Bárcenas 'indica' a Gallardón el camino para desactivar el caso Gürtel

LAEDICION.NET.-El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ese es el hombre de quien Luis Bárcenas y su entorno esperan recibir el pago que exigen por su silencio a Mariano Rajoy: la anulación total del caso Gürtel.

O al menos esa es la versión que se extiende desde hace tiempo en algunos ambientes del PP madrileño y en la que, curiosamente, encajan perfectamente como piezas de un rompecabezas pulcramente colocadas, los últimos acontecimientos judiciales que se han desarrollado alrededor del caso. Sobre todo los movimientos de la Fiscalía Anticorrupción, un cuerpo que depende directamente del Ministerio de Justicia. O sea de Gallardón.

Según estos rumoress. Hace tiempo que el presidente del Gobierno conoce el precio que el antiguo tesorero del PP le exige para no poner sobre la mesa los documentos que posee y que acreditan, más allá de la duda, el esquema de financiación irregular vigente en el partido durante más de dos décadas. Los donantes, los receptores de los sobres y algunas otras sorpresas más escondidas en la cuentas de ese pasado, a veces no tan remoto, que complica el presente de esta formación política.

Bárcenas quiere quedar completamente libre y para siempre de toda posible acusación relacionada con este asunto. Y sobre todo evitar la cárcel. No hay otro pacto posible. Y no sólo eso. Quiere ver movimientos en la esfera judicial que le tranquilicen porque vayan en la dirección que el considera correcta y que no es otra que la destinada a convertir el 'caso Gürtel' en un nuevo 'caso Naseiro'. Para que termine del mimo modo. Archivado por un defecto de forma en la instrucción y con todos sus implicados libres.

Y por si alguien tenía dudas sobre las intenciones de Bárcenas, el propio interesado ha usado Intereconomía como plataforma para hacer públicos sus deseos y que nadie pueda decir que no los ha manifestado. En dos entregas que tuvieron lugar el pasado viernes 22 de marzo y el lunes 25, el ex tesorero del PP lo puso todo negro sobre blanco. Nada de sutilezas. Las cosas como son.

Bárcenas ya indicó en esas comparecencias públicas que el caso partía viciado por un defecto de forma relacionado con las grabaciones que permitieron iniciar la investigación. Una línea que están siguiendo ahora sus abogados en combinación con los representantes legales de otros antiguos notables del PP, en este caso del entorno de Esperanza Aguirre.

Todos ellos se han unido al recurso presentado por Francisco Correa, el presunto líder de la trama, que solicitaba la nulidad de la causa con el argumento de que las grabaciones particulares realizadas por el ex concejal del PP de Majadahonda que permitieron el inicio de la acciones judiciales eran ilegales. Ahora, para Bárcenas y los suyos, lo fundamental es que triunfe el derecho procesal. Ni el penal, ni el civil, ni el mercantil, les interesa.

Pero para que la estrategia prospere, todo debe ser caso Gürtel, no puede haber piezas separadas ni jueces que compliquen la situación. Baltasar Garzón ya sabe algo de esto y de cómo su intento de investigar hasta el fondo a esta trama corrupta le ha supuesto salir de la judicatura. También por culpa de unas escuchas que ordenó y que, supuestamente, eran ilegales.

Y hasta ahí todo parecía tranquilo. Entre otras cosas porque era Federico Trillo, ese eficiente murciano del Opus Dei quien se encargaba del asunto. Todo un seguro para Bárcenas y los suyos. Pero hubo movimientos en el partido, Trillo se fue de Embajador a Londres y empezó a cundir el nerviosismo en el entorno del ex tesorero del PP.

Y, según estas crónicas apócrifas, sin contrastar y posiblemente falsas, para calmarle le recordaron que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, estaba al tanto de la operativa que se empleó para desactivar el 'caso Naseiro' porque el realizó entonces la investigación interna encargada por el partido en relación con aquel asunto.

Pero estas aseveraciones no habrían conseguido tranquilizarle del todo. Más aún cuando en septiembre del pasado año, Bárcenas, según ha relatado la revista Interviú, se empezó a sentir molesto por el acoso al que le sometían un par de fiscales, que decían contar con el apoyo de su jefe el Fiscal General de Estado, Eduardo Torres Dulce, nombrado por Gallardón.

El momento era más crítico aún porque al ex tesorero del PP le constaba que las comisiones rogatorias encargadas a Suiza iban a dar fruto y se descubriría el dinero que tiene en el exterior. Entonces decidió ponerse en marcha, sobre todo cuando ya en 2013, una vez descubiertas sus cuentas secretas sintió que nadie se movía para protegerle.

Ahí aparecieron sus famosos papeles. Y ahí empezó a dejar claro que él asumiría sus responsabilidades, pero solo las suyas. Más claro que si iba a la cárcel no iría sólo. Así que era hora de que el ministro de Justicia empezara a moverse.

Y eso estaría haciendo Gallardón ahora. Según la rumorología de la que hablamos: activar a la Fiscalía para que todo el caso, sin excepciones que pongan en peligro la estrategia como la que planteaba Gómez Bermúdez al reclamar la investigación de la querella de IU, quede en manos de Ruz se quede todo con todo, un magistrado eventual al que en septiembre sustituirá Miguel Carmona. Un ex magistrado progresista muy amigo del ministro, según se dice.

Y por ahora, la liturgia se cumple. Ruz se ha quedado con el caso tras la decisión sobre la competencia adoptada ayer por la Audiencia Nacional, aunque la sala lo hiciera sin que se produjera una votación unánime. Pero tanto da, porque se trata de una resolución inapelable.

Particulares expropiados se querellan contra Botella por la operación 'Nuevo Bernabéu’

