Los bazares chinos inspeccionados en Almería han sido sancionados por Comercio pero ninguno por Consumo

Se da la circunstancia de que Consumo de la Junta de Andalucía dice que su sistema informático no permite conocer si son “chinos” o no pero el de Comercio sí puede

LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-Dos direcciones generales de la Junta de Andalucía mantienen criterios distintos sobre el control de los establecimientos “chinos” que proliferan en toda la Comunidad. Así, mientras la Dirección General de Consumo asegura en un informe referido a 2011 que el sistema informático no permite obtener datos en función del país o continente de origen de los titulares de los establecimientos, en la de Comercio su sistema si lo hace posible.

De esta manera es bastante complicado conocer la realidad de este tipo de comercios en la provincia de Almería, ya que según se desprende de un informe emitido por la Dirección General de Comercio de la Junta de Andalcucía referido a inspecciones realizadas en el año 2011 a los establecimientos “chinos”, prácticamente la mita de los visitados acabaron sancionados. En el caso concreto de Almería, hubo 70 inspecciones y 35 sanciones, y a nivel andaluz 320 inspecciones y 156 sanciones.

El sistema informático de la Administración de Consumo de la Junta de Andalucía, no permite obtener datos en función del país o continente de origen de los titulares de los establecimientos.

Inspecciones realizadas por Comercio en cada una de las provincias durante el año 2011 fueron las siguientes:
• Almería: 70
• Cádiz: 127
• Córdoba: 58
• Granada: 10
• Jaén: 18
• Huelva: 21
• Málaga: 19
• Sevilla: 30
• Total: 320
De las inspecciones y actuaciones previas llevadas a cabo para determinar si existe infracción administrativa en cada una de las provincias de Andalucía, durante el año 2011 se iniciaron los siguientes expedientes sancionadores:
• Almería: 35
• Cádiz: 32
• Córdoba: 32
• Granada: 8
• Jaén: 4
• Huelva: 10
• Málaga: 19
• Sevilla: 30
• Total: 170
Respecto a los expedientes sancionadores en cuya resolución se impuso una sanción administrativa en cada una de las provincias son los siguientes:
• Almería: 35
• Cádiz: 29
• Córdoba: 31
• Granada: 8
• Jaén: 2
• Huelva: 10
• Málaga: 18
• Sevilla: 23

Desde la Dirección General de Consumo, los datos son otros. En Andalucía se han hecho 5.367 inspecciones en Andalucía a bazares, y 2.012 a establecimientos de precio reducido, que han producido 142 expedientes en el primer caso y 37 en el segundo, de los que han acabado efectivamente en sanción en 67 y 17 respectivamente.

En Almería, de 203 inspecciones a bazares, y 29 a establecimientos reducidos, ninguno acabó en sanción, siendo la única provincia andaluza en que ocurrió así.

Navarro: “El Gobierno está sentando las bases de la recuperación y el empleo, pero las reformas necesitan su tiempo”

LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-La diputada nacional del Partido Popular de Almería Carmen Navarro ha señalado  tras conocer los datos de la Encuesta de Población Activa, que sitúa a la provincia de Almería con una tasa de paro del 38,44% y 143.700 desempleados, que se trata de un “dato muy negativo, que no gusta a nadie”, pero que viene a demostrar que el Gobierno tiene que seguir haciendo reformas para invertir las cifras y lograr que se creen puestos de trabajo.
Navarro señala que la principal preocupación del Gobierno del PP son las personas que hoy no tienen un empleo en nuestra provincia, por eso, “estamos sentando las bases de la recuperación y del crecimiento con medidas que se tenían que haber puesto en marcha hace mucho tiempo”.
“El PP se encontró con un panorama muy complicado y aunque desde el primer momento el Gobierno ha trabajado sin descanso para lograr la recuperación económica de nuestro país, las reformas necesitan su tiempo, y más pronto que tarde, Almería volverá a ser referente en generación de empleo”, ha dicho.
Por otra parte, Carmen Navarro, señala que la EPA del tercer trimestre siempre ha ofrecido datos negativos en la provincia, y en esta ocasión, esas cifras se han visto ensombrecidas aún más como consecuencia de las riadas que se produjeron a final de septiembre en el norte de la provincia y que han dejado sin empleo a un número muy elevado de personas, como es el caso de ganaderos o agricultores que han visto sus fincas arrasadas por el agua.
La diputada popular señala que ahora más que nunca es importantísimo que las Administraciones Públicas adopten medidas para mejorar la situación en las zonas afectadas, y para que el empleo que se ha perdido vuelva a generarse con rapidez. En este sentido, Navarro afirma que desde el Gobierno de España se está trabajando desde el primer momento para restablecer la normalidad en todo el Levante almeriense, al igual que lo ha hecho la Diputación Provincial de Almería.
“Todas las carreteras que dependen de Diputación o o se están reparando o tienen desvíos alternativos, al igual que las que dependen del Gobierno como es el caso de la A-7 en el km 514, en el cruce de Sorbas-Tabernas, que se encuentra en obras. Es fundamental que las administraciones adopten medidas para restaurar caminos rurales, carreteras, infraestructuras…, y aunque el PP está cumpliendo, lamentablemente no ha ocurrido lo mismo con el Gobierno Andaluz, que tardó cinco días en mandar a sus técnicos a analizar la situación de las vías de su competencia, y que no le ha importado mantener a la comarca del Almanzora incomunicada”, explica.
Por último, Carmen Navarro afirma que espera que el Gobierno Andaluz elabore unos Presupuestos que reflejen partidas para poder mejorar la situación en nuestra comunidad. “Nuestra responsabilidad nos anima a seguir apoyando medidas que pronto darán sus frutos, y esperamos que desde el Gobierno Andaluz hagan lo mismo y dejen aparcada la confrontación para arrimar el hombro que es lo que se necesita en estos momentos”.

