El Ayuntamiento de Almería se adhiere al convenio nacional
Políticas Sociales se encargará de acreditar los requisitos exigidos
LAEDICION.NET.-El Ayuntamiento de Almería se ha
sumado al convenio del Fondo Social de la Vivienda al objeto de prestar, a
través de la Concejalía de Políticas Sociales, asesoramiento a las familias
desahuciadas que quieran acceder a los pisos de alquiler puestos a disposición
por las entidades bancarias colaboradoras con este acuerdo de carácter
nacional.
La adhesión ha sido recientemente aprobada en Junta de Gobierno y ha sido rubricada ya por el alcalde, de tal modo que los afectados por este drama social pueden solicitar la cooperación municipal, que adquiere relevancia ya que son las administraciones locales y las diputaciones las encargadas de emitir un informe, a petición de la entidad de crédito, sobre la necesidad o riesgo social del solicitante de la vivienda, al objeto de priorizar su adjudicación entre los demandantes.
Estos inmuebles son propiedad de entidades bancarias, que los han adquirido después de un desahucio y que ahora ponen a disposición del Fondo Social para darles una salida viable. En toda España, son cerca de 6.000 las viviendas aportadas por 33 entidades financieras a la bolsa creada bajo este convenio, 257 de las cuales se encuentran en Almería. A estos alojamientos, con arrendamientos mensuales que oscilan entre los 150 euros de mínimo y 400 de máximo, durante dos años con posibilidad de prórroga de un tercero, pueden acceder personas que hayan sido desalojadas de su primera vivienda a partir del 1 de enero de 2008 y que, además, se encuentren en situación de especial de vulnerabilidad social.
Según ha explicado la concejal del ramo, Aránzazu Martín, los servicios sociales municipales adquieren un especial protagonismo en el proceso de adjudicación de las viviendas, puesto que son los responsables de valorar la situación y el riesgo social de los solicitantes y, por lo tanto, de determinar el orden de las adjudicaciones. Además, el Ayuntamiento de Almería se compromete con esta adhesión a difundir este Fondo de la Vivienda y a asesorar a quienes soliciten información sobre el procedimiento para solicitar una de las casas ofertadas.
Los requisitos para poder acceder a estas viviendas de alquiler social contemplados en el convenio suscrito en Madrid el 17 de enero entre el Gobierno central, la Federación Española de Municipios y Provincias, el Banco de España y la Plataforma del Tercer Sector exigen que el desalojo se haya producido como consecuencia de una demanda de ejecución por impago de un préstamo hipotecario, iniciada por la misma entidad de crédito que constituye el fondo social, así como que el desalojo se haya producido después del 1 de enero de 2008.
En el momento de la presentación de la solicitud, los ingresos de la unidad familiar deben ser inferiores al límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. Ninguno de los miembros de la familia puede disponer de una vivienda en propiedad o de derecho de usufructo, y deben encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad, como tener hijos menores.
La adhesión ha sido recientemente aprobada en Junta de Gobierno y ha sido rubricada ya por el alcalde, de tal modo que los afectados por este drama social pueden solicitar la cooperación municipal, que adquiere relevancia ya que son las administraciones locales y las diputaciones las encargadas de emitir un informe, a petición de la entidad de crédito, sobre la necesidad o riesgo social del solicitante de la vivienda, al objeto de priorizar su adjudicación entre los demandantes.
Estos inmuebles son propiedad de entidades bancarias, que los han adquirido después de un desahucio y que ahora ponen a disposición del Fondo Social para darles una salida viable. En toda España, son cerca de 6.000 las viviendas aportadas por 33 entidades financieras a la bolsa creada bajo este convenio, 257 de las cuales se encuentran en Almería. A estos alojamientos, con arrendamientos mensuales que oscilan entre los 150 euros de mínimo y 400 de máximo, durante dos años con posibilidad de prórroga de un tercero, pueden acceder personas que hayan sido desalojadas de su primera vivienda a partir del 1 de enero de 2008 y que, además, se encuentren en situación de especial de vulnerabilidad social.
Según ha explicado la concejal del ramo, Aránzazu Martín, los servicios sociales municipales adquieren un especial protagonismo en el proceso de adjudicación de las viviendas, puesto que son los responsables de valorar la situación y el riesgo social de los solicitantes y, por lo tanto, de determinar el orden de las adjudicaciones. Además, el Ayuntamiento de Almería se compromete con esta adhesión a difundir este Fondo de la Vivienda y a asesorar a quienes soliciten información sobre el procedimiento para solicitar una de las casas ofertadas.
Los requisitos para poder acceder a estas viviendas de alquiler social contemplados en el convenio suscrito en Madrid el 17 de enero entre el Gobierno central, la Federación Española de Municipios y Provincias, el Banco de España y la Plataforma del Tercer Sector exigen que el desalojo se haya producido como consecuencia de una demanda de ejecución por impago de un préstamo hipotecario, iniciada por la misma entidad de crédito que constituye el fondo social, así como que el desalojo se haya producido después del 1 de enero de 2008.
En el momento de la presentación de la solicitud, los ingresos de la unidad familiar deben ser inferiores al límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. Ninguno de los miembros de la familia puede disponer de una vivienda en propiedad o de derecho de usufructo, y deben encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad, como tener hijos menores.
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