¿Quién ha de resolver sobre la incompatibilidad de cargos de Pedro Molina y los presuntos delitos que creo que ha cometido?

           LAEDICION.NET.- La Junta de Andalucía no discute sobre que Pedro Molina, Rector de la Universidad de Almería, que ha permitido que lo nombren consejero asesor de un banco privado, sea un alto cargo de la Junta de Andalucía por ser asimilado a Presidente o Director de los Organismos Autónomos de la Junta de Andalucía (art. 2.g de la ley de incompatibilidades 3/2005, de 8 de abril), ley que también se refiere claramente (art. 6.c) a que no puede ejercer cargos “que lleven anejas funciones de dirección, representación o asesoramiento de toda clase de compañías, sociedades mercantiles y civiles y consorcios de fin lucrativo, aunque unas y otros no realicen fines o servicios públicos ni tengan relaciones contractuales con las administraciones, organismos o empresas públicas”.

            A la petición que realicé al Presidente de la Junta de Andalucía con fecha de 24 de enero de 2013 de que se le aplique a Pedro Molina el régimen disciplinario establecido por vulnerar la referida ley, me ha contestado Francisco A. Triguero Ruiz, Secretario de Universidades, Investigación y Tecnología, indicándome que la Universidad de Almería es un organismo dotado de régimen de autonomía, lo que ya era notorio, y que da “traslado de su (mi) escrito a la Universidad de Almería, por entender que es la competente para conocer sobre la cuestión”. Como le he dicho al Sr. Triguero no dudo de que la Universidad de Almería sea competente para conocer, aunque no creo que pretenda decirme que igualmente es competente para resolver. No lo creo pues ello, aparte de una falta de ética total y absoluta, sería, entiendo, claramente ilegal, pues es contrario a lo que dice la ley en su artículo 21.1: “El órgano competente para la incoacción será el Consejo de Gobierno cuando los altos cargos sean miembros del Consejo de Gobierno y el titular de la Consejería que tenga atribuidas las funciones en materia de altos cargos de la Administración de Andalucía y de declaración de actividades, bienes e intereses de altos cargos y de otros cargos públicos en los demás casos”. Así pues le he pedido que, sin más dilación, pase mi solicitud a la instancia competente, según establece la ley, para que proceda a la incoacción del oportuno expediente sancionador.

            La misma ley establece el incumplimiento del artículo 6 como falta grave o muy grave, dependiendo de si se entiende que se haya producido daño manifiesto a la Administración de la Junta de Andalucía (art. 16.1 y 2). Y para la sanción establece que los infractores serán cesados y no podrán ser nombrados para ocupar cargos por un periodo de hasta tres años (infracción grave) o de entre tres y diez años (infracción muy grave).

            Mientras tanto, la Fiscalía de Almería, que tiene conocimiento de los hechos desde el 17 de enero, no se pronuncia al respecto, aunque, por otro lado, me ha imputado el delito de presuntas calumnias e injurias contra el juez Antonio Luis García Valverde, quien resolvió en primera instancia denegándome la suspensión cautelar de la sanción que me impuso Pedro Molina de suspensión de empleo y sueldo durante 4 años y 3 meses (sanción suspendida por el TSJA después) y quien también resolvió que yo no tenía legitimidad para interponer el contencioso contra la convocatoria de la cátedra de árabe, en relación con la cual había denunciado a Pedro Molina por presunta prevaricación y presunto tráfico de influencias al Fiscal Jefe, Antonio Pérez Gallegos.

            A mí no me extraña que Pedro Molina se crea impune ante la ley y que crea que puede vulnerarla a su antojo, pues hasta ahora, ante las presuntas irregularidades que comete, lo que encuentra es la connivencia de quienes han de velar por el cumplimiento de las leyes.

