LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-La Consejería de Educación ha contratado en los
últimos meses trabajos externos en todas las provincias andaluzas a un ente de
la «administración paralela», que a su vez hace de intermediario ante empresas
privadas, para la realización de una serie de servicios de apoyo y asistencia a
la gestión académica y económica de centros públicos por importe superior a los
4,5 millones de euros, circunstancia que ha sido denunciada por el Sindicato
Andaluz de Funcionarios, al entender que con tales decisiones se ha marginado a
los empleados públicos. Después de que el Tribunal Administrativo de Recursos
Contractuales (dependiente de la Consejería de Hacienda) paralizara
cautelarmente el contrato suscrito en la provincia de Córdoba, la central
sindical ha solicitado al mismo órgano arbitral la suspensión de los restantes
y ha exigido que se depuren las correspondientes responsabilidades.
José Manuel Mateo, presidente del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF),
ha dirigido un escrito al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de
la Junta de Andalucía, en el que denuncia que actualmente se encuentran en fase
de licitación y adjudicación un total de siete expedientes de contratación, que
han recaído en el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios
Educativos, uno de los múltiples instrumentos de la denominada «administración
paralela» de la Junta.
Recuerda el presidente del Sindicato que después de una anterior protesta
ante el Tribunal, al detectarse una primera licitación en la provincia de
Córdoba, el contrato quedó paralizado de forma cautelar. Ahora, la intención de
la central sindical es que el mismo órgano arbitral bloquee el proceso en toda
Andalucía.
En el caso de Córdoba, el importe del contrato para realizar servicios de
apoyo y asistencia a la gestión académica y económica de los centros públicos
de Educación Infantil y Primaria, ascendía a 957.493,20 euros. El de Málaga, a
684.840 euros; Granada, 530.400; Almería, 585.000; Huelva, 224.640; Jaén,
447.720; Sevilla, 644.280, y Cádiz, 546.000. En total, más de cuatro millones y
medio de euros.
Para gestionar los fondos la Consejería, según el Sindicato de Funcionarios,
contrata al Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos,
que a su vez adjudica los trabajos definitivamente, en la mayoría de los casos,
en empresas privadas.
Son mayormente labores relacionadas con la gestión económica de los centros
educativos, pero también vinculadas a cuestiones tales como preinscripciones,
matriculaciones y grabación de datos personales de los alumnos, algo que en
opinión del Sindicato es una responsabilidad exclusiva de los funcionarios. De
hecho, en el escrito presentado por el presidente del SAF, José Manuel Mateo,
éste reclama la anulación de los contratos y que las atribuciones de los mismos
recaigan en el personal funcionario de carrera.
Igualmente, pide que se remitan las actuaciones a los órganos correspondientes
para dirimir «las posibles responsabilidades en que pudieran haber incurrido
los titulares de los órganos administrativos que correspondan por la
externalización improcedente de servicios».
A juicio del SAF, ello podría suponer, en contra de la legalidad, una
atribución directa o indirecta de potestades a personal ajeno a la función
pública».
La Consejería de Educación ha contratado en los últimos meses trabajos
externos en todas las provincias andaluzas a un ente de la «administración
paralela», que a su vez hace de intermediario ante empresas privadas, para la
realización de una serie de servicios de apoyo y asistencia a la gestión
académica y económica de centros públicos por importe superior a los 4,5
millones de euros, circunstancia que ha sido denunciada por el Sindicato
Andaluz de Funcionarios, al entender que con tales decisiones se ha marginado a
los empleados públicos. Después de que el Tribunal Administrativo de Recursos
Contractuales (dependiente de la Consejería de Hacienda) paralizara
cautelarmente el contrato suscrito en la provincia de Córdoba, la central
sindical ha solicitado al mismo órgano arbitral la suspensión de los restantes
y ha exigido que se depuren las correspondientes responsabilidades.
José Manuel Mateo, presidente del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF),
ha dirigido un escrito al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de
la Junta de Andalucía, en el que denuncia que actualmente se encuentran en fase
de licitación y adjudicación un total de siete expedientes de contratación, que
han recaído en el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios
Educativos, uno de los múltiples instrumentos de la denominada «administración
paralela» de la Junta.
Recuerda el presidente del Sindicato que después de una anterior protesta
ante el Tribunal, al detectarse una primera licitación en la provincia de
Córdoba, el contrato quedó paralizado de forma cautelar. Ahora, la intención de
la central sindical es que el mismo órgano arbitral bloquee el proceso en toda
Andalucía.
En el caso de Córdoba, el importe del contrato para realizar servicios de
apoyo y asistencia a la gestión académica y económica de los centros públicos
de Educación Infantil y Primaria, ascendía a 957.493,20 euros. El de Málaga, a
684.840 euros; Granada, 530.400; Almería, 585.000; Huelva, 224.640; Jaén,
447.720; Sevilla, 644.280, y Cádiz, 546.000. En total, más de cuatro millones y
medio de euros.
Para gestionar los fondos la Consejería, según el Sindicato de Funcionarios,
contrata al Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos,
que a su vez adjudica los trabajos definitivamente, en la mayoría de los casos,
en empresas privadas.
Son mayormente labores relacionadas con la gestión económica de los centros
educativos, pero también vinculadas a cuestiones tales como preinscripciones,
matriculaciones y grabación de datos personales de los alumnos, algo que en
opinión del Sindicato es una responsabilidad exclusiva de los funcionarios. De
hecho, en el escrito presentado por el presidente del SAF, José Manuel Mateo,
éste reclama la anulación de los contratos y que las atribuciones de los mismos
recaigan en el personal funcionario de carrera.
Igualmente, pide que se remitan las actuaciones a los órganos
correspondientes para dirimir «las posibles responsabilidades en que pudieran
haber incurrido los titulares de los órganos administrativos que correspondan
por la externalización improcedente de servicios».
A juicio del SAF, ello podría suponer, en contra de la legalidad, una
atribución directa o indirecta de potestades a personal ajeno a la función
pública».