Hacerse la vasectomía costará a partir de ahora en España 1.500 €

La Seguridad Social dejará de cubrir esta operación Cada año se hacen en España más de 70.000 esterilizaciones masculinas LAEDICION.NET.-:/ Redacción Twitter @LaEdicin.- La primera batería de medidas de la reforma sanitaria que planea poner en marcha el Ministerio de Sanidad contempla que la vasectomía deje de financiarse como método anticonceptivo. A partir de ahora se deberá justificar la existencia de una patología o la posibilidad de transmitir a la descendencia una enfermedad grave para que el tratamiento, considerado no esencial, sea gratuito. Este método anticonceptivo quirúrgico se realiza con anestesia local, su duración media es de 30 a 40 minutos y no requiere ingreso hospitalario. Consiste en cortar los conductos que llevan los espermatozoides desde los testículos a la uretra del varón. Los testículos siguen produciendo espermatozoides, pero al no tener salida, son absorbidos por el organismo.

El Gobierno plantea reforzar la protección a mujeres maltratadas con seguridad privada

LAEDICION.NET.-:/ Redacción Twitter @LaEdicin.-.La ministra lo consideraría una inversión "más que justificada" si la situación lo requiere.El Gobierno abrió ayer la puerta, sin concretar, a un refuerzo privado de la seguridad de las mujeres maltratadas. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, aseguró ayer durante la sesión de control de su labor ante el Senado que si además de los recursos existentes para proteger a las víctimas de la violencia machista hiciera falta contar "con otras medidas de seguridad privada", también las tendría en cuenta, ya que sería una inversión "más que justificada" si se trata de salvar la vida de una sola mujer. La senadora de Entesa Mónica Almiñana criticó los recortes que, a su juicio, se están produciendo en algunas comunidades autónomas en las políticas de protección a las mujeres. Mato reprendió contra la senadora al acusarla de hacer política "partidista" con la violencia machista y aseguró que fue el gobierno socialista el que disminuyó el presupuesto cinco millones en el conjunto de los ministerios y de la Delegación del Gobierno. "No me hable de recortes", espetó a la senadora, que en su pregunta inicial se había interesado por las las líneas de actuación del Gobierno en colaboración con las autonomías para garantizar una protección efectiva. La ministra recordó que ya había anunciado durante su comparecencia en el Congreso un Plan Personalizado contra la Violencia de Género destinado a proteger a las mujeres víctimas y a sus hijos menores de manera individualizada. La senadora de Entesa reprochó a la ministra que se refiriera a dos asesinatos como "violencia en el entorno familiar". Mato insistió en que lo que importa es que no haya más mujeres asesinadas .

Wert critica la vulneración del horario de protección infantil

LAEDICION.NET.-:/ Redacción Twitter @LaEdicin.-El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha criticado la vulneración del horario de protección infantil en televisión y ha advertido de que, aunque hay un soporte legal "más que suficiente" para controlar los abusos, es necesaria una "modulación mayor" de esta franja horaria. Tenemos que ser muy exigentes con el horario de protección infantil y los más interesados en esto tienen que ser los propios operadores de televisión", ha señalado el ministro en el desayuno informativo, organizado por el Foro Nueva Sociedad. Sólo residualmente el Ministerio tiene que intervenir en esta cuestión A su juicio, "no puede ser" que a la hora que llegan los niños del colegio por la tarde "haya determinados contenidos, especialmente dañinos" para ellos. "Hay soporte legal más que suficiente para evitar los abusos", ha señalado el ministro, que también ha valorado el acuerdo entre los operadores y el Gobierno, que ejerce estas competencias a través de Industria y Presidencia. "Sólo residualmente el Ministerio de Educación tiene que intervenir en esta cuestión", ha apostillado. El Observatorio de Contenidos Televisivos Audiovisuales (OCTA) ya denunció las constantes vulneraciones que se hacen del horario infantil, con un vídeo en el que se podían ver los peores contenidos