            El verdadero problema, desde mi punto de vista, no es que personas como Pedro Molina campen a sus anchas por la geografía española, a los más altos niveles, sino que otras como el juez Antonio Luis García Valverde y el fiscal jefe Antonio Pérez Gallegos se lo permitan. Soy consciente de las graves acusaciones que hago, como le dije ayer al juez Luis Durbán Sicilia, quien instruye mis presuntas calumnias e injurias, que lo serían siempre y cuando sea falso lo que digo, por lo que se debería de comprobar. Me ha imputado la fiscal Lourdes Aznar Gracia, a quien solicité una cita para aclararle mis denuncias y quien no estuvo presente en mi declaración ante el juez. Le he pasado a éste diversa documentación para que la estudien.

            En breve la jueza sustituta María de los Ángeles Asensio Guirado tiene que decidir si procesa a José Luis Martínez Vidal por un supuesto delito de falsedad en documento público, que fue utilizado para no concederme la suspensión de la sanción impuesta por Pedro Molina, por lo que tuvo importantes consecuencias.

            Otro juez sustituto, Juan Carlos Costela Martín, habrá de juzgar sobre la legalidad de lo hecho por Pedro Molina en relación con la supresión de los consejos de departamento y el que haya nombrado él y no los órganos básicos eliminados a los directores de los departamentos. El juicio será el próximo 18 de marzo, lunes, a las 10:15 en la sala de audiencia nº 6 de la Ciudad de la Justicia de Almería (carretera de Ronda, nº 120), en vista pública a la que puede asistir cualquier interesado.

Jorge Lirola Delgado

Profesor de la Universidad de Almería

Concepción del método científico de José Luis Martínez Vidal, Vicerrector de Investigación de la UAL

LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-José Luis Martínez Vidal expidió un certificado el 30 de enero de 2012 en el contexto de oponerse a que se aceptara la petición de suspensión de la sanción que había realizado Jorge Lirola al Juzgado y en ese certificado afirmaba Martínez Vidal que “el hecho de que D. Jorge Lirola Delgado esté sancionado no afecta al desarrollo del proyecto [Biblioteca de al-Andalus] pues éste puede ser ejecutado por el resto del equipo de investigación del mismo... no irrogándose ningún perjuicio al resto de los investigadores, los cuales siguen el curso de sus investigaciones, tal y como éstas estaban previstas y subvencionadas”. En ese certificado se basó el juez Antonio Luis García Valverde para negar que hubiera daños a terceros y no conceder la suspensión de la sanción en primera instancia a Jorge Lirola.

En su declaración en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Almería el 20 de febrero de 2013, José Luis Martínez Vidal reconoció haber hecho su afirmación y emitido el certificado sin haber preguntado a ninguno de los investigadores del proyecto, incluidos los dos que eran de su propia universidad (todos los investigadores habían afirmado que en ningún momento el Vicerrector se había puesto en contacto con ellos). Pero según el planteamiento de Martínez Vidal no era necesario y estaba legitimado para hacer tal afirmación, que tenía una importante repercusión en el futuro laboral e investigador de Jorge Lirola y del proyecto de investigación que dirigía. Según el actual Vicerrector de Investigación el hecho en sí de que sancionen al investigador principal de un proyecto, que ha sido concebido y desarrollado por él desde sus inicios, no debe tener ninguna incidencia en el mismo y se puede estar seguro de que no hay ningún perjuicio y de que el proyecto sigue su marcha prevista sin que le afecte esa importante circunstancia. Para certificar que es así no hay ni que molestarse en comprobar los hechos, por mucha transcendencia que tengan.

Más adelante insiste José Luis Martínez Vidal en que él no tiene que hablar con ningún investigador y hacer comprobación alguna para estar seguro de no hay problema para que el proyecto, cuando el investigador principal es sancionado y apartado de toda labor docente e investigadora retirándosele todos los derechos funcionariales, sigue su oportuna marcha. En todo caso, tal persona sigue teniendo “la obligación de comunicar por escrito los perjuicios en el desarrollo del proyecto, pues él no puede certificar que los mismos existen pues no tendría argumento sólido para ello”, pero sí tiene certeza sin comprobarla para certificar que el proyecto sigue su marcha tal como estaba estipulado sin que sufra ningún perjuicio. Ni le bastaba que en el mismo escrito al que contestaba se aludiera a los daños y perjuicios irreparables. En román paladino, que es posible que José Luis Martínez Vidal sea capaz de certificar que no llueve por el simple hecho de que, sin mirar a la calle ni preguntar a nadie, como nadie le ha dicho que llueve, pues puede aseverar, sin temor a equivocarse, que no llueve.

