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sábado, 11 de mayo de 2013

Rosalía Espinosa acusa al Defensor del Pueblo de estar “en el ajo de los 30 años de gobierno socialista”





La parlamentaria del PP por Almería critica que Chamizo eluda los ERE fraudulentos en su Memoria anual y no hable en el Parlamento de las quejas registradas sobre las deudas de la Junta a entidades de discapacitados

LAEDICION.NET.-La parlamentaria del PP por Almería Rosalía Espinosa, ha acusado al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, de estar con el PSOE e IU “en el ajo de los 30 años de gobierno socialista”, después de que éste presentara su Memoria de 2012 en el pleno de este miércoles, con el detalle de que está "en funciones" y podría ser relevado del puesto que lleva ocupando más de tres lustros. Y es que el portavoz de IU lo utilizó exclusivamente para hablar de la gestión del gobierno central en manos del PP, y la del PSOE prácticamente se limitó a alabar la institución, hacer balance de las actividades paralelas realizadas, y apoyar las críticas de su compañero.

Espinosa comenzó recordando que el gobierno de Mariano Rajoy había recortado 15 millones de euros donde el bipartito andaluz recorta 900, que si eso era en Sanidad, en Educación Rajoy recortaba 50 millones y el de José Antonio Griñán 561, y en Servicios Sociales el de Madrid quita 12 millones y el de Sevilla 120 millones de euros.

La parlamentaria calificó de “intolerable” e “incalificable” las intervenciones que acaba de escuchar, en especial la de IU, que contrastaba con lo que hacía cuando no era gobierno. Pero su crítica fue a más al incluir ahí al propio Chamizo en ese “ajo” que habían “amañado” el PSOE e IU a la hora de valorar el contenido de la Memoria.

Espinosa lamentó que el Defensor no incluyera un capítulo sobre los ERE fraudulentos, o que no hiciera referencia en su exposición a una de las quejas en las que una entidad de discapacitados alertaba de que una deuda de 70 millones de euros de la Junta de Andalucía ponía en peligro 5.000 empleos.

La parlamentaria también se refirió a que igual que había investigado el tema de las participaciones preferentes “que fueron autorizadas por el Banco de España”, debía ocuparse de esa “investigación interna” de la que habla sobre las irregularidades en el pago de las ayudas al alquiler que vienen en el Informe anual.

Espinosa hizo memoria para recordarle a Chamizo que fue nombrado Defensor hace 17 años, cuando había 460.000 euros parados, habiendo hoy prácticamente el triple. Y como lo que sí hizo el Defensor fue decir que le llegaba gente pidiendo trabajo, la parlamentaria le aconsejó que los dirigiera a la Consejería de Empleo.

Por último, la almeriense indicó que la situación de la Justicia, Educación, Sanidad... es “endémica” que se recoge al menos desde “2006” y que el gobierno central del PP son una excusa en sus argumentos.

El Defensor denuncia la "actitud entorpecedora" de Níjar, Mojácar y Enix




LAEDICION.NET.-El informe anual recoge 219 quejas relativas a la provincia, de las que 99 corresponden a la capital El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, presentó ayer en el Parlamento de Andalucía su informe anual de 2012 basado en los ejes del empleo, la exclusión social y la vivienda y con un total de 7.239 quejas y reclamaciones en el conjunto de municipios de la comunidad autónoma, de las que 219 corresponden a pueblos de la provincia de Almería. Si bien en su estadística consta una notable proporción relativas a la capital, seguida por Roquetas (22) y El Ejido (20), en su lista negra figuran tres localidades por su "actitud entorpecedora". Los alcaldes de Mojácar y Enix y el concejal de Obras Públicas de Níjar aparecen entre una docena de cargos de ayuntamientos de Andalucía por su comportamiento no colaborador con el trabajo del Defensor del Pueblo.

De las 219 reclamaciones que se presentaron en la provincia, 28 están relacionadas con el personal del sector público, 22 con educación, 17 con los servicios sociales y dependencias, 18 con salud, 13 con la vivienda y 16 con la justicia, entre otros ámbitos de actuación. En cuanto al reparto por instituciones, la Diputación contabiliza 6 quejas y 5 se han presentado en la Universidad de Almería. El Ayuntamiento de la capital suma 20 reclamaciones, 7 el de El Ejido y 5 son de Roquetas de Mar. Los ayuntamientos son los protagonistas de 204 de las 219. El PP criticó la orientación del informe de José Chamizo.

martes, 7 de mayo de 2013

El alcalde dice que la deuda con Balanegra está "normalizada"




Ha remitido un escrito al Defensor del Pueblo explicándole que están al corriente de pago La Entidad Local Autónoma exige impagos desde 2006
LAEDICION.NET.-La guerra fría que mantienen desde hace años el Ayuntamiento de Berja y el de Balanegra, padre e hijo respectivamente, ha propiciado un nuevo capítulo en una historia que tiene pocos visos de solución a pesar de que los regidores de ambos municipios comparten siglas políticas (PP). Si hace unas semanas el Defensor del Pueblo Andaluz requería al Ayuntamiento de Berja que "garantizase una adecuada financiación" a la Entidad Local Autonónoma (ELA) de Balanegra tras denunciar su alcaldesa, Mercedes Tapia, que no estaban cumpliendo en el pago de las cantidades adeudadas, el regidor de Berja , Antonio Torres, ha informado a este periódico que "es incierto que no se les destine su correspondiente dinero" y ha lamentado que "todos los años pasa lo mismo y la justicia termina dándonos la razón".

