Madrid limitará la Justicia gratuita a los que acrediten necesidades económicas

Aguirre quiere acabar con los gastos de abogados de oficio para gente con recursos
LAEDICION.NET.-REDACCION.-• La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunció ayer que el próximo mes de enero el Consejo de Gobierno aprobará un Decreto para modificar los procedimientos y criterios para el acceso a la Justicia Jurídica Gratuita para limitar su acceso a las personas que acrediten la insuficiencia de recursos.

La modificación estará encaminada a evitar la actual ligereza con la que se proporciona la Justicia gratuita en todos los ámbitos, especialmente en lo relativo a la Ley de Extranjería y a los delitos relacionados con la Seguridad Vial.

La Comunidad de Madrid gasta 50 millones en este servicio. El Consejo de Gobierno aprobó el martes aumentar en 11 millones más los presupuestos previstos para 2010 para esta prestación, que pasan de 31 millones a 45 millones de euros ante las quejas del Colegio de Abogados de Madrid.

Por ello, la jefa del Ejecutivo madrileño avanzó que solicitará una reunión de la Comisión Mixta de Transferencias para que se ponga remedio al actual abuso de este servicio, una materia que se confunde con el Turno de Oficio y que no estaba prevista en el marco de las competencias judiciales transferidas por el Gobierno central a la Comunidad de Madrid.

"Se nos obliga a asumir cuestiones judiciales de inmigrantes que entran por Barajas no sólo en materia de Extranjería, sino en otros ámbitos", recalcó ayer Aguirre. Además, recalcó que la nueva legislación sobre delitos contra la Seguridad Vial hace que cualquiera que sea detenido por exceso de velocidad o por conducir bajo los efectos del alcohol se le designa un abogado de oficio, cualquiera que sean sus ingresos.

Madrid limitará la Justicia gratuita a los que acrediten necesidades económicas

Aguirre quiere acabar con los gastos de abogados de oficio para gente con recursos
LAEDICION.NET.-REDACCION.-• La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunció ayer que el próximo mes de enero el Consejo de Gobierno aprobará un Decreto para modificar los procedimientos y criterios para el acceso a la Justicia Jurídica Gratuita para limitar su acceso a las personas que acrediten la insuficiencia de recursos.

La modificación estará encaminada a evitar la actual ligereza con la que se proporciona la Justicia gratuita en todos los ámbitos, especialmente en lo relativo a la Ley de Extranjería y a los delitos relacionados con la Seguridad Vial.

La Comunidad de Madrid gasta 50 millones en este servicio. El Consejo de Gobierno aprobó el martes aumentar en 11 millones más los presupuestos previstos para 2010 para esta prestación, que pasan de 31 millones a 45 millones de euros ante las quejas del Colegio de Abogados de Madrid.

Por ello, la jefa del Ejecutivo madrileño avanzó que solicitará una reunión de la Comisión Mixta de Transferencias para que se ponga remedio al actual abuso de este servicio, una materia que se confunde con el Turno de Oficio y que no estaba prevista en el marco de las competencias judiciales transferidas por el Gobierno central a la Comunidad de Madrid.

"Se nos obliga a asumir cuestiones judiciales de inmigrantes que entran por Barajas no sólo en materia de Extranjería, sino en otros ámbitos", recalcó ayer Aguirre. Además, recalcó que la nueva legislación sobre delitos contra la Seguridad Vial hace que cualquiera que sea detenido por exceso de velocidad o por conducir bajo los efectos del alcohol se le designa un abogado de oficio, cualquiera que sean sus ingresos.

Apoyan con más funcionarios a los tres juzgados más saturados de la provincia

LAEDICION.NET.- La Junta anuncia un incremento de hasta el 60% en las guardias del turno de oficio
La Consejería de Justicia y Administración Pública ha puesto en funcionamiento una serie de programas e iniciativas recogidas bajo el título de Plan de Respuesta Razonable que, con una doble actuación, persigue el objetivo aliviar la sobrecarga y saturación que sufren algunos juzgados.

Concretamente, en la provincia de Almería el plan tiene el objetivo de disminuir la pendencia detectada en diversos órganos judiciales como son el de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Roquetas de Mar, el número 5 de El Ejido y el número 1 de Vera. La actuación se concentra en estos juzgados que son los más conflictivos y cuya carga de trabajo pendiente aconseja actuar de forma inmediata.

Los funcionarios especializados serán elegidos de entre los juzgados que no presenten un especial problema de saturación y que a su vez serán sustituidos por funcionarios interinos procedentes de la bolsa de Justicia.

"En el mes de enero se llevará a cabo una evaluación del trabajo realizado con información pormenorizada de los propios grupos de refuerzo, los jueves y los secretarios, con la intención de analizar los problemas existentes, valorar la efectividad de las medidas implantadas y adaptarlas si es necesario", según indicó el delegado provincial de Justicia, Manuel Ceba.

La Junta de Andalucía anunció ayer el refuerzo del sistema de guardias que opera en el servicio de asistencia jurídica gratuita con un incremento de hasta un 60% que se traduce en más de 5.000 guardias frente a las 3.292 programadas durante el anterior ejercicio, con una inversión de la Administración autonómica de 1,1 millones de euros.

