Adhesión del Ayuntamiento de Pechina al Fondo Social de Viviendas de la FEMP

LAEDICION.NET.-El ayuntamiento de Pechina solicitará adherirse al Convenio para la creación del Fondo Social de Viviendas de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), según el acuerdo alcanzado por la corporación local en la sesión de Pleno Ordinario celebrado el pasado jueves 25 de abril, a propuesta del equipo de gobierno local.
Ante el serio problema de los desahucios, la FEMP manifestó al Gobierno su decisión a buscar soluciones para paliar los efectos de los desalojos, y en respuesta a esta creciente demanda, la Junta de Gobierno de la federación, acordó suscribir el Convenio para el Fondo Social de Viviendas para Afectados por Desahucios, junto con el Ministerio de Economía y Competitividad, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Ministerio de Fomento, el Banco de España, entidades financieras y la Plataforma del tercer Sector.
Los fondos sociales de viviendas constituidos en cada entidad de crédito se destinarán exclusivamente a aquellas familias cuyo desalojo se haya producido como consecuencia de una demanda de ejecución iniciada por la misma entidad de crédito que constituye el fondo social de viviendas. Podrán ser arrendatarios de los contratos de alquiler de las viviendas incluidas en el fondo social las personas físicas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual y cumplan una serie de requisitos, como: la citada coincidencia de la entidad de crédito, que el desalojo se haya producido a partir del día 1 de enero de 2008 o que se den una serie de circunstancias de especial vulnerabilidad. Contrato de arrendamiento
La renta del arrendamiento estará comprendida entre los 150 y los 400 euros al mes, con un límite máximo del 30% de los ingresos netos totales de la unidad familiar. Los gastos del inmueble, incluyendo tributos y obras de reparación, serán de cuenta del propietario, con excepción de los gastos por suministro (electricidad, agua, gas o teléfono). La Duración del contrato de arrendamiento será de dos años, no obstante el contrato se prorrogará un año más salvo que la entidad arrendadora, tras una reevaluación de los requisitos de elegibilidad, concluya que estos yo no se cumplen, en cuyo caso deberá notificar a los beneficiarios y a la comisión de coordinación y seguimiento la extinción del contrato, al menos con un mes de antelación al vencimiento del plazo de dos años. Por último, el arrendatario se obligará a destinar el inmueble a su vivienda habitual y a conservarlo en las mismas condiciones de uso y habitabilidad en el que se encontraba en el momento de su entrega.
Procedimiento de asignación de viviendas
Las solicitudes de viviendas por los beneficiarios se dirigirán a la entidad de crédito titular del préstamo hipotecario cuyo impago haya originado el desalojo de la vivienda habitual del solicitante. Las solicitudes admitidas serán valoradas por las entidades al objeto de priorizar aquellas que presenten una mayor necesidad o riesgo social, ponderando: el riesgo de exclusión social, número de hijos menores de tres años y menores de edad, así como de personas con discapacidad, dependencia, situación de desempleo y que hayan agotado sus prestaciones sociales, presencia de víctimas de violencia de género, disponibilidad de viviendas adecuadas en el municipio de residencia de los solicitantes y otros análogos.
Los Servicios Sociales Comunitarios de la Excma. Diputación, asignados al  Ayuntamiento de Pechina, facilitarán, previa solicitud de la entidad financiera, los informes de las familias solicitantes, y además asesorarán a los vecinos del municipio sobre el procedimiento de solicitud.

El Ayuntamiento aprueba adherirse al convenio del Fondo Social de Viviendas para afectados por desahucios