Sin duda, José Luis Martínez Vidal es un original científico y merece no solo ser el Vicerrector de Investigación de la Universidad de Almería, sino también ser candidato a algún premio de investigación. Seguro que se lo concederían por sus brillantes planteamientos.

(Continuará con una nueva entrega de las mentiras de las que es capaz José Luis Martínez Vidal, mentiras de gran calado y ¿aquí no pasa nada?). Bueno, la jueza María de los Ángeles Asensio Guirado tendrá que pronunciarse sobre ellas y, por su transcendencia, tendrán oportuna difusión. ¿Pasará algo?

Querella contra un vicerrector por presunta falsedad de un documento que presentó ante el juzgado en el caso Lirola

El escrito recogía que los participantes en el proyecto de investigación encabezado por este profesor afirmaban que no se resentiría si era apartado del mismo

LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-El profesor de la Universidad de Almería Jorge Lirola ha interpuesto una querella contra José Luis Martínez Vidal, Vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad de Almería. El motivo de la misma es la presunta falsedad en documento público que pudo haber cometido para justificar ante los tribunales que la sanción administrativa que se había impuesto a este profesor -posteriormente levantada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)- no afectaría al proyecto de investigación que encabezaba.
Según la querella a la que ha tenido acceso Noticias de Almería, la clave está en que Martínez Vidal afirmó por escrito que la desaparición del investigador principal de un proyecto de investigación no afecta en absoluto a su desarrollo, no causa ningún perjuicio a la viabilidad de aquel ni al resto de los investigadores, y sostiene que aquellos continúan sus investigaciones como si nada hubiera pasado, sin el menor contratiempo. A eso añadió que apartar a Lirola de sus tareas “no afecta al desarrollo del proyecto, pues éste puede ser ejecutado por el resto del equipo investigador del mismo, integrado por un total de 15 investigadores, no irrogándose un perjuicio al resto de investigadores, los cuales siguen el curso de sus investigaciones, tal y como estaban previstas y subvencionadas”.
En la denuncia se acompaña documentalmente escritos de todos los investigadores en los que manifiestan que el vicerrector no se puso en contacto con ellos para conocer su opinión sobre si la sanción a Lirola afectaba o no a los trabajos, a lo que muchos de ellos además añaden que sin el responsable del mismo no podrá seguir adelante.
En la querella se indica que “no habló en ningún momento con ninguno de los integrantes del grupo de investigación y realizó el informe a sus espaldas, sin haber indagado sobre las circunstancias del grupo y las consecuencias de la desaparición de su investigador principal, atreviéndose, para colmo, a afirmar que ellos seguían trabajando en el proyecto como si nada hubiera pasado”.

