Isofotón anuncia que presentará concurso voluntario de acreedores

LAEDICION.NET.-La compañía ha sido demandada en Estados Unidos por un impago de 74 millones de euros Tras varios meses de incertidumbre, el final ha sido más duro de lo previsto. Isofotón anunció ayer que presentará concurso voluntario de acreedores la semana que viene, el martes 4, en el Juzgado Mercantil de Málaga y que despedirá a 360 empleados, algo más de la mitad de la plantilla.

La compañía solicitó el preconcurso hace cerca de cuatro meses y en todo ese periodo ha estado negociando, por una parte, con las entidades financieras y otros proveedores para refinanciar su deuda; por otro, con la Junta de Andalucía para que le renovara los avales; y en tercer lugar, con los empleados para tratar el Expediente de Regulación de Empleo que anunció en febrero y que ha tenido que presentar hasta en dos ocasiones por defectos de forma.

No se llegó a ningún acuerdo ni con los bancos ni con los trabajadores. La empresa, especializada en la fabricación de paneles solares, ha optado por el concurso. Fuentes de Isofotón no quisieron desvelar ayer el pasivo total aunque sí confirmaron que a esa deuda hay que sumarle, posiblemente, otros 96 millones de dólares (74 millones de euros) si prospera la demanda que les ha puesto una empresa norteamericana llamada Hemlock en la corte de Michigan. Hemlock es uno de los mayores productores de polisilicio -el material con el que se hacen las células fotovoltaicas- de EEUU. En septiembre de 2005 firmó un acuerdo con la empresa Global Sun, una intermediaria, por el cual esta segunda se comprometía a comprar polisilicio durante 10 años a un precio prefijado y menor. En aquellos momentos, la producción de polisilicio era un monopolio y el kilo costaba 400 dólares. Global Sun se comprometió a venderle el polisilicio a Isofotón a cambio de que la firma malagueña -que en aquel entonces era propiedad de Bergé- hiciera de garante y pagara un tercio de la cantidad en caso de que Global Sun no comprara el material durante diez años. En estos momentos, el monopolio del polisilicio se ha roto y el kilo cuesta 20 dólares, por lo que Global Sun ha quebrado y le ha rebotado a Isofotón.

Esa demanda ha sido la puntilla y los principales afectados, además de los acreedores -que sufrirán la quita correspondiente cuando se firme un convenio- son los empleados. Tras cuatro meses de negociaciones, Isofotón despedirá a 360 empleados, más de la mitad de la plantilla y 65 personas más de las que incluyó en su primer ERE, que fue rechazado por la Junta porque no incluía los nombres de los despedidos o no se presentaban las cuentas de la matriz Affirma. La idea inicial de Isofotón, en febrero, era despedir a 380 personas y, al final, casi se ha mantenido, pese a que se llegó a hablar incluso durante la negociación de 230 despidos.

Miembros del sindicato CSIF aseguraron ayer que Isofotón les comunicó que no tiene dinero para pagar los 360 despidos ni la nómina de mayo. Los despidos podrían salirle por unos 5,4 millones de euros. La Junta de Andalucía, por su parte, señaló que el concurso es "una mala noticia" y confía en que la empresa mantenga la actividad y pueda ser viable a medio plazo.

Imputan a una secretaria por la lista de funcionarios "afines" al PSOE

LAEDICION.NET.-El caso del listado supuestamente elaborado por la Junta de Andalucía con funcionarios afines al PSOE se cobra su primera pieza judicial. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga ha llamado como imputada a la secretaria de la actual delegada provincial de Innovación y Empleo, Marta Rueda, que era titular en funciones de la Delegación del Gobierno cuando se denunció la existencia de este documento, a mediados del año pasado, para que declare en compañía de su abogado el próximo 20 de mayo.

Con ello, la juez parece vincular a esta trabajadora con el envío del documento, que no presentaba ni sello oficial ni membrete de la Administración regional, pero que se sospecha podía servir para seleccionar a los funcionarios a designar en la nueva estructura de la Junta surgida tras las pasadas elecciones autonómicas.

Así lo entiende el sindicato CSI-F, organización que puso en manos de la Fiscalía el asunto y que ahora recibe el respaldo del juzgado de instrucción con este paso.

El sindicato, que recordó que el documento incluye 172 nombres de trabajadores, justificó la remisión de este caso al Ministerio Fiscal en que tal selección de funcionarios no incluía "ningún dato profesional" y por entender "que discriminaba a los empleados públicos de la Administración autonómica en función de su afiliación política". La organización acusó a la Delegación de Empleo de elaborar el listado tras haber comprobado que era éste el entorno desde el que el documento partió hacia los demás organismos.

Los responsables del sindicato mostraron su preocupación en que sea la secretaria la delegada, "de cuyo correo parte el escrito" la que pueda convertirse en "cabeza de turco en el caso, que apunta a Rueda como última responsable de la delegación". El PSOE se limitó a mostrar su "plena y total confianza en la Justicia".

Imputan a la secretaria de la delegada Marta Rueda en el caso de la lista de afines al PSOE de la Junta

málaga

El juez llama a declarar a la trabajadora ante la denuncia del sindicato CSI-F por posibles delitos contra la protección de datos, de la prevaricación de funcionarios y de tráfico de influencias

LAEDICION.NET.- El Juzgado de Instrucción Nº 3 de Málaga ha citado a declarar como imputada a la secretaria de la delegada de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Marta Rueda, en el caso del listado de funcionarios afines al PSOE de la Junta de Andalucía en Málaga. El sindicato CSI-F Málaga llevó ante la Fiscalía Provincial en julio de 2012 un documento que mostraba presuntamente un listado de funcionarios afines al partido «en la que no figura ningún dato profesional», por entender que discriminaba a los empleados públicos de la Administración autonómica en función de su afiliación política. El juez ha llamado a declarar a esta trabajadora por los presuntos delitos contra la protección de datos, de prevaricación de funcionarios y de tráfico de influencias

CSIF acusa a la Delegación de Empleo de la elaboración del listado tras haber comprobado que era éste el entorno desde el que el documento partió a los demás organismos. En este sentido, CSI-F Málaga teme que la secretaria de la delegada, de cuyo correo partía el documento, pudiera «pasar por cabeza de turco en el caso», si bien este sindicato apunta a Rueda, como última responsable de la delegación provincial.