LAEDICION.NET.-Según el digital local ‘Madriddiario’, los herederos del Conde de Maudes llevan al Ayuntamiento al juzgado para exigir una compensación. Florentino cedió unas parcelas en Carabanchel a la ciudad, y quiere ampliar el estadio mediante un párking subterráneo, un hotelazo y un centro comercial. El proyecto pergeñado entre el Real Madrid y el Ayuntamiento para remodelar el Santiago Bernabéu cuenta con elementos que tratan de soterrar la reforma, nacida del enésimo pacto de Florentino Pérez con el exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón. La Operación Nuevo Bernabéu, con la que el conjunto merengue pretende agrandar su estadio y albergar un hotel de cinco estrellas, un aparcamiento subterráneo y un centro comercial, sigue adelante, pero tendrá que sortear en los tribunales la denuncia que presentará la familia Ruiz Villar, otrora propietaria de los terrenos afectados.
Según el digital madrileño Madriddiariolos Ruiz Villar, herederos de Pedro Villar, Conde de Maudes, llevarán al Ayuntamiento ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo por la remodelación del estadio, operación por la que exigen una compensación económica. Desde 1942, el Consistorio madrileño ha expropiado numerosas veces a la familia, titular de varias parcelas colindantes.
La última expropiación, fechada en 1990, es la que ha dado a la familia munición para solicitar una recompensa; la de ahora sería la segunda gratificación, ya que en los noventa el Ayuntamiento ofreció a los Ruiz Villar 100 millones de las antiguas pesetas, que terminaron aceptando. Aquella expropiación se realizó para construir un aparcamiento público que nunca llegó a cuajar. "Ya en 19990 impugnamos la construcción del párking”, contó la familia –con la que Vozpópuli trató de contactar ayer en vano- al diario deportivo As en 2009. “Esas parcelas fueron expropiadas para vía pública, y un cambio en el uso tendría como consecuencia la reversión, la devolución".
En definitiva, lo que los Ruiz Villar plantean, según Madriddiario, es que la reforma del Bernabéu no reúne las “características públicas” que condujeron a la expropiación del año 90, tales como el aparcamiento inacabado o las zonas verdes que hoy se asientan en los antiguos terrenos de la familia; la remodelación beneficia más bien al Real Madrid.
No son los primeros pasos que dan los antiguos propietarios: ya han presentado alegaciones al proyecto ante Ayuntamiento y Comunidad y un recurso de reposición contra el mismo. El paso siguiente son los tribunales, aunque la familia no se fía del todo: “El Ayuntamiento tiene una maquinaria jurídica enorme contra la que es muy difícil litigar”.
Valorada en unos 70 millones de euros, la operación parece otro caramelo de Gallardón a Florentino: el Real Madrid acometerá obras profundas en una zona emblemática de la capital a cambio del 10% del coste del proyecto, la parcela de la esquina del Bernabéu y otras cuatro parcelas en el Barrio de Opañel, en el Distrito de Carabanchel y fuera de la M30. Las cuatro parcelas ya pertenecían a Cibeles: en octubre de 2011 el Consistorio se las cedió al club blanco en compensación por un terreno en el barrio de Las Tablas que, en el marco de la Operación Ciudad Deportiva, debió de ser entregado al Real Madrid pero nunca se le dio. 

Suprimen tramos de las tasas judiciales La eliminación de los puntos variables bajará los ingresos solo un 5%

Las familias desahuciadas no tendrán que pagar las costas

 LAEDICION.NET.-REDACCION.- El Gobierno reducirá en un 80% el tramo variable de las tasas judiciales para las personas físicas y liberará del pago del total de la tasa en separaciones y divorcios de mutuo acuerdo o en la condena a costas a pagar a la entidad bancaria por parte de la familia desahuciada o sus avalistas.
El Consejo de Ministros aprobó ayer un decreto ley por el que se modifica la reciente ley de tasas judiciales y se anticipa la entrada en vigor de beneficios recogidos en el anteproyecto de Justicia Gratuita para que los colectivos que tengan derecho a ella puedan disfrutarla desde ahora.
ajuste // En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha justificado este “ajuste” de la norma en atención a una opinión “muy cualificada” como la de la Defensora del Pueblo, que se ha hecho eco de las “importantes” demandas de los ciudadanos. El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El Ejecutivo calculó que con la nueva ley de tasas se recaudarían unos 306 millones de euros y augura que los cambios tendrán una incidencia inferior al 5% de dicha previsión ya que esta tuvo en cuenta especialmente el tramo fijo.
La medida aprobada por el Ejecutivo supone la aplicación inmediata de artículos esenciales de la nueva justicia gratuita para que sus nuevos beneficiarios dejen ya de pagar abogado, procurador, tasas y demás costes derivados del proceso. Solo a estos se les devolverá la tasa abonada desde que esta ley entrara en vigor el pasado 17 de diciembre.
El anteproyecto de la ley de asistencia gratuita amplía el número de beneficiarios al elevar el umbral económico de acceso e incluir a todas las víctimas de violencia de género, trata de seres humanos, accidentes graves o menores y discapacitados que hayan sufrido abusos o maltrato. El decreto modifica la ley de tasas publicada en noviembre y vigente desde diciembre, en lo que se refiere a la cuantía variable que las personas físicas deben pagar según algunas variables.

Gallardón reducirá en un 80% la parte variable de las tasas judiciales

LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-El Ministerio de Justicia ha comunicado a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, sus reformas "inminentes" a la ley de tasas judiciales, que incluyen la reducción en un 80 por ciento de las tasas variables a personas físicas, la eliminación de las tarifas en casos de desahucios de viviendas habituales y en la ejecución de laudos arbitrales de consumo, así como la reducción de las tarifas en procesos por multas de tráfico.
La Defensora del Pueblo ha celebrado en un comunicado su satisfacción por el hecho de que el ministro haya acogido sus recomendaciones dirigidas a modificar "aspectos sustanciales" de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, conocida como la ley de tasas judiciales.
La institución dirigida por Becerril ha recibido esta misma mañana una comunicación del responsable de Justicia que anuncia reformas legales para dar respuesta a sus recomendaciones.

Reducción de las tasas Variables

Los principales contenidos de las mismas incluyen la reducción en un 80 por ciento de las tasas variables de las personas físicas en primera instancia en los órdenes de lo Civil y de lo Contencioso-Administrativo. Pasarán del 0,50% del valor del litigio con el límite de 10.000 euros, al 0,10 por ciento del valor del litigio, con el límite de 2.000 euros.
La reforma rebajará en un 80 % las tasas variables de las personas físicas en los recursos en los procesos en los órdenes de lo Civil, lo Contencioso-Administrativo y lo Social. Pasarán del 0,50 % del valor del litigio con el límite de 10.000 euros, al 0,10 % del valor del litigio, con el límite de 2.000 euros.
La cuantía variable de la tarifa a pagar según el objeto del litigio era uno de los aspectos más polémicos de la nueva norma al generar unos costes difícilmente asumibles que se unen a unas tasas fijas, que habían sufrido incrementos de entre 50 y 750 euros.
Se eliminarán por completo las tasas para un mayor número de personas, adelantando los efectos del anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita presentado el pasado enero ante el Consejo de Ministros. Se devolverán las tasas pagadas desde el 17 de diciembre a los nuevos beneficiarios de Justicia Gratuita.
El anteproyecto eleva el umbral de los beneficiarios y comprende a todas las víctimas de violencia de género, de terrorismo, de trata de seres humanos, de accidentes graves y menores o discapacitados víctimas de abuso o maltrato.
Además, se suprimirá la posibilidad de que el ejecutado hipotecario, o su avalista, de una vivienda habitual pague las tasas abonadas por el banco ejecutante en virtud de una condena en costas, al tiempo que las elimina en la ejecución de laudos arbitrales de consumo.

Reducción en multas de tráfico

En los procesos contenciosos relativos a multas y otras sanciones administrativas, además de producirse la reducción del 80% de las tasas variables, se establece como límite de la tasa el 50% de la cuantía de las multas.
El Gobierno también ha expuesto a la Defensora del Pueblo su compromiso a estudiar una reducción de las tasas que paguen las empresas según su capacidad económica, en la futura Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
A la vista de la respuesta del Ministro de Justicia a las recomendaciones formuladas por la institución, la Defensora del Pueblo ha decidido no interponer el recurso de inconstitucionalidad solicitado por la 'Plataforma Justicia para Todos', que incluye a abogados, consumidores y sindicatos.
"Los resultados de la mediación y las recomendaciones efectuadas darán como fruto una importante reforma normativa del sistema de tasas judiciales", se ha congratulado.