Ordenan procesar al exviceconsejero de Medio Ambiente por parar un hotel en Cabo de Gata

LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-Una jueza de Almería ha ordenado incoar procedimiento abreviado contra el exviceconsejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía Juan Jesús Jiménez Martín y del secretario general de la Delegación Provincial, Augusto Ignacio Segura, al estimar que ambos pudieron incurrir en un presunto delito de prevaricación administrativa al ordenar la paralización en junio de 2010 de los trabajos previos de la mercantil ‘Círculo Agroambiental’ para la construcción de un hotel de 50 habitaciones en el paraje Campillo de Gata, en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar.
El auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería, al que ha tenido acceso Europa Press, acuerda, sin embargo, el sobreseimiento de las actuaciones contra el exdelegado del Gobierno andaluz en la provincia Miguel Corpas y el extitular de Medio Ambiente Clemente García al no quedar debidamente justificada durante las diligencias su participación en los hechos ya que, según subraya, “no dictaron materialmente las resoluciones” por la que se paralización de la obra.
La causa fue incoada a raíz de la querella interpuesta por ‘Círculo Agroambiental’, a la que el Tribunal Supremo (TS) dio la razón en una sentencia dictada en mayo de 2010 al avalar la licencia municipal de obras concedida por el Ayuntamiento de Níjar en 2003. La Junta alegó entonces para justificar su paralización que el proyecto vulneraba la normativa referente a los espacios protegidos de la comunidad por carecer de autorización ambiental unificada.
La jueza indica en el auto, fechado el día 25 y por el que ordena la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, que tanto la resolución dictada “materialmente” por Segura de Torres el 7 de junio de 2010 como la emitida por Jiménez Martín una semana después confirmando la anterior en alzada presentan indicios de ser “arbitrarias” ya que “impidieron la ejecución de actos administrativos firmes” en alusión al fallo del Supremo.
En esta línea, señala que podrían haberse dictado “prescindiendo de los procedimientos legalmente establecidos” que, además, según remarca, conllevan una indemnización económica a favor de la empresa promotora “previa declaración de lesividad o revisión de oficio” al tratarse de un presunto delito de prevaricación administrativa.
En concreto, la resolución objeto del procedimiento advertía tanto a ‘Círculo Agroambiental’ como al Ayuntamiento de Níjar que no podría “ejecutarse ningún trabajo o actividad que pudiese afectar directa o indirectamente” al paraje hasta que no se diera vía libre a la adecuación del proyecto, una posibilidad que desde la administración andaluza tildaron de “altamente improbable”. En concreto, la promotora debía adaptar el proyecto de hotel en ‘El Campillo de Gata’ a lo previsto “en la directiva 92/43/CEE y normativa concordante” ya que la zona, enclavada en el parque natural, es Lugar de Interés Comunitario (LIC).
El auto, que adelanta este jueves el diario ‘El País’ y contra el que cabe recurso de reforma y subsidiariamente de apelación ante la Audiencia Provincial, da traslado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares personadas en el procedimiento para que pidan la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de las actuaciones.
Con respecto a García y Corpas, la magistrada considera que no procede seguir el proceso contra ellos al no quedar “debidamente justificada” su participación ya que no dictaron materialmente las resoluciones.
EXPEDIENTE SANCIONADOR
La Junta de Andalucía mantiene abierto un expediente sancionador por falta grave, a la espera de que se resuelva la causa penal, contra ‘Círculo Agroambiental’ al estimar que la empresa vulneró la normativa referente a los espacios protegidos cuando este dio inicio a los trabajos previos para la construcción del hotel al carecer de autorización ambiental unificada.
El expediente, cuya multa podría oscilar entre los 240.000 y los 2,4 millones de euros, se inició porque la Junta de Andalucía consideró que el inmueble era “incompatible ambientalmente” con el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque, que califica la zona de B2 o área natural de interés general.
La mercantil propiedad de los herederos del empresario Marcos Eguizabal cesó de forma voluntaria la actuación a requerimiento de los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y de Medio Ambiente. La Guardia Civil levantó también acta de infracción.
El Tribunal Supremo (TS) archivó el procedimiento incoado tras la demanda de la Junta después de que ésta desistiese de continuar con el recurso de casación interpuesto contra un fallo previo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ya desestimó en 2009 otro recurso de la Administración en el mismo sentido por “defectos formales” en la argumentación y ratificó la validez de la licencia municipal de obras concedida para la construcción del hotel.