LAEDICION.NET.-:/ Redacción Twitter @LaEdicin.- - Diez años después de declarar el mayor incumplimiento soberano de la historia, Argentina quebró otra vez las reglas y puso al límite la paciencia de grandes socios comerciales, que amenazan con demandas legales contra el país y presionan para marginarlo en el G-20.
El plan de la presidenta Cristina Fernández para expropiar el control de YPF, la mayor petrolera local, propiedad de la española Repsol-YPF, enfureció al Gobierno de España y cristalizó los presagios que auguraban una radicalización de las políticas intervencionistas de la mandataria peronista.
Fernández, con su estilo combativo y turbulento, puso a la tercera mayor economía de América Latina en camino a un choque comercial y jurídico con España y la Unión Europea, el segundo mayor mercado de exportaciones del país sudamericano.
Tras su reelección en octubre con gran apoyo popular, Fernández afrontó la aceleración de una masiva fuga de capitales, que en 2011 llegó a 22.000 millones de dólares (unos 16.800 millones de euros), por lo que impuso excéntricas trabas a las importaciones y un control de cambios que altera nervios de firmas y ahorradores.
"La situación con Repsol-YPF y el control de cambios y de las importaciones enfrentan a Argentina con el sistema mundial de poder. Se produce una marginación creciente del país", dijo Jorge Castro, analista y presidente del Instituto de Planeamiento Estratégico (IPE).
"La decisión de expropiar a Repsol implica que se pasa del aislamiento frente al sistema internacional a una confrontación generalizada", agregó Castro.
Fernández tomó la decisión de poner bajo control del Estado a YPF - un plan que se da por descontado que será aprobada por el Congreso - bajo el apremio que provoca una producción de hidrocarburos en declive, lo que disparó las importaciones de combustibles y erosiona el superávit comercial del país.
Buenos Aires depende de los dólares de su excedente comercial para financiarse, ya que no cuenta con acceso a los mercados voluntarios desde su cese de pagos en 2001-2002, y una fuerte inflación ha deteriorado la competitividad de la economía del país.
RECUPERAR SOBERANIA
Para el Gobierno, la medida con YPF busca recuperar el perdido autoabastecimiento energético y el viceministro de Economía argentino, Axel Kicillof, expresó que resulta necesario "poner los recursos petroleros del país al servicio del crecimiento económico".
Para el joven alto cargo, la única misión de Repsol es "exprimir" los recursos hidrocarburíferos del país y repartir altos dividendos a sus accionistas, algo que el Gobierno decidió cambiar de cuajo.
Pero la decisión de expropiar el 51 por ciento de Repsol en YPF fue repudiada por España, que la consideró un acto hostil, por la Unión Europea, y también por México, accionista de Repsol-YPF a través de su petrolera estatal Pemex.
El presidente mexicano Felipe Calderón dijo que la decisión es "lamentable", "poco responsable y poco racional".
Mariano Rajoy, presidente del Gobierno español, dijo en la ciudad turística mexicano de Puerto Vallarta que la expropiación daña la reputación internacional de Argentina, y el Gobierno británico indicó que la decisión va contra todos los compromisos del país sudamericano en el G-20.
Rodolfo Gil, quien fue embajador argentino ante la OEA durante nueve años y actualmente es consultor en Buenos Aires lamentó lo que consideró una tendencia argentina a la desmesura.
"Hicimos una guerra contra la OTAN, desaparecimos entre 10.000 y 30.000 personas, y tuvimos el mayor default de la historia. Esas son las cosas monstruosas del país. Argentina provoca un quiebre básico a la confianza que tenés que tener en el marco internacional. Somos un país que pierde peso específico", dijo Gil.
El diplomático hacía referencia a la guerra con Reino Unido por las islas Malvinas en 1982; una cacería gubernamental de guerrilleros y opositores que entre 1976 y 1983 mató a entre 11.000 y 30.000 personas y la suspensión de pagos por 100.000 millones de dólares de 2001-2002.
Gil dijo que esa pérdida de relevancia terminará por reflejarse en una ley de hielo en el G-20. "No van a echar al país de ese foro, pero se va a enterar de las reuniones importantes por los diarios", dijo.