La Junta protege con dos decretos ley a los Faffe y a funcionarios interinos

Educación asume las competencias de la formación para el empleo, pero no a la plantilla subrogada

E LAEDICION.NET.-·  El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó ayer dos nuevos decretos ley (llega a diez en esta legislatura, por seis leyes) que consolida la situación de algunos de los trabajadores de la Administración: los ex empleados de la extinta fundación Faffe y la de funcionarios interinos. En el primer decreto, adelantado ayer por esta redacción, el Gobierno andaluz aprueba el traspaso de las competencias de la formación para el empleo desde el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a la Consejería de Educación. Finalmente, los ex empleados de la extinta Faffe permanecerán en el SAE, aunque diversas sentencias les impiden asumir funciones ajenas a los cursos de formación.

¿Qué harán?, fue la pregunta que intentó responder sin éxito en varias ocasiones el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez. "El personal de Faffe va a seguir ejerciendo las mismas funciones que hasta ahora, es un personal subrogado que en el Servicio Andaluz de Empleo realiza funciones administrativas auxiliares", señaló. Se trata de 1.187 personas, según diversas fuentes. La Junta ha prescindido de interinos en educación o sanidad. En todo el año pasado no se convocó ni un nuevo curso de formación. Según la Junta, por los recortes de hasta un 57% en las políticas activas de empleo por parte del Gobierno central.

Ahora Educación hereda estas competencias junto a las escuelas taller o las casas de oficio, y es una incógnita cuándo se reactivarán. El pacto por el Empleo firmado hace unas semanas alude a un mes después de que se celebre la conferencia sectorial de Empleo y se conozca la inversión que el Gobierno mandará a las comunidades.

El otro decreto aprobado por la Junta establece una nueva regulación en los procedimientos de selección de funcionarios interinos. Cuando cesen porque el puesto se adjudique a un funcionario de carrera, se dispensará a estos interinos un trato diferencial por motivos de edad y experiencia profesional: que tengan al menos 45 años y trabajen en la Junta desde antes de 2005. Así la Junta beneficia a interinos que llevan lustros en la Administración pero sin plaza. Así se acordó en la Mesa sectorial con CSIF, Ustea, UGT y CCOO.

Según lo referido ayer, nada se dice del personal laboral. Ustea había denunciado que unas 1.800 plazas de laborales temporales estaban en riesgo.

El alcalde anuncia su intención de bajar el IBI gracias a la gestión realizada sobre las cuentas municipales

El Pleno celebrado esta mañana ratifica el acuerdo de Funcionarios y Convenio Colectivo de Personal Laboral para el trienio 2013-2105

LAEDICION.NET.-El alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, ha anunciado hoy la intención del Equipo de Gobierno municipal de bajar el IBI en próximos ejercicios habida cuenta de los resultados de la gestión económica, “prudente y razonable”, que se viene aplicando al frente del Ayuntamiento de Almería el Partido Popular. Así lo manifestado durante la celebración del Pleno extraordinario en el transcurso del debate que se ha producido en uno de sus puntos, el quinto de los quince incluidos en el orden del día, relativo a la Liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento y los sus Organismos Autónomos del ejercicio 2012.

Rodríguez-Comendador ha vuelto a defender la gestión económica al frente del Consistorio, que se traduce en una solvencia “que hace posible el pago a proveedores y que significa, a su vez, el mantenimiento de empleos, que los funcionarios de la casa puedan seguir cobrando puntual y regularmente y que se puedan seguir acometiendo inversiones. Eso es rigor y eficiencia. Solo así podremos seguir haciendo cosas, como bajar el IBI a los ciudadanos, que lo vamos a bajar”, remachó el primer edil.

Las críticas que de la liquidación han realizado hoy en el pleno los grupos de la oposición, IU y PSOE, han tenido cumplida respuesta también por parte de la responsable del Área de Hacienda, Rafaela Abad, quien ha destacado que “la gestión del Partido Popular al frente del Ayuntamiento cumple con los planes de estabilidad presupuestaria y eso significa que no gastamos lo que no tenemos. Es para sentirse orgullosos de la liquidación que hoy damos cuenta, con resultados muy positivos para las arcas municipales, y, por ende, para la propia ciudad al cerrar con superávit todas las magnitudes económicas. Y en la línea de la austeridad, del rigor y la eficiencia en la aplicación del gasto público vamos a continuar. Esa es la línea que nos ha permitido contar con liquidez suficiente para hacer frente a los pagos y seguir siendo de los Ayuntamientos más solventes de España, un Ayuntamiento fiable, que dinamiza la ciudad y genera empleo”, ha indicado.

Según Abad, la buena gestión del Equipo de Gobierno no se puede discutir a la vista de las cifras de la liquidación del presupuesto, con un remanente líquido de tesorería para gastos generales de 12.908.422,9 euros y un superávit en términos de estabilidad presupuestaria de 10.904.717,63 euros, “un balance que nos permite seguir avanzando en un doble objetivo: eliminar deuda con los proveedores y continuar saneando nuestras cuentas y mejorando la solvencia del Ayuntamiento”, señaló.

La responsable del Área de Haciendo ha incidido en otros datos positivos de esta liquidación, “como el 87% en el nivel de ejecución presupuestaria o el 84,73% de eficacia recaudatoria, así como el porcentaje del 55% en inversiones realizadas, a pesar de la lentitud de los procedimientos para su ejecución”.

Abad ha lamentado,  sin embargo, que estas cifras no puedan ser mejores como consecuencia de la disminución que la Junta de Andalucía viene realizando en sus aportaciones, “cantidades que este Ayuntamiento tiene que aportar y que viene haciendo sistemáticamente para garantizar servicios, como ocurre en con los Planes Concertados, talleres de empleo o con la Ley de Dependencia. La situación se hace del todo insostenible cuando, como es el caso, la Junta no cumple con sus obligaciones o no paga lo que nos debe”, ha sentenciado.