Esta es una de las modificaciones en el funcionamiento del turno de oficio que, según detalló el delegado, incluye también una subida muy significativa, y probablemente con carácter retroactivo a 1 de enero de 2009, de los baremos aplicados a los casos de entrada masiva de inmigrantes extranjeros", cuya asistencia se pagará a 150 euros.

Conde-Pumpido destaca la especialización, modernización e imparcialidad de los fiscales

El fiscal general del Estado conmemora en la Uned 25 años del curso de Práctica Jurídica
"Hemos pasado de dos a cuatro unidades territoriales, de tres fiscalías especiales a una veintena de especialidades y de un fiscal general omnipotente -que era más general que fiscal- a una cúpula del Ministerio Fiscal que ha resultado del aumento de un 50 % del numero de fiscales de Sala , y cada uno de esos fiscales ahora está dedicado con gran autonomía a coordinar la acción de todos los fiscales en sus respectivas especializaciones". El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, hizo un repaso de la institución que representa durante la conferencia pronunciada en la Universidad Nacional de Educación a Distancia con motivo del 25 aniversario del curso de Práctica Jurídica. El acto contó con la presencia de Jesús García Calderón, fiscal superior de la Comunidad Autónoma; Benito Gálvez, presidente de la Audiencia Provincial; y numerosos representantes de las instituciones y de la magistratura.

Conde-Pumpido destacó en su exposición la especialización, modernización e imparcialidad de los fiscales. Hemos pasado, afirmó, de una fiscalía general y 50 fiscales provinciales a 90 fiscalías de distintos niveles, cada una con su fiscal jefe responsable de sus decisiones, y una Junta como órgano colegiado de decisión jurídica. Respecto a la mejora en el blindaje de imparcialidad, el fiscal general se refirió a los necesarios cambios en la forma del nombramiento, duración del mandato y cese, provocando que el fiscal general sea hoy el único cargo en el que intervienen los tres poderes del Estado. "De la propia complejidad de la riqueza de esta institución y de la acreditada responsabilidad y rigor profesional de sus miembros, nace la mejor garantía de la imparcialidad que la Constitución nos exige a los fiscales y que se ofrece como garantía a los ciudadanos".

Cándido Conde-Pumpido resaltó la labor realizada por los profesionales de la Fiscalía en la provincia, "que es de lujo", con palabras de elogio para el teniente fiscal de Almería, Fernando Brea, el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Juan Bautista Parra, y el fiscal del TSJA, Jesús García; destacando de manera especial el trabajo de Juan Manuel de Oña al frente de la Fiscalía de Sala de Siniestralidad Laboral.

El fiscal general concluyó su ponencia manifestando que "los 2.200 profesionales que integran esta fabulosa maquinaria, que conocen y que han construido ellos mismos cada uno de sus engranajes, funcionalidades y actividades, no se van a dejar impresionar por las actividades, presiones y problemas, compartiendo la unidad de actuación".

Los juzgados viven su peor colapso y dan fecha para comienzos de 2011

El Juzgado de Primera Instancia nº 5 lleva semanas suspendiendo vistas porque la titular está de baja por maternidad • El Contencioso Administrativo nº 2 está sin juez señalando litigios para dentro de dos años • Solo se salvan los juicios rápidos

Los situación de la justicia en la provincia es preocupante porque la mayoría de los juzgados están al borde del colapso. Abogados, jueces, procuradores y sindicatos coinciden en la necesidad de que se dote a la administración de la justicia de más medios humanos y materiales porque la sobrecarga de trabajo está creciendo cada día un ritmo de vértigo. Los juzgados registran dos casos pendientes por cada asunto resuelto y tanto los magistrados como los propios funcionarios aseguran que ya no pueden dar más de sí. De hecho, el Juez Decano de Almería, Luis Columna, recuerda que "según la memoria del Consejo General del Poder Judicial el personal de los juzgados de la provincia trabajan a un 200%".

La carga de trabajo casi triplica el nivel recomendado y sólo hay 57 plazas de magistrado para una población de 667.000 habitantes. Además de la falta de personal y recurso técnicos, hay un factor que preocupa a buena parte de los profesionales consultados: no se cubren las bajas. De hecho, en la actualidad hay tres juzgados en la provincia sin juez, suspendiendo todos y cada uno de sus juicios y creando una montaña de pleitos y expedientes sin resolver sobre las mesas de unos funcionarios que no le pueden dar salida. Según Luis Columna, no hay ningún juez ni en el de Primera Instancia nº 5 de Almería, ni el de Instrucción nº 1 de Vera, ni el de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de la capital. Además, este último juzgado está señalando juicios para febrero de 2011, un retraso incomprensible para determinadas cuestiones que requieren urgencia cuando se ponen en manos de la justicia. Los juzgados de lo Penal resolvían los expedientes al mes y ahora pasa casi un año, los de lo Social se han ido retrasando hasta los dos o tres meses y el número de ejecutorias pendientes se está disparando.

El presidente del Colegio de Abogados de Almería, Simón Venzal, asegura que "el colectivo de la abogacía está sensibilizado con los problemas de la justicia y respeta la decisión de los jueces de ir a la huelga el próximo 18 de febrero porque es necesario que el Gobierno y la Junta inviertan más dinero en personal y medios materiales". En este sentido, el representante de los letrados deja bien claro que "la pelota de los asuntos pendientes se hace cada día más grande porque los jueces y funcionarios no pueden dar más de sí". Además, Venzal plantea que "no es un capricho, es una necesidad de un servicio público a los almerienses".