LAEDICION.NET.-La Junta de Gobierno Local ha aprobado esta mañana que el Ayuntamiento de Almería se adhiera al Convenio del Fondo Social de Viviendas para afectados por desahucios, según ha informado la concejala de Asuntos Sociales, Aránzazu Martín. Se trata de una iniciativa a través de la cual las entidades de crédito han puesto un total de 6.000 viviendas en alquiler a bajo precio en toda España, de las cuales 247 se encuentran en Almería, destinadas a familias en situación de especial vulnerabilidad.
El 17 de enero de 2013, el Ministerio de Economía, el de Asuntos Sociales y el de Fomento, junto con el Banco de España, la Federación Española de Municipios y Provincias, Organizaciones No Gubernamentales, patronales bancarias, así como 33 entidades de crédito firmaron un convenio para la creación de este Fondo Social de Vivienda al que ahora se adhiere también el Ayuntamiento de Almería.
Para poder acceder a estas viviendas de alquiler se requieren una serie de requisitos, como haber sido desahuciados de sus hogares a partir del 1 de enero de 2008. Los contratos de alquiler tendrán una duración máxima de dos años y la cuantía mensual a abonar oscila entre los 150 y los 400 euros, con un límite máximo del 30% de los ingresos totales del núcleo familiar.
Aránzazu Martín ha explicado que, “mediante la adhesión a este convenio, el Ayuntamiento de Almería se está comprometiendo a asesorar a los ciudadanos que así lo soliciten sobre este procedimiento, algo que podrá hacerse tanto en las dependencias del Área de Asuntos Sociales como en cualquiera de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios”. Del mismo modo, el Ayuntamiento emitirá los informes sociales correspondientes que sean necesarios para que un ciudadano pueda solicitar una de esas viviendas y también colaborará con las entidades locales que así lo necesiten para realizar una valoración de dichas solicitudes.
La edil de Asuntos Sociales ha calificado esta adhesión al convenio como “una muestra más de este Equipo de Gobierno, con el alcalde Luis Rogelio a la cabeza, por ayudar a todas aquellas personas que, con motivo de la crisis, se encuentran en supuestos de especial vulnerabilidad, como pueden ser las familias numerosas, monoparentales con dos o más hijos a cargo, familias con menores de tres años o con algún miembro con una discapacidad superior al 33%, a los que se les darán facilidades para poder acceder a una de estas viviendas del Fondo Social”.

Rubalcaba evita pronunciarse sobre la quita en las hipotecas que pide IU en Andalucía

LAEDICION.NET.-.El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha evitado pronunciarse esta mañana sobre la quita en las hipotecas que ha propuesto la consejera andaluza de Vivienda, Elena Cortés (IU). Según ha asegurado en una entrevista en Telecinco, aún no ha tenido tiempo para examinar esta iniciativa en profundidad.

Respecto a su continuidad en la secretaria general del PSOE, Rubalcaba ha afirmado que él se siete “con ganas y con fuerzas” todas las mañanas, pero ha matizado que solo se presentará a las primarias si su partido considera que es “útil”.

“Tenemos que cambiar muchas cosas en el partido y tengo que acabar ese proyecto, luego ya veré”, ha apuntado Rubalcaba en El Programa de Ana Rosa, para añadir que el “problema de los españoles no es saber quién es el candidato, sino que no tienen empleo, que la economía cada vez va peor…”.

Los bancos comienzan a adjudicar los pisos para desahuciados

LAEDICION.NET.- En esta primera semana de abril comenzará la adjudicación de inmuebles del Fondo Social de Vivienda (FSV) por parte de las entidades bancarias a las familias desahuciadas que lo hayan solicitado. Las viviendas se ceden en régimen de alquiler por un precio que oscilará entre los 150 y los 400 euros. Durante la segunda semana de abril la comisión de coordinación y seguimiento del FSV, formado por miembros de municipios, ONG, entidades financieras y ministerios, se reunirá para conocer los resultados de un análisis que han elaborado los servicios sociales de ayuntamientos y diputaciones a partir de las solicitudes.
El Imserso, Instituto de Mayores y Servicios Sociales, ha publicado en su web el listado de inmuebles   aportados por la banca al Fondo creado para alojar a las familias desahuciadas más vulnerables. Se trata de un total de 5.047 viviendas de las que se especifica la comunidad autónoma, provincia y localidad en la que están situadas, además del número de habitaciones de cada uno de ellas y la entidad financiera que realiza la aportación.
Cataluña encabeza el listado con 1.093 viviendas, seguida por la Comunidad Valenciana con 1.086 y Andalucía con 859. A continuación figura Madrid, con sólo 402 viviendas y el resto de comunidades tienen menos de trescientas viviendas.
El fondo social de vivienda está dirigido a las familias de especial vulnerabilidad que hayan sido desalojadas de su única vivienda después del 1 de enero de 2008. De estas, se considera potenciales beneficiarias a aquellas familias numerosas, monoparentales con dos hijos al cargo; aquellas con un menor de tres años; con un miembro en situación de dependencia, incapacitado para trabajar o con una discapacidad que supere el 33%; en las que el deudor hipotecario esté desempleado y haya agotado su prestación, o en las que haya víctimas de violencia de género. Una vez certificado uno de estos supuestos se exigen, además, otros tres requisitos económicos adicionales: que la unidad familiar cuente con ingresos inferiores a tres veces el Indicador Público de Rentas (IPREM), es decir, unos 1.597 euros mensuales o 19.164 euros anuales, que la carga hipotecaria haya crecido 1,5 veces desde 2008 y que la cuota mensual supere el 50% de sus ingresos.
Durante el mes de marzo los bancos han ido recibiendo las solicitudes de los interesados en un alquiler, proceso en el que han colaborado los servicios sociales de los ayuntamientos y diputaciones, y en los próximos días concluirán su análisis y comenzarán a adjudicar las viviendas.

