La duquesa roja y Palomares

Luisa Isabel Álvarez de Toledo, duquesa de Medina Sidonia, fue detenida por su participación en una marcha en 1967 en la que se pedía indemnizar a los vecinos de la zona por la contaminación nuclear LAEDICION.NET.-:/ Redacción Twitter @LaEdicin.-LUISA Isabel Álvarez de Toledo, Duquesa de Medina Sidonia conocida popularmente como la Duquesa Roja y fallecida el 9 de marzo de 2008 a los 72 años de edad en Sanlúcar de Barrameda encabezó en el año 1967 una manifestación reivindicativa en la barriada cuevana de Palomares junto a otro grupo de personas, vecinos del pueblo, para defender el derecho de los agricultores almerienses a ser indemnizados por la contaminación que había dejado en sus tierras el terrible accidente nuclear acontecido un año antes en esta pedanía. Su detención por su presencia en la manifestación como portavoz de los vecinos fue calificada de autentico "escándalo" por los medios de comunicación de aquellos años y las autoridades del Régimen. La agitadora duquesa fue detenida por la Guardia Civil junto a dos vecinos más y procesada por este incidente siendo posteriormente encarcelada en el centro penitenciario madrileño de Alcalá de Henares donde ingresó el 29 de marzo de 1969 permaneciendo durante ocho meses en el centro de donde salió en noviembre del mismo año tras beneficiarse del decreto-ley de amnistía. Un año antes Luisa Isabel Álvarez de Toledo, había publicado el libro "La Huelga", obra que le supuso su primer pasó por un juzgado militar. La "Duquesa roja" como así la bautizaron en aquellos años la ge4nte del pueblo fue a la cárcel simplemente por apoyar las justas reivindicaciones campesinas. Esta experiencia en prisión le sirvió meses después para denunciar, en una serie de artículos, el sistema carcelario español. Una mujer valiente que clamó con toda la carga de su notoriedad pública en todos aquellos casos que consideraba injustos o devaluados. Reconstruyó el episodio de las bombas caídas en Palomares, el 17 de febrero de 1966, en una obra que tituló, "Palomares: Memoria", escrita dos años después del gravísimo suceso y que tuvo problemas con la censura. Este incidente y la publicación del libro le indujeron a autoexiliarse en la localidad francesa de Hasparren durante siete años, regresando a España en el año 1976. El Instituto del Libro Almeriense se ofreció a editar la obra en 1995, según comentó entonces la duquesa, pero la idea no fraguó a raíz de 'un cambio político'. El Tribunal de Orden Público, juzgó el 17 de octubre de 1967 a la duquesa roja, bajo la presidencia del magistrado Hisas Palacio y Luis Poyato representante del ministerio fiscal. El letrado Mariano Robles y Romero Robledo fue su abogado defensor. Alegó el fiscal, que la procesada sin autorización oficial organizó una manifestación que se celebró en la carretera de Cuevas del Almanzora marchando ella al frente con la intención de subir a uno de los autobuses alquilados para trasladarse a Madrid junto a los vecinos afectados por el accidente aéreo. La Guardia Civil los disolvió nada mas andar unos 300 metros. Durante el juicio el abogado defensor negó que la duquesa organizase tal manifestación señalando que solo quería velar por los intereses de las personas más desfavorecidas de Palomares y reclamar unas indemnizaciones más justas por los daños causados y que cuando fue a subir al autobús los vecinos se agruparon junto a ella para despedirla. Durante la vista, declararon entre otros el capitán Calin Velasco de la Guardia Civil, que mandaba la primera compañía de Vera, quien en todo momento admitió ante el tribunal que no hubo intencionalidad política en los hechos encausados, afirmando que si ordenó disolver la manifestación fue por estimar que los manifestantes estaban en desacuerdo con las autoridades en lo que a la evaluación de las indemnizaciones se refería y se estaba alterando el orden público. Los últimos años de vida de Luisa Isabel Álvarez de Toledo Maura no fueron más que el fiel reflejo de la mujer inquieta y contestataria que fue en su madurez. Siempre rodeada de polémica publicó un libro, "No fuimos nosotros" en el que expuso su tesis de que no fue Cristóbal Colón quien conquistó América. Durante el verano de 2000 fue recibida por Mohamed VI, Rey de Marruecos, liderando una delegación de musulmanes españoles. Y ese mismo año, un grupo de ceutíes pidieron que se retirara su firma del Libro de Oro de la Ciudad Autónoma tras haber declarado en la presentación de su libro "África versus América", la fuerza del paradigma, que tanto Ceuta y Melilla pertenecían al "suelo marroquí". El 12 de Febrero de 2007 doce meses antes de fallecer, Luisa Álvarez de Toledo- que ostentaba el titulo de Marquesa de los Vélez- visitó los cuatro pueblos de la Comarca de los Vélez siéndole impuesto el escudo de oro del municipio de Vélez Rubio. Ese mismo año el Príncipe de Asturias le hizo entrega de la Medalla al Mérito en las Bellas Artes. La Duquesa Roja dejó un valioso tesoro tras su muerte: la Fundación Casa de Medina-Sidonia, situada en el palacio del mismo nombre en Sanlúcar de Barrameda. La fundación guarda uno de los grandes archivos históricos del mundo. Son seis millones de documentos -el más antiguo data de 1228-, una auténtica mina de oro para los que quieran conocer la Edad Media y los reinados de Carlos I de España y V de Alemania y Felipe II. Ostentaba el título de XXI duquesa de Medina Sidonia, la Casa ducal más importante de España al ser el primer ducado hereditario que se concedió (1445), y de otras muchas casas como la de Montalto de Aragón, duquesa de Fernandina y princesa de Montalbán, marquesa de Villafranca del Bierzo y marquesa de los Vélez. Era tres veces Grande de España y ostentaba, además, 12 títulos reconocidos por el Cuerpo de la Nobleza Italiana. Aristócrata atípica y polémica, contrajo matrimonio en 1955 con José Leoncio González de Gregorio y Martí, con quien tuvo tres hijos, era historiadora, conservadora del preciado archivo ducal y escritora de numerosas publicaciones. A la edad de 18 años, la XXI duquesa de Medina Sidonia, fue presentada en sociedad en Estoril con la Infanta Pilar de Borbón, madre del rey, y a pesar de todo, mantuvo durante toda su vida unos férreos ideales republicanos. Fue miembro de PSOE a raíz de su lucha antifranquista, lo que le llevó a ser encarcelada en los años 60 en la cárcel de Alcalá de Henares (Madrid), motivo por el que fue conocida popularmente desde entonces como la 'Duquesa Roja'.