La central sindical CSI-F ha manifestado su apoyo total a las cien exigencias planteadas por los jueces almerienses a la Junta de Andalucía y entienden que si no se toman medidas la situación caótica y preocupante puede dar resultados dramáticos. Rosalía Espinosa, parlamentaria del PP de Almería, también se suma a la reivindicación del colectivo de los magistrados y defiende que en la provincia son necesarios un total de 119 funcionarios más para los juzgados, tal y como planteó el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Es más, los populares lamentan que "no se cubran las bajas", algo que ha desmentido el PSOE de Almería en ocasiones al argumentar que en 2008 se han incorporado 61 nuevos funcionarios al conjunto de los partidos judiciales de la provincia. "No puede ser que una mesa vacía paralice cinco o seis meses la actividad de un juzgado que ya de por sí tiene un retraso de un año en la resolución de los pleitos", comenta un letrado.

El PP de Almería considera que "es vergonzoso que después de 11 años con las competencias en materia de justicia, la Junta decida ahora encargar la contratación de un estudio para que les digan las carencias de los juzgados de toda Andalucía". Los populares ya han presentado al menos un centenar de iniciativas en el Congreso y en el Parlamento de Andalucía sobre el colapso de los órganos judiciales de la provincia y los retrasos de la Ciudad de la Justicia.

Además de las bajas sin cubrir, los jueces y abogados han puesto sobre la mesa la inexperiencia y falta de especialización de los profesionales que se contratan para los juzgados. Luis Columna recuerda, a modo de anécdota, cómo uno de los incorporados se pasó varios días preguntando a sus compañeros quien era un tal "Adriano", nombre del sistema informático que se maneja en todos los juzgados y algo impropio de quien trabaja en la administración de la justicia.

27 nuevas unidades judiciales comienzan a funcionar hoy

El juez decano de Córdoba dice que en su provincia la medida es sólo un alivio
Pocas semanas después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía pusiera negro sobre blanco y con números la escasez de medios para impartir Justicia, incidiendo especialmente en la falta de personal, hoy entrarán a funcionar 27 nuevas unidades judiciales en Andalucía que se suman a las cuatro puestas en marcha a lo largo de 2008, que consistieron en el Juzgado de Primera Instancia número 17 de Málaga y las tres plazas de magistrado para las secciones penales de la Audiencia Provincial de Sevilla. Para el año que viene, está prevista la constitución de otras 29 en la comunidad andaluza.

Tras la presentación del informe del TSJA, varios representantes judiciales que ejercen su labor en la comunidad avalaron con sus declaraciones ese déficit de recursos. En este sentido se pronunciaron los jueces decanos de Granada y Cádiz, Antonio Moreno y Nuria Orellana, respectivamente. Pero el primero en dejar patente su descontento fue el homólogo de los dos anteriores en Córdoba, Luis Rabasa, quien declaró que con los actuales medios humanos y materiales el sistema "revienta en dos años". Además, propuso una reducción de los señalamientos de juicios para el próximo ejercicio. El propio Consejo General del Poder Judicial advirtió su oposición a las respuestas "drásticas".

El juez decano de Córdoba matizó ayer sus palabras acerca de la sobrecarga de trabajo y señaló que se sacaron de contexto. Rabasa subrayó que la puesta en marcha de tres juzgados en su provincia supondrá "un alivio", pero "no solucionará" del todo el colapso.

La Audiencia Nacional desestima el cuarto y último recurso, de Azata del Sol, contra el deslinde de Costas

Una semana despues de que la Audiencia Nacional desestimara el recurso interpuesto por la promotora Azata, el mismo tribunal vuelve a dar un revés a la promotora del hotel del Algarrobico y ha desestimado el recurso de la otra entidad representante de la promotora, en este caso Azata del Sol, contra el deslinde de 100 m. de Costas. Azata ya ha comunicado la situación a sus abogados, para que estudien los siguientes pasos, aunque no realizarán declaraciones en este sentido por el momento.

Se trata del cuarto y último de los pleitos interpuestos en la AN contra el deslinde del Ministerio de Medioambiente, habiendo resultado el fallo siempre contra los demandantes y a favor del deslinde de 100m. En todos los pleitos es parte codemandada Salvemos Mojácar y el Levante Almeriense, que a través de su letrado José Ignacio Dominguez se ha opuesto exhaustivamente a todos los recursos presentados.
Se trata de la octava victoria de Salvemos Mojácar contra el hotel desde el comienzo de los litigios hace tres años y de la novena victoria de la asociación en los tribunales en lo que va de año.


La sentencia desestima el argumento principal de la promotora según el cual la revisión del Plan Parcial hubiera tenido que dar lugar a indemnización por verse mermado el aprovechamiento urbanístico del Plan Parcial y que por lo tanto no se debería haber realizado de acuerdo con la ley de Costas, que prevé que no fuera de aplicación en los planes aprobados entre enero y julio de 1988 si había lugar a indemnización.

La sentencia versa principalmente sobre esta materia, estimando que el argumento de la promotora carece de base jurídica alguna y que alega cuestiones formales improcedentes en una cuestión que tan gravemente afecta al interés público.

