OPERACIÓN CRUCERO
CEO
LAEDICION.NET.-REDACCION.-El juez Velasco incorpora al sumario contra el ex
presidente de la CEOE el informe de los administradores concursales en el que
se denuncia numerosas irregularidades en las fechas previas a la declaración del
concurso de acreedores y tras su posterior venta al liquidador Ángel de Cabo.
El documento desvela que cuando se abrieron las cajas fuertes de la compañía
sólo había 200 euros rregularidades hasta el último día. El titular del Juzgado
Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional,
Eloy Velasco,
ha incorporado al sumario de la
Operación Crucero el informe que los
tres administradores concursales del Grupo Marsans remitieron al Juzgado de los
Mercantil número 12 de Madrid que gestionaba la suspensión de pago de la
empresa de viajes. En dicho documento se denunciaban las supuestas
irregularidades cometidas tanto por
Gerardo Díaz Ferrán y su
socio, el fallecido
Gonzalo Pascual, como la empresa
Posibilitumm Business, de los liquidadores
Ángel de Cabo y
Iván
Manuel Losada. Entre estas, destacaba que "días antes de la
declaración de concurso" se sacaron de la tesorería de la empresa
1.149.766, 74 euros mediante la emisión de trece cheques cuyo "fin o
destinatario es poco claro o desconocido".
El 18 de junio de 2010, Marsans emitió siete cheques de 100.000 euros cada
uno, tres de los cuales tenían destinatario "desconocido"
El informe detalla que todos los cheques fueron cargados contra la cuenta
que la empresa tenía en el Banco Santander y que las primeras disposiciones se
produjeron el 9 de junio de 2010. Ese día, se pagaron cuatro cheques, todos
ellos a favor de Naviera Grimaldi, la empresa que instó el concurso de
acreedores. En concreto, los cheques fueron de 250.000 euros, 74.735,45 euros,
17.400 euros y 2.346,42 euros. En total 344.481,47 euros. Mucho más sospechosos
fueron los cheques emitidos ocho días después, cuando el ex presidente de la
CEOE y su socio habían abandonado formalmente la administración del grupo y
había sido sustituidos por el hombre de confianza de De Cabo, Iván Manuel
Losada. Ese 18 de junio, Marsans emitió siete cheques de 100.000 euros cada
uno, de los cuales tres no tenían destinatario conocido.
En otro, lo era un ambiguo "personal adjunto a la presidencia de la
empresa". Uno más se registró como "pago fianza local calle
Serrano". Los dos últimos, iban dirigido a una de las empresas clave
de la trama de los liquidardores, Szendia Asociados 21 SL, para una supuesta
"provisión de fondos del concurso de acreedores". Sobre estos dos
cheques, los administradores destacaban que no se había emitido factura. En su
auto de ayer, el juez Velasco destacaba que esta mercantil fue la utilizada por
la trama de Díaz Ferrán y De Cabo para "canalizar" 33,8 millones de
doláres abonados por Airbus a una sociedad irlandesa del Grupo Marsans. De este
dinero, 4,9 millones de euros acabaron en una cuenta en Suiza del propio De
Cabo.
Salarios sin pagar
La siguiente disposición sospechosa, también por 100.000 euros, tuvo fecha
de 21 de junio. Ese día supuestamente se realizó "la normalización del
pago del aval de la IATA", la asociación internacional de transporte
aéreo. Sin embargo, los administradores concursales reflejaron en su informe
sus dudas sobre el verdadero destino final del mismo. Igual ocurrió con el
último cheque de la lista: una disposición de 5.274,87 euros cuyo destino fue,
de nuevo, "desconocido".
Los administradores concursales descubrieron varias cajas fuertes en las
oficinas centrales de Marsans que sólo conservaban 200 euros
Sin embargo, no fueron estos cheques los único movimientos sospechosos de
dinero que detectaron los administradores al fiscalizar las cuentas de la
empresa. Además, descubrieron que "en los últimos meses anteriores a la
declaración de los concursos, el Grupo Marsans utilizó la sociedad Marsans
Shopping como receptora de los fondos que todavía existían para evitar
embargos. Así se procedió a traspasar todos los fondos del resto de compañías
del grupo a esta sociedad", se puede leer en el texto. En el mes de junio
de ese año, justo cuando los trabajadores dejaron de percibir sus salarios, se
produjo la salida del efectivo de las cuentas de esta empresa sin que se sepa
cuál fue su destino final.