El Gobierno aprobará la Ley de estabilidad esta semana

Sáenz de Santamaría anuncia la supresión del Consejo de Medios Audiovisuales LAEDICION.NET.-: DANIELLA MONTENEGRO La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció ayer en su comparecencia de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados que el Consejo de Ministros aprobará el próximo viernes el Anteproyecto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. "Y, con arreglo a sus criterios, traeremos a la Cámara, para su autorización, el acuerdo que fijará el techo de gasto, límite para los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012", agregó. Sáenz de Santamaría apuntó también que, tras la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el Ejecutivo de PP aprobará en las semanas siguientes la reforma laboral "al servicio de la creación de empleo", así como la del sistema financiero para "garantizar la solvencia y la fortaleza del sector". Todo ello, sin olvidar la Ley de Apoyo a los Emprendedores, añadió la vicepresidenta del Gobierno. "Como ven -agregó-, son reformas que buscan, en todo momento, el equilibrio entre el control del déficit y el impulso de la competitividad. Es lo urgente y lo necesario. Pero no es suficiente". La también portavoz del Gobierno cifró en 4,4 millones de euros el ahorro que ha supuesto para las arcas del Estado la reducción del 20% de altos cargos y puestos de confianza en los distintos ministerios. Además de la austeridad que supone "no gastar lo que no se tiene y no gobernar a golpe de crédito", Sáenz de Santamaría se comprometió a que el Consejo de Ministros remitirá en el actual periodo de sesiones (antes del verano) una Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Además, en el ámbito de la responsabilidad, defendió una "respuesta contundente" para quienes "incumplan los límites de déficit y endeudamiento que fijará la Ley de Estabilidad Presupuestaria". Para todo ello, la vicepresidenta anunció una Ley Orgánica Complementaria a la de Buen Gobierno, que "modificará el Código Penal para tipificar como delito las infracciones más graves en la gestión de los recursos públicos". En este mismo ámbito, la número dos del Gobierno adelantó que suprimirá el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales previsto en la Ley General Audovisual. "Ni es conveniente, ni es necesario", dijo tras esgrimir un ahorro de 6,5 millones de euros. Además, Sáenz de Santamaría se comprometió a "reducir al mínimo el número organismos reguladores" en base a los principios de "independencia, profesionalidad y neutralidad". Y apostó por "recuperar por completo el prestigio que merece el Tribunal Constitucional". Para ello, comentó que el Gobierno reactivará el recurso previo de inconstitucionalidad de los Estatutos de Autonomía. La número dos del Gobierno prometió buscar un acuerdo para la "renovación urgente" de la cúpula de RTVE y otros organismos pendientes hace tiempo, como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. Además, adelantó que el Gobierno encargará "una auditoría completa de las cuentas" de RTVE

Martín recuerda al PSOE que fue Zapatero quien “congeló” la Ley de Dependencia y “redujo en un 10% el presupuesto para aplicarla”

La parlamentaria del PP afirma que en Andalucía la Junta ha dejado de aplicar 351 millones de euros presupuestados en los últimos años para el desarrollo de la Ley • El PSOE dice que la congelación en la aplicación de la Ley de Dependencia afectará a casi un millar de almerienses

LAEDICION.NET.-: DANIELLA MONTENEGRO La parlamentaria andaluza del Partido Popular de Almería Aránzazu Martín ha recordado hoy al PSOE que Zapatero fue quien “congeló” la Ley de Dependencia y además “redujo en un 10% el presupuesto para aplicarla en el año 2011, a pesar de que el calendario de la ley preveía la incorporación de las personas afectadas por el Grado I Nivel 2, desde el 1 de enero de este año”. Martín lamenta el descaro del PSOE de Almería que ahora viene a acusar al Gobierno de Mariano Rajoy de congelar la ayuda a domicilio cuando es la Junta de Andalucía la que lleva más de un año aplicando recortes a los dependientes sin ningún pudor. En este sentido, la parlamentaria almeriense señala que en el caso concreto de Andalucía el Gobierno andaluz ha dejado de aplicar 351 millones de euros presupuestados en los últimos años para el desarrollo de la Ley, y lo que es más grave “está llevando a cabo revisiones de oficio de los derechos ya adquiridos por los andaluces beneficiarios y los está recortando, dándose situaciones paradójicas como la reducción de prestaciones a personas de 90 años”. Martín explica que tiene conocimiento de casos en los que “la persona dependiente ha visto como la Junta le rebajaba la ayuda tras haber revisado el grado de dependencia”, con lo cual, critica que ahora los socialistas escurran el bulto e intenten culpar al PP de lo que está ocurriendo cuando “fue el PSOE el que congeló la Ley, nunca se aplicó el Grado I Nivel 2, y además redujo las partidas en los PGE un 10%”. La parlamentaria del PP recuerda además como en nuestra Comunidad Autónoma se están produciendo graves retrasos en la aplicación de la Ley, lo que ha provocado incluso la denuncia del Defensor del Pueblo que ya advertía a finales de 2011 de la “importante demora” y el “habitual incumplimiento del plazo previsto para el reconocimiento de los derechos de las personas dependientes, hasta más de un año”. Aránzazu Martín concluye asegurando que el Gobierno de Mariano Rajoy hará un gran pacto sociosanitario con sindicatos y agentes sociales para garantizar la viabilidad y aplicación de la Ley. “Estamos hablando de un asunto de extrema sensibilidad que afecta a cientos de personas en Almería y Andalucía, por ello es necesario un gran pacto que dé todas las garantías al sistema de prestaciones y su dotación económica, cuestión que no se ha hecho hasta ahora y que el Gobierno del PSOE obvió por completo”, concluye.

