Chamizo pide a la Junta y a la Seguridad Social que se
coordinen con más eficacia.
LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-Se veía venir y el Defensor ha dicho que
ya está bien: la aplicación de los tramos de renta al copago farmacéutico es
percibida por los ciudadanos como una monumental chapuza y eso tiene que
arreglarse. La institución parlamentaria que dirige en funciones José Chamizo
ha abierto una queja de oficio sobre el nuevo copago de medicamentos y pide a
la Consejería de Salud de la Junta y al Instituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS) que se coordinen mejor. El Defensor pedirá informes al respecto a
ambas administraciones públicas.
A raíz de la publicación del Real Decreto-Ley 16/2012, que sienta las bases de la reforma del Sistema Nacional de Salud impulsada desde el actual Gobierno de la nación, el copago farmacéutico se amplía a los pensionistas y modifica su estructura interna en función de la renta de cada persona. Aplicar esa decisión a la práctica cotidiana de la dispensación de medicamentos en las farmacias sujetos a receta de la sanidad pública ya está siendo, de por sí, un proceso complicado, que está dando lugar a sobrecargas laborales y confusiones en las comunidades que definen la situación de cada usuario en función de tarjetas de colores a cumplimentar por el médico o a sobrecargas del sistema informático en territorios donde está fuertemente implantada la receta electrónica, como Andalucía. A todo ello se suma como hecho determinante de la queja del Defensor el que los datos de renta están cerrados a fecha de término del año fiscal anterior y hay muchas personas que cambian su situación respecto al seguramiento público mientras se actualizan o no los datos: pérdida de empleo, cambios en la cuantía de los ingresos, jubilación... Eso significa que se están dando situaciones injustas, en las que un pensionista es considerado aún activo a efectos de copago farmacéutico o un parado afronta el copago como si aún trabajase.
La Junta dice que el problema tiene que resolverlo el INSS y éste dice que sólo se ocupa de reconocer el derecho a la asistencia sanitaria y a definir el tipo de aseguramiento. Y el Defensor quiere que se aclare todo esto. Ya.
A raíz de la publicación del Real Decreto-Ley 16/2012, que sienta las bases de la reforma del Sistema Nacional de Salud impulsada desde el actual Gobierno de la nación, el copago farmacéutico se amplía a los pensionistas y modifica su estructura interna en función de la renta de cada persona. Aplicar esa decisión a la práctica cotidiana de la dispensación de medicamentos en las farmacias sujetos a receta de la sanidad pública ya está siendo, de por sí, un proceso complicado, que está dando lugar a sobrecargas laborales y confusiones en las comunidades que definen la situación de cada usuario en función de tarjetas de colores a cumplimentar por el médico o a sobrecargas del sistema informático en territorios donde está fuertemente implantada la receta electrónica, como Andalucía. A todo ello se suma como hecho determinante de la queja del Defensor el que los datos de renta están cerrados a fecha de término del año fiscal anterior y hay muchas personas que cambian su situación respecto al seguramiento público mientras se actualizan o no los datos: pérdida de empleo, cambios en la cuantía de los ingresos, jubilación... Eso significa que se están dando situaciones injustas, en las que un pensionista es considerado aún activo a efectos de copago farmacéutico o un parado afronta el copago como si aún trabajase.
La Junta dice que el problema tiene que resolverlo el INSS y éste dice que sólo se ocupa de reconocer el derecho a la asistencia sanitaria y a definir el tipo de aseguramiento. Y el Defensor quiere que se aclare todo esto. Ya.
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