Las nuevas tasas judiciales entran en vigor el jueves: hasta 1.200 euros por un recurso

·  Un recurso de una resolución judicial costará de 50 a 750 euros.

·  El BOE publica este miércoles la subida generalizada de las tasas.

·  Concurren en lo social, civil y contencioso-administrativo. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles la ley que prevé una subida generalizada de las tasas judiciales, de entre 50 y 750 euros, para poder recurrir una resolución en los tribunales, un acto que costará hasta 1.200 euros si se llega al Supremo La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses entrará en vigor este jueves.
LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-Por primera vez el ciudadano asumirá tasas que antes solo las pagaban personas jurídicas Desde mañana, por primera vez el ciudadano asumirá tasas que antes solo las pagaban personas jurídicas (determinadas empresas). Además, las tarifas sufrirán un incremento que va de los 50 a los 750 euros por trámites judiciales en determinados procesos, salvo en la jurisdicción penal.
En el preámbulo de la norma se asegura que "el derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita", pero reconoce que "en aquellos supuestos en los que se acredite "insuficiencia de recursos para litigar" la Constitución consagra la gratuidad de la justicia".
El Gobierno defiende que ichas tasas pretenden paliar la saturación de los juzgados, además de contar con unos mayores recursos para mejorar la financiación del sistema judicial y, en particular, de la asistencia jurídica gratuita.
La ley fija en lo civil una tasa de 300 euros por un recurso ordinario y 800 por un recurso de apelación y 1.200 por el de casación. En lo contencioso-administrativo el recurso ordinario son 350 euros. Mientras, en lo social, el recurso de suplicación son 500 euros y el de casación, 750 euros.

Duras críticas al 'tasazo' judicial

Desde Jueces para la Democracia apuntan que las nuevas tarifas crean "en cierto modo dos niveles de Justicia en función de los recursos: los que tengan y los que no". Además, recuerda su portavoz, Joaquim Bosch, para las grandes empresas y las fortunas "no van a suponer ningún problema, pero al ciudadano lo dejan en una situación de desigualdad". "Frenará a mucha gente que no ejercerá acciones a pesar de que puedan tener razón", añade.
las nuevas tarifas crean en cierto modo dos niveles de Justicia en función de los recursos: los que tengan y los que no El presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, mostró su "enérgico rechazo": "No es admisible incorporar en nuestro Estado de derecho una balanza en la que se coloque en un platillo el derecho fundamental a la defensa y en el otro el pago de una tasa".  Por su parte, el Sindicato de Secretarios Judiciales (Sisej) denuncia  su "absoluta oposición a la medida", porque, entre otras cosas, "impedirá o limitará enormemente" el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva.
La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, puso algunos ejemplos prácticos de la nueva tasa. Según dijo, una víctima de un accidente de tráfico que quede tetrapléjica necesitará 6.050 euros para reclamar una indemnización, otros 6.650 si tiene que presentar recurso de apelación y casi 7.000 si tiene que llegar a la casación. "Es una verdadera barbaridad", clamó.
La publicación de la norma ha sido recibida con lazos negros en los perfiles de los usuarios de Twitter y los hashtag de #LazoNegroPorLasTasasJudiciales y  #stoptasasjudiciales en la red social. La imagen del lazo negro ha sido incorporada a los perfiles de la asociación de Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales.
"Mal día para la Justicia. Y para todos", "Esto va a ser un desastre. Si no tienes dinero no tienes derecho", "¡Ya se publicaron!#graciasgallardón por dar muerte a los principios fundamentales de lo que se llamaba JUSTICIA", son algunos de los comentarios de los internautas.

MassMedia Assistants rechaza la nueva Ley de Tasas Judiciales

Prácticamente la totalidad de los operados jurídicos han rechazado esta Ley. Especialmente criticable es la implantación de la tasa en el ámbito laboral y concretamente en los procesos por despido

LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-MassMedia Assistants muestra su absoluto rechazo a la Ley de Tasas Judiciales aprobada y que previsiblemente entrará en vigor este mismo mes de noviembre. La ley como novedad fundamental implanta la obligación de pagar tasas judiciales para interponer determinados procedimientos, a personas físicas y entidades sin ánimo de lucro. La Ley también generaliza la implantación de dichas tasas a las personas jurídicas con independencia de su volumen de facturación (criterio utilizado hasta la fecha).

MassMedia Assistants coincide en su análisis con prácticamente la totalidad de operadores jurídicos, pues entiende que la norma vulnera frontalmente el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva al establecer como barrera de acceso a la mayoría de procedimientos, un requisito puramente económico.

La norma aprobada trae como consecuencia inmediata que muchos ciudadanos sin capacidad adquisitiva tendrán que renunciar a defender sus derechos por una cuestión puramente económica. Esto sin duda lleva a la creación de dos justicias diferentes, en función de la capacidad adquisitiva de quien pretenda hacer valer sus derechos: los que puedan permitirse acudir a un tribunal a esgrimir un derecho y los que no porque carezcan de capacidad adquisitiva para afrontar los gastos derivados del procedimiento.