La Comunidad Valenciana pide un plan nacional de agua "sin tensiones territoriales"

Solicita que tenga en cuenta a las regiones deficitarias como Valencia LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-La consellera de Agricultura, Pesca Alimentación y Agua de la Generalitat Valenciana, Maritina Hernández, ha abogado por la puesta en marcha de una política nacional de agua que "abandone las tensiones territoriales" y que tenga en cuenta a las regiones deficitarias como su autonomía. Así lo ha asegurado este jueves Hernández a los medios de comunicación, tras su reunión con el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete. Según ha argumentado la consellera, la Comunidad Valenciana dispone de una agricultura "competitiva y abierta al exterior", con lo que el agua que se emplea en esta región "se transforma de forma rápida en riqueza y en empleo". Hernández ha recordado que Alicante es especialmente deficitaria en agua razón por la el Ejecutivo regional considera "esencial" el trasvase Tajo-Segura "para generar riqueza y para mantener esa agricultura competitiva en la provincia". Por ello, ha pedido una política "solidaria entre territorios", que evite tensiones entre las distintas regiones, ya que el agua "bien gestionada" puede generar riqueza para todos. Según ha detallado, el propio ministro comparte esta teoría ya que es una filosofía "que mana del programa del Partido Popular". Del mismo modo, en el transcurso de un encuentro que Hernández ha calificado de "intenso" y "fructífero", también han abordado la situación actual del sector primario, con un problema de bajos precios en origen. Ambos responsables han coincidido en la necesidad de trabajar "desde el minuto cero" para darle al sector primario el "espaldarazo que necesita". En relación al resto del sector transformador, la consellera ha destacado su capacidad para "innovar y exportar" y sus indicadores macroeconómicos positivos, que considera necesario trasladar a toda la cadena. De este modo, ha instado a que el gobierno central y los autonómicos trabajen "de forma muy intensa" en el equilibrio de la cadena de valor para que todos los agentes sirvan "de motor de ese primer eslabón". Respecto al acuerdo de la Unión Europea con Marruecos, la Comunidad Valenciana ha insistido en que "no se puede consentir" que el país norteafricano no cumpla con lo estipulado, ni que se firmen convenios que perjudiquen al sector sin recibir compensación alguna a cambio. También han hablado de otros aspectos importantes para el sector como el desarrollo rural, la situación de las cooperativas o la pesca en el Mediterráneo, de carácter "artesanal" y con un impacto socioeconómico muy importante.

La Junta indulta a 12.000 viviendas ilegales en medio de las críticas de muchos afectados