Gallardón vuelve a rectificar y anuncia una revisión parcial de las tasas

"Modulaciones a la baja"

El ministro de Justicia ha asegurado que se introducirán "modulaciones a la baja" en las cuantías fijas y variables en primera instancia.

El ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, ha anunciado este martes que el Ejecutivo asume las recomendaciones de la Defensora del Pueblo y, por tanto, reducirá, como sugiere esta institución, la cuantía de algunas tasas judiciales que ya están en vigor.
LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-En concreto, se introducirán "modulaciones a la baja" en las cuantías fijas y variables en primera instancia, civil y contencioso administrativo; se rebajarán las tasas en función de la capacidad económica para personas jurídicas y en ejecuciones arbitrales de consumo, y se suprimirán en procesos de ejecución hipotecaria cuando afecten a la vivienda habitual.
Gallardón, en declaraciones a los periodistas en el Congreso, ha considerado "muy enriquecedora" la labor de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que ha recabado la opinión de expertos.

El Gobierno estudia ahora la fórmula que se utilizará para introducir los cambios que pide la Defensora del Pueblo, y para anticipar la entrada en vigor de algunas de las modificaciones que ya contemplaba la Ley de Justicia Gratuita, que se está tramitando en el Congreso.

Las modificaciones previstas, a su juicio, son acordes con los principios de ese nuevo proyecto en tramitación, que avala la defensora del Pueblo y que persiguen que el sistema de financiación de la justicia gratuita no sea soportado sólo por los contribuyentes, sino que también recaiga en los litigantes.

Gallardón recula y anuncia que reducirá las tasas judiciales

El ministro de Justicia ha asegurado que se introducirán "modulaciones a la baja" en las cuantías fijas y variables en primera instancia.

LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.- El ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, ha anunciado este martes que el Ejecutivo asume las recomendaciones de la Defensora del Pueblo y, por tanto, reducirá, como sugiere esta institución, la cuantía de algunas tasas judiciales que ya están en vigor.
En concreto, se introducirán "modulaciones a la baja" en las cuantías fijas y variables en primera instancia, civil y contencioso administrativo; se rebajarán las tasas en función de la capacidad económica para personas jurídicas y en ejecuciones arbitrales de consumo, y se suprimirán en procesos de ejecución hipotecaria cuando afecten a la vivienda habitual.
Gallardón, en declaraciones a los periodistas en el Congreso, ha considerado "muy enriquecedora" la labor de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que ha recabado la opinión de expertos.

El Gobierno estudia ahora la fórmula que se utilizará para introducir los cambios que pide la Defensora del Pueblo, y para anticipar la entrada en vigor de algunas de las modificaciones que ya contemplaba la Ley de Justicia Gratuita, que se está tramitando en el Congreso.

Las modificaciones previstas, a su juicio, son acordes con los principios de ese nuevo proyecto en tramitación, que avala la defensora del Pueblo y que persiguen que el sistema de financiación de la justicia gratuita no sea soportado sólo por los contribuyentes, sino que también recaiga en los litigantes.

Tres ex altos cargos de Gallardón, imputados por dar dinero de Madrid 2016 a Urdangarin

Los líderes de la UE han alcanzado un acuerdo por el que se recorta en  33.601 millones de euros el presupuesto comunitario para los próximos seis años

El PP se pregunta si Ruiz-Gallardón es la mano que mece la cuna en la trastienda del 'caso Bárcenas'