Convenio Colectivo

En otro orden de cosas, los votos favorables del Equipo de Gobierno han sido suficientes para la aprobación del acuerdo de funcionarios y convenio colectivo de personal laboral del Ayuntamiento de Almería para los próximos tres años. Los grupos de la oposición han votado en contra de un acuerdo que, en palabras de la responsable del Área de Personal, Lola de Haro, “consolida la gran mayoría de los derechos adquiridos por los empleados municipales, garantiza el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, y no toca sueldos”

La edil popular ha señalado “que no es éste el acuerdo que nos hubiera gustado sacar adelante, pero es el mejor posible de acuerdo con la reciente legislación en materia de estabilidad presupuestaria y de función pública, dado también el poco margen que hay para poder negociar mayores cotas de derechos para los empleados locales”. Asimismo ha subrayado “el gran esfuerzo realizado por todas las partes, corporativa y sindical”, y se ha felicitado por el resultado de un acuerdo “en beneficio de todo el colectivo que trabaja en el Ayuntamiento”.

De Haro se ha mostrado crítica con el posicionamiento de los grupos de la oposición respecto al “acuerdo negociado” que se ha producido entre Equipo de Gobierno y los sindicatos, convenio que ha sido rubricado por los tres sindicatos mayoritarios, CSIF, UEMA y CCOO, “refrendando un acuerdo que se viene negociando, trabajando desde hace meses y que se resuelve acorde con la ley y las circunstancias que obligan”.

Las obras de la Balsa del Sapo serán ejecutadas, desde mañana, por el Ayuntamiento.

En cuanto a la huelga en la empresa Urbaser, el alcalde ha mantenido una reunión con CCOO, UGT y CSIF en la que ha solicitado anular la convocatoria existente con el compromiso de negociar después de la Semana Santa.

LAEDICION.NET.-El alcalde de Roquetas de Mar ha confirmado que “finalmente será el Ayuntamiento el que ejecutará las obras de los pasos de la Rambla El Cañuelo, que comenzarán mañana en el de la Yegua Verde, es decir, a la espalda del cementerio, por ser el más transitado de cuantos vamos a ejecutar”. Gabriel Amat ha explicado que “nuestros agricultores no podían esperar más, el ayuntamiento tendrá que hacer un esfuerzo pero esta situación no podía seguir así, ya que los únicos perjudicados eran nuestros vecinos y a nadie más que a  nosotros nos duele esta situación”. Gabriel Amat ha indicado que “una vez más el ayuntamiento de Roquetas de Mar vuelve a esforzarse por mantener la cordura, la coherencia y la sensibilidad del lado de los ciudadanos, es nuestra obligación  y la vamos a cumplir, será otro el momento y el lugar cuando se tenga que ver de quién era o no competencia”.

El alcalde ha anunciado que la empresa que ejecutará esta infraestructura será Sacyr, una vez que la Junta Local de Gobierno declaró de emergencia estas obras, el pasado lunes.

Huelga en Urbaser

Gabriel Amat ha mantenido una reunión con los sindicatos UGT, CCOO y CSI-CSIF con el fin de mediar en el conflicto que enfrenta en este momento a la empresa URBASER, concesionaria del servicio de recogida de basura en Roquetas de Mar, y  a sus trabajadores.

El alcalde ha propuesto que “anulen la convocatoria de huelga durante la Semana Santa, para que una vez transcurra esta sentarnos todos en la mesa a intentar eliminar las diferencias entre trabajadores y empresa”. Gabriel Amat ha intentado hacer ver a las organizaciones sindicales “la importancia de no iniciar la huelga el próximo domingo, siendo un gesto de buena voluntad por parte de los empleados y sabiendo que con las tres partes en la mesa negociadora una vez pase la Semana Santa, con toda seguridad los acercamientos serán más rápidos y certeros”.

De igual forma, el alcalde ha indicado que “los sindicatos llevarán esta propuesta a una Asamblea con todos los trabajadores mañana mismo, y tomarán la decisión que en conciencia tomen más adecuada, que espero coincida con la que se ha propuesto desde esta alcaldía por el bien de nuestros ciudadanos”.

El alcalde firma el nuevo convenio colectivo con CSI•F, CCOO y UEMA

LAEDICION.NET.-UGT no lo rubrica porque lo considera "regresivo" y Uplb por falta de "negociación y claridad"El alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, firmó ayer con los representantes de los tres sindicatos mayoritarios, CSIF, UEMA y CCOO, el acuerdo de funcionarios/convenio de personal Laboral para el periodo trienal 2013-2015 y les agradece "el esfuerzo que han realizado para alcanzar un acuerdo, que es el mejor posible dentro de una coyuntura económica complicada".

Rodríguez-Comendador, que estuvo acompañado por las concejalas de Personal, Lola de Haro, y Seguridad y Movilidad, María Muñiz, ha destacado que el convenio "consolida la gran mayoría de los derechos adquiridos por los empleados municipales, garantizado el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, además de mejoras en la estructura de las retribuciones, a través del procedimiento de valoración de los puestos de trabajo de este Ayuntamiento".

Paralelamente a la firma del Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Almería, representantes de la Federación de Servicios Públicos (FSP) UGT Almería en el consistorio, se concentraron en la Plaza Vieja como señal de protesta a la rúbrica dicho acuerdo, ya que consideran que se trata de un "convenio regresivo".

Por su parte, el sindicato Uplb critica que no ha rubricado el convenio por falta de negociación y claridad y que este contenga que el que no firme no puede después interpretar el convenio, ni reclamar sobre él, ni poder asistir a las demás mesas que emanan del convenio, como la del reglamento del fondo de acción social y en segundo lugar. "El martes a última hora, sin consultar, ni aprobar en mesa de negociación, impone una cláusula nueva, abusiva y restrictiva totalmente de los derechos sindicales", sentencian.

CSIF denuncia que la Junta despide a mil promotores de empleo

LAEDICION.NET.-La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF considera incongruente que la Junta de Andalucía prefiera incorporar a casi dos mil trabajadores a la Administración andaluza a través de sus agencias a mantener los casi mil puestos de promotores de empleo que ha destruido en los últimos meses.

Según informa CSIF en un comunicado, la Junta despidió a 413 promotores de empleo del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), 40 de los cuales trabajan en la provincia de Almería, y a otros 714 agentes locales de promoción y empleo, (Alpes), 32 de ellos almerienses, como parte de la reestructuración de la administración andaluza realizada tras la aprobación de la Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz.

