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La
nueva ley de Tasas Judiciales hará que iniciar un proceso o apelar una decisión
judicial en el ámbito civil, social y contencioso-administrativo cueste ente
100 y 800 euros.
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Sólo aquellas personas que
ingresen menos de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
(IPREM), 15.975 euros, tendrán acceso a la justicia si coste añadido.
LAEDICION.NET.-:/
Redacción.- María es una mujer de mediana edad que trabaja como
funcionaria. Después de los ajustes, su sueldo apenas supera los 25.000 euros.
Está divorciada y tiene dos hijos menores en edad escolar a su cargo. Entre
material escolar, comida, vivienda y ropa, tiene que hacer
malabarismos
con su salario para llegar a fin de mes.
Hace tiempo que su exmarido se niega a pagarle la pensión alimenticia
acordada por el juez. Tras casi un año de quejas desoídas, María se ha decidido
a dar
un paso adelante y reclamar la ejecución de la sentencia
que le otorga poco más de 500 euros para la manutención de sus pequeños.
Su abogado le ha dicho que si inicia ahora el proceso, el trámite le
resultará gratuito. Sin embargo, si espera a que entre en vigor la nueva Ley de
Tasas Judiciales que el Gobierno aprobará hoy en el Congreso,
el
proceso de ejecución de la sentencia le costará como mínimo 200 euros, un
dinero que nunca recuperará y que irá directamente a engordar las
arcas del Estado.
Es posible que a estas alturas ya muchos lectores ya se hayan dado cuenta de
que María no existe. Es un personaje inventado, pero a la vez es la
personificación de una de las decenas de miles de paradojas que se vivirán en
nuestro sistema judicial cuando se ponga en marcha la nueva ley impulsada por
el ministro
Alberto Ruiz-Gallardón 
.
La nueva ley de Tasas Judiciales hará que iniciar un proceso o apelar una
decisión judicial en el ámbito civil, social y contencioso-administrativo
cueste ente 100 y 800 euros. Sólo aquellas personas que ingresen menos
de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), 15.975
euros, tendrán acceso a la justicia si coste añadido.
“A partir de ahora no todos los ciudadanos tendrán acceso a la
justicia, se acabó”, se lamenta David Díez, presidente de la
Confederación Española de Abogados Jóvenes
(CEAJ) 
una de las principales convocantes de las protestas contra la nueva
legislación que se vivirán este mediodía en las principales sedes judiciales de
España .
Medida de ahorro, no de mejora
En una conversación con lainformacion.com Díez califico las nuevas tasas
como “un impuesto revolucionario” y explicó que “la Constitución española, en
su artículo 119, establece que la justicia será gratuita” y que lo que consigue
el Gobierno con la nueva medida es
“estrangular el acceso de la clase
media, que es la que siempre paga”.
Para el presidente de CEAJ, la justificación de Ruiz-Gallardón para la
introducción de la nueva ley para garantizar la justicia gratuita a las
personas con menos recursos no es más que
"una excusa para
mantener un sistema judicial obsoleto que carece de recursos para
adaptarse a los nuevos tiempos como sí han hecho otras administraciones como
Hacienda”.
Díez tiene claro que la finalidad última del ministro no es mejorar el
acceso a la justicia de los más desfavorecidos sino
“reducir costes,
eliminar puestos de trabajo de jueces y personal judicial y, en última
estancia, terminar de manera definitiva con la justicia gratuita”.
Influencia en nuestra vida diaria
Aunque es fácil perderse en los vericuetos legales de la nueva Ley de Tasas
Judiciales, el impacto que tendrá en el devenir cotidiano de millones de
españoles será brutal. Un ejemplo cada vez más común en nuestro país: cualquier
pequeño empresario o autónomo que quiera
reclamar el cobro de una deuda
de 1.000 euros deberá abonar una tasa de 105 euros al Estado.
Y ahí no acaba todo.
Recurrir una multa de tráfico de 100 euros
costará 200 euros. Reclamar ante los tribunales cualquier actuación de
la Administración, la cantidad a pagar se situará entre los 200 y los 350
euros, mientras que para recurrir una sentencia se deberá desembolsar un
importe mínimo de 500 euros, que podrá llegar a los 800 euros. “Es un dinero a
fondo perdido. Nunca se recuperará, aunque se gane y la otra parte sea
condenada a pagar las costas”, aclara David Díez.
El máximo responsable del colectivo de los abogados jóvenes afirma que “los
grandes beneficiados de la nueva medida serán las empresas que deban dinero a
proveedores” que, ante la imposibilidad de recurrir de manera gratuita al
amparo judicial, decidan aceptar una muy negociación a la baja de la deuda “por
lo menos para poder cobrar algo”.
Por eso, otro de los grandes inconvenientes de la nueva legislación que
respaldará hoy la mayoría del
Partido Popular en el Congreso, y
que casi con total seguridad entrará en vigor el 1 de enero de 2013, será
“el
efecto llamada a presentar demandas por impagos antes de esa fecha” y
que colapsarán aún más el maltrecho sistema judicial de nuestro país.
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