Especialmente criticable es la implantación de la tasa en el ámbito laboral y especialmente en los procesos por despido, pues a la precaria situación a la que tiene que enfrentarse una persona recién despedida se une el hecho de tener la obligación de pagar una tasa por el simple hecho de querer ejercer su derecho a recurrir su despido por considerarlo improcedente.

MassMedia Assistants anuncia que se adherirá a cuantas iniciativas se lleven a cabo para lograr la derogación de una norma que conculca derechos fundamentales para favorecer un claro afán recaudatorio.

Sobre Massmedia Assistants
Prestando servicios jurídicos desde el año 2005, MassMedia Assistants   es una compañía especializado en la prestación de servicios jurídicos en materia de Telecomunicaciones, Nuevas Tecnologías, Redes, Televisión, sector audiovisual en general, así como en Derecho Administrativo. Para llevar a cabo su actividad, MassMedia Assistants cuenta con una plantilla de profesionales con más de 15 años de experiencia laboral.
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La Consejería de Justicia adeuda a los profesionales de la justicia gratuita en Almería más de 1.600.000 euros

Rosalía Espinosa señala que esta cantidad es lo que la Consejería debe al Colegio de Abogados, procuradores, peritos y otros profesionales, aunque el colectivo más afectado es el de los abogados, a quienes adeuda todos los servicios prestados durante el año 2012 Aún no se ha abonado ningún servicio del turno de oficio o de guardia correspondiente a 2012 La cantidad global que la Consejería de Justicia adeuda en Andalucía es de unos 20 millones

LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-La parlamentaria andaluza del Partido Popular de Almería Rosalía Espinosa ha denunciado hoy que la Consejería de Justicia de la Junta adeuda a los profesionales de la justicia gratuita en la provincia de Almería más de 1.600.000 euros, cantidad que deberían percibir el Colegio de Abogados, procuradores, peritos y otros profesionales, aunque según Espinosa, el colectivo más afectado es el de los abogados, a quienes la Junta adeuda todos los servicios prestados durante el año 2012.

La parlamentaria popular explica que la Junta de Andalucía, dando otra vuelta más de tuerca, ha planteado también rebajar la asignación que reciben los Colegios de Abogados y las retribuciones que reciben los abogados por sus servicios, lo cual según Espinosa “no nos parece de recibo porque son unas asignaciones y unas retribuciones muy bajas, por un trabajo altamente cualificado”.

La parlamentaria almeriense manifiesta que a pesar de las innumerables promesas del Gobierno Andaluz, y de los calendarios de pago, los trabajadores almerienses del servicio publico de justicia gratuita llevan nueve meses de retrasos en sus pagos, una situación que se agrava si tenemos en cuenta que Almería tiene un 38,4% de paro y que hay más de 143.700 desempleados, un fuerte golpe que afecta a mas de 500 personas que trabajan como profesionales liberales.

“Al más de medio millar de abogados almerienses (615 de alta en el turno de oficio y 562 en el de asistencia al detenido) se les adeuda más de 1.600.000 euros por parte de la Consejería de Justicia. Ninguno de los servicios, del turno de oficio o de asistencia al detenido, prestados en 2012, ha sido abonado aún y eso que estamos en el penúltimo mes del año”, ha dicho.

Iniciativas del Grupo Parlamentario Popular

Por otra parte, Rosalía Espinosa explica que desde el PP llevamos tiempo interesándonos por este asunto, de hecho, el pasado día 2 de octubre la parlamentaria popular recibió una respuesta parlamentaria en la que se aseguraba que “la Junta sí había pagado todos los servicios correspondientes a 2011, pero que en el caso del año 2012 no se ha abonado nada porque desde la Consejería se han pedido una serie de aclaraciones sobre el importe del primer trimestre, están verificando el segundo trimestre, y en lo referente al tercer trimestre, que también se ha presentado para el cobro, todo indica que va a acabar en el mismo cajón que los anteriores”.

La parlamentaria popular señala que aunque el Grupo Parlamentario Popular ya ha pedido en varias ocasiones al Consejero de Justicia que regularice estos pagos, ha vuelto a presentar nuevamente una iniciativa, para que se debata en la Comisión de Justicia del Parlamento de Andalucía, en la que se exige al Consejero “de una vez por todas el pago y fecha cierta para hacerlo, sobre todo ahora que no tienen excusas, ya que la Junta cuenta con el apoyo financiero del Gobierno de España que esta posibilitando que no se colapsen los servicios públicos en Andalucía”.

Finalmente, Rosalía Espinosa afirma que “no es razonable que mientras el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy se vuelca con Andalucía con total lealtad institucional, colaboración y cooperación, y le concede y apoya en todas las demandas solicitadas cuyo montante total asciende a 6.400 millones de euros, la Junta no haga lo mismo con los empresarios y trabajadores, y no se aplique en pagar por ejemplo a estos profesionales liberales que son los abogados, procuradores, peritos y demás profesionales que garantizan la justicia gratuita en Andalucía y Almería”.

