Fadeco teme que el decreto de función social de la vivienda vulnere la Constitución

LAEDICION.NET.-La Junta aprueba hoy una norma que dará, según Cortés, «argumentos objetivos a las necesidades de la mayoría» La Junta de Andalucía sacará hoy adelante el decreto sobre la función social de la vivienda, que, según la consejera Elena Cortés, dará «argumentos objetivos» para responder «a las necesidades de la mayoría social, del pueblo trabajador y del pueblo que está sufriendo un menoscabo en el derecho a la vivienda».
Mientras la consejera de Fomento y Vivienda resaltó que el fin del decreto es que «se cumpla la función social de la vivienda» y se tenga en cuenta la «situación complicada» de las personas ante la crisis, Fadeco, la patronal andaluza de la construcción, indicó que establecer «posibles sanciones» a viviendas vacías puede «dificultar» la venta de inmuebles y supone «una manera absolutamente equivocada» de afrontar la falta de pisos.
La patronal solicitó que, antes de hablar de sanciones, «primero habrá que saber qué se entiende por pisos vacíos». «Si no se define el concepto, se puede caer en expropiaciones de bienes privados por razón de una finalidad altruista o social, y con esa 'expropiación' no estamos de acuerdo ni tiene el más mínimo sentido».
La patronal advirtió también de la inconstitucionalidad de eventuales sanciones de la Junta a las personas jurídicas que disponen de casas vacías. «Habrá que ver si el legislador tiene competencias y si esa forma de legislar no roza con ningún precepto de la Constitución», añadió Fadeco. «Los avances que nos llegan no nos suenan bien y es una manera de abordar el problema de la vivienda absolutamente equivocada», recogió Europa Press de fuentes empresariales. «Legislar es muy fácil, pero con lo que se legisle debe haber estudios económicos detrás y ver las repercusiones, y hacer un estudio de las viviendas y de la situación del sector», exigió Fadeco. El vicepresidente de la patronal, José Prado, indicó a Efe que la medida supondría un «ataque frontal» a los derechos inherentes al Patrimonio.
Según Elena Cortés, el decreto aportará «argumentos objetivos» para «poner la política al servicio de las necesidades» de los ciudadanos. La consejera añadió que «desde junio de 2012 en el parque público de viviendas de Andalucía no se desahucia a nadie que haya sufrido un menoscabo o empobrecimiento sobrevenido de su economía familiar como consecuencia de la crisis». La Junta informó ayer de que la oficina del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda en Huelva ha evitado «126 desahucios» desde principios de octubre, tras anexionar ayer nuevos ayuntamientos al programa, hasta sumar ya 107 en Andalucía.
Se calcula que en Andalucía hay unas 40.000 viviendas vacías en manos de promotores y constructores; de ellas, 11.000 están en la provincia de Málaga, de las que entre 4.000 y 6.000, en manos de bancos, están en la Costa del Sol. Esta zona, entre 2004 y 2007 acaparó el 40% de las viviendas vendidas a no residentes en España. El excedente de inmuebles se redujo en 8.900 viviendas en 2012, 3.600 de ellas vendidas a británicos, noruegos, rusos o alemanes

Los constructores andaluces podrían llevar a los tribunales el decreto de vivienda aprobado por la Junta

La patronal andaluza de la construcción, Fadeco, ha criticado la finalidad "recaudatoria" del decreto ley sobre la función social de la vivienda aprobado ayer por la Junta de Andalucía, y han precisado que están a la espera de ver el texto "para ver si se puede ser atacado jurídicamente", de forma que estudiará recurrir la aplicación del decreto ley "si vulnera el derecho de propiedad, regido por la Constitución Española".
LAEDICION.NET.-Fuentes de Fadeco se han mostrado "sorprendidas" por el hecho de que el Consejo de Gobierno apruebe un decreto ley, figura que supone "una intromisión del poder Ejecutivo en el Legislativo" y que, a su juicio, "se debe usar solo de forma muy prudente y para casos de acuciante y urgente necesidad". De hecho, señalan que tienen dudas sobre las competencias del gobierno regional para "irrumpir" en el núcleo del derecho de propiedad, de ámbito estatal y regulado por la Constitución.
Además, consideran que "asegurar el cumplimiento de que la vivienda sea un bien social no requería de esta premura y se podría haber hecho un proyecto de ley, que supusiera la participación de cuantos tienen interés en esta materia, y llevarla al Parlamento y no a través de esta disposición del decreto ley que supone una intromisión".
"En materia de vivienda, la Junta se está caracterizando por hacer disposiciones de pomposos titulares pero luego en su realidad práctica sirven para poco", añaden.
Por ello, quedarán a la espera de conocer el texto en su totalidad "para ver si se incurre en ilegalidad alguna y si da lugar a 'encontronazos' con la normativa estatal, algo que decidirán los tribunales, que pondrá a este decreto en su sitio", toda vez que "veremos si su aplicación puede ser atacada jurídicamente, pues este decreto ley nos suscita dudas en torno a su legalidad".

Sin indemnizaciones

Asimismo, cree que el termino 'expropiación' en este decreto ley "está mal usado, pues si es algo temporal, se trata de una ocupación, no de una expropiación, término este último que requiere d una situación de estabilidad, si es temporal es una ocupación".
Fuentes de la patronal de la construcción han lamentado que en este decreto ley "se habla de expropiaciones temporales, pero para nada se refiere a posibles indemnizaciones por esa expropiación temporal, por lo que una expropiación temporal donde no hay indemnizaciones parece más una confiscación temporal".
Por ello, los empresarios esperan que se planteen las indemnizaciones, aunque reconocen no saber mucho más del texto "pues solo conocemos lo apuntado en rueda de prensa y en la referencia del Consejo de Gobierno, no conocemos el texto completo".

"Ocurrencias"

Las fuentes asimismo se muestran "sorprendidas", toda vez que "se habla de subvenciones para cumplir la función social de la vivienda, que se detallarán en el futuro Plan Andaluz de Vivienda", a lo que Fadeco considera que "si la Junta tiene tantas ganas de pagar subvenciones, debería empezar a pagar las ayudas del plan anterior, de las que no han dado ninguna noticia".
"El papel lo aguanta todo y se pueden crear subvenciones en el papel, que luego ni se pagan ni se cubren, pero da la impresión de que hay una riada de subvenciones con estas ocurrencias de la Consejería de Fomento y Vivienda", han agregado las fuentes, quienes insisten en que la Consejería "primero pague las subvenciones que debe, y cuyo impago ha llevado a muchos promotores a la ruina".
Agrega que el decreto ley de la Junta "sí se preocupa en establecer el régimen disciplinario, con penalizaciones de hasta 9.000 euros", de forma que "al socaire de la función social de la norma se busca una finalidad recaudatoria, habida cuenta de la conocida necesidad de liquidez de la Junta".
"Aunque la intención, como siempre, es buscar buenos objetivos, el hecho de no tener experiencia en gobernar en la práctica deviene en ineficacia", ha agregado.