La Policía investiga las irregularidades cometidas en la empresa pública de
la Junta de Andalucía.
MUCHASCASAS.NET.-REDACCIÓN Parecía olvidado, pero la Policía y los
juzgados sevillanos siguen adelante con su investigación.
Laura
Gómiz, la que fuera presidenta de Invercaria, ha sido interrogada
ayer martes por la Policía dentro de la investigación que lleva a cabo el
juzgado de instrucción número dieciséis de Sevilla por un presunto delito de
malversación de caudales públicos. Gómiz ha prestado declaración ante la Unidad
de Blanqueo de Capitales de la Policía.
Precisamente, durante la mañana de hoy, se
está tomando declaración al
sobrino de Felipe González, Juan
María González, que fue también presidente de esta sociedad.
González cesó hace unas semanas del cargo que ocupaba en la Consejería de
Economía como secretario general de Innovación, Industria y Energía. El juzgado
investiga la empresa pública de inversión y capital riesgo de la Junta de
Andalucía por un supuesto delito de malversación de caudales públicos.
El Mundo añade que la citación de Gomis se ha producido a raíz de
las indagaciones de la Policía Judicial, dentro del caso Invercaria, sobre la
empresa
Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA),
constituida con capital público de Invercaria y algunos socios privados,
y cuya actividad está en cuestión. Además de Laura Gómiz, también se ha llamado
a declarar a otros trabajadores actuales y anteriores de Invercaria, la
sociedad creada por la Agencia Idea de la Junta de Andalucía.
Laura Gómiz fue presidenta de Invercaria tras la salida de la empresa de
Juan Manuel González Mejías, sobrino de Felipe González. A Gómiz se le ha
acusado, entre otras cosas, de montar y falsear expedientes para justificar el
reparto de las ayudas a raíz de la auditoría iniciada por la Cámara de Cuentas,
en la que se revelaba un reparto sin control y arbitrario de los fondos
públicos.
El caso Invercaria
Seguramente, con los ERE, es uno de los casos más
importantes que se recuerdan en la ya larga historia de la
corrupción en Andalucía, sobre todo, por su "volumen de negocio".
Entre ambos casos, se tiene un montante de dinero público desviado, mal
utilizado o simplemente sustraído, de más de 1.000 millones de euros.
En el caso Invercaria,
el juzgado investiga el reparto de 21,5
millones en ayudas a empresas sin publicidad ni procedimiento reglado.
Además, la Policía Judicial considera que la empresa pública, dependiente de la
Junta de Andalucía, podría haber remitido información falsa a la Cámara de
Cuentas para ocultar irregularidades.
El último episodio de esta falta de colaboración se evidenció en diciembre de
2012. Aunque
el gobierno andaluz de PSOE e IU niega que exista
caso Invercaria, el juez de instrucción número 16 de Sevilla
seguía investigando las inversiones y préstamos millonarios concedidos sin
control a empresas, que condujeron a unas unas pérdidas de más de 30 millones
de euros.Entonces, se supo que había una nueva providencia con fecha 30 de
noviembre en la que el magistrado Juan Gutiérrez Casillas
atendía
a todas las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y exigía a
la sociedad pública que justificara sus inversiones en 41 empresas. Dado el
comportamiento negligente de la Junta en ese caso, el juez le dio un
nuevo
ultimatum de tres días para la entrega de la
documentación.
El juez pidió a la Junta «los procedimientos internos de selección de
inversiones para los ejercicios de 2006 a 2008 poniendo el foco sobre la
gestión en los años anteriores a la auditoría de la Cámara de Cuentas de
Andalucía sobre 2009 que destapó las irregularidades. El juez investiga, pues,
la supuesta malversación de fondos públicos por el reparto de préstamos
participativos al margen de cualquier norma, el incumplimiento de las normas de
contratación y pagos irregulares al personal directivo de esta sociedad pública
que manejó 60 millones entre 2005 y 2009.
Ante la desidia de la Junta, el juez fue taxativo y «en el plazo inexcusable
de tres días» le exige remita esta documentación «al tratarse de información
que ha de obrar en los expedientes de la sociedad». De lo que se trata es de
saber qué criterios se siguieron, si objetivos o arbitrarios, como parece, para
apoyar con fondos públicos proyectos empresariales, la mayoría de los cuales
resultaron un fiasco y algunos estaban vinculados a excargos próximos al PSOE.