Homenaje a la víctimas de la carretera Málaga-Almería en el 75 aniversario

LAEDICION.NET.-: DANIELLA MONTENEGRO. @LaEdicin.- El Foro de la Memoria Histórica de la Axarquía celebrará mañana viernes 3, a las 19.30 horas, en el Centro del Exilio el 75 aniversario (1937-2012) del crimen de la carretera Málaga-Almería. Participarán en el acto los historiadores y catedráticos José María Azuaga Rico, Diego Olmedo Lucena, Encarnación Barranquero Texeira, premio a la Memoria Histórica de la Junta de Andalucía y experta en los lugares y catálogo de la Memoria; el artista Rogelio López Cuenca, autor del Jardín de la Memoria de Torre del Mar; el director del Centro Andaluz de las Letras, José Martín de Vayas, y la cantante y profesora de música Leticia Prados. Los actos en homenaje a las víctimas concluirán el domingo 5 con una ruta desde Almuñecar hasta Salobreña (Granada).

Guerra revela la tensa conversación entre Suárez y Tejero el 23-F

En un homenaje al expresidente del Gobierno, el diputado socialista ha revelado cómo fue la conversación en el Congreso. A él se lo contó el ujier. LAEDICION.NET.-: DANIELLA MONTENEGRO. @LaEdicin-Alfonso Guerra ha desvelado este viernes, en el acto de homenaje al expresidente Adolfo Suárez, en la Universidad Europea de Madrid, el tenso diálogo que mantuvo el entonces presidente del Gobierno de la UCD con el teniente coronel Antonio Tejero la noche del golpe de Estado del 23-F. La conversación se produjo a iniciativa de Suárez para intentar que Tejero parase el golpe de Estado. Según Guerra, la discusión tuvo lugar en una salita del Palacio del Congreso adonde les condujo un ujier, que escuchó el enfrentamiento y tomó nota del mismo. Pasados los años, este empleado del Congreso le entregó a Alfonso Guerra una trascripción literal de la conversación, que textualmente fue la siguiente: -Suárez: ¡Explique qué locura es esta! -Tejero: ¡Por España, todo por España! -Suárez: ¡Qué vergüenza para España! ¿Quién hay detrás de esto?, ¿Con quién puedo hablar? -Tejero: No hay nada de que hablar. Sólo debe salir. -Suárez: ¿Pero quién es el responsable? -Tejero: Todos, estamos todos. -Suárez: Como presidente le ordeno que deponga su actitud. -Tejero: Usted ya no es el presidente de nadie. -Suárez: Le ordeno -Tejero: Yo sólo recibo órdenes de mi general. -Suárez: ¿Qué general? -Tejero: No tengo nada más que hablar. -Suárez: Le insisto, soy el presidente. -Tejero: No me provoque. -Suárez: ¡Pare esto antes de que ocurra alguna tragedia, se lo ordeno! -Tejero: Usted se calla. Todo por España. -Suárez: Le ordeno... -Tejero: Callase, siéntese y usted -al ujier que escuchó la conversación y se la facilitó a Guerra– fuera. Tras dar cuenta de este diálogo, Alfonso Guerra dijo que el mismo pone de manifiesto la actitud ejemplar, así como valerosa de Adolfo Suárez y su compromiso con la libertad.

Piden exhumar los restos de Pablo Neruda ante la sospecha de que fue envenenado

El abogado Eduardo Contreras señaló en declaraciones a Radio Bío-Bío que el escrito se presentará el lunes ante el ministro en visita (juez especial), Mario Carroza. LAEDICION.NET.-DANIELLA MONTENEGRO.-La investigación se abrió en mayo pasado ante las dudas sobre las circunstancias de la muerte del poeta, Premio Nobel de Literatura en 1971. El relato oficial de los hechos, aceptado por la familia de Neruda, indica que el literato falleció en la clínica santiaguina Santa María el 23 de septiembre de 1973 debido a un avanzado cáncer de próstata, doce días después del golpe de Estado que derrocó a su amigo el presidente Salvador Allende. Existe la sospecha de que fue envenenado

Sin embargo, el chófer del poeta, Manuel Araya, ha asegurado que a Neruda se le inyectó una sustancia venenosa. Araya declaró ante un juez que el propio Neruda le dijo que en la madrugada del 22 de septiembre un médico le había inyectado algo. La Clínica Santa María, según consta en el expediente del ministro en visita, no pudo entregar la ficha médica del paciente, debido al tiempo transcurrido. Contreras señaló que ante estos antecedentes, la única posibilidad para conocer la verdad es realizar pericias a los restos del poeta enterrados en Isla Negra. Si el juez Carroza acepta la solicitud del Partido Comunista, el caso de Neruda se sumaría a otras exhumaciones emblemáticas como la de los expresidentes Eduardo Frei Montalva (1964-1970) y Salvador Allende (1970-1973). También destacan las exhumaciones del exministro del Interior de Allende, José Tohá, el cantautor Víctor Jara, torturado y asesinado por los militares y la del niño Rodrigo Anfruns, secuestrado durante la dictadura.