También llamó la atención de los administradores las cajas fuertes que se
encontraron en las oficinas centrales de la compañía, situadas en el número 2
de la calle Mahoría, de Madrid. Cuando se iba a producir el deshaucio de las
mismas el 19 de octubre de 2010 por falta de pago, los administradores
consiguieron retrasar el mismo un mes para poder proceder a la apertura de las
mismas. Sin embargo, cuando finalmente accedieron a su contenido descubrieron
que también habían sido literalmente saqueadas: había menos de 200 euros y
documentos "de escaso interés para el concurso". Un saqueo que afectó
también a otros bienes como el material informático.
Seis fichajes con salarios "extremadamente altos"
Los administradores concursales también destacan que tras la compra de la
compañía por parte de Posibilitumm, la empresa de De Cabo, se había contratado
personal al que se les había asignado "salarios extremadamente altos
teniendo en cuenta la situación" de la compañía. Sólo en seis nóminas, el
gasto era de 1,5 millones de euros brutos anuales. Entre ellas destacaba la del
propio Iván Manuel Losada, la mano derecha de De Cabo y también detenido en la
Operación
Crucero, quien se había asignado un salario anual bruto de 500.000 euros
más un incentivo del 5% sobre el total de beneficios. Los otros 'fichajes' no
le iban a la zaga:
Jesús A.G. iba a tener un salario de
265.831,92 euros brutos anuales;
Miguel M.M., de 350.000
euros,
Ana Belén D.G., 125.000 euros;
Leoncio Jacinto
C.M., 136.527,60; y
Ignacio A.V., 180.000 euros.
Además, en el informe se reflejó que Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, que
hasta la fecha sólo tenían la condición de administradores solidarios, se
dieron de alta como trabajadores dos meses antes de la declaración de concurso,
por lo que cobraron un finiquito de 20.555, 21 euros cada uno al causar baja en
la empresa.
Díaz Ferrán y Pascual se dieron de alta como trabajadores en Marsans meses
antes de vender la empresa para cobrar un finiquito por despido
Los administradores criticaron también la evidente desidia de los nuevos
propietarios que habían provocado un "agravamiento de la insolvencia"
de Marsans. En este sentido, destacan su "pasividad" a la hora de
resolver los contratos de arrendamiento de los locales (más de 800 en 47
provincias) a pesar de la nula actividad de la compañía entonces. Según el
informe, en los primeros meses del ejercicio 2010-2011 el gasto por este
concepto se acercó al millón de euros mensuales. Algo parecido ocurría con la
rescisión del contrato con la central de reservas Amadeus, de la que tampoco se
utilizaba ya sus servicios. Eso originaba "nada menos que 200.000 euros al
mes" de gastos. Incluso en la resolución del ERE para los
trabajadores, los liquidadores habían dado muestra de dejadez, ya que pese a
que se había declarado el 25 de junio de 2010, ya había pasado un mes sin
acuerdo y los propietarios monstraban poca prisa por resolverlo, por lo que la
deuda de Marsans se incrementaba cada mes en cerca de 4 millones de euros a
causa de los sueldos de sus trabajadores.
Por todo ello, el informe concluye de que "en el caso de que el
concurso se califique como culpable los administradores y ex administradores
sociales de la concursada podrían llegar a responder de un déficit patrimonial
de más de 400 millones de euros. El producto de la venta de los activos de
Marsans, que su adminsitración mercantil cuantifica en su plan de liquidación
en 12 millones de euros, no será en ningún caso suficiente para cubrir la masa
pasiva del concurso", señalaban el documento, para a continuación destacar
sus serias dudas también sobre la solvencia de Díaz Ferrán y su socio, así como
de la empresa de los liquidadores. De los primeros destacaba entonces que
"sus bienes están siendo embargados" y "existe la posibilidad de
que éstos devengan insolventes". De Posibilitumm resalta que tiene un
objeto social que nada tiene que ver con el mundo de los viejes (comercio de
animales domésticos y éxóticos) y que no tiene ni cuentas ni bienes inscritos a
su nombre.
La
Operación Crucero ha terminado por dar la razón a los
administradores concursales. De hecho, el informe se incorporó al sumario al
ser incluido como parte de la querella por alzamiento de bienes y blanqueo de
dinero presentada en enero por Meliá, Orizonia, AC Hoteles y Pullmantur contra
Díz Ferrán y sus socios, y que fue redactada por el despacho de abogados
Ashurst. De hecho, algunos de sus datos fueron incluidos ayer por el juez Eloy
Velasco en el auto con el que envió a prisión a Díaz Ferrán y De Cabo.
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