Anticipado el guion de la investigación interna abierta por la tesorera del PP sobre el ‘caso Bárcenas’, falta por conocer la identidad de quien, en palabras del propio Mariano Rajoy, aspira a ganar algo “en rio revuelto”. Como en cualquier indagación policial compleja, dentro del PP se apunta como principal agraciado por la onda expansiva del escándalo a Alberto Ruiz Gallardón, “siempre dispuesto a sacrificarse por el partido”, en palabras salpicadas de ironía de un veterano parlamentario de su grupo.
LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.- “Alberto está esperando, por si hace falta dar un paso al frente… y sacrificarse”, comenta con sarcasmo este diputado del PP, consciente de que el ministro de Justicia es uno de los miembros del Gabinete que mayor discreción ejerce y menos exposición pública ha tenido desde que se descubrieron los 22 millones guardados por Luis Bárcenas en Suiza. En estos días ha hablado bastante Esperanza Aguirre, para pedir que el partido se querelle contra el ex tesorero, se ha pronunciado Alberto Núñez Feijóo, para defender la honorabilidad de Rajoy y advertir de que ha empeñado su palabra, y solo lo ha hecho de corrido el ministro de Justicia para anticipar, en una tácticca muy medida, que el PP aclararía con transparencia la contabilidad del PP.
Esperanza Aguirre pide una querella contra Bárcenas, Feijóo advierte que Rajoy ha empeñado su palabra y Gallardón se mantiene en un silencio muy medido
El silencio, que ha aprendido tarde a practicar, casi siempre le ha dado a Gallardón buenos resultados. No lo guardó en 2008, cuando intentó el fallido salto a las listas del Congreso y tuvo enfrente a Esperanza Aguirre: “No me podéis hacer esto”, le dijo compungido a Rajoy delante de Ángel Acebes, poco después de recibir el no por respuesta y tener que digerirlo frente a la presidenta madrileña en la agobiante cabina del ascensor de la sede de Génova. Tres años después, tras una medida operación de acercamiento al entonces líder de la oposición, consiguió su trofeo, el cuarto puesto en la candidatura por Madrid, ascenso que pensaba podía catapultarle, ni más ni menos, que a la cartera de Fomento, la que mayor inversión pública maneja. Sus ambiciones volvieron a jugarle una mala pasada y quedó en el escalón de Justicia, donde en el último año ha colisionado con todos los colectivos del sector.
Las ambiciones de Gallardón volvieron a jugarle una mala pasada cuando su mirada apuntaba a la cartera de Fomento y se tuvo que conformar con la de Justicia
Cuando el pasado sábado, Rajoy entonó en su partido el discurso de autodefensa personal, se aireó con un amplio abanico de sospechas. Allí apuntó que las notas filtradas sobre la supuesta contabilidad del partido “inflaman el fariseísmo más descarado por parte de quienes piensan que tienen algo que ganar en este río revuelto”. Aunque evitó especular sobre las intenciones de estos pescadores, el presidente aconsejó a la mano anónima que mece la cuna que no se canse porque, “mediante el acoso” ni se va a “encoger” ni va a dimitir. Ninguna de las fuentes del PP consultadas cree que Rajoy estuviera enviándole un aviso a Gallardón, más bien intuyen que es posible que estuviera pensando en Bárcenas y, desde luego, de forma mucho más directa, en Rubalcaba, cuando no solo le reprochó que diera por buenas las informaciones sobre la “falsa” contabilidad del partido, sino también que promoviera las “técnicas de agitación” que están facilitando las redes sociales, un fenómeno demoledor donde los haya dentro de los nuevos usos políticos.
En el PP se comprueba que Rajoy tiene la sensación de estar sufriendo una especie de chantaje que busca, en una primera fase, causarle un daño político irreparable y, en el fondo, desalojarle de la presidencia del Gobierno mediante dos vías alternativas: el relevo voluntario por otro candidato de su partido previo sometimiento al Congreso de los Diputados o bien el adelanto precipitado de unas elecciones generales.
En sus 16 años de dedicación a la vida autonómica y municipal madrileña, el hoy ministro de Justicia forjó amistades peligrosas, entre ellas la de Florentino Pérez y Gerardo Díaz Ferrán
Como en cualquier investigación policial clásica que se precie, cabe preguntarse a quién beneficia el crimen. Y aquí la mayoría de las miradas dentro del PP se dirigen a Gallardón, uno de los pocos pesos pesados de la organización a los que todavía no han salpicado las réplicas del ‘caso Bárcenas’ ya que permaneció alejado de su maquinaria nacional durante los 16 años que dedicó a la política autonómica y local madrileña. Las amistades peligrosas que en este tiempo forjó, desde Florentino Pérez a Gerardo Díaz Ferrán, están copiosamente documentadas y se han visto reflejadas en un puñado de operaciones urbanísticas que arrojan un balance desastroso para una capital que concentra más del 22% de la deuda municipal de España.
Quien conoce bien a Gallardón en el PP comenta que su ambición desmedida supone, entre otras cosas, un mal pago a Rajoy, pues el actual presidente fue quien le libró, quizás, de caer de lleno en la trama Gürtel. Uno de los episodios menos conocidos se remonta a 1997, cuando Rajoy ocupaba la cartera de Administraciones Públicas en la época de Aznar y descubrió que un amigo suyo de Pontevedra, Gerardo Lorenzo, comenzó a familiarizarse con Francisco Correa, entonces desconocido para el gran público. Rajoy le aconsejó al entonces presidente madrileño que se alejara de Lorenzo, asesor fiscal de conocidos empresarios, aunque Gallardón no debió seguir esta sugerencia al dedillo pues siete años después, ya como alcalde, adjudicó varios contratos a la empresa Special Events, implicada en la red corrupta, por una suma superior a los 153.000 euros, recuerdan fuentes del PP. Gallardón justificó el “error” por una manipulación de un informe técnico.
En su etapa como presidente madrileño, Gallardón recibió el consejo de Rajoy de que se alejara de su amigo Gerardo Lorenzo, quien llegó a estar familiarizado con la trama de Correa
Quien ha comprado a la primera el billete del relevo de Rajoy al frente de la presidencia del Gobierno es Alfredo Pérez Rubalcaba, en buena relación con Gallardón y ungido también por la amistad con Florentino Pérez. El líder socialista ha solemnizado este domingo la propuesta de dimisión del presidente del Gobierno y su sustitución por otro candidato del PP. La tibia respuesta que dio en un principio al hallazgo de los 22 millones que Bárcenas tenía en Suiza, muy criticada por los ‘barones’ territoriales del PSOE, le ha obligado a subir el diapasón de su ofensiva, con la intención de estirarla como el chicle hasta el debate del estado de la nación previsto para el próximo día 20, donde espera llevar contra las cuerdas a un Gobierno debilitado por la crisis económica y las sospechas de corrupción.
Hace solo tres meses, Rubalcaba comentaba a los suyos que era un disparate precipitar en el PSOE la convocatoria de primarias para la elección del candidato ya que Rajoy iba a agotar al máximo la legislatura y no convenía facilitarle ninguna diana. En estos momentos, el discurso que se escucha en Ferraz es diferente: Rajoy puede verse en la tesitura de tener que adelantar las legislativas si el ‘caso Bárcenas’ provoca una fractura mayor de la que se ha conocido hasta ahora dentro del PP. Sin embargo, en el Gobierno hay al menos dos ministros del área económica que hacen una mueca de ironía cuando se les presenta este hipotético escenario. “¿Elecciones antes de ver los primeros brotes verdes…Qué pasa, que alguien cree que nos hemos vuelto locos?”, comentan.
"¿Elecciones antes de ver los primeros brotes verdes? ¿Qué pasa, que alguien cree que nos hemos vuelto locos?", comentan dos ministros del área económica
Pero con independencia de la salida que se termine dando en el PP a esta crisis, huérfana de momento de cadáveres en la loneta, faltan todavía por ver capítulos inéditos que saldrán de la Audiencia Nacional y de las comisiones rogatorias enviadas a Suiza. Esta secuencia todavía desconocida es la que conduce a algunas voces pesimistas del grupo parlamentario popular, que también las hay, a sentenciar que “esta legislatura ha terminado”. Parece que entramos, pues, en un compás de espera.

Ignacio González prepara el terreno para ‘cobrar’ por los abogados de oficio

LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-.El presidente de la Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites necesarios para empezar a ‘cobrar’ por los abogados de oficio. Ignacio González ha decidido limitar la Justicia gratuita en la región, y ha dictado que a partir de enero sólo se abonen a los abogados del turno de oficio los expedientes tramitados electrónicamente, con los que se conocerá si la persona que he hecho uso de este servicio tiene derecho a él.

Según indicó ayer el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno autonómico, Salvador Victoria, la Comunidad de Madrid pondrá en marcha un sistema informático que permitirá conocer en 24 ó 48 horas si alguien que no cumpla los requisitos se ha beneficiado de la Justicia gratuita. El objetivo, dijo, es evitar fraudes.

Además, según explicó, esta nueva medida beneficiará al abogado de oficio, que evitará verse perjudicado por la demora de la concesión o denegación de este derecho. En concreto, se refiere a las demoras del Ejecutivo regional a la hora de pagar por este servicio.

Precisamente ayer, el Consejo de Gobierno acordó destinar 31 millones de euros para liquidar los pagos pendientes de este año a los colegios de Abogados y Procuradores en concepto de Justicia gratuita. De ellos, 27,9 millones se destinan a los abogados y 3,1 millones a los segundos.

Esta medida que llegará en enero a la Comunidad de Madrid ya figura en los planes de Alberto Ruiz-Gallardón. Hace unos días se conocía un documento que revelaba que el ministro de Justicia tiene la intención de obligar a los ciudadanos a pagar los honorarios de los abogados de oficio en el caso de que, tras la correspondiente revisión, su perfil no estuviera incluido en el grupo de quienes sí tienen derecho a la Justicia gratuita. 

Los nuevos precios de la justicia de pago: tasas para divorcios, indemnizaciones o preferentes

·  El CGPJ alerta: la ley de tasas es un "obstáculo" a la erradicación del maltrato.