Hay que recordar que los principales investigadores implicados en el proyecto tuvieron que dirigirse por carta al Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Almería, después de que Martínez Vidal redactase el informe objeto del litigio, para quejarse de que no se puso en contacto con ellos e informarle de los notables perjuicios y riesgos en que estaba colocando al proyecto y a sus integrantes. Ese juzgado fue el primero que vio el caso de Lirola, al que acudió para denunciar su sanción, y donde perdió, para luego ganar en el TSJA y volver a su puesto en la Universidad.
Debemos recordar que la finalidad del presunto falso certificado era lograr que la Justicia no suspendiese cautelarmente la sanción contra Lirola, decretada por haber “faltado al respeto” al rector en cuyo equipo se integra el vicerrector. La redacción del documento cuya falsedad se denuncia tenía como objetivo según esta querella “ocultar la realidad para conseguir una resolución judicial acorde con sus intereses, prevaliéndose de su cargo oficial para elaborar un documento público cuyo valor reside precisamente en el cargo de su redactor.”
En la denuncia se afirma que “todos los elementos del tipo [falsedad en documento público] se manifiestan aquí: declaración realizada en documento público y con trascendencia jurídica (iba destinada a ilustrar el conocimiento de un juez en el ejercicio de sus funciones, condicionando el resultado de su resolución), la falsedad afecta a sus elementos esenciales (la incidencia de la sanción a mi defendido en el marco del proyecto de investigación, objeto principal del documento) y existe un dolo falsario (es imposible que el querellado creyese sinceramente que, en abstracto, la desaparición de un investigador principal no afecta al proyecto, y que, de buena fe, afirmase la buena continuación del que nos ocupa sin consultar a sus integrantes, y sus malas intenciones se ven ratificadas por las consecuencias que lograría si su documento era tenido en cuenta por la Justicia).”
Lirola indicó a ESTE DIGITAL que esta es sólo la primera de las querella que piensa poner “contra la corrupción” de la UAL.

 

La auditoría confirma el nulo control en el cumplimiento de los contratos de servicios prestados por Lirola y ElSur

El equipo de gobierno recuerda que entre 2006 y 2011 fueron el PAL y su socio de gobierno, el PSOE, los responsables de la “etapa más negra y nefasta de la gestión municipal”  

LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-La auditoria elaborada por la empresa ATD confirma, como otro de los principales hallazgos del informe del análisis y diagnóstico económico financiero y de legalidad del periodo comprendido entre 2007 y 2011, que existían deficiencias significativas en los procedimientos que afectan a la gestión eficiente de las concesiones, principalmente de los contratos de los servicios prestados por las empresas concesionarias Hermanos Lirola y ElSur.

De esta forma el informe pone de manifiesto la ausencia de análisis previos en el coste de algunas concesiones “lo que impide o dificulta enormemente poder analizar a posteriori la eficacia de las mismas”, ha señalado el portavoz del gobierno local y concejal de Hacienda y Contratación, José Francisco Rivera, quien ha puntualizado que del análisis se desprende igualmente la inexistencia de actividades de control por parte del Ayuntamiento en el periodo analizado, tales como inspecciones, auditorías, control de costes, informes de seguimiento u otra serie de medidas obligatorias.

De igual modo, este mismo informe se confirma una elevada incidencia de la facturación fuera de canon, sin que exista una justificación clara de la necesidad de contratar los servicios de forma separada, “algo que se podía haber solventado, como se está haciendo ahora, tramitando cualquier actuación fuera de canon como un contrato nuevo, garantizando así la libre concurrencia y logrando, de paso, un importante ahorro al tiempo que se asegura la máxima eficiencia en el gasto municipal”, ha apuntado Rivera.

En este sentido, el edil ha recordado que con el objetivo de ordenar, ahorrar y garantizar la transparencia, y como una de las prioridades marcadas por el actual equipo de gobierno, se han puesto en marcha medidas y mecanismos que garantizan la total transparencia en los procesos, celebrado de esta forma distintas mesas de contratación para la concesión de nuevos contratos y prestación de servicios, “descartando la opción del fuera de canon, por suponer un gasto desorbitado e irracional para las arcas municipales”, ha insistido Rivera.

Asimismo, el concejal ha recordado que, en lo relativo a la falta de control, las primeras certificaciones realizadas por la empresa concesionaria de los servicios de limpieza, Hermanos Lirola S.L., se han aportado con el actual equipo de gobierno al frente de la gestión municipal, de la misma manera que, para el caso de ElSur, se ha apuesto en marcha el mecanismo de relaciones valoradas, de forma que permite que se puedan ir controlando los distintos trabajos realizados por la empresa mixta.