Trabajadores de Ambulancias Quevedo se manifiestan por el despido de 33 compañeros

LAEDICION.NET.-Lo harán hoy a las 11:00 horas ante la Delegación de Salud de la Junta para exigir a la Junta que tome cartas en el asunto.Los trabajadores de Ambulancias Quevedo han decidido llevar a cabo una concentración tras el despido de 33 compañeros. Tal y como ha informado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Almería, la protesta tendrá lugar a las 11:00 horas a las puertas de la Delegación de Salud de la Junta para exigir a la Administración que tome medidas urgentes en este caso. CSIF ha insistido en la coacción que Ambulancias Quevedo está llevando a cabo sobre su plantilla y la pasividad demostrada ante esta situación por la Delegación Salud de la Junta de Andalucía. Los hechos se remontan al pasado mes de julio, cuando la empresa concesionaria del transporte sanitario en la provincia, decidió despedir a un total de 23 trabajadores, de los cuales 11 de ellos eran miembros, candidatos o delegados del comité de empresa en representación de CSIF, aludiendo despido objetivo. Así, la asesoría jurídica del sindicato ha interpuesto las correspondientes demandas por despido nulo que están pendientes de juicio. Ante esta tesitura, Ambulancias Quevedo convocó al resto de trabajadores a una asamblea cuya orden del día ha sido: "votación aceptar o no el descuento de salario y como consecuencia la readmisión de trabajadores despedidos". Así, la dirección de la empresa ha coaccionado a sus empleados obligándoles a decidir si prefieren la vuelta de los trabajadores despedidos a costa de una bajada de su salario de un 5,2%. Según los datos facilitados por la empresa, encargada de la custodia y contabilidad de dichos votos, los trabajadores han respaldado en un 85% la decisión de la compañía de transporte, ante el miedo de perder parte de su sueldo. En esta línea, CSIF indignado ante la maniobra de chantaje llevada a cabo por la dirección de Ambulancias de Quevedo, solicitó a la Delegación provincial de Salud que interviniera, pero no se ha obtenido ningún tipo de respuesta.

La asesoría jurídica de CSIF está estudiando las medidas legales a tomar para impedir la arbitrariedad de las actuaciones por la empresa de transportes sanitarios que, a juicio del sindicato existen más que indicios razonables de una presunta coacción a la plantilla.

Torrecárdenas niega que haya pacientes ingresados en el área de Urgencias esperando cama

LAEDICION.NET.-La Delegación de Salud asegura que lo que ocurrió el lunes y el martes fue una demanda asistencial puntual típica de esta época.
La Delegación de Salud de la Junta de Andalucía asegura que el aumento de la frecuentación en Urgencias es algo habitual durante los meses invernales, en los que el descenso de las temperaturas provoca un incremento de las patologías respiratorias, que afecta especialmente a aquellos pacientes que sufren enfermedades crónicas y a las personas mayores de 65 años. Por ello, basándose en la experiencia acumulada, los centros hospitalarios disponen de Planes de Alta Frecuentación, que en el caso del Complejo Hospitalario Torrecárdenas, está activo desde el pasado 1 de diciembre. En ese plan se contemplan una serie de medidas, que se van activando cuando la afluencia de pacientes a Urgencias supera en más de un 10% y un 25% las cifras habituales.

Salud quiere dejar claro, ante las denuncias del sindicato CSIF, que Los pasados días 18 y 19 de febrero, se registró una alta afluencia de pacientes en el servicio de Urgencias del Hospital Torrecárdenas, alcanzado las 566 y 529 atenciones. Estas cifras suponen un incremento de un 20% y un 12% con respecto a la media habitual de asistencia, situada en 470 casos al día.

Además, insisten en que la permanencia de un paciente en el área de Observación la determina el criterio facultativo. Incluso algunos pacientes permanecen hasta dos días en esta área por la dificultad de establecer un diagnóstico y se realiza un ingreso de corta estancia en Observación, hasta que se resuelve su proceso y el paciente se va de alta o se determina su paso a hospitalización. Con esto quieren dejar claro que no se debe a la falta de camas.

El juez declara ilegales a casi 2.000 'enchufados' por Griñán en la Junta de Andalucía

En total, el Gobierno regional andaluz, controlado desde hace tres décadas por el PSOE, paga unas 260.000 nóminas

LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-La pugna judicial contra la ley de reordenación del sector público de Andalucía -conocida como ley del enchufismo- aprobada ahora hace casi dos años por la Junta de Andalucía y emprendida por varios sindicatos como CSIF, SAF o asociaciones de empleados públicos de carrera por entender que suponía la entrada ilegal de 26.000 empleados laborales en la Administración general de la Junta, ha ganado una batalla clave.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha anulado, por primera vez en sentencia firme sin posibilidad de recurso, el protocolo de integración de 1.850 empleados de la antigua empresa pública DAP en la nueva agencia pública Agapa.
Como explica Carlos Pizá en 'El Economista', estas personas, junto a las otras 24.000 procedentes de otros entes, empresas y consorcios que se integraron en ocho macroagencias como fruto de la ley de reordenación, son las denominadas enchufadas, por ser en la mayoría de los casos personas afiliadas, simpatizantes y/o familiares de miembros y altos cargos del PSOE, UGT y CCOO.
Paralización total
Todos los protocolos de integración de personal y todos los estatutos de las ocho agencias han sido recurridos por los distintos sindicatos y asociaciones.
Como consecuencia, todas las integraciones de personal están paralizadas de manera cautelar a la espera de pronunciamientos firmes, como el conocido este mes.
Esta primera sentencia irrecurrible deja en situación de total ilegalidad, según lo asegura desde el despacho cordobés Mariano Aguayo, que trabaja en el caso, a esas 1.850 personas.
¿Qué es lo que va a ocurrir ahora con ellas? La Junta asegura que estudia la sentencia, pero no ha tomado ninguna medida ni con esta resolución firme sobre la mesa ni con todas las anteriores cautelares.
Los abogados y sus clientes, los sindicatos de funcionarios, aseguran que la situación de ilegalidad está generando problemas enormes para encontrar acomodo y funciones a esas 26.000 personas.
Y es que no pueden realizar tareas encomendadas que exijan potestades que, por ley, le corresponden a los funcionarios.
Todos ellos siguen cobrando sus nóminas. En total, el gasto en personal de esta Administración paralela de unos 140 entes -que no ha sido desglosado nunca por la Junta, aunque ahora se verá obligada a remitirlo antes de final de febrero al Ministerio de Hacienda- supera los mil millones.
Además, no procede del capítulo 1 del presupuesto andaluz, sino del VII -Transferencias de capital- bajo el que el gasto en sueldos queda camuflado.
Sumando lo que cobran los enchufados, el coste de personal de la Junta de Andalucía supera los 10.000 millones al año, un tercio del presupuesto total para 2013 del ejecutivo andaluz.
Estos empleados son además privilegiados, pues sus convenios colectivos superan los de los funcionarios y laborales integrados en la administración general de la Junta.
En total, el Gobierno regional paga unas 260.000 nóminas.

