Chamizo insta a Torrecárdenas a no “maquillar” sus esperas quirúrgicas

El Defensor lo hace a raíz de la queja de una paciente del hospital que tenía fecha para operarse y que dejó de estar programada para ello ‘sin motivo aparente’

LAEDICION.NET.-El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, José Chamizo, ha instado al Complejo Hospitalario Torrecárdenas a “que se gestione la lista de espera de manera que se garantice el cumplimiento del plazo máximo de garantía previsto en las normas”. Lo ha hecho a raíz de la queja de una paciente, pues se han encontrado discordancias “entre la situación real de la interesada en la lista de espera quirúrgica y la información ofrecida por el dispositivo inters@s”, por  lo que pide que “se actúe en consecuencia, al objeto de que los pacientes puedan beneficiarse del derecho a ser intervenidos en un centro privado en caso de incumplimiento”. También pide la Oficina del Defensor que “se evite registrar la situación de suspensión de programación quirúrgica por causa de reevaluación clínica, cuando no existe una previa indicación facultativa para la misma, y no se cumplen las determinaciones sobre procedimiento, fundamentalmente en lo que se refiere a la notificación de dicho estado a los interesados”.  Acudió a la Institución  una afectada para explicarles que se encontraba pendiente de una intervención quirúrgica de vesícula biliar en el hospital Torrecárdenas, “habiendo sido incluida en el registro de demanda quirúrgica el 7 de junio de 2012. La interesaba, sabedora de que dicha operación está cubierta por una garantía de plazo de respuesta de 120 días, al parecer ha venido consultando habitualmente dicha inscripción, a través del dispositivo inters@s, utilizando su firma digital. “Reevalución clínica” “Nos comentaba entonces que precisamente el día previo al cumplimiento del tiempo de respuesta establecido, al realizar la consulta antes referida, constató que en su inscripción figuraba como paciente transitoriamente no programable en este centro, añadiéndose como motivo para ello por reevaluación clínica”. La paciente obtuvo el visto bueno del especialista para la realización de la intervención, sin que desde entonces hubiera vuelto a acudir al hospital ni a ningún otro centro sanitario, ni hubiera sido examinada por ningún facultativo, cuestionándose “en qué punto había cambiado su situación de manera que no se aconsejaba su intervención”.

El Defensor pide un plan urgente para salvar la ley de dependencia

LAEDICION.NET.-La institución lanza un SOS a la Junta para que priorice la ayuda a domicilio y los centros de día, incorpore a nuevos beneficiarios y pague las deudas acumuladas con familias y entidades Coincidencia o no, a la misma hora en la que el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, presumía ayer del liderazgo de la Junta en la aplicación de la ley de dependencia, el Defensor del Pueblo andaluz en funciones, José Chamizo, comunicaba en su página web una serie de actuaciones para reclamar acciones del Ejecutivo andaluz que eviten la "defunción" del sistema provocada por las decisiones del Gobierno central de Mariano Rajoy.

La ofensiva del Defensor incluyó una denuncia, un pronunciamiento y una propuesta de actuación, acompañada de una intervención del propio Chamizo en un videoblog. Todo para dar respuesta a las numerosas quejas y denuncias recibidas en la oficina que han llevado al Defensor a iniciar una actuación de oficio ante la Consejería de Salud y Bienestar Social.

En opinión de Chamizo, el "deterioro" de la ley provocado por las decisiones del Gobierno central no ha encontrado la defensa esperada de la Junta "más allá de las enérgicas protestas", pero "sin una respuesta proactiva dirigida a salvaguardar los logros del sistema en Andalucía". De hecho, subraya que en la comunidad hay una "parálisis" desde junio de 2012, hace diez meses, y pone en evidencia algunas de las actuaciones (desconocidas muchas de ellas) que ha llevado a cabo la Administración andaluza en los últimos tiempos.

Por ejemplo, el Defensor expone que "desde hace seis meses ninguna persona solicitante, reconocida o no como dependiente en algún grado, ha accedido al sistema, salvo en situaciones excepcionales de urgencia, aumentando así las personas fallecidas sin haber adquirido el derecho". Como consecuencia de ello, han aparecido situaciones "insólitas", como "la existencia de plazas vacantes en residencias y centros de día, una menor demanda de la ayuda a domicilio y un grave y en ocasiones irreversible problema laboral y económico de los trabajadores del sector".

Y otra novedad igual de grave: el Defensor denuncia que la Junta está haciendo "en gran número" revisiones de oficio con las que están aminorando el grado de dependencia reconocido.

Las quejas que llegan a la Oficina "van más allá del sentimiento de indignación, impotencia y enfado para centrarse en la idea de injusticia y en una petición de sinceridad y claridad a quienes ostentan la responsabilidad", expone Chamizo en su informe.

Otra de las denuncias se refiere al incumplimiento de las obligaciones de pago respecto de las deudas reconocidas. El Defensor anota que tampoco se ha cumplido la anualidad prevista para marzo de 2013. La Consejería remitió respuesta el 2 de abril en el que repite el argumento de los recortes de financiación del Gobierno y alude a problemas de Tesorería.

El Defensor se desespera y resume: "la situación es la siguiente: no se contraen nuevas obligaciones, al no entrar nuevos dependientes en el sistema; menguan los costes financieros derivados de las prestaciones y servicios del sistema, al estarse produciendo una revisión de oficio del grado de dependencia y se está produciendo un incumplimiento de las obligaciones de pago respecto de las deudas ya reconocidas a favor de dependientes". También reprocha el enfoque de dar pagas económicas, una opción a la que se abona la Junta. Chamizo critica que es un "subsidio" familiar que lastra la libertad de los cuidadores, mujeres en su amplia mayoría, y la creación de empleo.