AUAN cree que el decreto de regularización aprobado por la Junta crea "confusión" y "viviendas de segunda El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que regula la situación de las edificaciones construidas en suelo no urbanizable. La norma establece vías para la legalización o el reconocimiento de estas construcciones, cuando sea posible, en el marco de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y en función de sus circunstancias físicas y jurídicas particulares. LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-El número de edificaciones en suelo no urbanizable detectadas en diez municipios del Valle del Almanzora duplica la estimación realizada por la Junta de Andalucía hace tres años, ya que se eleva, según se desprende de los inventarios realizados por los ayuntamientos, a un total de 12.697, de las que 920, en su mayoría viviendas, no podrán ser "reconocidas" y, por tanto, son susceptibles de demolición. La consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón, ha señalado que la finalidad principal de esta normativa es regular y clarificar la situación de este tipo de edificaciones, siempre con las adecuadas garantías y "sin coste para la administración", ya que serán los propietarios los que sufragarán el acceso a los servicios básicos de autoabastecimiento. Asimismo, ha asegurado que el objetivo del decreto no es iniciar un "procedimiento de legalización" general, sino de reconocimiento en los casos en que sea factible. La asociación Abusos Urbanísticos Almanzora No (AUAN), que agrupa a ciudadanos británicos residentes en esta comarca almeriense, se ha lamentado que el decreto que regula la situación de las edificaciones construidas en suelo no urbanizable aprobado este martes por la Junta de Andalucía "no solo crea más confusión, sino que crea una clase de vivienda de segunda", de forma que han rechazado este decreto, que han tildado de "señuelo". La presidenta de la AUAN, Maura Hillen, ha manifestado a través de una nota que este decreto ha sido finalmente "muy decepcionante" puesto que "si uno mira el detalle del decreto verá que no evita que las viviendas con procedimientos en curso, que quizás son la mayoría, puedan caer bajo la piqueta", asevera a través de una nota. "en vez de un cambio normativo de importancia, y me refiero a un cambio en la LOUA, para tratar de resolver un problema de gran envergadura, no solo crea más confusión, sino que crea una clase de vivienda de segunda" por lo que espera que "no sean muchos los que sean llevados a error y piensen que esta medida es una panacea". La asociación calcula que solo un 16 por ciento de sus afiliados podrá verse de alguna forma beneficiado por este decreto. El decreto distingue, a grandes rasgos, tres supuestos: las edificaciones aisladas, los asentamientos urbanísticos (parcelaciones con entidad suficiente como para necesitar dotaciones y servicios colectivos) y los denominados ámbitos de Hábitat Rural Diseminado (edificaciones con usos y actividades vinculadas al medio rural que también requieren de servicios públicos). Respecto a las viviendas aisladas, se diferencian las que son legales o legalizables de las que son ilegales. En el caso de estas últimas, la norma introduce también la distinción entre aquellas en las que ha prescrito la posibilidad de ejercer acciones disciplinarias y otras donde dicha prescripción no puede darse por estar ubicadas en suelos protegidos o inundables o por no haber transcurrido el plazo de cuatro años exigidos para que la Administración actúe. El decreto no es una norma de regularización indiscriminada sino una respuesta concreta acorde a cada situación. De este modo, según los casos, las viviendas que puedan acogerse al procedimiento tendrán la posibilidad bien de obtener una licencia de ocupación o bien de un reconocimiento de acuerdo con la situación jurídica de 'asimiladas a fuera de ordenación', que les permita el mantenimiento de su estado actual y el acceso a servicios como los de suministro de luz y agua. En este sentido, la consejera de Obras Públicas ha explicado que, según las estimaciones disponibles, una de cada diez edificaciones en suelo no urbanizable cumplirá los criterios para legalizarse "directamente" y otras ocho entrarían en un proceso para el reconocimiento de su situación que aseguraría su derecho a acceder a servicios básicos, por lo que "no se legalizarían pero sí se reconocerían". Finalmente, un inmueble de cada diez -como media- tendría que ser demolido. La licencia de ocupación la podrán obtener las edificaciones que se encuentren en conformidad con el planeamiento –tengan o no licencia urbanística– y reúnan unas condiciones mínimas de habitabilidad y seguridad; las que no son compatibles con el planeamiento pero lo fueron en el momento de su construcción, y todas aquellas que se edificaron antes de 1975 si mantienen el uso y las características tipológicas y no se encuentran en ruina. Esta licencia posibilita su inscripción en el Registro de la Propiedad y la prestación de servicios por parte de las compañías suministradoras. Por su parte, la figura del reconocimiento asimilado a fuera de ordenación está reservada para construcciones no adecuadas a la Ley y al planeamiento, que no pueden obtener licencia de ocupación y en las que ha prescrito la infracción. Este procedimiento, de competencia municipal, incluye tanto la prescripción como la tolerancia del uso si cumplen las exigencias de seguridad y habitabilidad; el acceso a los servicios de suministro al menos en régimen de autoabastecimiento, y la inscripción en el Registro de la Propiedad con esas condiciones. Finalmente, para los asentamientos urbanísticos y los ámbitos de Hábitat Rural Diseminado, la norma remite al planeamiento municipal el establecimiento de las condiciones y procedimientos de legalización, siempre que los propietarios asuman los costes de urbanización e infraestructuras básicas.

LA PMcM RECUERDA QUE LA LEY OBLIGA EN ESTE 2012 A ACORTAR DE NUEVO LOS PLAZOS DE PAGO A PROVEEDORES Y ALERTA DE QUE LA DIRECTIVA EUROPEA PODRÍA ADELANTARSE A ESTE AÑO