Los médicos de Torrecárdenas se concentarán este mediodia

LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-La Junta de Personal del Complejo Hospitalario Torrecárdenas formada por SATSE, USAE, CSIF, CC.OO., UGT, SMA y USTEA-ASTISA exigimos al Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud que cumpla con la promesa que se nos dio a los sindicatos en referencia a los contratos al 75%, los cuales se iban a realizar de forma puntual hasta final del año 2012.

            Pasado este periodo comprobamos que se continúan renovando los contratos al 75%, 50% e incluso, algunos al 33% provocando:

Precariedad en la atención al usuario disminuyendo la calidad asistencial.
Desigualdad entre profesionales de la misma categoría.
E.R.E. encubierto. Disminución de la plantilla de trabajadores.
Disminución de las contrataciones temporales.
Desigualdad entre profesionales con el mismo tipo de contrato realizando unos turnos completos y otros la reducción de jornada diariamente.
 

            Queremos recordar a la Dirección Gerencia del S.A.S., que los trabajadores hemos perdido alrededor de un 38% de poder adquisitivo en los 3 últimos años como consecuencia de varias reducciones salariales, la supresión de la paga extra de diciembre de 2012, la eliminación del complemento de la paga adicional en las pagas extras de 2013, además de los días adicionales, libre disposiciones, etc. Teniendo que sumar al personal contratado un recorte entre el 25% y el 77% dependiendo del contrato parcial que tengan.

            Es por lo que, una vez más, le recordamos que los servicios públicos no han sido la causa de la crisis económica y que el verdadero problema no es el gasto en dichos servicios públicos, sino el de los ingresos mermados sistemáticamente por un fraude fiscal muy por encima del existente en la Unión Europea.

            Por todo lo expuesto EXIGIMOS la eliminación de los contratos al 75% y su conversión en nombramientos a tiempo total  para asegurar una sanidad de calidad.

Griñán derrocha 36 millones en Andalucía en fundaciones afines o inexistentes

El Tribunal Superior andaluz anula 16,6 millones para Faffe concedidos el día de su disolución

La Fiscalía investiga el destino de 15,5 millones para un ente sin actividad en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) de Málaga

LAEDICION.NET.-A los escándalos de los ERE, Invercaria o el fraude en ayudas al empleo con fondos de la UE, todos ellos bajo investigación judicial actualmente, se suma ahora el uso de fondos públicos de al menos 35 millones de euros por parte de José Antonio Griñán, que preside la Junta de Andalucía desde abril de 2009.
Cuenta Carlos Pizá en El Economista que, en primer lugar, por la importancia del volumen económico cuestionado, está la ayuda de 16,6 millones otorgada por la extinta Consejería de Empleo --hoy integrada en Economía-- a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) el 19 de abril de 2011. Un ente que empleaba a 1.500 personas que no habían pasado ningún proceso de selección y que estaban, en su inmensa mayoría, vinculadas al PSOE directa o indirectamente (son familiares de altos cargos socialistas, de UGT o de CCOO).
Se da la circunstancia de que el mismo día que se concedió esa ayuda, el Gobierno andaluz decidió suprimir la Faffe para integrarla en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) como parte del proceso de reorganización del sector público empresarial iniciado por la Junta en 2010. Esta integración también está suspendida por el TSJA y los empleados restantes de Faffe, más de mil, se encuentran en un limbo jurídico, aunque cobrando sus nóminas.
Esa coincidencia temporal entre la concesión de la ayuda y la supresión del ente que la recibía hizo que el CSIF recurriera esa decisión. Ahora, el TSJA ha decidido declararla "nula de pleno derecho" por ser una "subvención nominativa a una fundación ya extinguida". Y obliga a que el SAE la devuelva a la Consejería de Economía. La consecuencia es que el organismo que atiende al millón largo de parados andaluces tendrá aún menos presupuesto en el momento en el que más recursos harían falta.
En paralelo, la Fiscalía del TSJA ha actuado de oficio para pedir a la Policía que investigue el destino del dinero público, por importe de 15,5 millones, otorgado por el consejo de Gobierno de la Junta en enero de 2012 a la Fundación Instituto Andaluz para el Bienestar Ciudadano (Fibic) y cuya concesión apareció publicada boletín oficial de Andalucía (BOJA) en agosto. Sin embargo, el Fibic fue suprimido año y medio antes de otorgarse esa subvención, en junio de 2010, como consecuencia del primer plan de reequilibrio financiero de la Junta. ¿Dónde ha ido a parar ese dinero?
Fibic quedó adscrito a la Agencia Andaluza del Conocimiento, que no aparece como beneficiaria de esa ayuda en ningún caso. Para más inri, el edificio que debe de acoger este proyecto en el PTA de Málaga debía haberse terminado en 2012, pero está a medio hacer porque la propia Junta no paga esas obras a la constructora que se las adjudicó, la sevillana Detea, que además está en concurso de acreedores.
Por último, se ha conocido en los últimos días, merced al informe concursal de los administradores de la quebrada Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía, que la Junta dio ayudas a esta ONG plagada de afines al PSOE doce días antes de declararse en concurso. En concreto, 207.830 euros. En total, recibió 3,7 millones de varias consejerías de la Junta, que ha sido su principal financiador desde 1991.

El Supremo anula las subvenciones a la concertación para UGT, CCOO y la CEA

LAEDICION.NET.-El Alto Tribunal afirma que la Junta discrimina al resto de sindicatos en las ayudas de formación El Tribunal Supremo ha dado la razón al sindicato CSIF en la demanda interpuesta contra la Junta de Andalucía y las entidades firmantes de los acuerdos de concertación (los sindicatos UGT y CCOO, y la Confederación de Empresarios de Andalucía) por la que el sindicato de funcionarios denunció que la aplicación de este pacto beneficia a los firmantes en la concesión de cursos de formación.