  

·  Casos prácticos que ahora tienen coste cero y pasan a costar miles de euros. El Gobierno ha aplazado la entrada en vigor de las nuevas y polémicas tasas judiciales, que según lo estipulado tendrían que haber sido efectivas ya desde este jueves.

 LAEDICION.NET.-:/ Redacción.- El aplazamiento será por "varias semanas", según Justicia y se debe a que no están listos los formularios. Pero, antes o después, habrá que empezar a pagar por reclamar. Las tasas suben, y mucho, pero la novedad es que habrá que empezar a pagar por reclamaciones que antes resultaban gratuitas, como en los siguientes ejemplos: Una reclamación vecinal

En un monitorio (reclamación de una cantidad en base a una factura) de 2.100 euros de cuotas de la comunidad de propietarios conllevará pagar 921 euros de tasa.

Recurrir una multa

Con las nuevas tasas judiciales, recurrir una sanción de tráfico leve (multas de hasta cien euros) supondrá 200 euros en tasas, el doble de la cuantía de la multa.

Separación o divorcio

La custodia de los hijos o las reclamaciones de paternidad siguen siendo gratuitas, pero en un divorcio común, sin liquidación de sociedad de gananciales, las tasas ascenderán a un total de 1.280 euros. Sin embargo, si la pareja tiene bienes en común, habría que valorarlos y aplicarles el pago de un 0,5% del valor como impuesto.

Jubilados y preferentes

  

Un jubilado que denuncia la pérdida de sus ahorros por las preferentes —productos financieros que no vencen nunca y cuya retribución está ligada a que la entidad registrara beneficios—, si no prospera la vía penal y se pasa a la civil por unos ahorros de 128.000 euros, la tasa que deberá pagar es de 940 euros.

Negligencia en un parto

Este ejemplo ha sido tomado de un caso real. Si unos padres tuvieran que llegar al Tribunal Supremo e interponer un recurso de casación para reclamar una indemnización de 600.000 euros tendrían que pagar previamente 11.300 euros.

Accidente aéreo

La legislación obliga a la compañía a pagar un millón de euros a los padres de una víctima mortal en un accidente de avión. Es otro caso real. Con la nueva ley, los padres deberán abonar 5.300 euros en tasas solo por solicitar la indemnización.

División de un piso

Dos copropietarias de un piso que quieren dividirlo. Si el inmueble, por ejemplo, tiene un valor de 300.000 euros, la tasa sería de 1.800 euros. Si además tienen que interponer recursos, la factura se amplía a 4.100 euros y si se recurriese ante el Tribunal Supremo, habría que añadir 2.700 a la factura.

Accidente de tráfico

El ocupante de un vehículo que sufre tetraplejia y múltiples lesiones a consecuencia de un accidente de tráfico; entre lesiones, secuelas, invalidez, e.t.c. reclama a las compañías aseguradoras del vehículo en el que viajaba y del tercer implicado 1.300.000 euros. Debería pagar una tasa por interponer la demanda de 300 euros, más el 0,5% de lo demandado hasta el millón de euros y del 0,25% a partir del millón. En total, pagará 6.050 euros. Si tuviera que recurrir a la Audiencia Provincial, 6.550 euros más. Si necesitara llegar hasta el Supremo, otros 6.950 euros. En total, para las tres instancias, le costaría 19.550 euros reclamar lo que hasta hoy le costaría cero euros.

Violencia machista

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Poder Judicial, Inmaculada Montalbán, alertó ayer de que la Ley de Tasas supondrá un "obstáculo" par que las víctimas de malos tratos soliciten la separación o divorcio de sus agresores. Montalbán aseguró que "será un freno" por el coste al que tendrán que hacer frente. El observatorio envió, el pasado 31 de octubre, una propuesta a todos los grupos parlamentarios para que presentaran una enmienda que excluyera de las tasas los procesos de separación y divorcio tramitados en los juzgados específicos de Violencia de Género.

Entra en vigor el cobro de tasas judiciales de Gallardón

·  El BOE publicó este sábado la orden por la que se aprueba el modelo de autoliquidación y de solicitud de devolución de las nuevas tasas judiciales  .

  

·  El ciudadano pagará al abogado de oficio si después de recurrir a él no se reconoce su derecho a una justicia gratuita.

·  Si su fortuna mejora en cuatro años, deberá pagar las costas. Las nuevas tasas judiciales comenzarán a aplicarse desde este lunes tras la publicación el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la orden del Ministerio de Hacienda por la que se aprueba el modelo de autoliquidación y de solicitud de devolución de las tasas.
 LAEDICION.NET.-:/ Redacción.- La orden ministerial establece la forma, plazo y procedimientos de presentación de los formularios, tanto de autoliquidación como los de solicitud de devolución por solución extrajudicial de tasas judiciales, que se podrán presentar en un plazo de cuatro años desde el momento que la resolución adquiera firmeza.
Sin embargo, las devoluciones no se podrán solicitar hasta el 1 de abril de 2013, ya que, según fuentes de Justicia, será ese día cuando estén plenamente interconectadas la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la oficina judicial para que esta transmita telemáticamente a la primera la información que requiere para proceder a la devolución.
Según el texto, los dos formularios deberán plantearse preferentemente por vía telemática a través de Internet, una forma que será obligatoria, no obstante, para grandes empresas y sociedades, tanto anónimas como limitadas.
Para el resto, establece que "será posible" la presentación en papel impreso, que será generado exclusivamente mediante la utilización del servicio de impresión desarrollado a estos efectos por la Agencia Tributaria en su sede electrónica. A ello añade que "será necesaria la conexión a Internet para poder obtener las autoliquidaciones impresas válidas para su presentación".

Deben acreditar su situación económica

Los interesados deberán acreditar su situación económica y la de los integrantes de su unidad familiar en su solicitud, así como sus circunstancias personales, la pretensión que quieren hacer valer y cuáles son las partes contrarias en el litigio, en el caso de que las haya.
Si se falsean, ocultan o declaran de forma errónea los datos económicos, deberá pagar las prestaciones recibidasEl borrador del anteproyecto de ley recoge el caso de que la sentencia que ponga fin al proceso condene en costas al beneficiario de justicia gratuita. Ante esta circunstancia, la persona quedará obligada a su abono si dentro de los cuatro años siguientes "viniere a mejor fortuna", es decir cuando sus ingresos y recursos económicos brutos superen el doble de los umbrales establecidos o se hubieran alterado sustancialmente las condiciones tenidas en cuenta para reconocer este derecho.
Si se falsean, ocultan o declaran de forma errónea los datos de carácter económico, el litigante estará obligado a pagar las prestaciones recibidas, "sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que, en su caso, correspondan".