Respuesta al PSOE

Desde el equipo de gobierno se ha pedido a la oposición que no confunda a la opinión pública intentando interpretar las conclusiones de la auditoría de forma interesada. En este sentido, el portavoz le ha pedido a Guadalupe Fernández que haga memoria, porque “fueron precisamente durante esos años de gestión del PAL en connivencia con su socio de gobierno, el PSOE, en la época comprendida desde finales de 2005 a 2011 cuando ambos protagonizaron y fueron responsables de la etapa más negra y nefasta que se recuerda de gestión municipal”.

Rivera insiste en que “con ese pacto, el PSOE sumó sus concejales a los del PAL y dio rienda suelta a la aprobación de presupuestos desorbitados, de más de 120 millones de euros, así como a la aprobación de incrementos desmesuraos de canon, de hasta el 71% que, entre otras irresponsabilidades, han sido la causa de la asfixia en la que se encuentran las arcas municipales”. 

El portavoz del gobierno local ha hecho mención, asimismo, a la solicitud realizada la pasada semana en Junta de Gobierno Local a la empresa ATD Auditores para elaborar un informe sobre Elsur con la intención de mejorar la prestación de los servicios municipales y adoptar las medidas más favorables para el interés público. “El equipo de gobierno es el primero que se cuestiona que la fórmula de la empresa mixta sea la más apropiada, por ello, como ya hemos reiterado en numerosas ocasiones, no descartamos la rescisión del contrato y la creación de una empresa pública, por lo que no entendemos las críticas del PSOE en este sentido”.

De la misma manera, el portavoz del gobierno local ha recordado al PSOE que en el año 1995, cuando se creó la empresa mixta, apoyaron su creación votando a favor en el pleno y, por último, ha reiterado que, con relación a los derechos pendientes de cobro existentes a partir del año 2006, los socialistas tratan de enturbiar y confundir de nuevo, “porque nada tiene que ver con el área de Urbanismo, sino con un interventor que se dedicaba a inflar de manera ficticia y de forma reiterada los presupuestos con la intención de cuadrar las cuentas año tras año, ocultando así la realidad de la economía municipal”.

Reconocen haber tenido contactos previos con una de las aspirantes a la Cátedra de Árabe

  

LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-Este viernes se ha celebrado la vista oral por el caso de la formación, presuntamente fraudulenta, del tribunal de valoración que iba a elegir al titular de la Cátedra de Árabe de la Universidad de Almería (UAL), un caso denunciado por el profesor Jorge Lirola. En la vista han declarado varios de los integrantes del tribunal, que han declarado haber aceptado la invitación a formar parte del tribunal que realizó una de las aspirantes a la cátedra.
Según ha informado el letrado que representa a Jorge Lirola, José Mateos, ha informado que durante la vista han expuesto que la convocatoria no se ajustó a la legalidad vigente en ese momento para beneficiar a la otra aspirante, la también profesora de la UAL, Luisa Arvide.
Por otra parte, durante el juicio, Lirola ha mantenido que el tribunal había mantenido contactos previos con Luisa Arvide, hasta el punto que fue ella quien los llamó para invitarles a ser miembros del órgano evaluador, algo que han corroborado los integrantes del tribunal que hoy han comparecido ante el juez.
Además, otro de los aspectos expuestos durante el juicio ha sido la "enemistad manifiesta" hacia Jorge Lirola de varios integrantes del tribunal, que incluso llegaron a abandonar la Sociedad Española de Estudios Árabes en el momento en el que Jorge Lirola fue elegido su presidente.
Sin embargo, este argumento ha sido rechazado por el magistrado, Antonio Luis García Valverde, ya que este aspecto no ha afectado al profesor Lirola, ya que la Aneca no le dio la calificación necesaria para poder aspirar al puesto.
En la vista pública han de testificado Juan Luis López Cruces, quien era entonces Director del Departamento que convocó la plaza; los profesores Bárbara Herrero y Javier Aguirre, ambos profesores de Estudios Árabes de la Universidad de Almería; así como los catedráticos Emilio Molina López (Universidad de Granada), Alfonso Carmona (Universidad de Murcia), Francisco Franco (Universidad de Alicante) y María Jesús Viguera y Josep Puig (ambos de la Universidad Complutense de Madrid).
Francisco Franco también está implicado en otro caso de presunta corrupción que se sustancia en un contencioso en la Audiencia Nacional en Madrid, por ser informante confidencial de la ANECA, agencia encargada de acreditar a las personas que pueden presentarse a las plazas.
Precedentes en la UAL
Según ha informado el propio Jorge Lirola, en la UAL hay precedente de anulación de cátedras. En 1998 se anularon las cátedras de Filosofía y Filología Inglesa, que habían ganado por concurso público, Agapito Maestre y Miguel Martínez, respectivamente, tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En aquel caso, fue simplemente por no haberse emitido los informes del Departamento, que eran preceptivos en el procedimiento, si bien no vinculantes.
La ejecución de la sentencia supuso que los profesores afectados perdieron su cátedra y se fueron directamente al paro, al haber tenido que renunciar previamente al obtener las cátedras a las plazas que desempeñaban en otra unversidad. En ese caso, de ir en el mismo sentido la sentencia, no supondrá la pérdida de la condición de profesora de la UAL de la persona afectada, sino que simplemente perdería su condición de catedrática y la cátedra en cuestión habría de ser convocada nuevamente con las garantías legales que establecen las leyes, ha explicado Jorge Lirola.
Sanción y anulación del TSJA
La Sala de lo Contencionso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) suspendió cautelarmente la sanción que el rector, Pedro Molina, impuso al profesor de árabe a raíz de hacer pública una denuncia sobre una presunta prevaricación en la formación del tribunal que iba a otorgar la Cátedra de Árabe de la universidad almeriense.
La sentencia emitida es firme y no cabe recurso alguno, por lo que Jorge Lirola se habrá de incorporar a su puesto de profesor e investigador de la Universidad de Almería. En ella se reconoce que una suspensión de funciones como la sufrida por Jorge Lirola conlleva no solamente perjuicios de carácter económico, sino también morales, pues implica una tacha en el prestigio del funcionario frente a la sociedad.
La suspensión de la sanción está fundamentada especialmente en dos argumentos principales. Por una parte, la jurisprudencia y el contenido del artículo 138.1 de la Ley 30/92, que exigen, para la ejecución de la resolución sancionadora, la firmeza de la misma en vía administrativa. La tutela judicial efectiva, previsto en el artículo 24.1 de la Constitución, exige que no se ejecute la sanción en tanto que el acto no sea definitivo en vía administrativa, dando así oportunidad al sancionado a interponer los recursos administrativos procedentes, o, en el supuesto de que se haya entablado recurso contencioso-administrativo, en tanto que no se haya examinado y resuelto por el Tribunal competente sobre la suspensión de la ejecución que se haya podido solicitar.

Retención de pagos a empresas vinculadas a Operación Poniente

El Juzgado de Instrucción nº 2 confirma la "intervención" de los créditos del consistorio ejidense

Agencias / Almería El Juzgado de Instrucción número 2 de Almería ha confirmado el auto por el que ordenó de forma cautelar la "intervención y retención" de los créditos reconocidos por el Ayuntamiento de El Ejido dentro del plan de pago a proveedores a las empresas investigadas en la Operación Poniente. Fuentes del Ayuntamiento del El Ejido han informado en un comunicado que el juez ha desestimado los recursos interpuestos contra el auto dictado el pasado mes de junio, que fueron presentados por las representaciones de los empresarios imputados Juan Antonio Galán y Ambrosio Cuevas, y las sociedades Aygesa y Aygesur, participadas del grupo Abengoa, que forman parte de la administración de Elsur.