Muy espectacular es el caso de Andalus Líneas Aéreas, que apenas operó 17
meses y estaba presidida por José María Martín Delgado, exconsejero de Cultura
del gobierno de Manuel Chaves. Catalogada como empresa bandera por la Junta,
entre 2008 y 2009 recibió un préstamo de 1,1 millones de Invercaria,. Por eso
ahora el juez pidió a la agencia IDEA de la Junta, propietaria de Invercaria,
los expedientes completos de las subvenciones, avales y préstamos concedidos al
operador aéreo y cualquier informe relativo a la sociedad de capital riesgo.
También le requiere a Andalus los libros contables y cuentas anuales.
El caso Informática Graef SL y los ordenadores gratis de la Junta
El juzgado ha requerido a la Junta de Andalucía información de todos los
contratos adjudicados a proveedora habitual de ordenadores de la Administración
autonómica desde 1994 y a la que ya investigaba por cruzar facturas falsas con
otra empresa beneficiaria de ayudas de la sociedad pública de capital riesgo,
añade El Mundo.
De este modo, el Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla accedía a la petición
de la Fiscalía Anticorrupción y ordena a la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empleo que le remita «información detallada» de todas las adjudicaciones de
«contratos de suministros e instalación de equipamiento informático en centros
de la red Guadalinfo». Ahora en concurso de acreedores, Informática Graef ha
ganado más de un centenar de concursos por un montante de unos 30 millones de
euros. Entre otros suministros, proveyó los portátiles que la Consejería de
Educación repartía a los alumnos de quinto de Primaria.
Informática Graef , empresa jiennense, recibió dos préstamos de Invercaria
por 1.180.000 euros. La Agencia Tributaria detectó que la empresa EDM había
girado facturas falsas a Informática Graef por 6,9 millones de euros y que
Informática Graef facturó a EDM otros 7,3 millones por conceptos ficticios.
El juez libró además un oficio a la Agencia Tributaria para que le informara
sobre las declaraciones fiscales presentadas por la Unión Temporal de Empresas
(UTE) formada por Informática Graef y EDM en 2008 para el suministro e
instalación del equipamiento informático, nada menos que de 637 centros de
acceso público a internet de la red Guadalinfo.
Además, el juez ordenaba al secretario judicial que
transcribiera
las cintas grabadas por el ex directivo Cristóbal Cantos en las
que la ex presidenta de Invercaria Laura Gomis ordenaba el montaje de
expedientes para oscurecer o tapar lo que se había hecho realmente y que ahora
son pruebas del caso.
Cristóbal Cantos fue el técnico especialista de alto nivel y
cualificación, con formación en Estados Unidos y Europas, que denunció el caso
Invercaria cuando Laura Gomis, la entonces presidenta, intentó presionarle para
que contribuyera a la realización de falsos documentos para justiicar la
distribución de fondos públicos entre empresas que no reunían las más mínimas
condiciones. No recurrió a él porque fuera afín sino porque era de los muy
pocos capaces de hacerlo. Al negarse, fue amenazado con el despido, cosa que
ocurrió no sin que, antes, el propio Cantos hubiera grabado algunas de sus
conversaciones con la ya ex presidenta.
Como consecuencia de ello, fue despedido y además, fue denunciado en los
Tribunales por la propia sociedad Invercaria por un delito contra la
honorabilidad de la empresa, falsedad y estafa procesal. Durante un tiempo, la
Junta intentó demostrar que las grabaciones a Laura Gomis estaban trucadas,
pero se demostró que no era así.
Cantos, un hombre todavía joven, permanece sin trabajo desde entonces. Por una
parte, muchas empresas privadas no quieren contaminarse con el caso ni
"señalarse" con la Junta. En las públicas, la Junta lo ha condenado
al exilio profesional. Tras sufrir durante meses una intensa depresión por el
paro y por las amenazas recibidas, sigue sin encontrar trabajo y en la
actualidad prepara su defensa, reafirmándose en todas sus actuaciones.
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