En vigor desde el 20 de noviembre

La Ley que regula las tasas judiciales  , que entró en vigor el pasado 20 de noviembre, grava la interposición de la demanda en toda clase de procesos declarativos y de ejecución de títulos ejecutivos extrajudiciales, así como en la interposición de recursos de apelación contra sentencias y de casación.
Así, la normativa recoge subidas que afectan a las tasas para interponer una demanda o recurso en el orden civil y contencioso-administrativo —de hasta 1.200 euros en el caso de casación ante el Supremo— y se aplicará también en lo social, aunque solo en el caso de recursos en segunda instancia de súplica o casación, mientras que queda excluido el orden penal.
También contempla los supuestos de bonificaciones de un 60% de la cuantía prevista para los casos de solución extrajudicial; de un 20% cuando se acumulen procedimientos; y un 10% para incentivar la utilización de medios telemáticos. Los Colegios profesionales, por ejemplo, "realizarán las comprobaciones y recabarán toda la información que estimen necesaria" para comprobar la renta y el patrimonio declarado.
Las nuevas tasas judiciales han sido rechazadas por gran parte del sector jurídico, así como por sindicatos, asociaciones de consumidores y partidos de la oposición. El PSOE recurrirá esta medida ante el Tribunal Constitucional por entender que la nueva ley establece dos categorías de ciudadanos ante la Justicia, los que tienen dinero y pueden hacer efectivo su derecho a la tutela judicial y los que no lo tienen.

Pagar el abogado de oficio

Otra novedad en Justicia es que el ciudadano se comprometerá por escrito a pagar los honorarios del abogado de oficio en caso de que no se le reconozca el derecho a recibir justicia gratuita a posteriori, según el anteproyecto de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. El derecho a la asistencia jurídica gratuita comprenderá el asesoramiento y la orientación previa al proceso, así como la información sobre la mediación y otros medios extrajudiciales de solución de conflictos, entre otros servicios.
El borrador, que tiene fecha de 7 de diciembre, establece que el solicitante deberá suscribir una solicitud de asistencia que incluya el compromiso de que, si no se le reconoce con posterioridad este derecho, tendrá que abonar los honorarios devengados por dicho asesoramiento y orientación, de los cuales será informado. No será necesario que el detenido o preso acredite previamente carecer de recursos.
Las personas que soliciten este derecho deberán detallar las prestaciones que desean, entre las que se contempla la representación gratuita de abogado y procurador, el coste de la mediación, la exención del pago de tasas, la inserción gratuita de anuncios o edictos, la asistencia pericial o la obtención de copias, testimonios o actas notariales, entre otros servicios.

Gallardón privatizará la gestión de los registros Civil, Mercantil y de la Propiedad

• El Colegio de Registradores se hará cargo de todos ellos según el borrador de ley que prepara el Ministerio de Justicia.
• Los usuarios tendrán que pagar por servicios que eran gratis, aunque Justicia asegura que los trámites más habituales lo seguirán siendo.
• El Registro Civil Central desaparece.

LAEDICION.NET.-REDACCION.-Alberto Ruíz-Gallardón acometerá la privatización de la gestión de los registros Civil, Mercantil y de la Propiedad a través de una reforma legislativa que ya tiene borrador y que establece que estas entidades pasarán a ser llevadas por el Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España, en lugar de por los jueces. El texto del Ministerio de Justicia prevé que, tras el traspaso, los usuarios tengan que pagar un arancel por determinados servicios que hasta el momento no tenían coste. Esos pagos deberán sufragar los gastos de gestión, funcionamiento y conservación de las oficinas registrales, así como la retribución de sus profesionales.
Según costa en la reforma del artículo 294, los aranceles se aplicarán sobre los valores comprobados fiscalmente de las fincas o derechos objeto de los hechos, actos o negocios jurídicos sujetos a inscripción y, a falta de aquellos, sobre los consignados por las partes como precio o valor de tasación de los bienes.
El cobro se realizará sobre las peticiones de información sobre de partidas de nacimiento, matrimonio, divorcio, defunción o nacionalidad. Las concesiones de nacionalidad fueron los primeros trámites que Gallardón anunció que pasarían a manos de los registradores.

Los "privilegios" de los registradores

"Quienes acudan al Registro Civil tendrán que pagar un arancel para registrar una defunción y para cualquier acto o hecho obligatorio que inscriban, pero además habrá que inscribir otros actos que a día de hoy no son obligatorios, como poderes, el domicilio, seguros de vida y accidentes, y testamentos", ha denunciado UGT.
Para la asociación de Jueces para la Democracia (JpD), esta reforma perjudicará la mayoría de la población y beneficiará a corporaciones que "han sido tratadas tradicionalmente de forma privilegiada".
El Gobierno ha invertido alrededor de 128 millones en los registros que ahora entrega al ColegioAdemás, la JpD ve "contradictorio" que el Gobierno haya invertido unos 128 millones de euros en la modernización, informatización y digitalización de los registros civiles y que, ahora, "aproveche" esta mejora para asignarla a la "gestión privada con efectos lucrativos para sus gestores".
La modernización de esta parte de administración es, precisamente, uno de los motivos del cambio, ya que el Colegio de Registradores aportará las cantidades de las que el Ministerio carece para completar la reforma. A cambio, cobrará de los usuarios. Además, ello aligerará de carga los juzgados y tribunales.
El nuevo régimen organizativo reduce el número de oficinas y elimina el Registro Civil Central, aunque no esclarece el destino de los funcionarios que trabajan allí.
Según el departamento de Alberto Ruíz-Gallardón, los actos habituales para los que se recurre al Registro Civil, como pueden ser la inscripción de nacimientos y las actas de defunción, "seguirán siendo gratuitos para los ciudadanos".
Para defender su postura y negar la privatización, Justicia señala que los registradores son empleados del Estado que realizan un trabajo público.

El Ayuntamiento solicita paralizar la subida de la tasa de recaudación

Han remitido un escrito a la Diputación para renegociar el coste real del servicio tributario

LAEDICION.NET.-REDACCION.-El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Benahadux, encabezado por su alcalde, Juan Jiménez, ha presentado ante la Diputación Provincial de Almería, un escrito solicitando la paralización de la nueva imposición de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la prestación de los servicios de Recaudación tributaria.

La subida de tasas, que no ha sido consensuada con los Ayuntamientos y por tanto ha sido impuesta por la Diputación, supondrá una subida del 400% en 2013, lo que afectará a las arcas municipales de Benahadux, tanto que se pasará de pagar unos 35.000euros actuales, a más de 120.000 euros.

El primer edil de Benahadux, Juan Jiménez, ha manifestado que está dispuesto a llegar a acuerdos sobre el coste real de la prestación del servicio, pero admiten que el precio impuesto por la diputación no es creíble y para nada se ha llamado a los Ayuntamientos para acordar un precio por este servicio.

El equipo de gobierno de Benahadux, pide así al presidente provincial, Gabriel Amat, que reconsidere su postura en beneficio de los municipios almerienses. "La Diputación se creó para ayudar a los pueblos, no para castigarles", expone Jiménez que además matiza que su municipio ha sido responsable durante todos estos años, manteniendo un superávit y gestionando bien los recursos. "¿Por qué ahora nos obligan a pagar más de 120.000 euros al año?", se pregunta el regidor.