MÁS DE 14 A FIN DE AÑO La fijación de ZP por honrar a su abuelo ya ha costado 10 millones

Le enfrentó con el PP y con varios sectores de la sociedad por reabrir heridas ya cerradas, pero él no paró hasta ver aprobada la Ley de Memoria Histórica, que está siendo de lo más cara.

Fue una de las grandes obsesiones de José Luis Rodríguez Zapatero desde que llegó a La Moncloa, en buena parte motivada por su deseo de honrar la memoria de su abuelo Juan Rodríguez Lozano -como el mismo ha reconocido en varias ocasiones-, fusilado en 1936 por el bando nacional. La Ley de la Memoria Histórica le enfrentó con la oposición y con diversos sectores de la sociedad, y además le costó no pocos quebraderos de cabeza. Aun así no paró hasta que la vio entrar en vigor el 27 de diciembre de 2007.

Pero, ¿cuánto les ha costado ya a los españoles una de las leyes más polémicas del Gobierno socialista? Aunque no vio la luz hasta finales de 2007, el Ejecutivo lleva desde el año 2006 concediendo subvenciones a diversas entidades para lo que llama "actividades relacionadas con las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo". Coincidiendo con la creación, por aquel entonces, de la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de la víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.

Si las subvenciones a partidos y sindicatos no salen precisamente baratas, éstas tampoco. En tres años (entre 2006 y 2008), y según los datos del Ministerio de la Presidencia recabados Zapatero lleva gastados 10,2 millones de euros en financiar con el dinero de los españoles 304 de estos proyectos. Nada menos que 1.707 millones de las antiguas pesetas. Actuaciones que van desde la construcción de monumentos a la exhumación de fosas en toda España, pasando por la elaboración de documentales y exposiciones, la colocación de placas conmemorativas, la creación de censos de republicanos exiliados, la organización de jornadas y seminarios, los homenajes a combatientes del bando republicano, los viajes a Mauthausen con estudiantes...

Unas subvenciones concedidas a todo tipo de asociaciones y fundaciones de uno de los dos bandos: las de la recuperación de la Memoria Histórica en toda España, la de Ex Presos y Represaliados Políticos, la Manuel Azaña, la Domingo Malagón, la Pere Ardiaca, la Francisco Largo Caballero, la de Descendientes del Exilio Español, las de Memoria y Justicia, la 27 de Mayo, la Luis Bello...

Se da la circunstancia además de que esos 10,2 millones de euros han supuesto un amplio sobrecoste a las arcas públicas, puesto que no era la cantidad prevista inicialmente, sino cuatro millones más. En teoría, el Gobierno tenía presupuestado gastarse 6,5 millones de euros en estas subvenciones entre los tres años: dos millones en 2006; 1,2 en 2007; y 3,3 en 2008. Pero se le fue de las manos.

Por si esto no fuera suficiente, y a pesar de que la crisis está obligando a las familias españolas a apretarse el cinturón al máximo, Zapatero no está por la labor de menguar un ápice las subvenciones derivadas de su ley estrella. Todo lo contrario. El Ministerio de la Presidencia abrió a finales del pasado año el plazo para solicitar este tipo de ayudas para este 2009. El presupuesto del que parte es el más alto desde que se crearon estas subvenciones: 3,87 millones de euros. Y, teniendo en cuenta que todos los años se pasa, es probable que en esta ocasión le ocurra lo mismo. Aun así, si no lo hiciera, para cuando acabe este año los contribuyentes habrán pagado de su bolsillo más de 14,1 millones de euros, más de 2.351 millones de pesetas.

Memoria.- La CRMH pide que le retiren a Fraga el distintivo de hijo adoptivo por sus "méritos" en la Dictadura

La Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica (CRMH) solicitó hoy la retirada de la distinción de hijo adoptivo a Manuel Fraga Iribarne concedida "por los méritos que hizo en el Dictadura".

El presidente de la CRMH, Manuel Monge, explicó que en su petición no se refieren a su etapa democrática, sino a su actuación "como cómplice de la Dictadura, la aprobación de penas de muerte o estados de excepción o haber cerrado periódicos".
En este sentido, Monge consideró que el presidente honorífico del PP "debería estar agradecido a la Comisión por quitarle el lastre de sus servicios durante 35 años a la Dictadura franquista". "Es muy buen camaleón cambiando de chaqueta y ahora le tenemos como padre de la Constitución y la democracia, nuestros hijos predilectos son los ochocientos a los que mataron", criticó.
Por otro lado, Monge presentó ante los medios el informe que entregará en la próxima reunión de la comisión que se encargará de aplicar la Ley da Memoria Histórica en La Coruña. Entre las aportaciones de Monge destaca la redacción de un documento con diez objetivos para "conseguir unos objetivos más ambiciosos que no sólo se centren en la retirada de la simbología", sino también en rendir homenaje a los cerca de cien funcionarios que fueron expulsados del ayuntamiento o a los asesinados por el franquismo.
Además exigirá la retirada de los 31 nombres de calles y de los diez monumentos relacionados con la represión franquista de la ciudad; así como que se revoque el acuerdo municipal que declara a Franco hijo predilecto, alcalde honorario e hijo adoptivo y predilectisimo de la ciudad; y la retirada de las más de veinte medallas de oro otorgadas a ministros franquistas, que solicitarán "que se devuelvan al pueblo".
Además pretende que se impulsen políticas dirigidas al conocimiento de la historia "y el fomento de la memoria democrática"; que se habilite un local municipal para atender a las personas que reclaman información y que se les facilite la documentación para ser reconocidos como víctimas del franquismo; que se cree un museo en el que se ubiquen los restos de simbología franquista; y que se condene el franquismo de forma institucional.
Por último la Comisión considera que debería condenarse públicamente el franquismo en un acto solemne que tuviera lugar el Ayuntamiento de La Coruña, "tal y como se ha hecho en otras ciudades, independientemente del siglo político de sus gobernantes".

