitida ayer se señaló que el Consejo no asume el contenido de esta propuesta, que responde a un encargo realizado a seis magistrados sobre la agilización de los procedimientos civiles. Añade incluso que el anexo en el que se trata el tema de los desahucios "no ha sido formalmente aprobado por el grupo de magistrados responsable de la elaboración" del texto.

"En definitiva, el Pleno fue informado ayer de la existencia de este trabajo y acordó no debatir su contenido ni por ello asumirlo como propio del Consejo General del Poder Judicial", concluyó oficialmente este órgano.

Entre otras medidas para afrontar el actual incremento de desahucios, el citado anexo sugería la modificación del régimen de tasación de viviendas, un aumento las atribuciones de los jueces en este tipo de procedimientos e incluso que parte de los beneficios y ayudas que la banca recibe del Estado se extiendan al cliente.

El anexo se incluía a continuación del informe bajo el título "propuestas en materia de sobreendeudamiento familiar y medidas de protección del deudor frente a las consecuencias de la ejecución hipotecaria". Reconoce que en el panorama económico actual se registran cinco veces más ejecuciones hipotecarias.

El CGPJ y el Supremo buscan presidente

Fernando de Rosa se perfila como relevo de Dívar al frente de ambos órganos judiciales
Agencias / Madrid El CGPJ y del Supremo ya dan por cerrada la etapa de Dívar al frente de ambos órganos y han comenzado los movimientos en busca de sucesor.

Según la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), una vez que se produzca la dimisión o cese del presidente del CGPJ, automáticamente el vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces, el conservador Fernando de Rosa, pasaría a sustituirle en el cargo.

En el Supremo la presidencia será por ley para el presidente de sala más antiguo, Juan Antonio Xiol, de la sala de lo Civil y de talante progresista, que en principio ocuparía esa responsabilidad hasta la designación de un nuevo presidente, según informaron fuentes del Consejo. No obstante, magistrados del TS y vocales del CGPJ admitieron que no es deseable que se mantenga esa duplicidad hasta que dentro de un año y medio concluya el mandato del actual Consejo y creen que lo más recomendable es que el presidente del Supremo sea también el del Poder Judicial, como establece la Constitución.

La preocupación por lo que puede perjudicar a la imagen de España en el exterior la próxima dimisión de Dívar es otra de las razones por las que consideran que una sola presidencia es la mejor opción para conseguir el equilibrio necesario.

Y aquí es donde empiezan a circular todo tipo de propuestas y opiniones, tanto entre los magistrados del Supremo como entre los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que hasta ahora no se han caracterizado por lograr con facilidad consensos amplios en los nombramientos judiciales. Además, la crisis por los gastos de los viajes de Dívar hace aún menos previsible el resultado de una votación para elegir a su futuro presidente, que necesita el apoyo de tres quintos de los 20 miembros del CGPJ.

Si la opción fuera designar a De Rosa o Xiol para ocupar la presidencia de ambas instituciones, el magistrado del Supremo parece partir con más opciones, no sólo por el "peso" del Alto Tribunal, según las fuentes consultadas, sino por el prestigio del que goza entre sus compañeros.

El Congreso acepta a la cuarta la petición de IU para que comparezca Dívar

LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-La Mesa del Congreso ha aceptado hoy calificar la cuarta petición de comparecencia del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, presentada por IU, y que ahora se remitirá a la Comisión de Justicia para que la ratifique y en su caso decida fecha.
Por otro lado, el órgano de Gobierno de la Cámara ha rechazado la petición de IU de que comparecieran tres vocales del Consejo que también han reclamado, por su cuenta, y en una carta a la Comisión de Justicia, acudir al Congreso para dar su posición sobre la situación general del CGPJ.
Fuentes de la Mesa han explicado que, en su cuarta petición para que compareciera Dívar, los diputados del grupo de la Izquierda Plural han sido en esta ocasión "muy habilidosos" porque han pedido que acuda al Congreso a dar cuenta de la Memoria del año 2011 del órgano de gobierno de los jueces, cuestión a la que el órgano de dirección de la Cámara no puede negarse.
En anteriores ocasiones, la Mesa se negó a calificar las peticiones de comparecencia de IU porque en ellas se pedía que Dívar explicase sus viajes a Marbella con cargo al CGPJ.
La justificación de la Mesa entonces para rechazar la solicitud era siempre la misma: que el Congreso no es competente para controlar el funcionamiento interno y los gastos del Consejo, y con ese argumento se rechazaron, en la reunión de la semana pasada, las últimas peticiones hechas por IU y el PSOE.
Por otro lado, según las mismas fuentes, el escrito que presentó el PSOE ante la Mesa para que rectificase su decisión de impedir que Dívar explique sus viajes no se empezará a estudiar hasta la semana que viene; primero lo hará la Junta de Portavoces y la semana siguiente vuelve a la Mesa.
En dicho escrito, los socialistas argumentaban que Dívar sí puede comparecer para hablar de la polémica cuestión porque él mismo manifestó su disposición de ir al Parlamento siempre que se le requiera.
Además, desde el PSOE se apuntó al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, como posible inspirador del criterio sobre la separación de poderes utilizado por la Mesa para justificar su negativa, ya que hizo unas declaraciones públicas en este sentido antes de que se pronunciara el órgano de gobierno de la Cámara.
Por otro lado, la Mesa ha rechazado, con los cinco votos del PP frente a los tres votos a favor del PSOE y la abstención de CiU, la petición de Izquierda Unida de que comparecieran tres portavoces del CGPJ que han reclamado, además por su cuenta en una carta, a la Comisión de Justicia acudir al Congreso.
Los tres portavoces querían dar cuenta de su actividad y gastos y su posición sobre la situación que atraviesa el CGPJ.