El Supremo, en dos sentencias de este pasado mes de noviembre, rechaza los recursos de casación de la Administración andaluza y de estas entidades contra las sentencias del TSJA en las que se daba la razón a CSIF, que se sentía discriminada por no recibir ayudas para cursos de formación por no haber sido una de las firmantes de esos acuerdos de concertación con los que la Junta lleva desde 1993 firmando la paz social en Andalucía.

El primero de los fallos se refiere a tres acuerdos de julio de 2005 del Consejo de Gobierno por el que se autorizó la concesión a UGT, CCOO y la CEA de 12,5 millones a cada uno. En enero de ese año se había firmado el IV Acuerdo de Concertación.

Pese a que los recursos de UGT y de la CEA ("casi idénticos") alegan que CSIF también se llevó ese año 44.000 euros para cursos de formación, el tribunal lo desvincula de ese acuerdo y entiende que el criterio expuesto de que son firmantes porque son los más representativos vulnera la libertad sindical.

En el segundo fallo, que también recurrió CCOO, el Supremo comparte que hay una diferencia de trato en la concesión de ayudas. "Los excluidos se ven así condenados a una menor presencia entre los trabajadores, con lo que difícilmente podrán mejorar su condición representativa; se produce así una especie de círculo vicioso: no es más representativo y se le excluye de las subvenciones. Y al no obtener subvenciones no consigue aumentar su representatividad. Círculo en efecto vicioso, no tolerable desde una óptica de legalidad constitucional", había determinado el TSJA.

CSIF reclamó ayer a la Junta que ejecute estas sentencias y abra la concertación a otras entidades. Además, este sindicato estudia si pedirá que se devuelvan las cantidades recibidas por esos acuerdos para formación, una acción que tendría que volver a ser reclamada ante los tribunales.

El presidente Griñán tiene la intención de firmar un nuevo acuerdo a principios de 2013, el octavo. Ayer el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, quiso dejar "muy claro" que "para nada este modelo está puesto en cuestión con esta decisión judicial" y defendió que UGT y CCOO son los sindicatos "más representativos", pese a que las sentencias anulan ese criterio de la Junta. El vicepresidente Diego Valderas sí opinó que la Junta tendrá que estudiar "abrirse más" en las subvenciones a sindicatos.

CCOO y UGT se limitaron a difundir un comunicado en el que criticaron los "ataques al sindicalismo de clase".

El PP afloja y ofrece un Fondo de Acción Social de cobertura médica

El Ayuntamiento y sindicatos se sientan de nuevo y revisan qué conceptos del FAS no caerán

LAEDICION.NET.-:/ Redacción.- El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería ha suavizado su plan de ajustes para recortar el gasto corriente del capítulo de Personal ofreciendo a sus empleados públicos un Fondo de Acción Social básico (FAS), que cubra esencialmente las prestaciones médicas prioritarias sin cobijo de la Seguridad Social.

Retirado el plan aprobado hace quince días en Junta de Gobierno, que suspendía por dos años el FAS en su totalidad al acarrear un coste anual a las arcas públicas de 1,2 millones de euros aproximadamente, el equipo de gobierno volvió en la mañana de ayer a sentarse con los representantes de los cinco sindicatos retomando las conversaciones con UGT, CCOO, CSIF, Uema y Unión de Policías y Bomberos de Almería.

A este primer encuentro los miembros del equipo de gobierno de la Mesa de Negociación, Pablo Venzal, María Muñiz, Isabel Fernández, Lola de Haro y Rafaela Abad, llegaron con una nueva propuesta más amable, con variaciones bien recibidas, en principio, por los sindicatos. Aunque, eso sí, quedan horas por delante de negociación para perfilar un acuerdo, que ayer, tras tres horas de reunión, no se alcanzó. "Ha sido una toma de contacto y las conversaciones se retoman el próximo martes, cuando esperamos decisiones sobre la propuesta", comentó al término del encuentro el Victoriano García, delegado de la Junta de Personal del CSIF.

No han sido facilitadas concreciones acerca de la nueva propuesta, si bien, según los sindicatos, el equipo de gobierno está dispuesto a mantener el Fondo de Acción Social, pero cubriendo únicamente los gastos derivados de servicios médicos más elementales que no cubre la Seguridad Social. No ha trascendido cuáles de estos servicios conservarán los funcionarios y el personal laboral, ni tampoco si los familiares podrán seguir beneficiándose. El actual FAS contempla un amplio abanico que incluye desde un seguro médico, audífonos o aparatos de fonación, así como tratamientos de ortodoncia como brackets o la corrección de la miopía mediante intervención quirúrgica; y abriga a cónyuges y parejas de hecho, hijos menores de edad y hasta los 28 años en situación de desempleo, personal eventual y jubilados.

Determinar qué prestaciones se mantienen y cuáles se conservan, y para quiénes, es precisamente el objeto de las próximas reuniones, si bien de antemano queda ya descartada otro tipo de ayudas como los 200 euros por año y familia que el empleado público podía solicitar para gastos de actividades deportivas y culturales. Una de las más demandadas.

"Es una negociación muy complicada", comentó ayer García, que podría incluir, como abogan los sindicatos, una revisión del reglamento que rige el funcionamiento del FAS. La intención es que beneficie en especial a aquellos trabajadores que menos salario perciben. De hecho, este es el concepto solidario con el que surgió en 1992 esta bolsa económica, que se nutre con el 3% de las nóminas, si bien el actual reglamento, aprobado durante el primer mandato de Rodríguez-Comendador, permite acceder a las ayudas en igualdad de condiciones sin diferenciar las rentas de los solicitantes.

Los sindicatos, que han acudido a esta segunda tanda de negociaciones más cohesionados, superadas ciertas diferencias con la Unión de Policías y Bomberos, piden al equipo de gobierno una negociación pausa, "sin prisas" por la pretensión de aprobar el presupuesto de 2013. Entrarán en debate otros aspectos aparte del FAS, si bien en este primer encuentro el PP no ha planteado elevar el 3% de reducción de los cargos electos.

CSIF denuncia la creación de puesto de trabajo para Daniel Rivera, imputados en los ERES, en el Hospital de Poniente

Daniel Alberto Rivera, imputado en el caso de los ERES andaluces y ex director general de Trabajo de la Junta ha sido el elegido para dicho puesto.




LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, denuncia la creación de puesto de trabajo en el Hospital de Poniente confeccionado para ocuparlo a dedo. Así, el sindicato critica que la gerente del centro, Agapita García, haya permitido, bien a petición suya o bien impuesto por la Junta de Andalucía, que se haya diseñado dicho puesto para Daniel Alberto Rivera, imputado y ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía.
A este respecto, las funciones de Rivera serán las de Jefe de Compras del Hospital de Alta Resolución de El Toyo. Para CSIF es incomprensible como un “trabajador”  que ha sido acusado por la realización de pagos irregulares en el caso de los ERES de Andalucía, se recoloca en un puesto de nueva creación, donde una de sus principales funciones es la del manejo de caudales públicos para la realización de compras de material. En este sentido, estas labores siempre han sido desarrolladas satisfactoriamente desde el Hospital del Poniente.
Con este hecho, y según asegura CSIF, se contravienen los principios elementales de la creación y catálogo de puestos de trabajos, además de suponer la indignación y malestar del personal sanitario del Hospital. Es esta misma línea, para el sindicato es incomprensible como, en tiempo de recortes, austeridad y ahorro, se crea esa necesidad de confeccionar un puesto de trabajo de estas características.
“Mientras tanto los trabajadores públicos estamos sufriendo todo el peso de esta crisis que no hemos originado. Los únicos culpables son la clase política que continúa realizando sus maniobras para recolocar a los que han sido o son sus cargos de confianza, en los puestos más atractivos de la Administración Pública”, recalca Antonio Moreno, presidente de Sanidad de CSIF en Almería.

Aprobados por unanimidad todos los puntos del orden del día del Consejo Sectorial de personas con discapacidad

El Consejo se ha reunido esta mañana en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar

LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-El Área de Servicios a los Ciudadanos del Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha convocado la reunión del Consejo Sectorial de Personas con Discapacidad. Tras su reunión, en la que todos los puntos a debate se han aprobado por unanimidad, José Galdeano, concejal de Servicios Sociales, ha destacado “la unidad de acción en un tema tan sensible como el de la discapacidad demuestra la preocupación de todos los grupos políticos, las Asociaciones y organizaciones integrantes del Consejo en pos de conseguir los mayores logros para personas que lo necesitan muy especialmente”. El concejal de Asuntos Sociales ha afirmado salir “muy satisfecho de la reunión después de comprobar la unanimidad de todos los integrantes en los asuntos propuestos, una vez, que para el Equipo de Gobierno de Roquetas de Mar, es un tema muy relevante dentro de  nuestra acción social destinada a la ciudadanía”.

Entre los asuntos tratados por el Consejo Sectorial de Personas con Discapacidad ha destacado el de la solicitud de informes y publicaciones sobre discapacidad elaborados por la Junta de Andalucía, y sobre todo, la propuesta de solicitar aplicación presupuestaria municipal en relación con el propio Consejo, lo que significa en palabras del concejal de Asuntos Sociales que “el consistorio tendrá una partida económica prevista y con capacidad de posibles inversiones del propio consejo, lo que a su vez, dará la posibilidad de recibir ayudas y subvenciones de otras administraciones”.

El Consejo Sectorial de personas con discapacidad está compuesto por todos los grupos políticos de la Corporación Municipal, un representante de la Junta de Andalucía,  todas las Asociaciones en relación con la discapacidad del municipio y la ONCE, los sindicatos UGT, CCOO y CSIF y por Asempal.

CSIF denuncia a María Muñiz por las deficiencias en las transmisiones de la Policía Local y de la línea 092

LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, denuncia a la concejal del Área de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Almería, María Muñiz, por las deficiencias en el sistema de transmisiones de la Policía Local, así como por la mala ubicación de la Sala del 092.
El sindicato lleva varios años criticando el mal funcionamiento de los equipos de transmisiones, y según asegura, Muñiz había prometido dar solución a esta problemática que afecta directamente al buen funcionamiento de la plantilla, y por ente al servicio que se presta a la ciudadanía. Además, CSIF explica que la “Jefatura de Policía Local más moderna de España”, tal y como definió la actual corporación municipal, no cuenta con antena para desarrollar el sistema de comunicaciones.
Por otro lado, el sindicato también acusa al consistorio capitalino por la mala gestión en cuanto a la ubicación de la Sala del 092, ya que ésta ha sido instalada en la planta más baja de la Jefatura. Según explica Juan Jerez, delegado de CSIF en la Policía Local “estas instalaciones deberían están enclavadas en la planta más alta para ahorrar cableado, mejorar la entrada de la señal de los equipos y evitar ruidos que puedan interferir en las comunicaciones”. Además, CSIF tiene constancia de que son múltiples las quejas de los vecinos y comerciantes por el mal funcionamiento de la línea del 092.
Asimismo, desde el sindicato también señalan que estas antenas, la cuales son provisionales, no son suficientes para el volumen de trabajo que hay, “y podrían ser incluso perjudiciales para la salud de los policías destinados en este servicio”, apunta Jerez. Otra de las deficiencias que destaca CSIF es que el habitáculo de este servicio no cuenta con un techo acústico, suelo táctico, canalización para el cableado y mamparas de aislamiento acústico.
Por todo ello, el sindicato muestra su indignación y recuerda que en varias ocasiones los policías, ante la urgencia de determinados servicios, han tenido que hacer uso de sus teléfonos particulares para dar respuesta a la demanda ciudadana. “María Muñiz tiene conocimiento de esta problemática por lo que ha decido repartir teléfonos móviles a las patrullas en los turnos de tarde y noche, iniciativa que no pone soluciones porque no pueden estar realizando sus funciones en plena calle con teléfonos a la espera de que una línea esté desocupada, además del enorme gasto que supone”, recalca el delegado sindical.
Con todo, CSIF, como representante de los policías locales de la platilla de Almería, pide disculpas a la ciudadanía si observan retrasos en los servicios. “Queremos trasmitir a los vecinos de la capital que trabajamos con los medios escasos que nos proporciona el Ayuntamiento”, apostilla Jerez.