• La Ley española fija los plazos de pago de las Administraciones Públicas a proveedores en 40 días y los de empresas a 75, mientras que la directiva europea, que podría adelantarse a este año, lo hace en 30 y 60 días respectivamente, previendo la posibilidad de cobrar interés legal de demora, así como la compensación por los costes de cobro • La PMcM está ultimando la nueva edición del estudio sobre morosidad en España que presentará en las próximas semanas para dar a conocer la realidad de 2011, pero atendiendo a los datos del año anterior (2010), la Administración Pública pagaba a 157 días y las empresas a 93, y según otro reciente informe de la PMcM en el que se comparaba la situación de los países europeos, España era el tercer peor pagador, por detrás de Grecia e Italia MUCHASCASAS.NET.- DANIELLA MONTENEGRO La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM ), impulsora de la Ley 15/2010 de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, ha recordado que la Ley española obliga en este 2012 a las Administraciones Públicas y al sector privado a acortar sus plazos de pago a proveedores a 40 y a 75 días respectivamente, pero sobre todo ha alertado de la intención de la Comisión Europea de anticipar en un año la entrada en vigor de la nueva directiva europea sobre morosidad, por lo que en este 2012 la Administración tendría un plazo máximo de 30 días y las empresas de 60, y si no lo cumplieran prevé la posibilidad de cobrar interés legal de demora, así como la compensación por los costes de cobro. En caso de que se adelantara la directiva europea “deberíamos introducir mecanismos urgentes para mejorar la situación de los pagos”, insta el portavoz de la entidad, Antoni Cañete. La PMcM está ultimando la nueva edición del estudio sobre morosidad en España que presentará en las próximas semanas para dar a conocer la realidad de 2011, pero atendiendo a los datos del año anterior (2010), la Administración Pública pagaba a 157 días y las empresas a 93, y según otro reciente informe de la PMcM en el que se comparaba la situación de los países europeos, España era el tercer peor pagador, por detrás de Grecia e Italia. Ante esta situación y para ajustarnos a los nuevos plazos, “es urgente que el problema histórico de la deuda a proveedores se trate de manera específica y como cuestión estratégica del país, es decir, que la lucha contra la morosidad se tome como un proyecto de competitividad del país, porque dilatar los plazos de pago genera importantes costes financieros que reducen la competitividad de las empresas, les obliga a tener una mayor capacidad financiera y es la principal causa del cierre de las mismas, mientras que las compañías que desarrollan su actividad en países que pagan en plazos cortos juegan con ventaja competitiva”, asegura. Para acabar con esta lacra, la PMcM ha propuesto un régimen sancionador por incumplimiento que concrete los mecanismos de aplicación de la Ley 15/2010, porque “sin él la Ley constituye un marco normativo incompleto e ineficaz”, explica. Este régimen sancionador a introducir en la Ley establece multas de entre 300.001 a 900.000 euros para infracciones muy graves, de 30.001 a 300.000 euros para las graves, y de 6.000 a 30.000 euros para las leves, y contempla que las Comunidades Autónomas puedan decretar el cierre temporal de empresas que hayan reincidido tres veces en infracciones muy graves. Además, cuando la especial trascendencia o gravedad de los hechos, el número de personas afectadas o la conveniencia de su conocimiento por los operadores comerciales lo hagan aconsejable, las autoridades competentes podrán acordar que se haga pública la resolución adoptada en procedimientos sancionadores por infracciones graves o muy graves. Asimismo, la PMcM, también ha planteado la necesidad de poner en marcha del Observatorio de la Morosidad, la introducción del criterio de caja en el pago del IVA frente al de devengo, la admisión de la compensación de créditos fiscales sin necesidad de reconocimiento formal (como el IVA contra retenciones), el impulso de figuras y mecanismos no coercitivos como los mediadores franceses, la modificación de los plazos de pago de las liquidaciones tributarias y de la Seguridad Social en concordancia con los plazos de cobro habituales del mercado, la agilización de los procedimientos judiciales para la resolución de conflictos entre otras medidas y el establecimiento de un plan de reducción de la deuda histórica con proveedores que mantienen las administraciones públicas y sus organismos dependientes, hasta la consecución de los plazos que establece la ley. Actualmente, la morosidad “no es un tema colateral sino que se ha convertido en un problema trascendental y social, ya que si consiguiéramos reducirla podríamos dar algo de oxígeno a las empresas en general, y a las pymes y autónomos en particular, para evitar así la desaparición de más empresas y puestos de trabajo”, sentencia. Asimismo, la PMcM ha manifestado su “voluntad de trabajar mano a mano con el nuevo equipo de Gobierno para ir creando los mecanismos necesarios para que se cumpla la Ley en España, con el objetivo de que este cumplimiento ayude a salir más pronto de la crisis”, añade. Sobre la PMcM La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) agrupa a entidades estatales, autonómicas y sectoriales, que en conjunto representan a cerca de 1 millón de empresas -con una cifra de negocio cercana a los 150.000 millones de euros- y que dan empleo a más de 4,5 millones de trabajadores y autónomos (www.pmcm.es). Asimismo, la PMcM tiene reconocida en la propia Ley 15/2010 su legitimación activa en este ámbito.