Torres explica que se ha remitido una respuesta del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, explicándole que la situación está "normalizada" y afirma que "al igual que Balanegra nos pide a nosotros, nosotros le pedimos más dinero a la Junta de Andalucía, el Gobierno Central o la Diputación Provincial. Siempre hay que pedir más, pero nunca hay que excederse".

El regidor de Berja le recuerda a Mercedes Tapia que "todas las administraciones locales lo estamos pasando mal", y aunque aplaude su decisión de "pedir siempre más, porque esa es nuestra obligación", le exige más "responsabilidad política".

Hay que recordar, tal y como informase este periódico en su edición del 19 de marzo, que según consta en la resolución del Defensor del Pueblo, la regidora de Balanegra emitió una queja a finales de 2012 en la que solicitaba la apertura de expediente al Ayuntamiento de Berja, ante los "incumplimientos" de la sentencia del TSJA, por la que la primera edil impugnaba el presupuesto asignado para la ELA en 2006 y que ascendía a 339.403 euros. En dicho recurso, Tapia solicitaba que se declarase la insuficiencia de la cantidad asignada así como que se estableciera una cantidad.

En este sentido, el Alto Tribunal andaluz condenó al Consistorio virgitano al pago de 1.271.329,55 euros con cargo al presupuesto de 2006, fijando posteriormente en un auto interpretativo la cantidad de 670.170,19 euros, ya que se descontó el importe de los servicios ya costeados por el Ayuntamiento de Berja en aquel año. No obstante, según expone la alcaldesa de Balanegra en su queja, desde el Ayuntamiento matriz "no se ha llevado a debido efecto la mencionada sentencia".

En este sentido, el Defensor recuerda la obligación del Consistorio de ejecutar y cumplir con la resolución judicial, con lo que entiende que la Corporación debe incluir en el presupuesto de 2013 una partida destinada a pagar las cantidades necesarias para completar la asignación correspondiente a la ELA de Balanegra del ejercicio presupuestario de 2006.

El Defensor pide un plan urgente para salvar la ley de dependencia




La institución lanza un SOS a la Junta para que priorice la ayuda a domicilio y los centros de día, incorpore a nuevos beneficiarios y pague las deudas acumuladas con familias y entidades Coincidencia o no, a la misma hora en la que el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, presumía ayer del liderazgo de la Junta en la aplicación de la ley de dependencia, el Defensor del Pueblo andaluz en funciones, José Chamizo, comunicaba en su página web una serie de actuaciones para reclamar acciones del Ejecutivo andaluz que eviten la "defunción" del sistema provocada por las decisiones del Gobierno central de Mariano Rajoy.

La ofensiva del Defensor incluyó una denuncia, un pronunciamiento y una propuesta de actuación, acompañada de una intervención del propio Chamizo en un videoblog. Todo para dar respuesta a las numerosas quejas y denuncias recibidas en la oficina que han llevado al Defensor a iniciar una actuación de oficio ante la Consejería de Salud y Bienestar Social.

En opinión de Chamizo, el "deterioro" de la ley provocado por las decisiones del Gobierno central no ha encontrado la defensa esperada de la Junta "más allá de las enérgicas protestas", pero "sin una respuesta proactiva dirigida a salvaguardar los logros del sistema en Andalucía". De hecho, subraya que en la comunidad hay una "parálisis" desde junio de 2012, hace diez meses, y pone en evidencia algunas de las actuaciones (desconocidas muchas de ellas) que ha llevado a cabo la Administración andaluza en los últimos tiempos.

Por ejemplo, el Defensor expone que "desde hace seis meses ninguna persona solicitante, reconocida o no como dependiente en algún grado, ha accedido al sistema, salvo en situaciones excepcionales de urgencia, aumentando así las personas fallecidas sin haber adquirido el derecho". Como consecuencia de ello, han aparecido situaciones "insólitas", como "la existencia de plazas vacantes en residencias y centros de día, una menor demanda de la ayuda a domicilio y un grave y en ocasiones irreversible problema laboral y económico de los trabajadores del sector".

Y otra novedad igual de grave: el Defensor denuncia que la Junta está haciendo "en gran número" revisiones de oficio con las que están aminorando el grado de dependencia reconocido.

Las quejas que llegan a la Oficina "van más allá del sentimiento de indignación, impotencia y enfado para centrarse en la idea de injusticia y en una petición de sinceridad y claridad a quienes ostentan la responsabilidad", expone Chamizo en su informe.

Otra de las denuncias se refiere al incumplimiento de las obligaciones de pago respecto de las deudas reconocidas. El Defensor anota que tampoco se ha cumplido la anualidad prevista para marzo de 2013. La Consejería remitió respuesta el 2 de abril en el que repite el argumento de los recortes de financiación del Gobierno y alude a problemas de Tesorería.