La Iglesia advierte que remover la memoria histórica genera violencia

Rouco llama a recuperar el espíritu de reconciliación y a "evitar estrategias que puedan dar pábulo a confrontaciones violentas" • El PSOE le recuerda que promueve canonizaciones de la Guerra Civil
El cardenal arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Antonio María Rouco Varela, incidió ayer en la necesidad de evitar actitudes, palabras y estrategias, en relación con la recuperación de la memoria histórica, que puedan derivar en confrontaciones violentas.

Rouco aprovechó el discurso que pronunció con motivo de la apertura de la Asamblea Plenaria de la CEE, para referirse, sin citarla, a la Ley de Memoria Histórica, aludiendo al "peligro del deterioro de la convivencia serena y reconciliada" que a su juicio ya se había logrado en el país. Por ello llamó a recuperar "el espíritu de reconciliación, sacrificado y generoso, que presidió la vida social y política" en la Transición.

"A veces es necesario olvidar. No por ignorancia o cobardía, sino en virtud de una voluntad de reconciliación y de perdón verdaderamente responsable y fuerte".

Rouco aludió además al texto de la Plenaria de los obispos de 1999 en el que se pedía "el perdón de Dios para todos los que se vieron implicados en acciones que el Evangelio reprueba, estuvieran en uno u otro lado de los frentes trazados por la guerra". Y recordó que "la historia de España de los dos últimos siglos ha estado, por desgracia, jalonada por tensiones que más de una vez desembocaron en enfrentamientos fratricidas. El último y más terrible tuvo lugar en los años treinta del siglo pasado en el contexto de una situación internacional de confrontación entre ideologías totalitarias de diverso signo".

Aunque Rouco reconoció que "la actual situación internacional y nacional no es la misma", advirtió que "siempre es necesario vigilar para evitar de raíz actitudes, palabras, estrategias y todo lo que pudiera dar pábulo a las confrontaciones que puedan acabar siendo violentas".

El arzobispo hizo un llamamiento a prestar atención a las "responsabilidades morales" de los actores sociales en la crisis, asegurando que ninguna situación económica puede ser entendida como fruto de leyes inexorables "totalmente ajenas al comportamiento humano". "Es tal vez momento de reflexionar sobre los orígenes morales de la crisis, examinando si el relativismo moral no ha fomentado conductas no orientadas por criterios objetivos de servicio al bien común y al interés general", indicó. Se preguntó también si la vida económica "no se ha visto dominada por la avaricia de la ganancia rápida y desproporcionada a los bienes producidos" o si "el derroche y la ostentación, privada y pública, no han sido presentados con frecuencia como supuesta prueba de efectividad económica y social".

El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, se mostró sorprendido por la apelación al olvido y al perdón del presidente de la Conferencia Episcopal para superar las heridas de la Guerra Civil, cuando "está promoviendo canonizaciones de aquel momento".

En rueda de prensa, tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal, Blanco aseguró que "no se puede borrar la memoria histórica de nuestro país", a pesar de que "algunos tienen amnesia en función de si les conviene o no". Recordó que él es creyente y se mostró partidario de "respetar las creencias de todo el mundo", por lo que defendió la sentencia que establece que en los colegios públicos no debe haber crucifijos

Descendientes de exiliados se niegan a jurar fidelidad al Rey para ser españoles

Consideran que la Ley de Memoria Histórica debe eliminar el requisito porque "obliga a un acto de fe monárquica"
Hijos y nietos de republicanos que tuvieron que exiliarse a causa de la Guerra Civil han pedido que la ley que ahora les permite obtener la nacionalidad española elimine el requisito de jurar o prometer fidelidad al Rey por entender que puede vulnerar sus derechos fundamentales.

La Asociación de Descendientes del Exilio ha entregado en la Dirección General del Registro y del Notariado una petición con ese objetivo, ya que considera que no es comprensible que se les obligue a ello.

Esta asociación, en su escrito, recuerda que la ley de 27 de diciembre de 2007 por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, establece en su disposición adicional séptima la posibilidad de adquirir la nacionalidad por parte de las personas cuyo padre o madre hubiera sido español.

Asimismo, reconoce ese derecho a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.

Posteriormente, se acordó la instrucción correspondiente, que remite a los artículos 20 y 23 del Código Civil y en los que se establecen las condiciones de la nacionalidad de opción.

Entre ellas se encuentra la obligación de promesa o juramento de fidelidad al Rey y de obediencia a la Constitución y las leyes.

La Asociación de Descendientes del Exilio subraya que en absoluto se opone a la obediencia constitucional y de las leyes, pero considera que la declaración de fidelidad al Rey es obsoleta y, además, no es exigida en todos los casos de nacionalización.

Opina igualmente que ese requisito vulnera varios artículos de la Constitución, como el que reconoce el derecho a expresar libremente los pensamientos.