REPRESALIAS, PRONTO
El presidente de Repsol, Antonio Brufau, dijo que la compañía emprenderá todas las medidas legales que estén a su alcance y solicitará un arbitraje a través del CIADI, el tribunal del Banco Mundial para disputas de inversiones.
Sin embargo, Argentina ya ha incumplido fallos relativos a disputas con inversores y por ahora resiste las represalias y los cortocircuitos que eso ha generado en la relación del país con países como Estados Unidos. Diplomáticos y ex funcionarios afirman que esa relación bilateral está "deteriorada".
Estados Unidos anunció en marzo que exceptuará a Argentina de su Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), lo que puede acarrearle pérdidas millonarias por exportaciones. La decisión se tomó tras el incumplimiento argentino de fallos del CIADI.
En la OMC, 40 países se quejaron este mes por una medida comercial argentina que desde febrero aumentó las trabas para importar. Entre las decisiones objetadas figura la de obligar a importadores de coches de lujo como BMW a exportar cueros, maní, aceite de oliva y soja para equilibrar su balanza comercial.
A las quejas seguirán, según expertos, la apertura de un comité en el organismo con sede en Ginebra y una posterior habilitación para tomar represalias comerciales.
El economista Roberto Lavagna, ex embajador en Ginebra, ex ministro de Economía de Argentina y ex candidato presidencial, advirtió que podrían llegar medidas comerciales contra el país antes que concluya el proceso en la OMC, usualmente largo.
"Los procesos en la OMC pueden demorar hasta dos años. Entonces, antes que eso, algunos países que se sientan afectados van a hacer retaliaciones de hecho", dijo Lavagna, para quien el daño político y diplomático por el comportamiento comercial de Argentina será más grave que el castigo comercial.
Ese panorama, junto con la falta de credibilidad de las estadísticas públicas, reclamaciones de tenedores de bonos impagos, una deuda incumplida con el Club de París y la negativa a que el FMI audite la economía, ensombrece la posición del país en el G20, perjudicando su integración a grupos como el BRICS.
"El país empieza a ser raleado de ciertos grupos. No está en los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), pese a que su PIB es mayor al de Sudáfrica y podría en el futuro ser marginada de otros grupos que se conforman a partir del G-20", dijo a Reuters Lavagna.
BUENOS AIRES (Reuters) - Diez años después de declarar el mayor incumplimiento soberano de la historia, Argentina quebró otra vez las reglas y puso al límite la paciencia de grandes socios comerciales, que amenazan con demandas legales contra el país y presionan para marginarlo en el G-20.
El plan de la presidenta Cristina Fernández para expropiar el control de YPF, la mayor petrolera local, propiedad de la española Repsol-YPF, enfureció al Gobierno de España y cristalizó los presagios que auguraban una radicalización de las políticas intervencionistas de la mandataria peronista.
Fernández, con su estilo combativo y turbulento, puso a la tercera mayor economía de América Latina en camino a un choque comercial y jurídico con España y la Unión Europea, el segundo mayor mercado de exportaciones del país sudamericano.
Tras su reelección en octubre con gran apoyo popular, Fernández afrontó la aceleración de una masiva fuga de capitales, que en 2011 llegó a 22.000 millones de dólares (unos 16.800 millones de euros), por lo que impuso excéntricas trabas a las importaciones y un control de cambios que altera nervios de firmas y ahorradores.
"La situación con Repsol-YPF y el control de cambios y de las importaciones enfrentan a Argentina con el sistema mundial de poder. Se produce una marginación creciente del país", dijo Jorge Castro, analista y presidente del Instituto de Planeamiento Estratégico (IPE).
"La decisión de expropiar a Repsol implica que se pasa del aislamiento frente al sistema internacional a una confrontación generalizada", agregó Castro.
Fernández tomó la decisión de poner bajo control del Estado a YPF - un plan que se da por descontado que será aprobada por el Congreso - bajo el apremio que provoca una producción de hidrocarburos en declive, lo que disparó las importaciones de combustibles y erosiona el superávit comercial del país.
Buenos Aires depende de los dólares de su excedente comercial para financiarse, ya que no cuenta con acceso a los mercados voluntarios desde su cese de pagos en 2001-2002, y una fuerte inflación ha deteriorado la competitividad de la economía del país.