El Defensor se desespera y resume: "la situación es la siguiente: no se contraen nuevas obligaciones, al no entrar nuevos dependientes en el sistema; menguan los costes financieros derivados de las prestaciones y servicios del sistema, al estarse produciendo una revisión de oficio del grado de dependencia y se está produciendo un incumplimiento de las obligaciones de pago respecto de las deudas ya reconocidas a favor de dependientes". También reprocha el enfoque de dar pagas económicas, una opción a la que se abona la Junta. Chamizo critica que es un "subsidio" familiar que lastra la libertad de los cuidadores, mujeres en su amplia mayoría, y la creación de empleo.

Por todo ello, el Defensor propone a la Junta, en primer lugar, que propicie el desarrollo y mantenga los servicios de ayuda a domicilio y de los centros de día ante el "más estéril y retrógrado" de las pagas. También que reconozca la teleasistencia como servicio de proximidad.

En segundo lugar, la institución pide a la Junta que regule por ley un nivel mínimo para mantener la tasa de reposición, es decir, que cuando fallezca un dependiente, entre otro. Reclama una iniciativa autonómica para que se traslade esta petición al Gobierno.

Y por último exige a la Junta un plan especial de financiación para afrontar el pago de las deudas, incluidas el abono de los atrasos a las asociaciones. Un plan de urgencia, en definitiva, para no dejar morir la ley de dependencia.

domingo, 5 de mayo de 2013

Chamizo y CCOO piden "dinamizar" la Ley de Dependencia y no "resignarse a un titular de prensa"




LAEDICION.NET.-El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, José Chamizo, y el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, han recalcado la necesidad de introducir "elementos dinamizadores" respecto a la aplicación de la Ley de Dependencia ante los últimos recortes anunciados por la administración central, apuntando asimismo a la Junta andaluza al señalar que "no se puede zanjar el asunto culpando al Gobierno español y resignarse a dar un titular de prensa".
     Así lo ha indicado Carbonero en declaraciones a los periodistas con motivo de una reunión mantenida con el Defensor del Pueblo Andaluz, en la que ha alertado de la situación "absolutamente precaria" de mucha gente "que no puede vivir sin esa atención a la dependencia".
     "No sólo se les quita el derecho de vivir con dignidad, sino que se destruye muchísimo empleo de mujeres que están en una edad en la que, además de perder su empleo, cuentan con una imposibilidad de tener pensión en el futuro", ha remarcado el secretario general de CCOO-A, que ha abogado por una acción "contundente" para "explicar y decir que la dependencia es un elemento fundamental para muchas personas, y no es compatible demandar eso cuando también el gobierno andaluz puede recortar, y recorta".
     Por su parte, Chamizo ha incidido en las propuestas planteadas desde la oficina que dirige, y que pasan por aplicar la tasa de reposición en el sentido de que "si alguien se muere, que otro entre al sistema"; mantener la ayuda a domicilio, "que crea tantísimos puestos de trabajo, sobre todo en el medio rural"; y que tanto Estado como Junta se pongan de acuerdo para pagar los atrasos, pues, de no ser así, "el Defensor sólo podrá firmar el acta de defunción".
   "Hay que ponerse las pilas, es una ley que está en vigor y que hay que cumplir como sea", ha añadido el Defensor, que ha incidido en la existencia de muchas personas "que dejaron su trabajo porque tenían la seguridad social y una pequeña ayuda para atender a sus padres, y ahora se ven sin seguridad social, lo que es una tremenda crueldad, porque el puesto de trabajo que dejaron no lo van a encontrar en estos momentos".

jueves, 2 de mayo de 2013

El Defensor pide un plan urgente para salvar la ley de dependencia





LAEDICION.NET.-La institución lanza un SOS a la Junta para que priorice la ayuda a domicilio y los centros de día, incorpore a nuevos beneficiarios y pague las deudas acumuladas con familias y entidades Coincidencia o no, a la misma hora en la que el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, presumía ayer del liderazgo de la Junta en la aplicación de la ley de dependencia, el Defensor del Pueblo andaluz en funciones, José Chamizo, comunicaba en su página web una serie de actuaciones para reclamar acciones del Ejecutivo andaluz que eviten la "defunción" del sistema provocada por las decisiones del Gobierno central de Mariano Rajoy.

La ofensiva del Defensor incluyó una denuncia, un pronunciamiento y una propuesta de actuación, acompañada de una intervención del propio Chamizo en un videoblog. Todo para dar respuesta a las numerosas quejas y denuncias recibidas en la oficina que han llevado al Defensor a iniciar una actuación de oficio ante la Consejería de Salud y Bienestar Social.

En opinión de Chamizo, el "deterioro" de la ley provocado por las decisiones del Gobierno central no ha encontrado la defensa esperada de la Junta "más allá de las enérgicas protestas", pero "sin una respuesta proactiva dirigida a salvaguardar los logros del sistema en Andalucía". De hecho, subraya que en la comunidad hay una "parálisis" desde junio de 2012, hace diez meses, y pone en evidencia algunas de las actuaciones (desconocidas muchas de ellas) que ha llevado a cabo la Administración andaluza en los últimos tiempos.