"La fórmula establecida obliga a un acto de fe de tipo monárquico a quienes puede que no lo sean y hace prevalecer una interpretación de la Constitución excluyente frente a otra integradora, puesto que la omisión de la primera promesa (de lealtad al Rey) no tiene valor condicionante ni limitativo de la promesa de la Constitución", subraya la asociación.

De igual forma, interpreta que negar la nacionalidad si no expresan esa promesa o juramento supondría "una auténtica persecución del pensamiento

Guerra afirma que los protagonistas de la dictadura "están sentados en la mesa" del PP

Así replicó el socialista a la presidenta madrileña, que en las últimas horas se refirió al "pasado violento" del PSOE y a la presencia de retratos de personajes de la Guerra Civil y de la República en sus sede
El presidente de la Comisión Constitucional del Congreso y ex vicepresidente del Gobierno con el PSOE, Alfonso Guerra, replicó hoy a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que el PP "no tiene retratos de protagonistas del franquismo porque ya están sentados en la mesa, presidiéndola".
Así replicó Guerra a la presidenta madrileña, que en las últimas horas se refirió al "pasado violento" del PSOE y a la presencia de retratos de personajes de la Guerra Civil y de la República en sus sedes.
Posición "ultraconservadora"
En declaraciones a los medios tras realizar una visita institucional en el Ayuntamiento de Vigo, el ex vicepresidente del Gobierno se preguntó "para qué quiere el PP retratos" si los protagonistas de la dictadura están "sentados en las sedes".
En opinión de Guerra, las manifestaciones de Esperanza Aguirre ponen de manifiesto su posición "ultraconservadora" y "en beneficio de unas pocas familias".
Por otra parte, en su comparecencia de prensa, el presidente de la Comisión Constitucional, se refirió a la actual coyuntura económica y descartó que se vaya a producir el "fin del capitalismo", sino que abogó por la "recuperación de un capitalismo no salvaje". "Keynes ya lo dijo: inversiones públicas para que las sociedades avancen, y no sólo movimientos de dinero, que ni siquiera existe, sino que a veces está sólo en un ordenador".

Garzón abandona el caso de la memoria histórica

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón renunció el martes a seguir investigando las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil y el franquismo, pasando la investigación a los juzgados territoriales.
En su auto, al que tuvo acceso Pkpress, Garzón declara extinguida la responsabilidad penal del general Francisco Franco y otros 44 cargos del régimen tras comprobar que todos han muerto
No obstante, el juez defiende que los delitos siguen vigentes y a sus autores no se les puede aplicar la Ley de Amnistía, que de paso recomienda que se deroge.
"No es lo mismo declarar extinguida la responsabilidad porque han fallecido los autores del delito que otorgarles el perdón y la impunidad por una amnistía", dijo en su auto de más de 150 páginas.
El juez recupera además el caso de miles de niños - unos 30.000 en diez años - que durante el franquismo perdieron su identidad porque fueron sustraídos a sus madres y les modificaron sus apellidos para dárselos a familias afines al régimen.
"Es necesario reparar este daño que sigue siendo permanente", dijo el juez.
Garzón archiva el caso en la Audiencia Nacional y lo deja en manos de los jueces de instrucción las localidades de 20 provincias donde están ubicadas las fosas ya identificadas.
El magistrado levantó ampollas en ciertos sectores de la sociedad al declararse competente para investigar esta causa, una decisión recurrida por la Fiscalía que ha intentado impedir que Garzón siga adelante con la investigación.
La decisión de Garzón no ha caído muy bien entre los miembros de las asociaciones de la memoria histórica, que no descartan incluso acudir a los tribunales europeos.
"No se puede decir casi nunca que es el final. Los abogados de la plataforma que planteó la demanda están ahora mismo examinando esto y estudiando a ver qué se puede hacer", dijo Santiago Macías, vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, a la Cadena Ser.
"Si se decide que vaya a los juzgados territoriales, tendremos que ver cómo afrontarlo porque de lo que sí tenemos noticias es de que cada vez que se ha abierto una fosa en otras partes del país la Fiscalía Territorial ha contestado que estaba prescrito. Por eso habrá que agotar los tribunales españoles pero si queda así, iremos a los tribunales europeos", dijo María Antonia Oliver, presidenta de la asociación en Baleares.
Garzón, que se ha inhibido del caso un mes de después de declararse competente para investigar unos presuntos delitos de "detención ilegal" que consideró entraban en el contexto de crímenes contra la humanidad, ya ha recibido los nombres de más de 114.000 personas desaparecidas durante el periodo que va de 1936 a 1939 y hasta diciembre de 1951.
Finalmente, Garzón recomienda la Gobierno central que utilice sus investigaciones para el desarrollo de la Ley de la Memoria Histórica, y concluye que es el Estado quien debe asumir todos los gastos de esta operación.

El Gobierno no aclara cómo va a impedir actos fascistas en el Valle de los Caídos el 20-N

