LAEDICION.NET.-La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha defendido
hoy la decisión del Consejo de Ministros de interponer recurso de
inconstitucionalidad contra el decreto antidesahucios de la Junta de Andalucía
y ha recordado que “ya hay medidas aprobadas por el Congreso de los Diputados
destinadas a evitar que las familias en riesgo de exclusión queden sin
vivienda”.
Crespo ha reiterado que las medidas contra los desahucios en vigor para todo el Estado incluyen “límites a las claúsulas abusivas y a los intereses de demora abusivos, un código de buenas prácticas que permite quitas y renegociación de las deudas, la creación de un banco de viviendas y, para el caso de familias en riesgo de exclusión, la paralización de los procesos de desahucios por dos años”.
En este sentido, la delegada se ha mostrado convencida de que “se pueden evitar los desahucios sin vulnerar el derecho a la propiedad ni establecer sanciones discriminatorias y arbitrarias que crean inseguridad jurídica y ofrecen una pésima imagen de Andalucía en el exterior”.
Advertencias de la UE
La delegada ha recordado, a este respecto, que la Unión Europea trasladó esta semana al Gobierno de España su precupación por el decreto sobre función social de la vivienda de la Junta, que contempla expropiaciones de viviendas y sanciones a las personas jurídicas que tengan viviendas vacías. “La norma de la Junta no sólo se crea inseguridad jurídica y desigualdad entre los españoles sino que, como ha advertido la Unión Europea, puede hacer aumentar las dudas sobre el mercado inmobiliario español, reduciendo el interés de los inversores extranjeros e incluso provocando subidas en la prima de riesgo.”
Crespo ha insistido en que la regulación del derecho a la propiedad de la vivienda “es una norma reservada a las Cortes Generales” y que el objetivo del Gobierno, que ha decidido recurrir el decreto de la Junta ante el TC en base a un informe del Consejo de Estado, es “garantizar la igualdad de todos los españoles”.
“Somos conscientes de que muchas familias lo están pasando mal, sobre todo en Andalucía, que está a la cabeza en los rankings de pobreza y desempleo, pero la solución no es legislar de forma oportunista y arbitraria, como hace el Gobierno bipartito de la Junta, sino colaborar y trabajar unidos para sacar al país cuanto antes de la crisis”.
Crespo ha reiterado que las medidas contra los desahucios en vigor para todo el Estado incluyen “límites a las claúsulas abusivas y a los intereses de demora abusivos, un código de buenas prácticas que permite quitas y renegociación de las deudas, la creación de un banco de viviendas y, para el caso de familias en riesgo de exclusión, la paralización de los procesos de desahucios por dos años”.
En este sentido, la delegada se ha mostrado convencida de que “se pueden evitar los desahucios sin vulnerar el derecho a la propiedad ni establecer sanciones discriminatorias y arbitrarias que crean inseguridad jurídica y ofrecen una pésima imagen de Andalucía en el exterior”.
Advertencias de la UE
La delegada ha recordado, a este respecto, que la Unión Europea trasladó esta semana al Gobierno de España su precupación por el decreto sobre función social de la vivienda de la Junta, que contempla expropiaciones de viviendas y sanciones a las personas jurídicas que tengan viviendas vacías. “La norma de la Junta no sólo se crea inseguridad jurídica y desigualdad entre los españoles sino que, como ha advertido la Unión Europea, puede hacer aumentar las dudas sobre el mercado inmobiliario español, reduciendo el interés de los inversores extranjeros e incluso provocando subidas en la prima de riesgo.”
Crespo ha insistido en que la regulación del derecho a la propiedad de la vivienda “es una norma reservada a las Cortes Generales” y que el objetivo del Gobierno, que ha decidido recurrir el decreto de la Junta ante el TC en base a un informe del Consejo de Estado, es “garantizar la igualdad de todos los españoles”.
“Somos conscientes de que muchas familias lo están pasando mal, sobre todo en Andalucía, que está a la cabeza en los rankings de pobreza y desempleo, pero la solución no es legislar de forma oportunista y arbitraria, como hace el Gobierno bipartito de la Junta, sino colaborar y trabajar unidos para sacar al país cuanto antes de la crisis”.
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