El comunista Diego Valderas posee dos viviendas en Huelva más otro inmueble
urbano sin especificar.
LAEDICION.NET.- Arguyendo una abstracción como el
"interés general", la
Junta de Andalucía ha
aprobado un decreto 
para "asegurar el cumplimiento de la función
social de la vivienda" a través de la expropiación temporal de inmuebles
afectados por procedimientos de desahucio. Además de lo anterior, el decreto de
la Junta establece sanciones de hasta nueve mil euros para las personas
jurídicas que tengan pisos vacíos y no los pongan en alquiler.
La limitación de estas sanciones exclusivamente para el caso de las empresas
libera del compromiso de poner en alquiler viviendas vacías a
las personas físicas, al menos por el momento. Esta feliz circunstancia
permitirá a los políticos socialistas y comunistas andaluces seguir manteniendo
a salvo de esta norma sus segundas, terceras, cuartas ¡y hasta quintas
residencias!, que de esta forma permanecerán vacías o no dependiendo
exclusivamente de la voluntad de sus muy progresistas propietarios.
Es el caso del vicepresidente de la Junta de Andalucía y de otros cinco
consejeros que, según sus propias declaraciones patrimoniales en el parlamento
andaluz, tienen más de una casa en propiedad a despecho de esa
"función
social de la vivienda" que quieren preservar con las propiedades
de los demás. Según los datos aportados por los propios interesados,
Diego
Valderas 
(vicepresidente y responsable de Administración Local y Relaciones
Institucionales) posee 2 viviendas en Huelva más otro inmueble urbano sin describir.
Susana
Díaz Pacheco (Presidencia e Igualdad) declara tener 2 viviendas en Sevilla.
Carmen
Martínez Aguayo (Hacienda) posee 2 viviendas, una de ellas en Madrid.
Rafael
Rodríguez (Turismo) hace todavía más oídos sordos a la socialización del
derecho a la vivienda con sus tres casas en Málaga, aunque de una de ellas
sólo posee el 16% de la propiedad. Por su parte,
María
Jesús Montero Cuadrado (Salud y Bienestar Social) vulnera más aún que el
anterior el "interés general" con la posesión de otras 3 viviendas y
un local comercial, todos ellos en Sevilla. Sin embargo, la ofensa más
flagrante a la "función social de la vivienda" la comete el consejero
de Agricultura, Pesca y Medio ambiente,
Luis
Planas , poseedor de dos chalets adosados (en Madrid y Málaga), una casa en
Córdoba y otros dos apartamentos, en Bruselas y Chefchauen (Marruecos), con lo
que podríamos estar ante un claro supuesto de agresión al "derecho a la
vida y a la integridad física y psíquica de las personas y sus familias",
tal y como recoge el decreto de la Junta en su crítica a los poseedores de
viviendas vacías.
La rapidez con que la Junta de Andalucía se ha lanzado a vulnerar el derecho
de propiedad de empresas privadas contrasta con la manera en que sus dirigentes
han decidido preservar la suya propia, dejando sus propiedades a salvo de esa
multa de nueve mil euros con que amenazan a los empresarios privados que
incumplan su mandato. Si el mantener una vivienda vacía es un comportamiento
"anti-social" no amparado por la Constitución, como reza la norma
dictada por los socialistas y comunistas andaluces, es difícil justificar que
seis de los miembros del Consejo de Gobierno que han firmado
ese
decreto estén actuando "antisocialmente" con la posesión de
varias viviendas para su exclusivo disfrute, a despecho del "interés
general" de los ciudadanos andaluces cuyos derechos afirman querer
garantizar.
Sí a los desahucios
Imagínese por un momento que usted es propietario de una vivienda. Tras
largos años de duro trabajo, en los que se privó de lujos y excesos con el
objetivo de ahorrar lo suficiente para afrontar religiosamente el pago de su
hipoteca, decide ponerla en alquiler para obtener una renta mensual con la que
completar su salario. Finalmente alquila su piso... con tal mala suerte que su
inquilino pierde su empleo y deja de pagar. La cuestión es que usted no podrá
expulsarlo y, por tanto, recuperar su propiedad de forma legítima, porque se
trata de un
"deudor de buena fe" con
dificultades
económicas "sobrevenidas", según los argumentos que emplean
los
defensores de la paralización de los desahucios y la
aplicación de la dación en pago retroactiva.
Ahora imagínese que en lugar de haberse hipotecado para comprar un piso
decidió ahorrar durante muchos años hasta hacerse con un depósito de 250.000
euros en una entidad financiera de dudosa solvencia. El Gobierno aprueba la
paralización de todos los desahucios y la dación en pago retroactiva, causando
un enorme agujero extra en los balances de bancos y cajas, en contra de los
dictados de la UE. Puesto que su entidad no es muy sólida, las pérdidas
hipotecarias que le causa dicha medida acaban provocando su insolvencia y
posterior
quiebra al estilo chipriota (aplicando quitas en los
depósitos no garantizados), tras el rechazo de Bruselas a salvar nuevamente a
las entidades españolas. Usted, ahorrador, acaba perdiendo 100.000 euros para
que algunos hipotecados puedan seguir viviendo en sus pisos sin necesidad de
pagar, o bien le entreguen la llave al banco para saldar toda su deuda.
Por último,
imagínese que es un simple contribuyente, ni
propietario ni ahorrador, y que el Gobierno opta por inyectar más dinero
público en las entidades financieras –con un nuevo préstamo de la UE o con más
deuda pública– para evitar que los depositantes pierdan su dinero –y el PP más
votos–. Usted, contribuyente, y sus hijos pagarán la factura con más impuestos
presentes y futuros (deuda). Ésta y no otra es la verdad de la dación en pago y
la paralización de desalojos que defiende la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca (PAH), con el apoyo de
buena parte del arco parlamentario .
La famosa Iniciativa Legislativa Popular que está tramitando el Congreso
perjudica de forma directa a la
inmensa mayoría de los españoles , ya que tendría
efectos desastrosos , en términos hipotecarios,
financieros y económicos, sobre el conjunto del país. Lo trágico es que su
contenido –la última muestra del triste
qué
hay de lo mío – ha cosechado el apoyo de la inmensa mayoría de la población
y de la clase política, pese a que se sustenta en una
retahíla de falacias y mentiras , como que los desahucios
son un "drama social" o que
la Ley Hipotecaria es "abusiva" e ilegal" .
Por otro lado, los
embargos hipotecarios no sólo no son
condenables, sino que, muy al contrario, resultan imprescindibles para
garantizar la
propiedad privada y el estricto cumplimiento de
la
seguridad jurídica. No en vano el desalojo de una vivienda
supone, simple y llanamente, la restitución de la propiedad a su legítimo dueño
por incumplimiento de contrato. Y es que un hipotecado no es propietario pleno
de su vivienda hasta que salda el crédito, ya que éste se concede sobre una
garantía real, de modo que el impago supone en todo caso su ejecución (embargo).
Por ello, precisamente,
la dación en pago es una excepción , no la norma, en la
mayoría de los países europeos, mientras que en Alemania, por ejemplo, donde la
crisis se ve desde la barrera, se producen
hasta 200 desahucios diarios .
La profunda irresponsabilidad y escasez de miras que ha mostrado el Gobierno
del PP alineándose con la PAH, en mayor o menor grado, mediante la
paralización temporal de desahucios , la creación de un
fondo de alquiler social y la
reforma de la Ley Hipotecaria está dando alas a los
comunistas para ir mucho más allá: ahí están decretando incluso la
"expropiación temporal" de inmuebles inmersos en
un procedimiento de desahucio.
El populismo hipotecario ya está
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