La Ley de Memoria especifica que en ningún lugar de ese recinto "podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo"
A un mes de que el próximo 20 de noviembre se conmemore el aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco y del fundador de La Falange, José Antonio Primo de Rivera, el Gobierno no ha aclarado a IU e ICV qué gestiones está llevando a cabo para garantizar que no se celebrarán actos fascistas en el Valle de los Caídos, tal y como prevé la conocida como Ley de Memoria Histórica.
El artículo 16 de la ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, establece que el el Valle de los Caídos, cuya basílica alberga las tumbas Franco y Primo de Rivera, "se regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos".
Pero además la Ley de Memoria especifica que en ningún lugar de ese recinto "podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo".
Habida cuenta de que este es el primer 20-N en el que deberá hacerse efectiva esa prohibición -la Ley de Memoria entró en vigor en diciembre de 2007-, tanto el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, como el portavoz de ICV en el Congreso, Joan Herrera, preguntaron al Ejecutivo qué gestiones está llevando a cabo para evitar que puedan registrarse nuevas manifestaciones franquistas en el Valle de los Caídos alrededor de esa fecha.
En una escueta respuesta, a la que tuvo acceso Europa Press, el Ejecutivo responde a ambos que se están "manteniendo contactos con responsables de la Abadía del Valle de los Caídos con el fin de instrumentar las previsiones" incluidas en la Ley de Memoria Histórica, pero no especifica si esas gestiones están dando sus frutos y si se puede garantizar que el Valle de los Caídos no acogerá de nuevo actos fascistas.
Además de prohibir estas manifestaciones en el recinto del Valle de los Caídos, la Ley de Memoria, en su disposición adicional sexta, establece que la fundación gestora del complejo debe incluir entre sus objetivos "honrar y rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil de 1936-1939 y de la represión política que la siguió con objeto de profundizar en el conocimiento de este período histórico y de los valores constitucionales".
Asimismo, mandata a la fundación a fomentar "las aspiraciones de reconciliación y convivencia que hay en nuestra sociedad", entre otras cosas, dando cumplimiento al artículo 16 que prohíbe la exaltación del franquismo en el recinto.

Carrillo dice que Garzón se equivoca porque le "puede salir el tiro por la culata"

El histórico dirigente comunista ha presentado 'La crispación en España
El histórico dirigente comunista Santiago Carrillo ha considerado este martes "un error" la iniciativa del juez Garzón de llevar la Memoria Histórica a los tribunales porque "puede salir el tiro por la culata", y ha asegurado que él tiene la conciencia "completamente tranquila".
En la presentación de su libro La crispación en España. De la Guerra Civil a nuestros días (Editorial Planeta), Carrillo se ha referido a la investigación del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sobre los muertos y desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo, y ha recordado que los responsables de las "atrocidades" en el campo republicano fueron juzgados durante el franquismo.
"Por Paracuellos y otras cosas han sido fusilados centenares de republicanos y las víctimas que hizo la República han sido reivindicadas, valoradas y celebradas en tiempos del franquismo", ha argumentado Carrillo, quien se ha preguntado "si a los republicanos hay que juzgarlos y condenarlos dos veces".
Paracuellos en la memoria
En ese sentido ha explicado la decisión que el juez Garzón adoptó en diciembre de 1998 de rechazar la querella presentada por la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Genocidio en Paracuellos del Jarama (Madrid) contra él por los delitos de genocidio, torturas y terrorismo, en que "ya había sido juzgada".
Carrillo fue delegado de Orden Público y miembro de la Junta de Defensa de Madrid -nombrado el 6 de noviembre de 1936- durante la matanza de Paracuellos (Madrid) -del 7 y 8 de ese mes-, en la que un gran número de militares sublevados presos fueron asesinados cuando eran trasladados a Valencia.
Hoy ha recalcado que "los tribunales, la prensa, la radio y los políticos que había en España" fueron "los que hicieron la condena" por esos hechos "y mataron a muchísima gente".
El ex secretario general del PCE ha defendido que no se hagan públicos los nombres de los responsables de las muertes y las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo porque sus descendientes no son culpables de lo que hicieron.
"A los asesinos que ya no viven eso no les va a dar ni frío ni calor, pero va a caer sobre las cabezas de sus hijos y sus nietos que no tienen ninguna culpa", ha afirmado.
"La carabina de Ambrosio"
Carrillo ha afirmado que la iniciativa de Garzón es "un error" y puede ser "la carabina de Ambrosio" porque acabe saliendo "el tiro por la culata".
"Tal y como está la magistratura en España, no se puede hacer uno muchas ilusiones de que la resolución vaya a ir por la línea satisfactoria", ha aseverado.
Sin embargo, y tras insistir en que "ése no es el mejor camino", ha dicho que comprende la iniciativa de Garzón porque "no fue tomada" anteriormente por "los que tenían que hacerlo" o, si lo fue, "se hizo "muy débilmente".
Ha recalcado que lo que debería hacerse en torno a la Memoria Histórica es que el Congreso y el Senado "aprobaran una resolución condenando la sublevación" contra la República, en la que se afirmara que "una sublevación contra un Estado democrático no ha tenido ni tiene ninguna justificación".
Asimismo, el Estado debería "preocuparse verdaderamente" de abrir las fosas donde se encuentran los desaparecidos para que fueran enterrados por sus familiares y "reivindicar los nombres de las víctimas".
Carrillo está convencido de que la Guerra Civil pudo evitarse de no haber intervenido en ella las potencias fascistas, ya que ha subrayado que la sublevación militar fracasó en la mayor parte de España.
Esta es la tesis que expone en su libro, publicado por la editorial Planeta, y en el que considera que la crispación que vive España se debe a que aún se está intentando resolver hoy problemas que otros países ya solventaron hace dos siglos o más.