El Supremo pide documentación a la Fiscalía

El CGPJ corrió con los gastos de estancias de cuatro días para actos de sólo unas horas
Agencias / Madrid El Tribunal Supremo solicitó ayer a la Fiscalía que le remita toda la documentación que obre en su poder sobre los gastos derivados de sus viajes a Marbella que el presidente del propio alto tribunal y del CGPJ cargó a los presupuestos del órgano de gobierno de los jueces.

Fuentes del Supremo informaron a Efe además de que la Sala de lo Penal ordenó esta diligencia después de que la asociación Preeminencia del Derecho, representada por el abogado José Luis Mazón, haya ratificado la querella que el pasado 31 de mayo interpuso contra Dívar por los delitos de estafa o apropiación indebida, "o en su defecto por malversación". La asociación, que un día antes había presentado una denuncia que fue inadmitida por el Supremo, que indicó a Mazón que debía transformarla en querella, señalaba en su escrito que "el principio de que cada uno se paga sus fiestas fue roto" por Dívar, que "desplazó" los costes de sus fines de semana "a las arcas públicas".

Preeminencia del Derecho criticaba además la decisión de la Fiscalía de archivar, al no haber apreciado indicios de delito, la denuncia por malversación presentada contra el presidente del CGPJ por el vocal de este órgano José Manuel Gómez Benítez.

Es precisamente la documentación que este último remitió al Ministerio Público, junto a la que posteriormente la Fiscalía reclamó al CGPJ, la que ahora requiere el Supremo, que cuando la examine decidirá si admite o no a trámite la querella contra Dívar.

El CGPJ corrió con los gastos de su presidente en estancias de cuatro días en la localidad malagueña por actos de unas horas, según informó ayer el diario El País. En esos desplazamientos, Dívar acudió a actos públicos de unas horas que, a veces, se celebraban en una provincia distinta y, en algunos casos, a 200 kilómetros de distancia por carretera.

El presidente del órgano de gobierno de los jueces justificó esas irregularidades alegando que ejerce su cargo las 24 horas del día y que algunos viajes eran de carácter "reservado".

Baltasar Garzón, suspendido por unanimidad por el CGPJ

El Pleno del CGPJ ha decidido por unanimidad suspender a Garzón de sus funciones como juez de la Audiencia Nacional después de que el Supremo haya abierto juicio oral contra él. El juez está ya fuera de la Audiencia.


LAEDICION.NET.-Durante veintiún años al frente del juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón ha sido intocable. En este tiempo, sus piruetas jurídicas han sido numerosas y reconocidas tanto por sus admiradores como por sus detractores. Si embargo, esta invulnerabilidad se rompió hace un año cuando el Tribunal Supremo admitió a trámite la querella interpuesta contra el juez por prevaricación al declararse competente para investigar la Guerra Civil y el franquismo.