Por ejemplo, el Defensor expone que "desde hace seis meses ninguna persona solicitante, reconocida o no como dependiente en algún grado, ha accedido al sistema, salvo en situaciones excepcionales de urgencia, aumentando así las personas fallecidas sin haber adquirido el derecho". Como consecuencia de ello, han aparecido situaciones "insólitas", como "la existencia de plazas vacantes en residencias y centros de día, una menor demanda de la ayuda a domicilio y un grave y en ocasiones irreversible problema laboral y económico de los trabajadores del sector".

Y otra novedad igual de grave: el Defensor denuncia que la Junta está haciendo "en gran número" revisiones de oficio con las que están aminorando el grado de dependencia reconocido.

Las quejas que llegan a la Oficina "van más allá del sentimiento de indignación, impotencia y enfado para centrarse en la idea de injusticia y en una petición de sinceridad y claridad a quienes ostentan la responsabilidad", expone Chamizo en su informe.

Otra de las denuncias se refiere al incumplimiento de las obligaciones de pago respecto de las deudas reconocidas. El Defensor anota que tampoco se ha cumplido la anualidad prevista para marzo de 2013. La Consejería remitió respuesta el 2 de abril en el que repite el argumento de los recortes de financiación del Gobierno y alude a problemas de Tesorería.

El Defensor se desespera y resume: "la situación es la siguiente: no se contraen nuevas obligaciones, al no entrar nuevos dependientes en el sistema; menguan los costes financieros derivados de las prestaciones y servicios del sistema, al estarse produciendo una revisión de oficio del grado de dependencia y se está produciendo un incumplimiento de las obligaciones de pago respecto de las deudas ya reconocidas a favor de dependientes". También reprocha el enfoque de dar pagas económicas, una opción a la que se abona la Junta. Chamizo critica que es un "subsidio" familiar que lastra la libertad de los cuidadores, mujeres en su amplia mayoría, y la creación de empleo.

Por todo ello, el Defensor propone a la Junta, en primer lugar, que propicie el desarrollo y mantenga los servicios de ayuda a domicilio y de los centros de día ante el "más estéril y retrógrado" de las pagas. También que reconozca la teleasistencia como servicio de proximidad.

En segundo lugar, la institución pide a la Junta que regule por ley un nivel mínimo para mantener la tasa de reposición, es decir, que cuando fallezca un dependiente, entre otro. Reclama una iniciativa autonómica para que se traslade esta petición al Gobierno.

Y por último exige a la Junta un plan especial de financiación para afrontar el pago de las deudas, incluidas el abono de los atrasos a las asociaciones. Un plan de urgencia, en definitiva, para no dejar morir la ley de dependencia.

martes, 30 de abril de 2013

El Defensor pide un plan urgente para salvar la ley de dependencia





LAEDICION.NET.-La institución lanza un SOS a la Junta para que priorice la ayuda a domicilio y los centros de día, incorpore a nuevos beneficiarios y pague las deudas acumuladas con familias y entidades Coincidencia o no, a la misma hora en la que el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, presumía ayer del liderazgo de la Junta en la aplicación de la ley de dependencia, el Defensor del Pueblo andaluz en funciones, José Chamizo, comunicaba en su página web una serie de actuaciones para reclamar acciones del Ejecutivo andaluz que eviten la "defunción" del sistema provocada por las decisiones del Gobierno central de Mariano Rajoy.

La ofensiva del Defensor incluyó una denuncia, un pronunciamiento y una propuesta de actuación, acompañada de una intervención del propio Chamizo en un videoblog. Todo para dar respuesta a las numerosas quejas y denuncias recibidas en la oficina que han llevado al Defensor a iniciar una actuación de oficio ante la Consejería de Salud y Bienestar Social.

En opinión de Chamizo, el "deterioro" de la ley provocado por las decisiones del Gobierno central no ha encontrado la defensa esperada de la Junta "más allá de las enérgicas protestas", pero "sin una respuesta proactiva dirigida a salvaguardar los logros del sistema en Andalucía". De hecho, subraya que en la comunidad hay una "parálisis" desde junio de 2012, hace diez meses, y pone en evidencia algunas de las actuaciones (desconocidas muchas de ellas) que ha llevado a cabo la Administración andaluza en los últimos tiempos.

Por ejemplo, el Defensor expone que "desde hace seis meses ninguna persona solicitante, reconocida o no como dependiente en algún grado, ha accedido al sistema, salvo en situaciones excepcionales de urgencia, aumentando así las personas fallecidas sin haber adquirido el derecho". Como consecuencia de ello, han aparecido situaciones "insólitas", como "la existencia de plazas vacantes en residencias y centros de día, una menor demanda de la ayuda a domicilio y un grave y en ocasiones irreversible problema laboral y económico de los trabajadores del sector".

Y otra novedad igual de grave: el Defensor denuncia que la Junta está haciendo "en gran número" revisiones de oficio con las que están aminorando el grado de dependencia reconocido.

Las quejas que llegan a la Oficina "van más allá del sentimiento de indignación, impotencia y enfado para centrarse en la idea de injusticia y en una petición de sinceridad y claridad a quienes ostentan la responsabilidad", expone Chamizo en su informe.