La sentencia se basa especialmente en un informe de la Consejería de Obras Públicas de 1988 en que se deja meridianamente claro que la aplicación de la ley de costas con un deslinde de 100m no afecta en nada al aprovechamiento urbanístico, puesto que el Plan Parcial inicial no contemplaba construir en dicha franja y por tanto no precisaba ser revisado, ni, por supuesto, procedía indemnización alguna.

Como esta asociación sostiene desde el principio tanto la promotora como el ayuntamiento conocían desde un comienzo la normativa a aplicar tanto en lo referente a Costas como al suelo protegido que ocupa el hotel, y por consiguiente eran conscientes de la ilegalidad de la construcción antes que esta se empezara, por lo que no ha lugar a indemnización ni entonces ni ahora.

Estafan a 15 personas 4 millones con subastas públicas de pisos amañadas

La Policía Nacional detuvo a los presuntos autores del engaño el pasado fin de semana • A una de las víctimas le sacaron 2.700.000 euros • Los agentes les intervienen más de 50 caballos pura sangre
Dos almerienses, identificados como J. M. P. R. y A. N. S. de 36 y 56 años respectivamente, han sido detenidos por la Policía Nacional de Almería como presuntos autores de una estafa que supera los cuatro millones de euros a 15 personas de la provincia.

Según informó la Comisaría Provincial, los reseñados hicieron creer a las víctimas del engaño que adquirían bienes inmobiliarios embargados por orden del juez a un precio inferior al que tienen en el mercado. Todo el entramado se hacía a través de una supuesta subasta pública que estaba amañada.

Las detenciones se produjeron durante el pasado fin de semana dentro de la denominada Operación Subasta, cuya actividad comenzó en el año 2004, según ha podido esclarecer la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Almería. Una operación que aún se mantiene abierta y no se descartan más detenciones.

Al parecer, fue hace cuatro años, cuando J. M. P. R. inició la actividad ilícita que le ha reportado unos beneficios estimados en cuatro millones de euros. El reseñado comenzó a interesarse por el mercado de las subastas públicas de inmuebles embargados, tras lo que empezó a recopilar información sobre los bienes que estaban pendientes de subasta.

Fue precisamente él, quien hizo creer a unas 15 personas que tenía un primo en los juzgados de Almería y que podía intervenir en los procedimientos judiciales, tras lo que mostraba a sus víctimas los lotes de pisos que estaban embargados.

En el momento en que estas personas se mostraban interesadas por alguno de los pisos, J. M. P. R. les reclamaba cantidades económicas en efectivo, que en uno de los casos superó los 2,7 millones de euros. Un dinero que aseguraba que tenía que entregar a su supuesto primo para que éste les favoreciera en el entramado de las subastas y así obtendrían el inmueble a un precio muy inferior al del mercado.

No obstante, el presunto estafador advertía a los interesados que la adquisición de los bienes era ilegal, por lo que les pedía discreción. Según la Policía, esto es lo que ha mantenido en el tiempo esta estafa, pues las víctimas no se atrevían a reclamar los bienes adquiridos al haberlo hecho de forma irregular. Los compradores visitaban los inmuebles pero sólo por el exterior, así como diversos documentos judiciales falsificados. En este tiempo fue cuando J. M. P. R. conoció a A. N. S., propietario de un restaurante de Aguadulce, y a quien puso al tanto de todo el plan.

De inmediato, A. N. S. se interesó en las operaciones ilícitas y ofreció a su confesor una serie de terrenos de su propiedad situados en el municipio de Alcolea, para crear una sociedad y así invertir en fincas del pueblo. A partir de entonces, el segundo en cuestión fue presentando al ideólogo de la estafa a distintas personas que eran susceptibles de caer en la trampa.

La Policía Nacional, además de arrestar a los dos presuntos estafadores, J. M. P. R. y A. N. S., también ha intervenido bienes rústicos e inmobiliarios.

JUECES ALMERIA

"Por el presente, la mayoría de los Jueces y Magistrados de la Provincia de Almería, los abajo expresados, ante el artículo de opinión firmado por el Sr. Delegado de Justicia de la Junta de Andalucía en Almería D. Manuel Ceba Pleguezuelos, publicado en los periódicos La Voz de Almería y Teleprensa.es, titulado “Por qué falta a la verdad nuestro Juez Decano?, queremos manifestar que suscribimos íntegramente y hacemos propio el artículo titulado “Por qué protestan los Jueces”, firmado por el Iltmo. Sr. Juez Decano de Almería y publicado en los periódicos La Voz de Almería y Teleprensa.es, por cuanto refleja la realidad de la Justicia en España y los legítimos motivos por los que los Jueces y Magistrados de toda España reclaman y hacen públicas sus peticiones.
De igual forma queremos manifestar que no existe motivo para que por un representante político, el Sr. Delegado de Justicia, en el ejercicio de la réplica o crítica, que son admisibles, se puedan realizar descalificaciones personales y profesionales, denigrar, menospreciar, y, ante la falta de argumentos sólidos, etiquetar a un reconocido profesional que tan sólo ha querido informar a la opinión pública de la realidad judicial de España.
Almería a 11 de diciembre de 2008.
ADHESIONES:

.- PARTIDO JUDICIAL DE ALMERÍA
Magistrados de los Juzgados de Instrucción nº 1, 2 ,3 4, 5, y 6.
Magistrados de los Juzgados de Primera Instancia nº 1, 2, 3, 4, 5, y 6.
Magistrados de los Juzgados de lo Social nº 1, 2, 3, y 4.
Magistrados de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo nº 1 y 2.
Magistrados de los Juzgados de lo Penal nº 2, 3 y 4.
Magistrado de Violencia contra la mujer.
Magistrado de Vigilancia Penitenciaria.
Magistrado de Menores.
Magistrados de la Audiencia Provincial de Almería, secciones 2º y 3º, y nº 1 en parte.