Seis consejeros de la Junta de Andalucía tienen más de una vivienda en propiedad

El comunista Diego Valderas posee dos viviendas en Huelva más otro inmueble urbano sin especificar.

LAEDICION.NET.- Arguyendo una abstracción como el "interés general", la Junta de Andalucía ha aprobado un decreto   para "asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda" a través de la expropiación temporal de inmuebles afectados por procedimientos de desahucio. Además de lo anterior, el decreto de la Junta establece sanciones de hasta nueve mil euros para las personas jurídicas que tengan pisos vacíos y no los pongan en alquiler.
La limitación de estas sanciones exclusivamente para el caso de las empresas libera del compromiso de poner en alquiler viviendas vacías a las personas físicas, al menos por el momento. Esta feliz circunstancia permitirá a los políticos socialistas y comunistas andaluces seguir manteniendo a salvo de esta norma sus segundas, terceras, cuartas ¡y hasta quintas residencias!, que de esta forma permanecerán vacías o no dependiendo exclusivamente de la voluntad de sus muy progresistas propietarios.
Es el caso del vicepresidente de la Junta de Andalucía y de otros cinco consejeros que, según sus propias declaraciones patrimoniales en el parlamento andaluz, tienen más de una casa en propiedad a despecho de esa "función social de la vivienda" que quieren preservar con las propiedades de los demás. Según los datos aportados por los propios interesados, Diego Valderas   (vicepresidente y responsable de Administración Local y Relaciones Institucionales) posee 2 viviendas en Huelva más otro inmueble urbano sin describir. Susana Díaz Pacheco   (Presidencia e Igualdad) declara tener 2 viviendas en Sevilla. Carmen Martínez Aguayo   (Hacienda) posee 2 viviendas, una de ellas en Madrid.  Rafael Rodríguez   (Turismo) hace todavía más oídos sordos a la socialización del derecho a la vivienda con sus tres casas en Málaga, aunque de una de ellas sólo posee el 16% de la propiedad. Por su parte, María Jesús Montero Cuadrado   (Salud y Bienestar Social) vulnera más aún que el anterior el "interés general" con la posesión de otras 3 viviendas y un local comercial, todos ellos en Sevilla. Sin embargo, la ofensa más flagrante a la "función social de la vivienda" la comete el consejero de Agricultura, Pesca y Medio ambiente, Luis Planas  , poseedor de dos chalets adosados (en Madrid y Málaga), una casa en Córdoba y otros dos apartamentos, en Bruselas y Chefchauen (Marruecos), con lo que podríamos estar ante un claro supuesto de agresión al "derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas y sus familias", tal y como recoge el decreto de la Junta en su crítica a los poseedores de viviendas vacías.
La rapidez con que la Junta de Andalucía se ha lanzado a vulnerar el derecho de propiedad de empresas privadas contrasta con la manera en que sus dirigentes han decidido preservar la suya propia, dejando sus propiedades a salvo de esa multa de nueve mil euros con que amenazan a los empresarios privados que incumplan su mandato. Si el mantener una vivienda vacía es un comportamiento "anti-social" no amparado por la Constitución, como reza la norma dictada por los socialistas y comunistas andaluces, es difícil justificar que seis de los miembros del Consejo de Gobierno que han firmado ese decreto estén actuando "antisocialmente" con la posesión de varias viviendas para su exclusivo disfrute, a despecho del "interés general" de los ciudadanos andaluces cuyos derechos afirman querer garantizar.