El Gobierno estudia un 'medicamentazo' y una cartera sanitaria más reducida

DANIELLA MONTENEGRO.- La nueva ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, tendrá que reflotar la sanidad española y hacerlo rápido, para evitar que la deuda autonómica colapse el sistema y hunda a los proveedores.

Un Sistema Nacional de Salud "demasiado generoso", a juicio de los expertos consultados, y que hace agua desde su inicio por un déficit crónico de financiación y una falta total de control en los gastos asumidos por las regiones. Si hace un año, el Partido Popular cuantificó la deuda sanitaria en 15.000 millones de euros, ahora podría rondar los 18.000 millones de euros, según el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, más del 25 por ciento del gasto autonómico presupuestado en salud (equivalente a 60.000 millones de euros). Por ahora, el nuevo Gobierno no ha anunciado ningún plan de choque para frenar la escalada del gasto sanitario, que desde el año 2000 se ha incrementado a ritmo de un 8 por ciento anual, pero sí su afán reformista. El presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, adelantó durante su discurso de investidura el pasado lunes que aprobará "una cartera de servicios para todos los ciudadanos a través de una Ley de Servicios Básicos". Primera medida Se trata de la primera medida que deberá pilotar ahora el equipo de la nueva ministra, Ana Mato, para garantizar la cohesión del sistema y su viabilidad financiera. Fuentes sanitarias del PP reconocieron a este diario que "habrá que recortar la cartera de servicios porque no hay otra alternativa, no se puede financiar todo". Y Rajoy advirtió que, con la excepción de las pensiones, el resto de las partidas "pueden ser revisadas". Pero, ¿por dónde empezar? El Gobierno no ofrece pistas, pero el presidente de Cofares, Carlos González Bosch, lo tiene claro. "Sólo con desfinanciar aquellos medicamentos para tratar síntomas menores que son publicitarios pero que están financiados por el sistema público, el sistema se podría ahorrar 2.500 millones", asegura. Lágrimas artificiales Y es que la sanidad española cubre desde lágrimas artificiales para tratar ojos secos o irritados por valor de 75 millones de euros al año, hasta resfriados, dolores de cabeza, toses y todo tipo de píldoras anticonceptivas o prestaciones en reproducción asistida o simplemente estéticas, como la operación de varices. La consultora Antares presentará a finales de enero un estudio con el potencial de ahorro de la desfinanciación pública de fármacos o medicamentazo que gobiernos de distinto signo político aprobaron en 1993 y 1998. En opinión de Ignacio Para, presidente de la Fundación Bamberg, "hay que priorizar los recursos para atender las patologías graves y corresponsabilizar a los ciudadanos en el cuidado de su salud". Copago tabú El copago sigue siendo un tabú para el Gobierno. A la espera de hacer público el informe sobre el gasto sanitario que Mariano Rajoy pidió a Faes, la posición oficial de Génova es de rechazo total a cobrar ninguna tasa o a revisar el copago en la sanidad, como reclama la presidenta de la Comunidad de Madrid o el presidente de Extremadura. El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, ya ha levantado un muro frente a esta medida al afirmar que el cobro de un euro en las recetas expedidas en Cataluña "rompe la igualdad de la atención sanitaria entre todos los españoles". El Gobierno recaudaría 973 millones de euros si aplicase la tasa de un euro por receta como pretende Cataluña, a lo que habría que añadir su efecto disuasorio para frenar el consumo farmacéutico en España. Con 20,6 recetas por persona y año, los españoles son los europeos más adictos a la farmacopea de Europa, sólo por detrás de los franceses. Se acaba el tiempo Pero las regiones no tienen tiempo para florituras. Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana ya han tenido que afrontar el cierre de farmacias en protesta por los impagos y ante la imposibilidad de seguir financiando los medicamentos. Y otras, como Cataluña, han optado por una línea dura de bajadas de sueldo a los profesionales, recortes asistenciales y, finalmente, por imponer una tasa de un euro por receta. Y es que el tiempo corre y el marcador de la deuda también.