.- PARTIDO JUDICIAL DE EL EJIDO
Jueces de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción nº 1, 2, 3, 4 y 5.

.- PARTIDO JUDICIAL DE BERJA
Jueces de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción nº 1 y 2.

.- PARTIDO JUDICIAL DE ROQUETAS DE MAR
Jueces de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción nº 1, 2, 3 y 4.

.- PARTIDO JUDICIAL DE HUERCAL-OVERA
Jueces de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción nº 1 y 2.

.- PARTIDO JUDICIAL DE VERA
Jueces de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción nº 1 y 2.

.- PARTIDO JUDICIAL DE PURCHENA
Juez único de Primera Instancia e Instrucción.
.- PARTIDO JUDICIAL DE VELEZ RUBIO
Juez único de Primera Instancia e Instrucción."

El juez acusado por discriminación a una pareja de lesbianas dice en su primera vista oral que es un juicio político

El magistrado Fernando Ferrín Calamita, acusado por prevaricación debido al supuesto retraso de los trámites de adopción por la consorte de una madre biológica de una niña, además de discriminación sexual contra la pareja de lesbianas, indicó hoy, en el primer día de su vista oral, que "es un juicio político", al tiempo que aseguró que "sólo ha velado por los intereses de la menor".Asimismo, manifestó a los medios de comunicación allí presentes que se siente perseguido por su creencia ideológica. Así, dijo confiar en que "al final se haga justicia, aunque ya no creo en ella, ya que todo lo que me viene pasando desde hace más de un año ha hecho que pierda mi confianza". "La justicia hoy día está politizada", criticó.
Durante el interrogatorio, dijo sentirse bien porque no "tiene nada que ocultar". En un principio, Ferrín Calamita se negó a declarar ante las preguntas del fiscal superior de la Comunidad Autónoma, Manuel López Bernal, y del abogado de la acusación particular, José Luis Mazón.
En este sentido, el acusado dijo que no eran interlocutores válidos porque "habían intentado negociar la retirada de la querella a cambio de 10.000 euros y si accedía a irme de Murcia".
Esta acusación fue desmentida por Mazón, asegurando que "jamás los abogados de la acusación hemos formulado esta cuestión y consideramos que una propuesta que mantuviese a Calamita en la jurisdicción, sería una propuesta contra el derecho a la seguridad jurídica de los ciudadanos murcianos".
Y es que, en un principio, el abogado de la defensa presentó estas pruebas durante el juicio, alegando que hay unas grabaciones que demuestran esas acusaciones. Posteriormente y, tras deliberar los magistrados, fueron rechazadas por el Tribunal, y su presidente, el magistrado Julián Pérez Templado. "No vamos a volver a insistir sobre esa supuesta conspiración que ha podido ocurrir, o esas conversaciones previas, que a esta sala no le afectan ni interesan", precisó.
En el turno de preguntas del fiscal Manuel López Bernal, el magistrado Fernando Ferrín Calamita negó haber practicado discriminación sexual, al igual que prevariación o retardo malicioso para la adopción.
A preguntas del fiscal sobre el motivo por el cual pidió un segundo informe sobre la adopción cuando ya le había remitido uno el servicio de la Consejería de Política Social, Ferrín Calamita explicó que ninguno de esos informes --el segundo del Gabinete Psicosocial-- respondía a las preguntas que él formulaba. "El Gabinete Psicosocial no me dijo cuál era el interés de la menor. Lo que me hicieron no era un informe", agregó.
"Lo que dijo la Dirección General de Familia es que la pareja está muy compenetrada, de lo que me congratulo", tras lo que añadió que eso, "como comprenderá, no contesta a mis preguntas. Nadie me ha aclarado si esta adopción iba o no a perjudicar a la niña", matizó.
Ferrín Calamita afirmó que él no tiene nada en contra de la madre biológica y la pareja de la misma, "si son felices, por mí, fenomenal, yo siempre he buscado el interés de los menores, en este caso el de la niña".
Según el acusado, "cuando hay un menor de edad la ley dice que prima el interés del menor y es un menor que tenía entonces un año de edad, y no podía ser oída, por lo que tenía que hacerlo a través de su representante legal, la madre". "Como había colisión de intereses nombré a la Dirección General de Familia y ellos tampoco me elaboraron un informe que verse sobre el interés de la menor, sino sobre la madre biológica y la pareja", indicó.
Durante el transcurso del juicio oral, fue preguntado si está en contra del matrimonio homosexual, a lo que Calamita contestó que "yo tengo mi opinión y me la guardo. Una cosa es cuando actúo como juez y la otra es cuando actúo como persona".
CLARA LA INOCENCIA DEL MAGISTRADO
Para el abogado de la defensa, en esta primera sesión cree que ha quedado clara la inocencia de su cliente, pero sobre todo "que es un juicio político, porque nosotros disponemos de unas grabaciones, que entendemos que son claras, ya que manifiestan que tanto el instructor, como el Ministerio Fiscal y la propia acusación particular, sabían que no había delito".
Al mismo tiempo, señaló que "no nos han dejado hacer públicas esas grabaciones, que se mostrarán en su día por medio de la prensa si el juzgado no las admite, o en el Tribunal Supremo en caso de condena".
Por último, declaró a los medios que "hay un juicio al hombre que se atrevió a sugerir que podría ser inconstitucional la ley", además de añadir que la resolución de Ferrín Calamita "sólo fue por el interés de la menor". "Mi defendido dejó aparte sus creencias ideológicas, porque si no hubiera sido así, ni aprobaría divorcios y directamente habría dicho que no se acredita la idoneidad de la menor", sostuvo.
El Ministerio Fiscal pide que se le imponga a Ferrín Calamita una pena de multa de nueve meses de prisión con cuota diaria de tres euros, e inhabilitación especial para el desempeño de funciones jurisdiccionales por tiempo de 18 años.
Igualmente, considera que el acusado, y subsidiariamente el Estado, deberán indemnizar a la querellante en la cantidad de 18.000 euros por daños morales.
El juicio oral continuará mañana, en su segunda sesión, en la que comparecerán varios testigos, entre ellos la mujer que solicitó la adopción de la niña y que se querelló contra el juez Ferrín Calamita, y la madre biológica de la menor.