Sí a los desahucios

Imagínese por un momento que usted es propietario de una vivienda. Tras largos años de duro trabajo, en los que se privó de lujos y excesos con el objetivo de ahorrar lo suficiente para afrontar religiosamente el pago de su hipoteca, decide ponerla en alquiler para obtener una renta mensual con la que completar su salario. Finalmente alquila su piso... con tal mala suerte que su inquilino pierde su empleo y deja de pagar. La cuestión es que usted no podrá expulsarlo y, por tanto, recuperar su propiedad de forma legítima, porque se trata de un "deudor de buena fe" con dificultades económicas "sobrevenidas", según los argumentos que emplean los defensores de la paralización de los desahucios   y la aplicación de la dación en pago retroactiva.
Ahora imagínese que en lugar de haberse hipotecado para comprar un piso decidió ahorrar durante muchos años hasta hacerse con un depósito de 250.000 euros en una entidad financiera de dudosa solvencia. El Gobierno aprueba la paralización de todos los desahucios y la dación en pago retroactiva, causando un enorme agujero extra en los balances de bancos y cajas, en contra de los dictados de la UE. Puesto que su entidad no es muy sólida, las pérdidas hipotecarias que le causa dicha medida acaban provocando su insolvencia y posterior quiebra al estilo chipriota   (aplicando quitas en los depósitos no garantizados), tras el rechazo de Bruselas a salvar nuevamente a las entidades españolas. Usted, ahorrador, acaba perdiendo 100.000 euros para que algunos hipotecados puedan seguir viviendo en sus pisos sin necesidad de pagar, o bien le entreguen la llave al banco para saldar toda su deuda.
Por último, imagínese que es un simple contribuyente, ni propietario ni ahorrador, y que el Gobierno opta por inyectar más dinero público en las entidades financieras –con un nuevo préstamo de la UE o con más deuda pública– para evitar que los depositantes pierdan su dinero –y el PP más votos–. Usted, contribuyente, y sus hijos pagarán la factura con más impuestos presentes y futuros (deuda). Ésta y no otra es la verdad de la dación en pago y la paralización de desalojos que defiende la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), con el apoyo de buena parte del arco parlamentario  .
La famosa Iniciativa Legislativa Popular que está tramitando el Congreso perjudica de forma directa a la inmensa mayoría de los españoles  , ya que tendría efectos desastrosos  , en términos hipotecarios, financieros y económicos, sobre el conjunto del país. Lo trágico es que su contenido –la última muestra del triste qué hay de lo mío  – ha cosechado el apoyo de la inmensa mayoría de la población y de la clase política, pese a que se sustenta en una retahíla de falacias y mentiras  , como que los desahucios son un "drama social" o que la Ley Hipotecaria es "abusiva" e ilegal"  .
Por otro lado, los embargos hipotecarios no sólo no son condenables, sino que, muy al contrario, resultan imprescindibles para garantizar la propiedad privada y el estricto cumplimiento de la seguridad jurídica. No en vano el desalojo de una vivienda supone, simple y llanamente, la restitución de la propiedad a su legítimo dueño por incumplimiento de contrato. Y es que un hipotecado no es propietario pleno de su vivienda hasta que salda el crédito, ya que éste se concede sobre una garantía real, de modo que el impago supone en todo caso su ejecución (embargo). Por ello, precisamente, la dación en pago es una excepción  , no la norma, en la mayoría de los países europeos, mientras que en Alemania, por ejemplo, donde la crisis se ve desde la barrera, se producen hasta 200 desahucios diarios  .
La profunda irresponsabilidad y escasez de miras que ha mostrado el Gobierno del PP alineándose con la PAH, en mayor o menor grado, mediante la paralización temporal de desahucios  , la creación de un fondo de alquiler social   y la reforma de la Ley Hipotecaria   está dando alas a los comunistas para ir mucho más allá: ahí están decretando incluso la "expropiación temporal"   de inmuebles inmersos en un procedimiento de desahucio. El populismo hipotecario   ya está

Los desahuciados antes de 2008 se quedarán fuera del alquiler social

LAEDICION.NET.-De Guindos concreta los requisitos de vulnerabilidad para acceder al Fondo de Vivienda para los más desfavorecidos El ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció ayer que las familias que accedan a un alquiler del Fondo Social de Vivienda (FSV) deberán cumplir los requisitos de vulnerabilidad fijados en el decreto antidesahucios y haber sido desalojadas de su residencia después del 1 de enero de 2008.

Asimismo, los beneficiarios deberán tener unos ingresos familiares inferiores a tres veces el Iprem (unos 19.000 euros anuales) y no poseer vivienda en propiedad, indicó De Guindos en el Senado.

El Fondo contará con 6.000 viviendas propiedad de las entidades de crédito de entre las que no hayan aportado a la Sareb (la sociedad que aglutinará los activos inmobiliarios tóxicos propiedad de la banca) que deberán estar "en condiciones adecuadas de habitabilidad", indicó De Guindos.

Acotar las viviendas a aquellas que no se transfieran a la Sareb implica que pasarán al parque del FSV aquellas con un valor inferior a 150.000 euros en el momento de la compra, según explicó ministro.

El precio del alquiler estará comprendido entre 150 y 400 euros mensuales, con un máximo del 30% de la renta total neta de la unidad familiar, y el contrato tendrá una duración de dos años prorrogable por uno más, salvo que la familia deje de cumplir alguno de los criterios estipulados.