Eso sí, la ruptura de esta inmunidad no se ha materializado hasta este viernes cuando el gobierno de los jueces ha suspendido de sus funciones al juez de la Audiencia Nacional. Tal y como avanzó Libertad Digital, la ley obligaba al poder judicial a suspender en este caso al magistrado después de que el pasado miércoles el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela dictase el auto de apertura de juicio oral del juez estrella.
Garzón ha tenido que abandonar este mediodía su juzgado –al menos hasta que el Alto Tribunal lo juzgue y haya sentencia firme- y ya se le ha notificado su suspensión cautelar por lo que ésta es efectiva. El juez carece ya de potestad para impartir justicia aunque no pierde su condición de miembro de la Carrera Judicial.
La ley, obliga

La decisión de apartar a Garzón ha sito tomada por unanimidad. Su portavoz, Gabriela Bravo, explicaba al término del pleno extraordinario que se ha prolongado durante cerca de 3 horas, que los 17 vocales más el presidente, Carlos Dívar, han acordado suspender a Garzón en cumplimiento de los artículos 383.1 y 384 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

El pleno ha entendido, según Bravo, que la suspensión viene determinada por el auto del magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela por el que abre juicio oral al juez de la Audiencia Nacional.
En el aire queda el intento de Dívar de conceder a Garzón un último privilegio, ya que hasta este viernes el presidente el poder judicial ha retrasado lo máximo posible este día. Prueba de ello, es que el presidente del CGPJ convocó de urgencia este mediodía una Comisión Permanente para estudiar la solicitud de declaración de servicios especiales presentada por Garzón para trasladarse al Tribunal Penal Internacional (TPI) como consultor externo de la Fiscalía de este órgano. Sin embargo, los vocales que componen dicho órgano Margarita Robles, Almudena Lastra –nombrados a propuesta del PSOE-,Antonio Dorado y Manuel Almenar –nombrados a propuesta del PP-, más el presidente, no han llegado a un acuerdo y han pospuesto la decisión sobre la solicitud del juez estrella.

Suspendido, al menos, hasta que haya sentencia

Por su parte, la portavoz Gabriela Bravo ha explicado que a Garzón se le ha comunicado por teléfono esta decisión. Horas más tarde, se le ha notificado la medida. Preguntada por el plazo que tendrá esta suspensión cautelar, Bravo ha señalado que se prolongará "durante todo el tiempo que dure el procedimiento y hasta que se dicte sentencia".

Respecto a si la ley permite a un juez suspendido concederle un permiso para trasladarse a un órgano como el TPI, fuentes jurídicas consultadas por este Digital aseguran a este diario que no es posible ya que un magistrado puede estar en activo, en excedencia, suspendido o en comisión de servicios especiales, pero cualquiera de estas situaciones administrativas son incompatibles entre sí.

Le concedan o no en un futuro un permiso especial para irse a La Haya a impartir justicia universal, la realidad es que Garzón desde hoy queda apartado temporalmente como instructor de la Audiencia Nacional. Atrás quedan innumerables garzonadas que una vez tras otra han acaparado portadas de periódicos y titulares de informativos. Una de ellas, le ha costado su despacho: la causa general que abrió a la Guerra Civil y el franquismo en octubre de 2008.

Consciente de que el poder judicial se jugaba su prestigio con esta decisión, Bravo ha aprovechado la ocasión para subrayar que “en España tenemos un sistema judicial garantista y tenemos unos jueces constitucionales que desde su independencia y su responsabilidad aplican las leyes". Asimismo, la portavoz ha recordado que en los 30 años de democracia el Tribunal Supremo ha dado "muestras evidentes" de que ha actuado siempre conforme a Derecho.

Rechazada la recusación de Gallego

Con fuertes tensiones internas, el pleno arrancaba pasadas las once y media de la mañana rechazando la recusación de la vocal Gema Gallego que había sido planteada por Garzón y aceptando que José Manuel Gómez Benítez -amigo y ex abogado del juez estrella- se abstuviera por haber ejercido como abogado del titular del Juzgado central de Instrucción número 5.

En la sesión plenaria tampoco han intervenido ni el vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces, Fernando de Rosa, ni la vocal Margarita Robles porque se apartaron de este asunto tras conocer que el juez de la Audiencia Nacional les había recusado.

A las puertas del Consejo, se concentró un grupo de familiares de víctimas del franquismo en apoyo del magistrado, portando una bandera republicana y pancartas en las que se criticaba la decisión de Varela. Entre ellos, se encontraba la abogada Cristina Almeida para quien la suspensión de Garzón es "una canallada" cuando hay varios recursos pendientes de ser resueltos en el Supremo. Sin embargo, pese a quien le pese, en democracia nadie es intocable.

Junto a esta causa, Garzón está imputado en otros dos procedimientos ante el Alto Tribunal: la de los cobros de Nueva York y la de las escuchas del caso Gürtel.

Bermejo se reunirá hoy en el CGPJ con su presidente Carlos Dívar

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, visita la sede del Consejo General del Poder Judicial para entrevistarse con su presidente, Carlos Dívar, y con los vocales de este órgano.
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha cifrado en casi un 10 por ciento el aumento real de los presupuestos de su departamento para 2009, ejercicio durante el que tratará de racionalizar la gestión.