Por todo ello, el Defensor propone a la Junta, en primer lugar, que propicie el desarrollo y mantenga los servicios de ayuda a domicilio y de los centros de día ante el "más estéril y retrógrado" de las pagas. También que reconozca la teleasistencia como servicio de proximidad.

En segundo lugar, la institución pide a la Junta que regule por ley un nivel mínimo para mantener la tasa de reposición, es decir, que cuando fallezca un dependiente, entre otro. Reclama una iniciativa autonómica para que se traslade esta petición al Gobierno.

Y por último exige a la Junta un plan especial de financiación para afrontar el pago de las deudas, incluidas el abono de los atrasos a las asociaciones. Un plan de urgencia, en definitiva, para no dejar morir la ley de dependencia.

Los ayuntamientos se unen contra Endesa por los continuos cortes de luz

Van a instar a la Junta de Andalucía para que actúe contra la compañía dentro de sus competencias

LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-Los cuatro alcaldes de la Mancomunidad de Municipios de Los Vélez celebraron ayer una rueda de prensa con el objetivo de dar a conocer las acciones que se van a poner en marcha de manera conjunta contra Endesa por los continuos y numerosos cortes de luz que viene sufriendo la Comarca de manera reiterada.

Una situación que provoca a autoridades y vecinos "malestar e indignación", que ayer se puso de manifiesto ante un problema que lejos de resolverse se agrava cada vez más, ya que ese fin de semana de nuevo los cortes de luz y las bajadas de tensión han sido continuas en los cuatro pueblos. Siendo así, Antonio Cabrera, presidente de la Mancomunidad y alcalde de Vélez-Blanco, explicó "que la paciencia tiene un limite" y tras la denuncia interpuesta por los cuatro alcaldes hace unos días en el Juzgado de Vélez- Rubio contra Endesa, "se va a instar a la Junta de Andalucía para que actué dentro de sus competencias contra Sevillana Endesa, por parte de la Mancomunidad se van a seguir realizando denuncias cada vez que se produzcan cortes, a la vez que se quiere poner en conocimiento del Defensor del Pueblo esta problemática". En cualquier caso, ha señalado, "se va a actuar hasta las ultimas consecuencias para que esta desidia que tiene la Compañía con la Comarca de los Vélez se termine de una vez por todas". Palabras que han ratificado los demás alcaldes de la Comarca que consideran la situación actual "una tomadura de pelo", tal y como manifestó Miguel Martínez-Carlón.

Hacienda descontará de la nómina de los funcionarios la cotización por la extra de Navidad que no cobrarán

Los funcionarios que cotizan por clases pasivas cotizarán por la paga extra de Navidad como si la hubieran cobrado, con el correspondiente descuento en su nómina, según indicaron a Europa Press en fuentes del Ministerio de Hacienda.
LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-La razón es que en el decreto antidéficit del 13 de julio, en el que se suprimió la paga extra de diciembre de los funcionarios, no se introdujo ninguna modificación respecto a lo que dispone la Ley de Clases Pasivas del Estado en su artículo 23, que obliga a estos trabajadores a cotizar por las catorce pagas.
Así, se mantendrá lo presupuestado en las cuentas anuales del Estado para 2012, aprobadas el 29 de junio, dos semanas antes del decreto, en cuyos cálculos se incluye el descuento en la nómina correspondiente a la paga extra de Navidad.
Los afectados por esta doble imposición son los funcionarios que cotizan en el régimen de clases pasivas, esto es, la práctica totalidad de los empleados de la Administración General del Estado, del Ejército, de la Justicia o de la Agencia Tributaria, que suponen alrededor de 900.000 personas, según cálculos de sindicatos de funcionarios CSI-F.
Desde el sindicato que dirige Miguel Borra, se asegura que por el efecto de esta doble imposición los funcionarios que cotizan por clases pasivas "cobrarán en diciembre incluso menos que en noviembre".
Por esta razón, desde CSI-F ya se ha trasladado la queja al Ministerio de Hacienda para que reconsidere esta doble imposición, pero que el Gobierno no lo contempla. Además, el sindicato avisa de que la cotización del mes de diciembre de 2012 no va a tener reflejo en la futura pensión de jubilación de estos funcionarios.
SE DEBE ABONAR UNA PARTE DE LA PAGA EXTRA
Por otro lado, CSI-F también ha alegado ante Hacienda que en relación con la supresión de la paga extraordinaria del mes de diciembre, debe tenerse en cuenta que hasta el 15 de julio de 2012, fecha de entrada en vigor del Real Decreto antidéficit, todos los empleados públicos han devengado el derecho a percibir la paga extra en las condiciones previstas en los Presupuestos de 2012.
"En consecuencia, debe abonarse la parte correspondiente a la paga extraordinaria hasta esa fecha 15 de julio", solicitan, más aún cuando, según aseguran, "este criterio se ha seguido con aquellos empleados públicos que finalizaron la relación de servicios o su contrato antes del 15 de julio, a los que se les ha abonado la parte proporcional de la paga correspondiente".
En la misma dirección, la Defensora de Pueblo, Soledad Becerril, ha recomendado que la supresión de esta paga comience a aplicarse en el momento en que se publicó el Real Decreto Ley al considerar que una parte de la paga suprimida correspondería a un trabajo ya realizado.
Por ahora, el Gobierno se ha comprometido a compensar más adelante la paga extra detraída en 2012, pero aún no fijado una fecha. Por otro lado, los empleados del sector público recuperarán las pagas extras, pero mantendrán congelado el salario en 2013, según les trasladó hace aproximadamente un mes este el Gobierno a los sindicatos de la función pública durante la reunión de la Mesa General de la Negociación en las Administraciones Públicas.