El ayuntamiento de El Ejido se compromete un año más con la protección de la infancia

LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-Dentro de la importante labor de protección a la Infancia en Andalucía, se crearon en el año 2000 los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF), constituidos por psicólogos, trabajadores sociales y educadores dirigidos a prevenir y paliar las situaciones de riesgo social de las familias para evitar que desemboquen en casos en los que es necesario declarar el desamparo de los menores y retirarlos del hogar donde nacieron. Teniendo en cuenta que tan solo en 2011 se calcula que se produjeron más de 25 000 casos de maltrato en menores de familias de todas las clases sociales y niveles económicos en Andalucía, queda más que justificada la labor de los 141 equipos existentes y 524 profesionales que suponen, no sólo un gran rentabilidad social por la labor social que realizan, sino también económica pues evitan los numerosos gastos que suponen internar a tantos menores.
La generalizada política de recortes en las administraciones locales ha sacado a la luz los problemas para la renovación de los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF) que se cofinancian con la Junta de Andalucía, especialmente a raíz de la negativa de la Diputación Provincial de Almería a renovar sus 4 equipos a no ser que la Comunidad Autónoma se pusiese al día en sus pagos. Finalmente este septiembre se produjo la renovación pero reducida exclusivamente a la aportación que hiciese la Junta de Andalucía, con el consiguiente deterioro de las condiciones de los trabajadores de dichos equipos a los que no se les dio otra alternativa.
Frente a esto, existen otras administraciones locales que sí se han comprometido más claramente con la atención de la Infancia, como ha sido el caso del Ayuntamiento de El Ejido, que a través del Área de Servicios Sociales y Mujer ha facilitado la renovación de su ETF y mantenido en cierta medida parte de su cofinanciación, poniendo en valor que este equipo ejidense ha supuesto, sólo en lo que llevamos de año, la intervención y salvaguarda de 57 familias y 138 menores en situación de riesgo en su municipio. La incertidumbre económica actual debe animar más a las clases políticas a priorizar las necesidades y recortes, favoreciendo el mantenimiento de aquellas estructuras que protegen a la Infancia, que no lo olvidemos, es un colectivo con escasa visibilidad pero también de los más afectados -directa o indirectamente- por esta crisis. Sería pues una gran pérdida que alguna institución local perdiera a sus Equipos de Tratamiento Familiar, creados en su día con el esfuerzo, entre otros organismos, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y el Defensor del Pueblo andaluz.


Salvador Acuña, delegado de CSIF – Presidente del Comité de Empresa Ayuntamiento de El Ejido

CSIF no secundará la huelga del próximo 14 de noviembre

LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, acordó hoy, día 26, no secundar la convocatoria de huelga general del próximo 14 de noviembre por tres razones que tienen que ver con la responsabilidad ante la situación económica y social del país ante un eventual rescate; por considerar que la acción sindical empieza a dar resultado y, en tercer lugar, por considerar que tiene un componente político.

La decisión se ha tomado tras escuchar a sus órganos ejecutivos a nivel autonómico y provincial, reunidos ayer y hoy en la Comisión Nacional, así como el sentir mayoritario de sus afiliados. Ha sido una decisión difícil y meditada, que se ha adoptado con independencia, transparencia y de manera democrática.

1. Por responsabilidad

CSIF considera que la huelga general y la huelga en el sector público no es conveniente, en estos momentos, dado que cuando se está dilucidando o un posible rescate a España. “Vivimos uno de los momentos más críticos de nuestra historia reciente y de aquí a final de año nos jugamos el futuro de nuestro país y la huelga solo serviría para agravar la situación, convirtiendo en inútiles los sacrificios que los empleados públicos y todos los trabadores llevan realizando desde 2010”, explica el sindicato.

2. Las presiones empiezan a dar resultado

CSIF agradece a los empleados públicos de toda España su apoyo, implicación y el sacrificio realizado durante los últimos meses con movilizaciones, medidas de presión y manifestándose todos los días en sus centros de trabajo.

A su juicio, la lucha diaria de los trabajadores ha hecho mover ficha a la Administración. Hoy mismo el Consejo de Ministros dará luz verde a la Comisión para reformar las Administraciones Públicas. y eliminar duplicidades y ayer se comprometió por escrito, con CSIF, CC.OO., UGT, CIGA y USO, a abrir las mesas de negociación de las condiciones laborales que llevaban meses bloqueadas, con una política marcada por la inacción, la imposición, recortes y hechos consumados.

“Hablamos de desarrollar la carrera profesional, evaluar la productividad, impulsar un Plan de Ordenación de Recursos Humanos y por supuesto, un Pacto de Estado para que las condiciones de trabajo y los servicios públicos no estén al albur de los diferentes Gobiernos”, destaca.

3. CSI-F considera que la huelga tiene un componente político

En esta línea, consideran que la huelga tiene un componente político y CSIF es una organización de carácter profesional e independiente. La huelga se vincula a un referéndum. CSIF no está para poner ni para quitar Gobiernos, ni está para compartir pancarta o cabecera con líderes políticos de ningún partido, que los que nos han llevado a esta situación, ni con reivindicaciones que no sean estrictamente laborales.

Este referéndum se pide coincidiendo con las elecciones catalanas y además, la propia huelga se realiza en plena campaña electoral. Una campaña electoral de especial relevancia para toda España y para su futuro. Esto es un hecho inédito. CSIF no va a romper su compromiso tácito de no hacer huelga en estos periodos.

Además, la convocatoria se ha producido en el seno de la Confederación Europea de Sindicatos, por parte de UGT y CC.OO., un organismo al que CSIF no pertenece, y en el marco de una jornada de protesta europea, con países que tienen una realidad socioeconómica, a día de hoy, diferente a la española. “CSIF, no es un instrumento de oposición política a ningún Gobierno, ni usaremos nuestra legitimidad sindical para ningún fin ajeno”, apostilla.

El sindicato va a seguir defendiendo los intereses de los trabajadores con las medidas de presión que considere más oportunas; va a seguir en la calle, manifestándose y elevando la voz contra las decisiones que considere injustas; va a seguir muy de cerca el trámite de los Presupuestos Generales del Estado; va a mirar con lupa la aplicación de la reforma Laboral; y va a estar muy atentos a las decisiones a nivel económico, entre otras cosas, porque piensa que los empleados públicos ya han pagado el peaje encubierto de un eventual rescate.

“Esta es la decisión sobre una convocatoria de huelga, con las circunstancias que concurren hoy y que no presupone las decisiones que mañana puede adoptar el sindicato.