El nuevo Decreto de Artesanía mejorará la renta de 6.000 productores andaluces

La norma presentada por Griñán impulsa la apertura de pequeñas fincas al mercado directo LAEDICION.NET.-DANIELLA MONTENEGRO.-el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha presentado en el I Encuentro de Artesanía Alimentaria de Andalucía, celebrado en Grazalema (Cádiz), las novedades que conlleva la reciente aprobación del Decreto de Artesanía Alimentaria por parte del Consejo de Gobierno de la Junta. El acto ha contado también con la presencia de la consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera. Esta nueva normativa se presenta como una vía de gran utilidad para mejorar la renta de más de 6.000 pequeños productores en Andalucía, ya que presenta un marco legal que ofrece a las explotaciones familiares más facilidades para mejorar sus expectativas de mercado, y les permite realizar la transformación de las materias primas sin necesidad de intermediarios. Al margen de éstas y las empresas agroalimentarias de menos de diez trabajadores, también podrán beneficiarse de las novedades introducidas por el Decreto las secciones de cooperativas agrarias que cumplan con los requisitos establecidos y la repostería de convento, que cuenta con un reconocimiento especial en la norma. A través del Decreto de Artesanía Alimentaria de Andalucía se consigue además dotar de un mayor valor añadido a los productos y, por tanto, a las empresas que los elaboran, potenciando así la competitividad de las explotaciones de pequeño tamaño frente a las grandes cadenas y promoviendo la fijación del territorio a las zonas rurales donde se ubican. Asimismo, el texto abre al sector artesanal las puertas de la venta directa a través de canal cortos como, por ejemplo, los mercados tradicionales o la venta on line, donde se comercializan estos alimentos identificados con un distintivo específico, 'Artesanía Alimentaria'. Este sello avala que los productos que lo ostentan cumplen unos requisitos específicos de calidad y que tanto su elaboración artesanal como los demás procesos de la cadena de comercialización por los que deben atravesar los alimentos hasta distribuirse, respetan el medio ambiente. En cuanto a los sectores a los que afecta de forma más directa la nueva norma andaluza, destaca actualmente la elaboración de quesos de granja y de miel artesana, si bien se prevé el desarrollo de normas técnicas de producción para diferentes derivados lácteos (quesos, cuajadas, postres y yogures), mermeladas, avinagrados, adobados, salmueras, encurtidos, salados, sal marina, bollería, pastelería de convento, pescados, crustáceos y moluscos.

Las personas con discapacidad piden mejor acceso al sistema sociosanitario

El Informe Mundial sobre Discapacidad constata "peores niveles de salud que la población general" y mayor vulnerabilidad • Pobreza y carencia de servicios de rehabilitación acentúan la desigualdad LAEDICION.NET.-DANIELLA MONTENEGRO.-Queremos acceder a la salud. Y que los médicos conozcan nuestra realidad para facilitar nuestro acceso a las consultas. Queremos acceder por nosotros mismos y no depender de nuestras familias para ir al médico". Bajo el eco reivindicativo del Día Internacional de la Discapacidad celebrado el sábado pasado, resuena todavía la demanda sanitaria de Feaps, organización que defiende al colectivo con discapacidad intelectual y que lucha desde hace años por acabar con las barreras que dificultan la atención a esas personas en el Sistema Nacional de Salud. La situación se repite en mayor o menor grado en todo el ámbito de la discapacidad, que en España alcanza a cuatro millones de personas y en el mundo a más de mil millones, casi la quinta parte de ellas con dificultades considerables en su vida cotidiana. Y, como acaba de subrayar el Informe Mundial sobre la Discapacidad 2011, "la prevalencia está aumentando". Según ese estudio de la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, la causa es doble. Por una parte, "la población está envejeciendo y el riesgo de discapacidad es superior entre los adultos mayores". Por otra, se registra un "aumento mundial de enfermedades crónicas tales como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de la salud mental" que pueden limitar la autonomía personal de quienes las padecen. El informe recuerda que "las personas con discapacidad tienen peores niveles de salud que la población general" y que, según su grupo y contexto, "pueden experimentar mayor vulnerabilidad a enfermedades secundarias prevenibles, comorbilidades y trastornos relacionados con la edad". A eso se suman "tasas más elevadas de comportamientos de riesgo, como el hábito de fumar, una dieta deficiente e inactividad física", así como su "mayor riesgo de estar expuestas a violencia". Además, la falta o insuficiencia de los servicios de rehabilitación que necesitarían puede acarrearles consecuencias negativas como "el deterioro del estado general de salud, limitaciones de las actividades, restricciones para la participación y peor calidad de vida". La situación es más grave en los países en desarrollo, que en su mayoría carecen de estructuras sólidas de atención sanitaria y apoyo social. Máxime cuando, como señala el Informe Mundial sobre la Discapacidad 2011, las personas de este colectivo presentan "tasas más altas de pobreza" que la población general, lo que suele traducirse para ellas y sus familias en "mayores tasas de privaciones", como "inseguridad alimentaria, condiciones deficientes de vivienda, falta de acceso a agua potable y salubridad, y acceso deficiente a atención de salud". Un cúmulo de factores de riesgo para la salud que no hace sino incrementar su vulnerabilidad y perpetuar el círculo de la pobreza. De hecho, el informe recalca que "las personas con discapacidad pueden tener costos adicionales de asistencia personal, atención médica o dispositivos auxiliares", lo que en los países de ingresos bajos eleva un 50% su probabilidad de "enfrentarse a gastos sanitarios ruinosos". En esas condiciones, tanto los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015 -que en este caso pasan por la autonomía personal- como la histórica Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en vigor desde mayo de 2008, quedan entre serios paréntesis.