Garzón abandona el caso de la memoria histórica

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón renunció el martes a seguir investigando las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil y el franquismo, pasando la investigación a los juzgados territoriales.
En su auto, al que tuvo acceso Pkpress, Garzón declara extinguida la responsabilidad penal del general Francisco Franco y otros 44 cargos del régimen tras comprobar que todos han muerto
No obstante, el juez defiende que los delitos siguen vigentes y a sus autores no se les puede aplicar la Ley de Amnistía, que de paso recomienda que se deroge.
"No es lo mismo declarar extinguida la responsabilidad porque han fallecido los autores del delito que otorgarles el perdón y la impunidad por una amnistía", dijo en su auto de más de 150 páginas.
El juez recupera además el caso de miles de niños - unos 30.000 en diez años - que durante el franquismo perdieron su identidad porque fueron sustraídos a sus madres y les modificaron sus apellidos para dárselos a familias afines al régimen.
"Es necesario reparar este daño que sigue siendo permanente", dijo el juez.
Garzón archiva el caso en la Audiencia Nacional y lo deja en manos de los jueces de instrucción las localidades de 20 provincias donde están ubicadas las fosas ya identificadas.
El magistrado levantó ampollas en ciertos sectores de la sociedad al declararse competente para investigar esta causa, una decisión recurrida por la Fiscalía que ha intentado impedir que Garzón siga adelante con la investigación.
La decisión de Garzón no ha caído muy bien entre los miembros de las asociaciones de la memoria histórica, que no descartan incluso acudir a los tribunales europeos.
"No se puede decir casi nunca que es el final. Los abogados de la plataforma que planteó la demanda están ahora mismo examinando esto y estudiando a ver qué se puede hacer", dijo Santiago Macías, vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, a la Cadena Ser.
"Si se decide que vaya a los juzgados territoriales, tendremos que ver cómo afrontarlo porque de lo que sí tenemos noticias es de que cada vez que se ha abierto una fosa en otras partes del país la Fiscalía Territorial ha contestado que estaba prescrito. Por eso habrá que agotar los tribunales españoles pero si queda así, iremos a los tribunales europeos", dijo María Antonia Oliver, presidenta de la asociación en Baleares.
Garzón, que se ha inhibido del caso un mes de después de declararse competente para investigar unos presuntos delitos de "detención ilegal" que consideró entraban en el contexto de crímenes contra la humanidad, ya ha recibido los nombres de más de 114.000 personas desaparecidas durante el periodo que va de 1936 a 1939 y hasta diciembre de 1951.
Finalmente, Garzón recomienda la Gobierno central que utilice sus investigaciones para el desarrollo de la Ley de la Memoria Histórica, y concluye que es el Estado quien debe asumir todos los gastos de esta operación.

Bermejo presentará la reforma del Código Penal en el Consejo de Ministros del próximo viernes