RECUPERAR SOBERANIA
Para el Gobierno, la medida con YPF busca recuperar el perdido autoabastecimiento energético y el viceministro de Economía argentino, Axel Kicillof, expresó que resulta necesario "poner los recursos petroleros del país al servicio del crecimiento económico".
Para el joven alto cargo, la única misión de Repsol es "exprimir" los recursos hidrocarburíferos del país y repartir altos dividendos a sus accionistas, algo que el Gobierno decidió cambiar de cuajo.
Pero la decisión de expropiar el 51 por ciento de Repsol en YPF fue repudiada por España, que la consideró un acto hostil, por la Unión Europea, y también por México, accionista de Repsol-YPF a través de su petrolera estatal Pemex.
El presidente mexicano Felipe Calderón dijo que la decisión es "lamentable", "poco responsable y poco racional".
Mariano Rajoy, presidente del Gobierno español, dijo en la ciudad turística mexicano de Puerto Vallarta que la expropiación daña la reputación internacional de Argentina, y el Gobierno británico indicó que la decisión va contra todos los compromisos del país sudamericano en el G-20.
Rodolfo Gil, quien fue embajador argentino ante la OEA durante nueve años y actualmente es consultor en Buenos Aires lamentó lo que consideró una tendencia argentina a la desmesura.
"Hicimos una guerra contra la OTAN, desaparecimos entre 10.000 y 30.000 personas, y tuvimos el mayor default de la historia. Esas son las cosas monstruosas del país. Argentina provoca un quiebre básico a la confianza que tenés que tener en el marco internacional. Somos un país que pierde peso específico", dijo Gil.
El diplomático hacía referencia a la guerra con Reino Unido por las islas Malvinas en 1982; una cacería gubernamental de guerrilleros y opositores que entre 1976 y 1983 mató a entre 11.000 y 30.000 personas y la suspensión de pagos por 100.000 millones de dólares de 2001-2002.
Gil dijo que esa pérdida de relevancia terminará por reflejarse en una ley de hielo en el G-20. "No van a echar al país de ese foro, pero se va a enterar de las reuniones importantes por los diarios", dijo.
REPRESALIAS, PRONTO
El presidente de Repsol, Antonio Brufau, dijo que la compañía emprenderá todas las medidas legales que estén a su alcance y solicitará un arbitraje a través del CIADI, el tribunal del Banco Mundial para disputas de inversiones.
Sin embargo, Argentina ya ha incumplido fallos relativos a disputas con inversores y por ahora resiste las represalias y los cortocircuitos que eso ha generado en la relación del país con países como Estados Unidos. Diplomáticos y ex funcionarios afirman que esa relación bilateral está "deteriorada".
Estados Unidos anunció en marzo que exceptuará a Argentina de su Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), lo que puede acarrearle pérdidas millonarias por exportaciones. La decisión se tomó tras el incumplimiento argentino de fallos del CIADI.
En la OMC, 40 países se quejaron este mes por una medida comercial argentina que desde febrero aumentó las trabas para importar. Entre las decisiones objetadas figura la de obligar a importadores de coches de lujo como BMW a exportar cueros, maní, aceite de oliva y soja para equilibrar su balanza comercial.
A las quejas seguirán, según expertos, la apertura de un comité en el organismo con sede en Ginebra y una posterior habilitación para tomar represalias comerciales.
El economista Roberto Lavagna, ex embajador en Ginebra, ex ministro de Economía de Argentina y ex candidato presidencial, advirtió que podrían llegar medidas comerciales contra el país antes que concluya el proceso en la OMC, usualmente largo.
"Los procesos en la OMC pueden demorar hasta dos años. Entonces, antes que eso, algunos países que se sientan afectados van a hacer retaliaciones de hecho", dijo Lavagna, para quien el daño político y diplomático por el comportamiento comercial de Argentina será más grave que el castigo comercial.
Ese panorama, junto con la falta de credibilidad de las estadísticas públicas, reclamaciones de tenedores de bonos impagos, una deuda incumplida con el Club de París y la negativa a que el FMI audite la economía, ensombrece la posición del país en el G20, perjudicando su integración a grupos como el BRICS.
"El país empieza a ser raleado de ciertos grupos. No está en los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), pese a que su PIB es mayor al de Sudáfrica y podría en el futuro ser marginada de otros grupos que se conforman a partir del G-20", dijo a Reuters Lavagna.
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