La Operación Poniente investiga una trama empresarial en torno a Elsur "que habría ocasionado un saqueo de las arcas municipales a través de supuestas sobrefacturaciones y cobros de servicios no prestados", señala el consistorio. De acuerdo a esta investigación, según el Ayuntamiento, "existen serias dudas sobre la procedencia de esos créditos", cuya intervención y retención se acordó por el Juzgado a fin de "asegurar responsabilidades futuras y evitar situaciones irreversibles". Con la desestimación de los recursos, las empresas vinculadas a la operación poniente "no podrán cobrar las cantidades que constaban como adeudadas en la contabilidad municipal". El auto ordenó la retención cautelar de los pagos a Elsur y a las mercantiles Contenedores Lirola, Clabert Gestión, Lobelia Gestión, Jardines del Alcor, Agua y Gestión de Servicios Ambientales, Agua y Gestión de Servicios Urbanos y Hermanos Lirola.

Primeras valoraciones del juicio sobre la legalidad de la cátedra de árabe: parcialidad del juez e hipocresía de la abogada de Pedro Molina

LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-En primer lugar, considero que el juez sustituto del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 3 de Almería, Antonio Luis García Valverde, ha actuado con parcialidad durante el juicio, dejándome en indefensión, al impedir que se le hicieran una serie de preguntas fundamentales a los testigos, que reconocían que les había pedido una candidata que formaran parte del tribunal que había de juzgar la plaza que ella quería obtener. Anteriormente, en el caso de mi sanción, el mismo magistrado demostró poco acierto al no conceder la suspensión cautelar, teniendo que rectificarlo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con unas circunstancias agravantes, pues se negó con reiteración a comprobar si su auto de no concesión estaba, aparte de falto de motivación, basado en un falso testimonio del Vicerrector José Luis Martínez Vidal. Le insistí una y otra vez que alguien mentía y cometía un delito penal contra la administración de justicia, de gran repercusión en la suspensión cautelar: o Martínez Vidal o yo mismo al acusarlo falsamente y entiendo que debía aclararlo.

A pesar de esos intentos del juez para que no se profundizara en el tráfico de influencias y el fraude de ley que se ha dado en el nombramiento del tribunal que había de juzgar la cátedra de árabe, se ha podido constatar que fue una persona que se presentaba la que pidió a unos catedráticos determinados que estuvieran en el tribunal, dándose la circunstancia de que aquel que, según la normativa vigente debía estar, no fue nombrado al no tener garantizada la candidata que le iba a votar. No se ha podido demostrar del todo por la obstaculización del juez para llegar al fondo que el tribunal se nombró con personas que tenían manifiesta animadversión hacia mí, como forma de garantizar que sería Luisa Arvide quien obtuviera la plaza, en el caso de que yo pudiera finalmente presentarme. También ha quedado demostrado que se debía haber seguido lo que establecen los estatutos y no el reglamento, pues no había nada que justificara el que se aplicara un reglamento de rango inferior sobre unos estatutos de rango superior.

Según la abogada de Pedro Molina, Carmen Pilar Pulido Egea, yo no estoy legitimado para exigir que se aplique el procedimiento legalmente establecido y se anule la cátedra por las anomalías comentadas. Trata así de esquivar que se entre en el fondo del tema, pues es más que evidente que está perdido el caso por su parte.  Es una hipocresía y lo digo bien alto, una hipocresía de Pedro Molina y su abogada, pues, cuando les interesó que se anularan las cátedras ocupadas por Agapito Maestre y Miguel Martínez, de Filosofía y Filología Inglesa, respectivamente, sí se consideró que estaban legitimados para pedir la anulación los recurrentes que eran Cayetano Aranda Torres, actualmente del equipo de Pedro Molina en el Servicio de Publicaciones, y Amalia Miras Baldo y María Elisa Prieto Barrero, la esposa de José Guerrero Villalba, mano derecha de Pedro Molina. El TSJA rechazó entonces la petición de inadmisibilidad pedida por el Rector Alberto Fernández “no sólo porque, como ha declarado el Tribunal Constitucional –sentencias 60/1.982, de 11 de octubre y 160/1.985, de 28 de noviembre-, el concepto de interés legítimo es mucho más amplio que el de interés directo, dado el alcance que cabe atribuir al Art. 24.1 de la Constitución, en relación con lo también preceptuado en la Disposición derogatoria tercera del mismo Texto Fundamental, sino, además, porque, estando legitimados los recurrentes, como Profesores Titulares de Universidad, para intervenir en los procesos selectivos impugnados, no puede negárseles su legitimación para acudir a la vía jurisdiccional, en relación con todas las incidencias que puedan producirse en tales procesos selectivos”.