Otra de las denuncias se refiere al incumplimiento de las obligaciones de pago respecto de las deudas reconocidas. El Defensor anota que tampoco se ha cumplido la anualidad prevista para marzo de 2013. La Consejería remitió respuesta el 2 de abril en el que repite el argumento de los recortes de financiación del Gobierno y alude a problemas de Tesorería.

El Defensor se desespera y resume: "la situación es la siguiente: no se contraen nuevas obligaciones, al no entrar nuevos dependientes en el sistema; menguan los costes financieros derivados de las prestaciones y servicios del sistema, al estarse produciendo una revisión de oficio del grado de dependencia y se está produciendo un incumplimiento de las obligaciones de pago respecto de las deudas ya reconocidas a favor de dependientes". También reprocha el enfoque de dar pagas económicas, una opción a la que se abona la Junta. Chamizo critica que es un "subsidio" familiar que lastra la libertad de los cuidadores, mujeres en su amplia mayoría, y la creación de empleo.

Por todo ello, el Defensor propone a la Junta, en primer lugar, que propicie el desarrollo y mantenga los servicios de ayuda a domicilio y de los centros de día ante el "más estéril y retrógrado" de las pagas. También que reconozca la teleasistencia como servicio de proximidad.

En segundo lugar, la institución pide a la Junta que regule por ley un nivel mínimo para mantener la tasa de reposición, es decir, que cuando fallezca un dependiente, entre otro. Reclama una iniciativa autonómica para que se traslade esta petición al Gobierno.

Y por último exige a la Junta un plan especial de financiación para afrontar el pago de las deudas, incluidas el abono de los atrasos a las asociaciones. Un plan de urgencia, en definitiva, para no dejar morir la ley de dependencia.



lunes, 1 de abril de 2013

PP-A pide a la Junta que ponga fin a los "impagos y recortes" en materia de atención a la dependencia


El Partido Popular defenderá el próximo jueves en el Pleno del Parlamento andaluz una moción sobre política general en materia de discapacidad en la que pide que la Cámara autonómica exprese su "rechazo a los impagos y recortes llevados a cabo por la Junta que están afectando al colectivo de personas con discapacidad, que suponen una vulneración de sus derechos y agravan seriamente sus problemas".
  LAEDICION.NET.-   En la iniciativa, consecuencia de la interpelación debatida en el último Pleno y a la que ha tenido acceso Europa Press, el PP-A solicita que el Parlamento "rechace rechaza especialmente los recortes en materia de atención a la dependencia, envejecimiento activo y discapacidad, que alcanzan una reducción del programa en los presupuestos para 2013 de más de 78,2 millones de euros".
   Los populares también quieren que la Cámara se oponga a la "paralización de la Ley de Dependencia llevada a cabo por la Junta, denunciada incluso por el Defensor del Pueblo Andaluz y que está provocando que las personas dependientes no reciban sus correspondientes prestaciones y que no se cubran las plazas en los centros de día y residencias de Andalucía destinadas a ellas".
   Por todo ello, el PP-A urge a la Junta a "abonar puntualmente las transferencias comprometidas y pendientes de pago en materia de discapacidad dirigidas a las distintas asociaciones y entidades, de manera que se asegure su viabilidad, su correcto funcionamiento y la continuidad de los servicios que prestan".
   Otras demandas del Grupo Popular al Ejecutivo andaluz se refieren al "pago en tiempo y forma de las transferencias a entidades locales en materia de dependencia" y la "reanudación inmediata de la tramitación de los expedientes en curso, procediendo a la valoración y resolución del grado de dependencia de los nuevos solicitantes y a la aprobación de los programas individuales de atención todavía pendientes, de forma que las personas dependientes pueden acceder a las prestaciones que les corresponden".

lunes, 28 de enero de 2013

El Defensor solicita la paralización de desahucios de vivienda por deudas de la Seguridad Social