Además de haber sufrido un desalojo de la vivienda habitual por una entidad adscrita al FSV a partir de 2008, año en el que comenzó la crisis, para acceder a un alquiler del FSV habrá que cumplir alguno de los criterios de vulnerabilidad fijados en el decreto por el que se paralizaron los desahucios dos años.

Esa norma acota los beneficiarios a familias numerosas, monoparentales con dos hijos, con algún menor de tres años a su cargo, con personas con una discapacidad superior al 33% o dependencia que incapacite permanentemente para trabajar y también algunos supuestos de violencia de género.

También tendrán derecho deudores en paro y que hayan agotado la prestación por desempleo, las unidades familiares en las que convivan con el deudor una o más personas unidas al titular de la hipoteca o a su cónyuge por parentesco o vínculo hasta tercer grado de consanguinidad y que estén en situación de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que incapacite para trabajar.

El Congreso de los Diputados rechazó ayer la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el PSOE el pasado 25 de octubre contra el desahucio, el sobreendeudamiento y la insolvencia con 175 votos en contra y 141 favorables.

El fondo social creado por el Gobierno Rajoy cuenta ya con 6.000 viviendas

En España hay unas 120.000 familias que cumplen todos los requisitos para acogerse a la paralización de desahucios

Para beneficiarse de la paralización de un desahucio es necesario tener unos ingresos al año inferiores a 19.170 euros

Luis de Guindos ha anunciado este 29 de noviembre de 2012 que en España hay unas 120.000 familias que cumplen todos los requisitos para acogerse a la paralización de desahucios.
LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-El ministro de Economía y Competitividad ha añadido que las entidades financieras ya se han comprometido a aportar 6.000 viviendas al nuevo fondo social.
Durante el debate de convalidación en el Congreso del real decreto-ley de medidas urgentes sobre desahucios, de Guindos ha indicado, no obstante, que el número final de personas que se acogerán a la moratoria estará por debajo de 120.000, ya que en España las cifras de desahucios están lejos de esta cota.
En cuanto al nuevo Fondo Social de Vivienda (FSV), el titular de Economía ha anunciado que, a día de hoy, existe el compromiso para constituirlo con 6.000 viviendas.
El FSV es de adhesión voluntaria, pero de Guindos se mostró convencido de que la mayoría de las entidades de crédito lo suscribirán.
Una vez que lo suscriban estarán obligadas al cumplimiento de las obligaciones que de él se deriven, ha puntualizado.
El real decreto previsiblemente será aprobado este jueves por la Cámara Baja y tramitado como proyecto de ley y, durante este proceso, el Gobierno quiere incorporar aportaciones de todos los grupos parlamentarios y el máximo consenso posible, ha dicho de Guindos.
Según lo previsto en el Real Decreto-Ley aprobado el pasado 8 de noviembre, para beneficiarse de la paralización de un desahucio es necesario tener unos ingresos al año inferiores a tres veces el IPREM (los 19.170 euros citados) y cumplir otros tres requisitos.
Es necesario que la cuota de la hipoteca supere el 50 por ciento de los ingresos netos de la unidad familiar, que la hipoteca sea sobre su única vivienda en propiedad y que en los cuatro años anteriores a la solicitud de la paralización del desahucio el esfuerzo que representa la cuota hipotecaria se haya multiplicado por 1,5, es decir, que haya aumentado el 50 por ciento.
Además, quienes cumplan estas condiciones deben cumplir otros requisitos familiares como ser familia numerosa, monoparental con dos hijos, con algún menor de tres años a su cargo, con personas con una discapacidad superior al 33 por ciento o dependencia que la incapacite permanentemente para trabajar y si se dan algunos supuestos de violencia de género, entre otros. EFECOm
«No paraliza ningún desahucio»
Por su parte, la portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, ha afirmado en el Congreso que el decreto ley antidesahucios "no paraliza ningún desahucio", sino que sólo retrasa dos años la ejecución hipotecaria y que las familias se queden sin casa, acusando al Gobierno de aprobar más bien una moratoria para "evitar tener en el telediario durante dos años situaciones dramáticas de expulsiones" de sus viviendas.
Así lo ha expresado la diputada durante el debate de convalidación del decreto ley, y ha añadido que «hemos tratado de negociar, pero lo que traen no llega ni a la clasificación de urgente necesidad, porque han sido tan restrictivos en la delimitación de los beneficiarios que dejan las medidas sin contenido", ha lamentado la socialista, reclamando que no se retrasen las ejecuciones hipotecarias sino que se fomenten las renegociaciones de las hipotecas para que "las familias puedan pagar y mantener el uso y propiedad de su vivienda».