La Guardia Civil impide a un reducido grupo de falangistas entrar en el Valle de los Caídos

Viajaban en dos autobuses y varios coches | Los asistentes al homenaje frustrado a Primo de Rivera se han concentrado luego frente a la sede del PSOE
La Guardia Civil ha impedido este domingo acceder al Valle de los Caídos a dos autobuses y varios coches en los que viajaban personas ataviadas con simbología falangista que pretendían realizar un homenaje al fundador de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera.
Al no poder acceder al templo, un grupo de falangistas se han concentrado en las proximidades de la sede del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, para denunciar que el Gobierno no les permita celebrar el homenaje a Primo de Rivera que llevan haciendo desde hace años con motivo del aniversario de su muerte, ocurrida el 20 de noviembre de 1936.
En el acto de Ferraz, que ha finalizado con el rezo del Padre Nuestro y la interpretación del "Cara al Sol", el falangista Diego Márquez ha tomado la palabra para referirse a la situación desempleo que vive España y denunciar que "un sistema político va a hundir a los españoles, va a desmembrar el país y va a dividir a todos los ciudadanos".
Durante la concentración, protagonizada por una treintena de personas -muchas ataviadas con la camisa azul de la Falange- se ha aplaudido "la libertad de los Falangistas" y se han proferido consignas como "Garzón y ZP, dictadura es" y "socialistas terroristas".
Algunos de los concentrados se habían desplazado antes al Valle de los Caídos en dos autobuses, procedentes de Madrid y de Santander, y en ocho turismos con la intención de depositar una corona de laurel y rezar ante la tumba de José Antonio Primo de Rivera.
Sin embargo, el dispositivo de seguridad establecido por la Delegación del Gobierno les ha impedido la entrada en el recinto al constatar que muchos de ellos iban ataviados con ropa y simbología falangista, lo que está prohibido por la Ley de Memoria Histórica.
Por la taquilla del Valle de los Caídos han pasado hoy 280 personas desde su apertura al público, a las 10.00 horas, hasta las 12.00 horas, en que ha finalizado la tradicional misa de 11.00 que se celebra los domingos en la Basílica, según datos de Patrimonio Nacional, gestor el monumento.
La Guardia Civil ha montado allí dos dispositivos, uno en la puerta externa del Valle y otro más adelante, en los que ha registrado todos los vehículos y a las personas que resultaban sospechosas de portar algún símbolo bajo sus ropas.
Ambos dispositivos han impedido la entrada a dos autobuses y a ocho turismos cuyos ocupantes vestían la camisa azul del uniforme de la Falange, sin que se hayan producido enfrentamientos hostiles ni altercados, según la Guardia Civil.
En ningún momento de la misa, a la que han asistido poco más de un centenar de personas, se ha hecho alusión a la memoria de Primo de Rivera ni se han escuchado vítores en su nombre

La familia de un diputado del PSOE en 1936 denuncia a Rosa Aguilar

Los allegados sostienen que la alcaldesa obstaculiza la exhumación de Luis Dorado
La familia de Luis Dorado Luque, el diputado socialista presuntamente fusilado en Córdoba en 1936, presentó ayer en la Audiencia Provincial una denuncia contra la alcadesa, Rosa Aguilar, a la que acusa de "prevaricación, desobediencia y denegación de auxilio" por haber "obstaculizado" los trabajados de exhumación que quieren realizar en el Cementero de la Salud, donde han detectado con georadar una fosa común en la que creen que pueden estar los restos de su antecesor. El escrito, al que tuvo ayer acceso El Día, relata las trabas que a su juicio les han puesto en el Consistorio y reclama las mismas responsabilidades penales para otros dos representantes municipales: el presidente de la empresa Cementerios de Córdoba Sociedad Anónima Municipal (Cecosam), Alfonso Igualada, y al gerente de esta misma compañía, José Cabrera Baena.

La denuncia se articula en 14 puntos en los que se informa al Juzgado de todo el proceso que ha desarrollado la familia desde que decidieron buscar los restos de Luis Dorado al amparo de la Ley de la Memoria Histórica. Para ello, solicitaron y consiguieron, a través de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, una subvención del Ministerio de Presidencia y emprendieron una serie de indagaciones que, según relata el escrito, les permitieron determinar "casi en su totalidad las circunstancias en las que fue muerto, dónde fue enterrado y dónde están los restos" de Dorado, en la llamada Zanja Z del Cementerio de la Salud. Sabido esto, y con la autorización de Cecosam, el pasado 3 de octubre emprendieron un estudio con georadar en el camposanto que les permitió acreditar de forma científica "una fosa y su contenido osteolológico", de lo que informaron al Consistorio.

Es a partir de ese momento, sin embargo, cuando comienzan a producirse los desencuentros entre la familia y el Ayuntamiento, que coinciden además en el tiempo con la decisión de la Audiencia Nacional de paralizar las exhumaciones que había ordenado el juez Baltasar Garzón.

La nieta de Negrín se querella contra el bloqueo de las exhumaciones

La familia del ex presidente de la II República protesta contra la "injusta resolución"
La nieta del ex presidente del Gobierno de la II República, Juan Negrín, Carmen Negrín Fetter, solicitó ayer a la Audiencia Nacional a través de un recurso de súplica los nombres de los magistrados que participaron en el Pleno extraordinario de la Sala de lo Penal celebrado el pasado viernes con la intención de presentar una querella en su contra por prevaricación.

El Pleno decidió a petición de la Fiscalía paralizar de forma cautelar las exhumaciones de los cadáveres de víctimas de la Guerra Civil enterrados en fosas comunes hasta que se decida sobre la competencia del juez Baltasar Garzón para investigar los hechos.

Negrín Fetter considera que los jueces que votaron el viernes a favor de esta paralización -diez de los quince que acudieron al Pleno- podrían haber tomado, "una resolución injusta". La nieta del ex presidente del Gobierno de la II República solicitó también los datos del fiscal firmante del escrito en el que se pedía la congelación de los trabajos.