Las proclamas pidiendo la dimisión de Gallardón recorren los juzgados

Varios centenares de jueces y fiscales protestan ante la sede del Ministerio de Justicia

LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-Jueces y fiscales de ciudades de toda España se manifestaron ayer contra las nuevas tasas judiciales y contra la reforma de la Justicia planteada por el ministro Alberto Ruiz Gallardón, cuya dimisión se pidió frente a la sede del Ministerio, en Madrid, y en todas las sedes judiciales del país, al tiempo que han anunciado que estudian hacer huelga.

La huelga de jueces y fiscales es una posibilidad cada vez más cercana, según señalaron los portavoces judiciales, quienes informaron a los periodistas de que harán una valoración de las convocatorias de la jornada como primer elemento para valorar la huelga. Los portavoces añadieron que a comienzos de la semana que viene estudiarán si convocan una huelga, de un día o de una semana, que podría tener lugar entre el 10 al 14 de diciembre.

En Madrid, frente al Ministerio de Justicia, cientos de jueces y fiscales acudieron a la convocatoria de todas las asociaciones que integran a estos profesionales y, al grito de "Gallardón dimisión" y "Qué pasa con las tasas", cortaron la calle de San Bernardo, donde está la sede de este departamento del Gobierno, durante 20 minutos. En esa calle, frente al Ministerio, podían verse pancartas con lemas como "Si no tienes dinero, no tienes derechos" o "RIP Justicia" y entre los manifestantes se reconocía a magistrados destacados como el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, o a la vicepresidenta del Consejo de la Abogacía, Victoria Ortega.

Mientras tanto, en las capitales de España se sucedieron las concentraciones y en todas ellas se leyó un comunicado de la Comisión Interasociativa de Jueces y Fiscales, que integra a todas las asociaciones de estos funcionarios. El portavoz de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, José Luis Armengol, acompañado de los representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura, Foro Judicial Independiente y Jueces para la Democraci, fue el encargado de leer el manifiesto en Madrid. La Comisión señala en el manifiesto su preocupación por la situación actual y reclama "la retirada inmediata" del proyecto de Ley de reforma de Ley Orgánica.

Gallardón anuncia que partidos y sindicatos podrán ser condenados penalmente

LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-El ministro de Justicia ha anunciado hoy la intención del Gobierno de incluir la responsabilidad penal de las personas jurídicas para los partidos políticos y las organizaciones sindicales. Alberto Ruiz-Gallardón, en respuesta a una interpelación en el Congreso de los Diputados, ha adelantado que el Ministerio trabaja para derogar la excepción legal que excluye a estas entidades del régimen penal de las personas jurídicas en el apartado quinto del artículo 31 bis del vigen El titular de Justicia ha recordado que en 2011, durante la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, el grupo parlamentario popular presentó en solitario la enmienda 337 a través de la cual ya se proponía que partidos y sindicatos pudieran rendir cuentas como personas jurídicas, aunque entonces la propuesta fue rechazada por el PSOE.
 Para el ministro se trata de una medida exigente y transparente que está orientada a hacer imposible el hecho de que la mal llamada clase política, y los organismos que la estructuran, sean percibidos como algo distinto a la sociedad o amparado por privilegios de los que esta carece, y que lo mismo suceda con los representantes de los trabajadores.
El ministro ha destacado que, si bien "la doctrina penal más relevante ve especialmente complicada la exclusión de estas entidades", en la legislación comparada "Francia, uno de los grandes impulsores en Europa en esta materia, solo exceptúa al Estado".

Imputados

Respecto a la supresión en las listas electorales y la inhabilitación de un político o funcionario tras su imputación por un juez, el ministro ha recordado que la presunción de inocencia no es compatible con la petición de que se aparte al imputado de la función que desempeña antes de establecer su responsabilidad cierta.
El ministro recuerda que la imputación de un sospechoso es un acto sencillo cuyo objetivo es garantizar su derecho de defensa pero subraya que desde el punto de vista de la responsabilidad penal no significa más hasta que no haya sentencia.
En este sentido, Ruiz-Gallardón ha propuesto dar un paso más para estudiar en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal un mecanismo ulterior al de la mera imputación, como puede ser el auto de apertura de juicio oral, en el que, después de la imputación, el juez decide abrir juicio oral, si tras instruir el caso entiende que existen indicios racionales de criminalidad.
Para ello se ha remitido a la doctrina que estableció el Tribunal Constitucional al revisar el 364 bis que se refería a los delitos de terrorismo. El Alto Tribunal validó la reforma por su carácter excepcional, por la gravedad del asunto y siempre que fuera acompañada de una situación de prisión preventiva.

El Gobierno sella hoy el fin de la justicia gratuita para la clase media con la nueva Ley de Tasas Judiciales

·                La nueva ley de Tasas Judiciales hará que iniciar un proceso o apelar una decisión judicial en el ámbito civil, social y contencioso-administrativo cueste ente 100 y 800 euros.

·         Sólo aquellas personas que ingresen menos de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), 15.975 euros, tendrán acceso a la justicia si coste añadido.

         LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-  María es una mujer de mediana edad que trabaja como funcionaria. Después de los ajustes, su sueldo apenas supera los 25.000 euros. Está divorciada y tiene dos hijos menores en edad escolar a su cargo. Entre material escolar, comida, vivienda y ropa, tiene que hacer malabarismos con su salario para llegar a fin de mes.
Hace tiempo que su exmarido se niega a pagarle la pensión alimenticia acordada por el juez. Tras casi un año de quejas desoídas, María se ha decidido a dar un paso adelante y reclamar la ejecución de la sentencia que le otorga poco más de 500 euros para la manutención de sus pequeños.
Su abogado le ha dicho que si inicia ahora el proceso, el trámite le resultará gratuito. Sin embargo, si espera a que entre en vigor la nueva Ley de Tasas Judiciales que el Gobierno aprobará hoy en el Congreso, el proceso de ejecución de la sentencia le costará como mínimo 200 euros, un dinero que nunca recuperará y que irá directamente a engordar las arcas del Estado.
Es posible que a estas alturas ya muchos lectores ya se hayan dado cuenta de que María no existe. Es un personaje inventado, pero a la vez es la personificación de una de las decenas de miles de paradojas que se vivirán en nuestro sistema judicial cuando se ponga en marcha la nueva ley impulsada por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón  .