Además, como miembro del área y del Departamento yo tengo un interés legítimo en que mis compañeros sean los más capacitados e idoneos, de acuerdo con las previsiones legales, pues lo contrario 1) me conlleva el perjuicio de que el equipo de profesores donde estoy integrado no esté formado por los mejores (lo cual repercute negativamente en mi trabajo cotidiano) y 2) desprestigia mi centro de trabajo debido a que allí se elige a la gente a dedo en lugar de conforme a la ley, lo cual me causa un perjuicio de cara a la opinión pública, pues se me asocia con ese área donde se realizan prácticas irregulares. Mi interés legitimo en exigir que se cumpla la legalidad vigente y verme amparado en dicha pretensión es obvio, pues, por no respetar la normativa, se me causan los perjuicios antes mencionados.

La sentencia habrá de emitirla en breve el magistrado sustituto. Espero que con mayor imparcialidad de cómo ha llevado el juicio, pues me ha dejado en indefensión para poder probar hechos de especial transcendencia, aunque las irregularidades eran tantas que desbordaban por todos lados. Él tiene en sus manos una gran responsabilidad, la de impartir Justicia, y yo voy a estar muy al tanto de exigirle que la imparta, de forma responsable, con todas sus consecuencias, dando publicidad a todo el proceso, incluidas las preguntas y los puntos que ha impedido que afloren.

Varios miembros del tribunal de selección comparecen hoy por la convocatoria de la Cátedra de Árabe

LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-Hoy se celebrará el juicio por la convocatoria presuntamente fraudulena realizada por la Universidad de Almería (UAL), para cubrir la Cátedra de Árabe. Jorge Lirola, profesor denunciante y actualmente apartado de sus funciones por hacer pública esta denuncia, mantiene que no se siguió el procedimiento legal recogido en los Estatudos de la UAL a la hora de nombrar el tribunal que tenía que resolver la titularidad de la cátedra.
El acto recurrido es "la resulución del Sr. Rector de la Universidad de Almería, Pedro Molina, de 17/01/11, relativo a la convocatoria de la plaza del cuerpo de catedráticos de Universidad, área de estudios árabes e Islámicos", explica Jorge Lirola.
Este docente sostiene, y así lo ha denunciado, que hubo un caso de tráfico de influencias, al permitir que una de las candidatas que se presentaba a ocupar la cátedra designó el tribunal que tenía que juzgarla.
Durante el juicio, que oficiará el magistrado Antonio Luis García Valverde, habrán de testificar Juan Luis López Cruces, entonces director del Departamento afectado, Bárbara Herrero y Javier Águirre, ambos profesores del mismo Departamento, y los catedráticos de Estudios Árabes Emilio Molina, Alfonso Carmona, María Jesús Viguera, Josep Puig y Francisco Franco.
Según ha informado el propio Jorge Lirola, en la UAL hay precedente de anulación de cátedras. En 1998 se anularon las cátedras de Filosofía y Filología Inglesa, que habían ganado por concurso público, Agapito Maestre y Miguel Martínez, respectivamente, tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En aquel caso, fue simplemente por no haberse emitido los informes del Departamento, que eran preceptivos en el procedimiento, si bien no vinculantes.
La ejecución de la sentencia supuso que los profesores afectados perdieron su cátedra y se fueron directamente al paro, al haber tenido que renunciar previamente al obtener las cátedras a las plazas que desempeñaban en otra unversidad. En ese caso, de ir en el mismo sentido la sentencia, no supondrá la pérdida de la condición de profesora de la UAL de la persona afectada, sino que simplemente perdería su condición de catedrática y la cátedra en cuestión habría de ser convocada nuevamente con las garantías legales que establecen las leyes, ha explicado Jorge Lirola.