El letrado Juan Enrique Garcés, abogado de la nieta de Negrín, indica que una vez obtenidos los datos que solicita en su recurso de súplica su intención es presentar ante el Tribunal Supremo una querella contra estos jueces y fiscales por prevaricación

Hallan restos de tres fusilados en la Guerra Civil en una fosa de Huelva

La exhumación estaba prevista antes del auto de Garzón por lo que no le afecta la paralización
Un grupo de arqueólogos y antropólogos de la Asociación para la Memoria Histórica encontraron ayer los primeros restos de once fusilados el 13 de noviembre e 1937 que fueron enterrados en una fosa común del cementerio de Calañas (Huelva).

Este enterramiento no fue incluido inicialmente en el auto en el que el juez Baltasar Garzón asumió la competencia para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo. Por lo tanto, no forma parte de las paralizaciones que ordenó la Audiencia Nacional el pasado viernes hasta que se decida si efectivamente el magistrado es competente o no.

A un metro de profundidad el equipo de trabajo encontró los primeros restos: una pierna completa con conexión anatómica. El vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Santiago Macías, explicó que para completar los trabajos se requerirán varios días. Ayer se hallaron restos de tres cuerpos.

Cuando los arqueólogos dieron con los primeros indicios afloraron las emociones entre los familiares de los once fusilados. Antonia Trigo, de 84 años, hija del fusilado Juan Trigo Campillo, estaba alegre porque nunca perdió la esperanza de recuperar los restos de su padre, que murió cuando ella tenía doce años. Antonia relató ayer que su madre la llevaba al cementerio y le decía al sepulturero que le señalara dónde estaba su padre. "Gracias a ese hombre sabemos tanto de esa fosa", cuenta Antonia agradecida, ya que muchos familiares ni siquiera saben el lugar en el que fueron fusilados sus allegados.

Agustín Serrano, hijo de Luis Serrano, aseguró ayer que vivió un momento "muy emocionado y al mismo tiempo satisfecho y tranquilo". Agustín afirma que tiene todavía muy presente la tarde del 6 de noviembre, cuando se llevaron preso a su padre. Varios días después fue fusilado.

La familia de García Lorca se persona en la causa de las exhumaciones

El juez Santiago Pedraz les permite que estén presentes cuando se abra la fosa
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que sustituye a Baltasar Garzón -de baja tras una operación-, ha admitido que seis familiares de Federico García Lorca se personan en la causa abierta sobre los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.

El magistrado dictó ayer una providencia en la que da el visto bueno a la personación de la familia, concretamente, a Laura García Lorca de los Ríos; Concepción, Vicente y Manuel Fernández-Montesinos García-Lorca; e Isabel y Gloria García-Lorca. La familia se ha mostrado reticente a las exhumaciones de Dióscoro Galindo y Francisco Galadí, supuestamente inhumados en el mismo enterramiento y cuyos parientes sí solicitaron a Garzón que se abriera el barranco de Víznar en busca de sus restos.

La personación de la familia Lorca obedece, según explicó ayer su portavoz, Laura García Lorca, a la intención de "estar informados de todo el proceso" y, una vez se proceda a la apertura de la fosa común, poder solicitar medidas de "privacidad". La providencia de Pedraz redunda en lo establecido en el auto de Garzón, en el que se fijaban las condiciones en las que se deberían llevar a cabo las exhumaciones de Galindo y Galadí. El auto señalaba que el proceso se realizaría "procurando preservar las medidas de seguridad, privacidad, garantizando la dignidad de las víctimas y familiares". Como novedad, el magistrado sustituto pone a disposición de los familiares del poeta las actuaciones que constan en el Juzgado y les hace saber "la forma y tiempo" en que se desarrollará la exhumación.

Pulso entre Garzón y la fiscalía por la investigación sobre el franquismo

El juez de instrucción Baltasar Garzón echó un pulso este jueves con la fiscalía, rechazando dar trámite al recurso presentado por esta sobre su investigación sobre las víctimas del franquismo, informaron fuentes judiciales. La fiscalía de la Audicencia Nacional había recurrido el lunes su decisión de abrir una investigación cobre los "desaparecidos" de la Guerra Civil (1936-39) y de la dictadura franquista (1939-75), al estimar que las "detenciones ilegales con desaparición" que quiere investigar no son "un asunto sujeto a las reglas de la justicia universal", como defiende el magistrado, viendo "una suerte de inquisición general incompatible con los principios que inspiran el proceso penal en un Estado de Derecho como el que consagra la Constitución Española".
El fiscal había remitido el recurso al juez Garzón para que lo transmitiera, sin responderlo, al pleno de magistrados de la sección Penal de la Audiencia Nacional.
El juez Garzón indicó este jueves que debe ser primero él, y no la Sala de lo Penal, quien responda en primera instancia a las objeciones del Ministerio Público respecto a esta investigaciones. Ahora, la fiscalia tiene un plazo de tres días para que presente recurso de reforma, es decir para que plantee un recurso que sea contestado por el propio Garzón.
Mientras, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estudia de este jueves a través de una segunda vía procesal, instada igualmente por la fiscalía, si Garzón es o no competente para abrir una investigación, precisaron fuentes jurídicas.
Garzón se declaró competente para investigar las "desapariciones" durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura franquista (1939-1975), lo que supone el primer paso en España para esclarecer la suerte de algo más de 114.000 personas identificadas por sus nombres, muchas de las cuales yacen en fosas comunes.
El juez identificó el delito como "detención ilegal, sin dar razón del paradero, en el contexto de crímenes contra la humanidad", y para investigarlo alega que éste es "permanente" y que los crímenes contra la humanidad no pueden anularse, por lo que no tiene en cuenta una ley española de amnistía de 1977 para ese tipo de delitos.
El magistrado, que autorizó también la apertura de 19 fosas en toda España, responde a 22 denuncias hechas por asociaciones de familiares desde finales de 2006.