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha anunciado hoy que el próximo viernes presentará en el Consejo de Ministros la reforma del Código Penal, a su juicio "un gran paso en materia de derechos" que se estaba demandando para dar respuesta a cuestiones como la pederastia.
El ministro, quien hoy ha inaugurado la nueva sede judicial en la localidad zaragozana de Caspe, ha dicho que la reforma del Código Penal llegará al Parlamento "endureciendo las penas en materia de pederastia y dando una vuelta de tuerca en materia de terrorismo", además de que contendrá otras modificaciones "absolutamente necesarias".
A juicio del ministro, la justicia "está mejor que nunca", pero ha insistido en que hay que seguir trabajando, y prueba de ello es la reforma del Código Penal, una demanda social.
Otra de las cuestiones a las que se ha referido el ministro ha sido la implantación de la nueva Oficina Judicial, "un gran cambio en materia de reparto de competencias y métodos de trabajo" y cuyo objetivo es trasvasar competencias del juez a los secretarios para que el juez tenga "la serenidad y el tiempo" necesarios para "dedicarse a juzgar y hacer ejecutar lo juzgado".
En el ámbito de los funcionarios, ha explicado que "entre esta ley y la que vendrá habrá mayor flexibilización y sobre todo una redistribución de trabajo".
Con esta nueva Oficina Judicial, según Bermejo, se abandonará "el gran corsé histórico de los cuerpos de funcionarios para establecer un modelo de oficina que no esté atomizada", es decir, que no esté formada por islotes en los que cada uno hace lo suyo, sino un modelo de trabajo más global, ha advertido.
Ha resaltado la importancia del soporte informático, ya en marcha en Murcia en periodo de prueba y que funciona muy bien, porque se activan las alarmas "cada vez que un plazo se aproxima, alguien debe comparecer o alguien no lo ha hecho".
En este punto, el ministro ha hecho referencia al caso "Mari Luz", ya que este sistema lo hubiera evitado.
Para concluir, ha insistido en que en esta legislatura se estará "en condiciones de afrontar el gran reto de integrar los sistemas de todas las comunidades autónomas y el abandono del papel", es decir, de implantar "la justicia digital".

Chaves ve positiva la decisión de exhumar los restos de la fosa donde puede estar Lorca

El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, valoró hoy "positivamente" la decisión del juez Baltasar Garzón de exhumar la fosa donde podrían estar los restos del poeta Federico García Lorca, asesinado al comienzo de la Guerra Civil española.
En una rueda de prensa en su primer día de visita oficial a Uruguay, Chaves mostró su satisfacción con esa decisión, que autoriza la exhumación de esa fosa y de otras 18 localizadas en toda España y que admite a trámite las denuncias de 22 asociaciones de familiares de desaparecidos en la Guerra Civil.
"Es difícil no estar de acuerdo con que se haya autorizado la exhumación de la fosa donde se presupone que están los restos de Federico García Lorca", afirmó Chaves sobre la decisión de ese juez de la Audiencia Nacional española anunciada hoy en Madrid.
El presidente del Gobierno andaluz cumple en Montevideo la tercera etapa de una gira suramericana que le ha llevado antes a Asunción y Buenos Aires, y que concluirá mañana en la capital uruguaya.
"Después de las declaraciones que hizo Laura, la sobrina nieta del poeta, que fueron unas declaraciones muy sensatas, se da también satisfacción a los familiares de la gente que fue fusilada con Federico García Lorca", añadió el dirigente andaluz.
El juez Garzón ha señalado que la Audiencia Nacional es competente para investigar estas desapariciones nunca investigadas antes por la Justicia española porque el golpe militar que derivaría en 1936 en la Guerra Civil encaja en la categoría de delitos contra altos organismos de la nación.
La Fiscalía española ya ha anunciado que recurrirá esa decisión por considerar que la Audiencia Nacional no es competente.
En este sentido, ante el anuncio del juez Garzón de que se declara competente para enjuiciar los crímenes, Chaves afirmó que "hay que esperar al pronunciamiento judicial definitivo al respecto".
"Existe la duda de la prescripción o no de los delitos cometidos entonces, por lo tanto se requiere una decisión judicial que deje absolutamente claro el tema", agregó Chaves, quien es también presidente del gobernante Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ).
No obstante, "cualquiera que sea la decisión judicial, yo creo que la ley de memoria histórica debe seguir aplicándose" y "tiene que darse una satisfacción muy clara para todos aquellos familiares de desaparecidos" en la Guerra Civil "o durante el franquismo", cuyos restos no han sido aún hallados.
"Con las plataformas, con las asociaciones que se han formado en este sentido, nosotros vamos a seguir apoyándolo", añadió.

Las ventas de armamento al extranjero aumentaron un 10,4 por ciento en 2007

Las ventas de armamento de España a otros países aumentaron un 10,4 por ciento en 2007 y su importe total fue de 932,9 millones de euros, lo que representa más del doble que en 2005.

Las exportaciones de armamento fueron de 854,07 millones de euros en 2006 y de 419,45, en 2005, lo que supone un incremento respecto al pasado año del 55,1 por ciento.

Así se recoge en el informe que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha enviado al Congreso sobre las ventas de material de defensa y doble uso correspondiente a 2007.

Desde que se contabilizan estas estadísticas, el aumento ha sido constante, después de que en 2001 se contabilizaran 231,1 millones de euros por las ventas de armas.

En 2002, fueron 274,7 millones de euros; en 2003, 383,1 millones y en 2004, 405,9 millones.

Las exportaciones a países de la unión europea se cifraron en 337,7 millones de euros, lo que supuso el 36,2 por ciento del total.

Este porcentaje es menor al que hubo en 2005, cuando las ventas a socios comunitarios representaron el 59,8 por ciento del total (251 millones).

Los principales compradores de material de defensa a España en 2007 fueron Reino Unido, con 93,16 millones de euros, un 9,9 por ciento del total; Alemania (82,7 millones); Italia (47,08) y Polonia (32,5).