Griñán afirma que Rajoy “miente” al considerar “inviable” la Ley de Dependencia

El secretario general del PSOE andaluz asegura que los populares “mienten a todos” y caen “en la contradicción” al defender Arenas el Plan Hidrológico Nacional en Almería y rechazarlo Rajoy en Cataluña
El PP descarta conseguir financiar la Ley de Dependencia porque se niega a subir los impuestos “a las grandes fortunas”
LAEDICION.NET.-DANIELLA MONTENEGRO.-El secretario general del PSOE de Andalucía el PSOE, Pepe Griñán, ha advertido en Almería de que “ya es imposible que el PP pueda ocultar todo lo que lleva en su mochila Mariano Rajoy” y ha criticado que el candidato popular sostenga en una entrevista publicada hoy “que la dependencia no se puede financiar ni es viable”. “Eso es mentira”, ha aseverado el líder socialista, quien ha explicado que no es posible mantener las ayudas a las personas dependientes y sus familias que marca la ley con el modelo del PP, que consiste en “bajar los impuestos al capital, a las grandes fortunas y a los rentistas”; pero ha insistido en que estos derechos son perfectamente sostenibles con la apuesta del PSOE por aumentar las cargas fiscales “a quienes más ganan, a quienes más tienen y a quienes más heredan”, y también con un nuevo impuesto a la banca y ecológico, como se ha hecho en Andalucía.

“El ocultismo del PP es un problema y empieza a ser desvelado, y por eso es importante que el próximo domingo, al elegir la papeleta para votar, sepamos lo que no queremos que ocurra y podamos tomar una decisión consciente y racional”, ha reiterado Griñán tras participar en un reparto de propaganda electoral en el mercado almeriense de los Ángeles junto al secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, y los cabeza de lista socialista por esta provincia al Congreso, Consuelo Rumí, y al Senado, Juan Carlos Pérez Navas.

Para Griñán, es el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien en esta campaña “pide el voto y dice para qué lo pide” en un programa cuyo objetivo fundamental es la creación de empleo, que refuerza el respaldo a las pymes que ya ha demostrado el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que cree que lo mejor “para Almería, Andalucía y España es nuestra agricultura productiva, y que las ayudas europeas no sean para el que tiene la tierra, sino para quien la trabaja”.

Además, el secretario general de los socialistas andaluces ha alertado de que el PP “cae en la contradicción” y les ocurre que el líder regional popular, Javier Arenas, “habla en Almería para defender el Plan Hidrológico Nacional y Rajoy habla en Cataluña para renunciar al trasvase del Ebro y al Plan Hidrológico Nacional”. Ha dejado claro que “no se puede decir a los catalanes lo que quieren oír y a los almerienses lo que quieren oír. Ya está bien de mentir a todos”, ha aseverado, preguntándose a continuación si los populares “creen que la gente de Almería son tontos o se les puede engañar”.

Compromiso socialista para la demolición del Algarrobico

También en referencia a la provincia de Almería, Griñán ha avanzado que esta misma semana “y sin publicidad, porque estamos en campaña electoral”, la Junta de Andalucía ha firmado con la ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Rosa Aguilar, un plan de colaboración para el derribo del hotel construido irregularmente en la playa del Algarrobico, por el que “el Ministerio se encargará de la demolición del edificio” y la Administración autonómica “de la rehabilitación ambiental de este espacio” a su estado natural original.

El líder del PSOE andaluz ha concluido resaltando la “impresionante” campaña electoral que siguen desarrollando los socialistas, en la que Rubalcaba “está asombrado de la respuesta de Andalucía” tras visitar ayer Almería, Málaga y Jaén, antes Córdoba y Granada y mañana Jerez y Huelva. En todos estos sitios, según Pepe Griñán, el candidato del PSOE ha comprobado “a parte de la multitud que se le acerca, el calor de nuestra tierra. Él está convencido de la fuerza del sur, porque en este sur del sur de Europa siempre hemos sabido contener las olas conservadoras que vienen del norte bárbaro. Él sabe que somos el apoyo mayor que tiene”.

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