  

La nueva ley de Tasas Judiciales hará que iniciar un proceso o apelar una decisión judicial en el ámbito civil, social y contencioso-administrativo cueste ente 100 y 800 euros. Sólo aquellas personas que ingresen menos de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), 15.975 euros, tendrán acceso a la justicia si coste añadido.
“A partir de ahora no todos los ciudadanos tendrán acceso a la justicia, se acabó”, se lamenta David Díez, presidente de la Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ)  
una de las principales convocantes de las protestas contra la nueva legislación que se vivirán este mediodía en las principales sedes judiciales de España  .
Medida de ahorro, no de mejora
En una conversación con lainformacion.com Díez califico las nuevas tasas como “un impuesto revolucionario” y explicó que “la Constitución española, en su artículo 119, establece que la justicia será gratuita” y que lo que consigue el Gobierno con la nueva medida es “estrangular el acceso de la clase media, que es la que siempre paga”.
Para el presidente de CEAJ, la justificación de Ruiz-Gallardón para la introducción de la nueva ley para garantizar la justicia gratuita a las personas con menos recursos no es más que "una excusa para mantener un sistema judicial obsoleto que carece de recursos para adaptarse a los nuevos tiempos como sí han hecho otras administraciones como Hacienda”.
Díez tiene claro que la finalidad última del ministro no es mejorar el acceso a la justicia de los más desfavorecidos sino “reducir costes, eliminar puestos de trabajo de jueces y personal judicial y, en última estancia, terminar de manera definitiva con la justicia gratuita”.
Influencia en nuestra vida diaria
Aunque es fácil perderse en los vericuetos legales de la nueva Ley de Tasas Judiciales, el impacto que tendrá en el devenir cotidiano de millones de españoles será brutal. Un ejemplo cada vez más común en nuestro país: cualquier pequeño empresario o autónomo que quiera reclamar el cobro de una deuda de 1.000 euros deberá abonar una tasa de 105 euros al Estado.
Y ahí no acaba todo. Recurrir una multa de tráfico de 100 euros costará 200 euros. Reclamar ante los tribunales cualquier actuación de la Administración, la cantidad a pagar se situará entre los 200 y los 350 euros, mientras que para recurrir una sentencia se deberá desembolsar un importe mínimo de 500 euros, que podrá llegar a los 800 euros. “Es un dinero a fondo perdido. Nunca se recuperará, aunque se gane y la otra parte sea condenada a pagar las costas”, aclara David Díez.
El máximo responsable del colectivo de los abogados jóvenes afirma que “los grandes beneficiados de la nueva medida serán las empresas que deban dinero a proveedores” que, ante la imposibilidad de recurrir de manera gratuita al amparo judicial, decidan aceptar una muy negociación a la baja de la deuda “por lo menos para poder cobrar algo”.
Por eso, otro de los grandes inconvenientes de la nueva legislación que respaldará hoy la mayoría del Partido Popular   en el Congreso, y que casi con total seguridad entrará en vigor el 1 de enero de 2013, será “el efecto llamada a presentar demandas por impagos antes de esa fecha” y que colapsarán aún más el maltrecho sistema judicial de nuestro país.

 

La pena permanente se aplicará a asesinatos terroristas y de menores

El Ejecutivo endurecerá el Código Penal para los crímenes más graves. Por primera vez, habrá prisión permanente revisable.

En los últimos ocho meses el Ministerio de Justicia, que capitanea Alberto Ruiz Gallardón, ha estado dándole vueltas sobre a quién debe afectar la implantación de la prisión permanente revisable.
LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-El pasado mes de enero, el dirigente popular señaló durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados que esta medida se aplicaría en supuestos muy restringidos y que hubieran causado una gran alarma social. Estas palabras supusieron un alivio para un sector de la sociedad que, tras crímenes como el de la joven sevillana Marta del Castillo, había reclamado al Ejecutivo del PP que implantara la cadena perpetua en la legislación española.
Sin embargo, el pasado mes de abril Ruiz Gallardón especificó que la prisión permanente revisable sólo afectaría a los delitos de terrorismo. Una iniciativa cuya proyección actual sería limitada al haber dejado la banda terrorista ETA de cometer atentados en los últimos meses y, además, al impedir nuestro sistema jurídico que apliquen las leyes penales desfavorables con carácter retroactivo.
Este viernes, el ministro Gallardón ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que finalmente se aplicará en los casos de homicidios terroristas, pero también en los asesinatos más graves de menores y en casos de genocidio y crímenes contra la humanidad.
De esta forma, la reforma del Código Penal que aprobará el Gobierno en los próximos meses endurecerá las penas para algunos de los crímenes más sensibles e introducirá en la legislación española por primera vez la prisión permanente revisable.
El Ejecutivo intenta dar respuesta así a casos que han generado gran alarma social como el de Mari Luz, Marta del Castillo, Sandra Palo o José Bretón, en los que las víctimas han sido menores de edad, discapacitadas o su cuerpo no ha aparecido.

Prisión permanente

Dicha reforma introduce dos figuras novedosas para los delincuentes más peligrosos: la prisión permanente revisable, similar a la cadena perpetua que se aplica en otros países, y la custodia de seguridad.
La prisión permanente tendrá una duración indefinida, que podrá ser revisada tras un tiempo de privación de libertad establecido, en función de las circunstancias del reo, mientras que la custodia de seguridad será una medida privativa de libertad de una duración máxima de diez años para casos excepcionales, una vez cumplida la pena de prisión y después de que el tribunal valore si se mantiene la peligrosidad del penado.
Esta pena será aplicada en los delitos de magnicidio de jefes de Estado, delitos terroristas con resultado de muerte por cualquier banda terrorista, genocidios con muerte, agresión sexual con muerte y asesinato agravado. Dentro de este último tipo de delitos se incluyen aquellos que revistan especial gravedad o brutalidad, víctimas menores de 16 años o personas especialmente vulnerables. También conllevarán esta pena los asesinatos múltiples.
Otra de las novedades es la modificación en la libertad condicional, que se regulará como una suspensión de pena para que si el penado vuelve a delinquir pueda ser devuelto a la cárcel.

Custodia de seguridad

El próximo Código Penal introduce también por primera vez la custodia de seguridad en casos excepcionales para aplicarla cuando el preso ha cumplido la pena de prisión y cuando se valoren las "altísimas posibilidades" de reincidencia.

Esta medida sólo será aplicable a quienes hayan sido condenados por delitos de especial gravedad como son los delitos contra la vida, la integridad física, la libertad, la libertad o indemnidad sexual, los cometidos con violencia o intimidación, contra la comunidad internacional, terrorismo o tráfico de drogas, según ha informado el Ministerio de Justicia en un comunicado.

En su regulación se aborda el caso de quienes ya han sido penados con anterioridad por alguno de estos delitos graves y tras salir de prisión reincidan, y quienes cometan por primera vez una pluralidad de estos delitos.

Esta medida podrá mantenerse en el plazo de diez años. El ministro ha añadido que se amplia la imposición de la libertad vigilada para otros delitos y no sólo los de naturaleza sexual.
El titular de Justicia ha enfatizado que el informe elaborado por un grupo de expertos tiene "plenamente encaje constitucional" y ha aludido un informe del Consejo de Estado que entiende que la figura de la prisión permanente revisable no vulnera el principio de la reinserción y reeducación del reo.
Según Gallardón, el propósito de endurecer el castigo en delitos "especialmente reprochables" es el que ha impulsado la modificación de la normativa penal, que va en consonancia con los países del entorno europeo.