Las mayores partidas correspondieron a partes y piezas para el caza de combate EF-2000 y del avión de transporte militar A400M al Reino Unido y Alemania, principalmente.

Los países de la OTAN absorbieron el 64,3 por ciento del negocio de armamento español.

Destaca la venta de una fragata a Noruega, lo que situó a este país como el principal cliente en 2007, con 266,4 millones de euros, un 28,5 del total.

El segundo país importador fue Malasia, que acaparó el 16,3 por ciento de las compras (152,9 millones de euros) con la adquisición de un submarino.

España vendió material de defensa a 36 países que no son ni de la UE ni de la OTAN.

Aparte de Malasia, sobresale Brasil, con 79,9 millones de euros, procedentes de cinco aviones destinados a transporte de tropas.

Las ventas a Marruecos tuvieron un valor de 11,1 millones de euros.

De ellas, 9,3 millones correspondieron a armamento catalogado como bombas, torpedos, cohetes y misiles y 1,8 millones, a vehículos todo terreno.

AVenezuela, se exportó material de defensa por un total de 4,2 millones de euros, de las mismas categorías que a Marruecos.

En el informe, no se especifica qué volumen de ventas de bombas de racimo hubo en 2007, una munición que España ha fabricado y comercializado en los últimos años.

El Gobierno aprobó el pasado 11 de junio una moratoria para prohibir la fabricación y venta de este tipo de municiones por su impacto en la población civil, de acuerdo con el Convenio de Dublín firmado en diciembre del pasado año.

En lo que respecta a exportaciones de productos y tecnologías de material de doble uso, en 2007 se registró un ascenso del 30,8 por ciento, con un negocio de 114,2 millones de euros, frente a los 79,04 millones de 2006.

Estados Unidos fue el primer cliente, con más de la mitad de las compras (51,3 por ciento), sobre todo generadores de vapor y combustible para centrales nucleares.

En segundo lugar, se situó irán , con un 21,7 por ciento del total de las compras, principalmente, herramientas, repuestos para la industria del automóvil, tubos de acero para la industria petrolífera y repuestos para aeronaves civiles.

Por detrás, estuvieron China (7,9 por ciento del total); Brasil (6,8); Venezuela (3,03) y Cuba (2,4).

Las muñecas Barbie ganan la batalla judicial a las Brazt

En la segunda fase del juicio Matell podría limitarse a reclamar indemnizaciones por las ventas ya habidas y pedir una orden judicial para que MGA deje de fabricar las Bratz

El diseño de las muñecas bratz de la empresa MGA, al menos en parte, salió de los talleres de su rival Matell, fabricante de lasBarbies, según el fallo de un jurado federal en California, recogido en varios medios estadounidenses.

La decisión este jueves de los diez miembros del jurado federal convocado en la localidad de Riverside abre la puerta a un nuevo pleito por parte de Matellcontra MGAEntertainment Inc., en que Matell previsiblemente reclamará indemnizaciones.

Matell cifra en 500 millones de dólares (315 millones de euros) al año las ganancias que han aportado a MGA las Bratz, que salieron al mercado en 2001, pero según el diario Los Ángeles Times algunos analistas valoran las ganancias anuales en hasta 2.000 millones de dólares (1.200 millones de euros).

Las Bratz, con sólo siete años, pretenden ser más sofisticadas y "sexys" que las Barbie, que se acercan a su 50 cumpleaños casi sin cambios en su imagen de niñas buenas y figura muy estilizada.

El argumento de Matell, aceptado por el jurado, era que el diseñador de las Bratz, Carter Bryant, ideó las nuevas muñecas en 1999, cuando estaba en la plantilla de Matell y antes de que fuera fichado por MGA.

MGA afirmó que el diseño de las Bratz fue elaborado por Carter en el segundo semestre de 1998, precisamente en un período en que no estaba en la plantilla de Matell.

En la segunda fase del juicio, que comenzará la semana próxima, Matell podría limitarse a reclamar indemnizaciones por las ventas ya habidas y derechos de autor sobre las ventas venideras, aunque incluso podría ir más lejos y pedir una orden judicial para que MGA deje de fabricar las Bratz.

Comienza el juicio contra 'El Solitario' en Navarra

El juicio contra Jaime Giménez Arbe, conocido como 'El Solitario', por el asesinato de dos guardias civiles en la localidad navarra de Castejón comienza este martes en Navarra, casi un año después de la detención de uno de los delincuentes más buscados de España.

El juicio tenía que haber comenzado el 30 de junio pasado, pero fue suspendido por la incomparecencia del abogado de 'El Solitario', para quien el fiscal pide 52 años y medio de cárcel por la muerte de los agentes Juan Antonio Palmero y José Antonio Vidal, asesinados el 9 de junio de 2004.

Giménez Arbe era uno de los atracadores más buscados en España y fue detenido el 23 de julio de 2007 en Portugal cuando estaba preparando un asalto.

El fiscal le acusa de dos delitos de asesinato, uno de tenencia ilícita de armas de guerra y otro de atentado a agente de la autoridad. Además de los años de cárcel, la acusación pide una indemnización de 200.000 euros para cada uno de los padres de los agentes.

La acusación particular de las familias de los dos asesinados pide 54 años y medio de cárcel para el detenido y una indemnización de 1,2 millones de euros para los padres de ambos agentes