Fallece el letrado Francisco Javier Mejía tras sufrir un infarto múltiple durante un juicio

LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-El abogado Francisco Javier Mejía Ruiz ha fallecido a los 54 años de edad después de sufrir un infarto múltiple durante la vista oral que se celebraba en el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Almería, en donde actuaba como abogado de la defensa durante una causa que acogía la Ciudad de la Justicia.
Según ha indicado a Europa Press el decano del Colegio de Abogados de Almería, José Pascual Pozo, quien también se encontraba en la misma sala, los hechos ocurrieron en torno a las 12,40 horas de este martes cuando el hombre se levantó y empezó a hablar para ejercer su defensa, si bien a los pocos minutos comenzó a sudar y se desvaneció instantes antes de asegurar que se encontraba mal.
Así, se alertó a los servicios de emergencias a través del 112, desde donde avisaron al 061 que desplazó una UVI móvil hasta la Carretera de Ronda donde se encuentran las instalaciones judiciales. Por su parte, los asistentes también alertaron a los miembros del Instituto de Medicina Legal (IML) quienes trataron de reanimar al letrado con un desfilibrador automático.
No obstante, tras 40 minutos tratando de reanimar al abogado, los efectivos no pudieron hacer nada por volverle a la vida debido a los fuertes infartos consecutivos que sufrió. El cuerpo fue trasladado poco después hasta el Tanatorio de Almería, en donde es velado hasta las 17,00 horas de este miércoles, momento en el que se prevé el inicio de la misa y posterior entierro.
El Colegio de Abogados de Almería se ha unido al luto de la familia del letrado, casado y con dos hijos de 12 y 23 años de edad, de manera que se prevé convocar una junta de gobierno la próxima semana en la que se propondrá entregar a Mejía Ruiz la medalla al mérito a la abogacía a título póstumo.

Diputación, Ayuntamiento y Colegio de Abogados ponen en marcha la Oficina de Intermediación Hipotecaria

Se trata de un órgano de mediación entre familias con dificultad para pagar la hipoteca y entidades financieras para ayudar a encontrar alternativas consensuadas a la ejecución hipotecaria
LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-El presidente de la Diputación de Almería, Gabriel Amat, el alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez Comendador y el decano del Colegio de Abogados de Almería, José Pascual Pozo, han firmado esta mañana el convenio para la puesta en funcionamiento de una Oficina de Intermediación Hipotecaria en la Provincia con el objetivo ayudar a las personas y familias que tiene dificultades para hacer frente a al pago de los préstamos y se encuentran en riesgo de perder su domicilio habitual a llegar a acuerdos con las entidades bancarias y evitar en la medida de lo posible las ejecuciones hipotecarias. El trabajo de la Oficina de Intermediación Hipotecaria se prolongará durante todo el año 2012 con opción a prórroga.

El presidente Gabriel Amat a dado las gracias al Colegio de Abogados “por esta iniciativa que conseguido aunar instituciones para trabajar en beneficio de los ciudadanos” al tiempo que ha destacado que “se trata de una actuación muy importante debido a la difícil situación que están pasando numerosas familias dentro de la coyuntura de crisis económica, por lo que la Diputación de Almería va contribuir a facilitar la situación de los casos más graves”.

Así, esta actuación pretende ser una vía de intermediación entre la parte deudora y la entidad financiera, proporcionando información y asesoramiento dirigidos a encontrar una solución consensuada que pueda evitar a la ejecución hipotecaria por vía judicial. Las principales funciones de de Diputación y Ayuntamiento pasará por dar información exhaustiva y detallada de la existencia de este servicio abierto a la población almeriense.

Ambas Instituciones se encargarán así de la gestión y recepción de solicitudes, apertura de fichas personales, recogida de datos, y determinación de aquellos solicitantes que reúnan los requisitos que recoge el convenio, para ser atendidos por la Oficina de Intermediación Hipotecaria.

Por su parte, el Colegio de Abogados designará los letrados que prestarán servicio teniendo en cuenta su preparación y experiencia específica en materias relacionadas con el contenido de este servicio. Por último, el convenio contempla asimismo la creación de una comisión de seguimiento compuesta por representantes de cada una de las instituciones firmantes, que analizarán el funcionamiento y desarrollo de la Oficina.

Perfiles de los beneficiarios

El convenio establece como perfiles para el uso de este organismo, aquellas situaciones en las cuales, aunque no se haya dejado de pagar la hipoteca, se necesita información sobre las posibilidades y consecuencias de un posible impago, así como situaciones en las que no se ha dejado de pagar, pero se busca una solución con la entidad financiera, dado que se prevé que no se podrán pagar la cuotas y se necesita intermediación para conseguir mejores condiciones y poder continuar con el pago.

También están incluidos aquellos casos en los que se ha dejado de pagar, pero aun no se ha interpuesto demanda, para intermediar con la entidad financiera y evitar la interposición de dicha demanda. Por último, también estarán incluidos aquellos casos en los que ya se ha interpuesto la demanda y el ciudadano se encuentra en cualquiera de las fases procesales, incluso la de lanzamiento.