El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, ha solicitado mediante una actuación de oficio la paralización de desahucios de viviendas habituales por deudas de la Seguridad Social.
 LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-  Según indica el Defensor en su escrito, consultado por Europa Press, desde el año pasado se han atendido varias quejas de personas que han sido expulsadas de sus hogares por deudas con la Seguridad Social que han sido ejecutadas por la propia Administración. De hecho, agrega que esta institución "viene recibiendo numerosas quejas de personas que denuncian encontrarse en una situación de riesgo que podría llevarles a perder su vivienda como consecuencia de deudas pendientes con la Seguridad Social".
   Por ello, el Defensor ha iniciado una queja de oficio para proponer soluciones a estas intervenciones recaudatorias "que resultan especialmente lesivas".
   Dado que han sido varias las quejas recibidas por este motivo durante el paso año 2012 y que resulta lógico prever que las mismas seguirán llegando mientras se mantenga la actual situación, esta institución ha considerado oportuno la realización de una actuación de oficio con el fin de trasladar a las autoridades pertinentes la necesidad de que las normas que rigen la gestión recaudatoria de los recursos de la Seguridad Social y, en particular, las que regulan el embargo de bienes, "se interpreten de forma que hagan posible salvaguardar la vivienda familiar, única y habitual de aquellos deudores que lo sean de buena fe".
   El Defensor aboga por que la posibilidad de que la Tesorería General de la Seguridad Social "pueda dictar alguna norma o instrucción interna que permita paralizar los procedimientos de apremio sobre bienes inmuebles que constituyan la vivienda familiar, única y habitual, de deudores de buena fe que se encuentren en circunstancias parecidas a las que recoge el Real Decreto Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios".
   Chamizo ha aludido al Real Decreto Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, donde se describen determinados supuestos de personas en situación "de especial vulnerabilidad" que se verían beneficiados de una paralización del proceso judicial o extrajudicial dirigido al desahucio y lanzamiento de su vivienda.
   En opinión de esta institución "no resulta aceptable, ni razonable que por las autoridades públicas se apruebe una norma destinada a impedir a las entidades financiera que lleven a efecto el lanzamiento de sus viviendas de las personas que no pueden cumplir sus obligaciones hipotecarías, y, por otro lado, esas mismas autoridades públicas permitan que la Administración proceda a embargar y subastar las viviendas de quienes no pueden afrontar el pago de sus deudas a la Seguridad Social".
   El Defensor cree que resulta necesario "adoptar un acuerdo que permita la paralización de las subastas de las viviendas familiares por deudas a la Seguridad social, hasta tanto se apruebe una norma que posibilite una aplicación mas ponderada y acorde a la realidad de los procedimientos de recaudación ejecutiva que implican el embargo de bienes de los deudores".
   "El derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada es reconocido en la Constitución como uno de los principios rectores de la política social y económica, cuyo reconocimiento, respeto y protección debe informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos", ha recordado.
RELATO DE LOS AFECTADOS
   Chamizo relata en su documento que en las quejas recibidas, las personas afectadas relatan las dificultades padecidas en el desarrollo de sus respectivos negocios como consecuencia de la grave crisis económica, "explicando como disminuían constantemente los ingresos mientras no dejaban de incrementarse los gastos a los que debían hacer frente, produciéndose así un continuo deterioro de su solvencia, hasta llegar a una situación límite que les habría llevado a tomar la decisión de dejar de atender sus obligaciones con la Seguridad Social y priorizar otros gastos ineludibles relacionados con la subsistencia y el bienestar de la unidad familiar".
   "Las deudas derivadas del impago de cuotas del Régimen Especial de Autónomos no serían excesivas en los casos que hemos tenido conocimiento --entre 4.000 y 11.000 euros--, pero ello no ha impedido que la gestión recaudatoria de la Administración pública siguiera su curso inexorablemente hasta situar a estas personas ante el drama de tener que afrontar el embargo y la inminente subasta de su vivienda", ha agregado.
   Ha explicado que en algunos supuestos analizados la situación ha podido encauzarse acudiendo a un aplazamiento de la deuda, pero en otros casos esta solución no ha sido posible, ya fuera porque las personas afectadas no habrían formulado a tiempo su solicitud de aplazamiento, o porque, habiendo obtenido el aplazamiento, se habrían visto incapaces por su situación económica familiar de hacer frente a los pagos comprometidos en los plazos fijados.
   En estos casos, las personas que acuden al Defensor "relatan su infructuoso peregrinar por distintos organismos públicos, intentando por todos los medios encontrar una solución que impidiera la subasta de sus viviendas y encontrando como única respuesta la constatación de que el procedimiento recaudatorio se había ajustado a las normas de aplicación y la confirmación de que no había posibilidades de impedir la consumación del procedimiento ejecutorio".
   Reconoce que cuando estas personas acuden al Defensor del Pueblo Andaluz, los expedientes administrativos de apremio "se encuentran en un estado muy avanzado, habiéndose producido ya la anotación de embargo de la vivienda e incluso el anuncio de subasta de la misma".
   Ha explicado que en algunas quejas se ha dirigido a la correspondiente Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social (Cádiz y Sevilla, respectivamente) planteando la posibilidad de ejecutar otros bienes con carácter prioritario a la vivienda familiar.
   Asimismo, ha solicitado expresamente que se paralicen posibles actuaciones que pudieran dar lugar a la pérdida definitiva de la vivienda familiar, teniendo en cuenta a la hora de adoptar cualquier decisión, las características de la persona o familia afectada, las circunstancias económicas que habrían dado lugar a su situación deudora con la Seguridad Social y los ingresos realmente disponibles para afrontar el pago de la deuda pendiente.
   En su argumentación se ha remitido al orden de preferencia legalmente fijado para el embargo de bienes en la Ley de Enjuiciamiento Civil, según el cual los bienes inmuebles ocupan el séptimo lugar, situándose por detrás de otros bienes como los muebles que pudieran ser objeto de embargo sin que ello suponga la pérdida de la vivienda familiar.

sábado, 26 de enero de 2013

Fiscalía abrirá diligencias de investigación tras registrar cuatro denuncias por preferentes


LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-La Fiscalía Provincial de Almería ha registrado este viernes cuatro denuncias por posible ilicitud en la emisión de participaciones preferentes y sobre las que se van a incoar diligencias de investigación para determinar si existió "mala praxis" en estos casos, de acuerdo con el decreto dictado por la Fiscalía Superior de Andalucía el día 15 a raíz de la investigación policial realizada sobre un total de 300 expedientes en la comunidad.
   Así lo han indicado a Europa Press fuentes del Ministerio Público, que han precisado que Almería es la provincia donde se han contabilizado un menor número de reclamaciones en este sentido y en relación a estos productos financieros. La Fiscalía deberá analizar ahora cada uno de los casos e incoar las diligencias de investigación penal correspondientes para, de este modo, determinar si procede formular denuncia.
   El decreto dictado por la Fiscalía Superior de Andalucía se deriva de las conclusiones de la instrucción de la Policía Judicial, que, tras el análisis de 300 denuncias que habrían perjudicado a unas 67 personas, apunta a que ha existido una "mala praxis generalizada" que habría consistido en "no observar escrupulosamente las directrices comunitarias" en esta materia, en la "vulneración" de diversos preceptos de la Ley de Mercado de Valores y en el "incumplimiento" de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
   En los casos más graves, señala que se habría producido, asimismo, la "utilización del engaño" respecto de la naturaleza del producto, "su carácter perpetuo y la facilidad de colocación en el mercado secundario, no siendo descartable, incluso, en algún supuesto, la utilización de los fondos existentes en libretas de ahorro o imposiciones a plazo para la suscripción del citado producto, sin el consentimiento del titular".
   Dada la "panoplia de irregularidades", la Fiscalía Superior apuesta por que en la mayoría de los casos es posible una "acción de nulidad" de los contratos e indica que "la inmensa mayoría" de las denuncias formuladas podrían prosperar convenientemente reconducidas a esta vía de resolución contractual por defecto total o vicio de consentimiento.
   El decreto recomienda a las secciones provinciales consultar a la Fiscalía Superior "cuantas dudas puedan asaltarles" y, en todo caso, dando cuenta de las vicisitudes procesales, y poniendo en su conocimiento la resolución que en cada caso se adopte, a los efectos del control y la unidad de actuación del fiscal superior de Andalucía.
   El departamento que dirige el fiscal superior Jesús García Calderón incoó el caso después de que el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, le trasladara unos 300 expedientes de reclamaciones y denuncias recibidas en relación a estos productos financieros, que, según los datos de esta institución, podrían haber perjudicado a un total de 67.000 personas en Andalucía.

domingo, 30 de diciembre de 2012

Chamizo tilda el fraude de las preferentes como "una de las grandes desvergüenzas"


LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-La Fiscalía Superior ha abierto una investigación para averiguar si hay delito a población vulnerable El Defensor del Pueblo andaluz en funciones, José Chamizo, ha calificado la situación en la que se ha visto inmersa una parte de la ciudadanía como consecuencia de operaciones bancarias con participaciones preferentes, cuya legalidad se pone en duda, como "una de las grandes desvergüenzas" que ha sufrido "la gente más sencilla y vulnerable".

"No hay derecho a algo que es una estafa en toda regla", explicó Chamizo en una entrevista a Canal Sur Radio recogida por Europa Press. El Defensor recordó que fue la Oficina del Defensor del Pueblo la que llevó las múltiples denuncias de ciudadanos a la Fiscalía, ótrgano que ha anunciado la apertura de una investigación.

Chamizo aludió a un grupo de 300 denuncias y agregó que "esto está cambiando" en el momento en el que la Policía habla con los afectados y luego con la entidad que vendió las preferentes. El pasado 13 de agosto Chamizo registró en la Fiscalía Superior de Andalucía, con sede en Granada, 300 expedientes de reclamaciones y denuncias recibidas en relación a las llamadas participaciones preferentes, confiando en que se investiguen los hechos y se depuren responsabilidades, porque en muchos de estos casos se sospecha que hay un "delito". En Andalucía se calcula que son unas 67.000 las personas afectadas por este asunto, con un capital inmovilizado de "cientos de millones" de euros, según señaló entonces Chamizo, quien precisó que en el caso de estos 300 expedientes la media de inversión se encuentra entre los 6.000 y los 10.000 euros.

El Defensor explicó que existen tres bloques de reclamaciones: las que corresponden a personas habituadas a hacer inversiones - que no se prevé que prosperen-; las de personas que no tienen el perfil de inversor que exige la normativa y a las que se dijo que podrían acceder a su dinero cuando quisieran y un tercer grupo donde previsiblemente sí ha existido delito al tratarse de población vulnerable.

jueves, 6 de diciembre de 2012

ANDALUCÍA.-PP-A urge a la Junta a saldar sus “impagos” con entidades



LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-El PP andaluz ha pedido a la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, que “salga a la calle” donde este lunes se manifiestan distintos colectivos en defensa de las personas con discapacidad y se “comprometa” con aquellas instituciones a las que los “impagos” de la Junta de Andalucía pueden hacer que se vean “abocadas al cierre” y, entre otras consecuencias, dejar a 2.000 discapacitados de la comunidad sin empleo.

La vicesecretaria de Política Social del PP-A, Dolores López Gabarro, ha criticado en una rueda de prensa convocada este lunes, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que los “impagos” que acumula la Junta “desde hace años” con asociaciones y entidades destinadas a asistir a personas con discapacidad, así como el “tijeretazo” que ha realizado en partidas relacionadas con estas personas en los Presupuestos de la Junta para 2013, ponen de manifiesto que el Gobierno andaluz “no prioriza” las políticas sociales en general ni a las personas discapacitadas en particular.

En este sentido, se ha referido a la deuda de 35 millones de euros que la Junta tiene con la Confederación Andaluza de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps-A), así como con los centros especiales de empleo, con los que según el PP-A la Junta acumula impagos de 15,1 millones desde 2009, poniendo así a “400 centros al borde del cierre”, que supondría dejar a “2.000 personas con discapacidad sin empleo”.

Asimismo, López Gabarro ha asegurado que la Junta “sigue sin priorizar” las políticas para discapacitados en los Presupuestos, alertando de un recorte de una media del 50,5 por ciento por ciento en transferencias a corporaciones locales para políticas de discapacidad, para familias e instituciones sin ánimo de lucro y ayudas públicas de carácter social.

“DATOS IRREVOCABLES”
“Los datos son clarísimos e irrevocables”, ha manifestado la dirigente ‘popular’ asegurando que “la demagogia queda sin argumentos” cuando las cuentas elaboradas por la Junta, al tiempo que “meten la tijera” a políticas sociales, “aumentan un 33,9 por ciento las partidas destinadas a alta dirección”.

Del mismo modo, ha señalado que el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ya alertó en 2010 de que los centros de educación especial de Andalucía “dejan fuera al 40 por ciento de la demanda”. Igualmente, ha destacado que en Andalucía hay 17.621 plazas en centros con discapacidad y que en la región hay 716.100 personas discapacitadas, de modo que la cobertura se reduce “al 2,5 por ciento”, ha apostillado.



martes, 21 de agosto de 2012

CHAMIZO CREE QUE ASALTOS A SUPERMERCADOS DEL SAT MARCAN "UN CAMINO PELIGROSO"


LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha considerado hoy los asaltos a supermercados promovidos por el Sindicato Andaluz de Trabajadores una acción "demasiado arriesgada" y ha apostado por buscar "otros caminos" para salir de la crisis ya que el emprendido por el SAT puede ser "peligroso". (SV1052)
SÁNCHEZ GORDILLO ESTÁ DISPUESTO A RENUNCIAR A LOS PRIVILEGIOS DE SER AFORADO
Sevilla (EFE).- El diputado de IU y líder del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Juan Manuel Sánchez Gordillo, ha afirmado hoy que estaría dispuesto a renunciar a los "privilegios" que le otorga su condición de ser aforado, pero para ello no se plantea dejar su acta de diputado. (SV1106)
EL PSOE DENUNCIA QUE EL GOBIERNO DEJARÁ SIN AYUDA A 100.000 PARADOS ANDALUCES
Sevilla (EFE).- El PSOE reclamará en todas las instituciones andaluzas (Parlamento, diputaciones y ayuntamientos) al Gobierno central que mantenga la ayuda de 400 euros a los parados de larga duración, una percepción que en caso de ser suspendida afectaría a unos 100.000 andaluces. (SV1055)
EL PP DENUNCIA QUE LA JUNTA DIO 1.210 MILLONES "A SU ANTOJO" A TRAVÉS DE IDEA
Sevilla (EFE).- El PP andaluz ha denunciado hoy que la Junta repartió entre 2003 y 2010 un total de 1.437 millones de euros mediante transferencias de financiación a la agencia IDEA, el mismo sistema que investiga la juez de los ERE falsos, de los que 1.210 fueron repartidos "al antojo del Gobierno". (SV1103)
WWF RECLAMA UNA INVESTIGACIÓN "A FONDO" SOBRE EL INCENDIO EN DOÑANA
Huelva (EFE).- La organización ecologista WWF ha reclamado una investigación "a fondo" y que se extremen las precauciones tras el incendio registrado este fin de semana en la zona de La Dehesilla en el Espacio Natural de Doñana, que ha afectado a más de 420 hectáreas. (SV1015)
RESCATAN A 24 INMIGRANTES EN UNA PATERA A 34 MILLAS DEL CABO DE GATA
Almería (EFE).- Salvamento Marítimo ha rescatado a 24 inmigrantes argelinos, todos ellos varones y en aparente buen estado de salud, que viajaban en una patera interceptada a 34 millas náuticas al sureste del Cabo de Gata (Almería). (SV1003)
FACUA HARÁ UNA CAMPAÑA DE RECOGIDA DE FONDOS ENTRE LOS CIUDADANOS
Sevilla (EFE).- La asociación de consumidores Facua "no va a cesar ni un ápice frente a los atentados contra los derechos de los ciudadanos" y, por tanto, no atenderá la petición del Gobierno de que retire de su página web las campañas contra los recortes e iniciará una campaña para recabar fondos entre los ciudadanos. (SV1071)
CÁRITAS RECHAZA EL ASALTO A SUPERMERCADOS "VIOLENTO Y CONTRA LA LEY"
Sevilla (EFE).- El director de Cáritas de Sevilla, Felipe Cecilia Franco, ha dicho hoy que su organización no aceptaría una ayuda que fuera fruto de asaltos a supermercados como los realizados por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) por ser violentos y realizados contra la ley. (SV1066)