El Gobierno niega que cerrara Mi Tierra por su línea editorial

Fuentes de la Viceconsejería regional de Comunicación afirmaron ayer a EL DÍA que se han impedido las emisiones de esta televisión norteña "por carecer de las licencias obligatorias" y que la medida se tomó "con el aval de la Justicia".

3/nov/12 03:02

 R.S., Puerto de la Cruz

LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-Fuentes de la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios del Gobierno de Canarias negaron ayer a EL DÍA que el precinto de los aparatos emisores de Mi Tierra Televisión "tenga nada que ver con su línea editorial". Desde el Gobierno canario defienden la legalidad de su actuación, "que está totalmente avalada por la Justicia", y afirman que se ha impedido emitir a esta televisión norteña "por carecer de las dos licencias obligatorias: una de ocupación del dominio público del espacio radioeléctrico, que otorga el Ministerio de Industria del Gobierno de España, y otra de la Comunidad Autónoma sobre las condiciones de la emisión, que se adjudica por concurso".
"Mi Tierra Tv no ha tenido nunca ninguna de las dos licencias y por eso se tramitó el expediente que ha dado lugar al precinto. Expediente que ha tardado casi un año en tramitarse y que tuvo su origen en dos denuncias ajenas al Gobierno de Canarias", añaden.
"Es absolutamente falso que el precinto tenga nada que ver con las críticas de ese medio al presidente regional, Paulino Rivero (CC). Es una acusación sin fundamento. Si se mira el expediente, que es bastante abultado, no hay ni un solo argumento que tenga que ver con la línea editorial", señalan
"Se les multa y se les precinta porque realizan una emisión ilegal, no por su contenido, en el que no entramos", sentencian estas fuentes regionales.
La Viceconsejería de Comunicación también niega que se haya realizado "ningún ataque a la libertad de expresión o al derecho a la información, puesto que ellos podrían emitir, opinar e informar a través de internet o por cable, donde el espacio no es limitado y no existe la necesidad de solicitar licencias ni de participar en concursos como ocurre en TDT".
El Gobierno canario asegura que "el expediente que se abre a Mi Tierra Televisión se debe a que emiten sin licencias y eso en la Ley de Comunicación Audiovisual, que es una legislación nacional, está considerado como una infracción muy grave, que se castiga con multas que van desde los 501.000 euros hasta 1.000.000 euros. En este caso se les impuso la sanción mínima de 501.000 euros, a propuesta del funcionario responsable, no de ningún dirigente político".
Esta Viceconsejería regional recalca que "la infracción muy grave de Mi Tierra está certificada con tres informes distintos: dos del Ministerio de Industria y uno de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, que depende de Presidencia del Gobierno".

El hecho de que fuera la Policía Canaria a precintar los aparatos emisores de Mi Tierra se debe, según estas mismas fuentes, "a que quien decide precintar es un órgano del Gobierno de Canarias. Si la resolución hubiese sido del Ministerio de Industria, hubiera ido a precintar un cuerpo de seguridad del Estado, pero en este caso la competencia es regional y existe una policía autonómica".

El Gobierno de Canarias saca a concurso la concesión del puerto

PUERTO DE LA CRUZ LAEDICION.NET.-:/ Redacción Twitter @LaEdicin.-Los inversores interesados en construir y gestionar el nuevo muelle portuense tienen seis meses para presentar sus proyectos, adaptados a las restricciones de Costas. Se establece una inversión mínima de 70 millones de euros, un plazo máximo de ejecución de ocho años y un canon mínimo anual de 468.290 euros. El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó ayer el pliego de condiciones que rige el concurso público para adjudicar la construcción y concesión administrativa del nuevo muelle del Puerto de la Cruz. Las empresas e inversores interesados en ejecutar la obra y gestionar la infraestructura y los terrenos anexos por un periodo de 30 años tendrán seis meses de plazo para presentar sus propuestas al Gobierno de Canarias. La concesión administrativa de dominio público marítimo terrestre que debe otorgarse comprende una superficie total de 420.000 metros cuadrados, de los que 80.000 metros cuadrados serán en tierra y otros 340.000 metros de lámina de agua. Esta superficie es inferior a la prevista en el proyecto inicial, debido a los recortes impuestos por Costas, que han sido recurridos por el Gobierno regional. El consejo de administración del ente público Puertos Canarios será el encargado de resolver el concurso, en base a los criterios establecidos en el pliego de condiciones publicado ayer. El licitador deberá contemplar en su proyecto la construcción de una dársena pesquera que tendrá un mínimo de 10.000 metros cuadrados terrestres y otros 15.000 metros de lámina de agua, así como la implantación de un dispositivo para permitir la varada en tierra de embarcaciones pesqueras y deportivas, conocido técnicamente como "cajón de travel-lift". El plazo de seis meses para presentar las ofertas arranca hoy y concluirá en el mes de octubre. El alcalde del Puerto de la Cruz, Marcos Brito (CC), mostró ayer su satisfacción, "y la del grupo de gobierno", por la publicación en el BOC de las bases para la concesión, tal y como se adelantó en la rueda de prensa celebrada el pasado mes de marzo en Presidencia del Gobierno de Canarias. "Se están cumpliendo con los plazos previstos y así seguirá siendo", subrayó. El pliego de condiciones que regirá la concesión administrativa del puerto establece que las obras deberán quedar totalmente terminadas en el plazo máximo de ocho años a partir de su adjudicación. La obra prevista deberá suponer una inversión mínima de 70 millones de euros. El canon mínimo a pagar por el concesionario será de 468.290 euros al año.

Cuatro autonómicas ceden ya los informativos a grupos privados

Canarias, Aragón, Baleares y Murcia tienen externalizados los programas de noticias La reforma del PP irá más allá, permitiendo la cesión total a terceros LAEDICION.NET.-: DANIELLA MONTENEGRO. @LaEdicin.-La reforma legislativa que planea el Gobierno de Rajoy para que las televisiones públicas puedan privatizar sus informativos choca con una realidad: la mayoría de las televisiones autonómicas de última generación tienen externalizados este tipo de contenidos. Lo que se presenta como una gran renovación no lo es tanto para los entes de Canarias, Aragón, Baleares y Murcia, que han cedido a empresas privadas la realización de telediarios, espacios de reportajes, y grandes magacines matinales. Esta fórmula permite a las corporaciones públicas ajustar las plantillas y ahorrar costes. De hecho, sus presupuestos pueden llegar a ser una sexta parte de dos de las autonómicas más veteranas como la catalana TV-3 o la andaluza Canal Sur. También tienen plantillas más reducidas. El ente valenciano, por ejemplo, tiene 1.800 trabajadores y el de Aragón no llega a 150. La ley actual prohíbe ceder la producción y edición de las noticias El PP tiene en marcha la reforma de la Ley General de la Comunicación Audiovisual (aprobada en 2010), que ahora ya prohíbe a los entes públicos “ceder a terceros la producción y edición de los programas informativos” y de aquellos que determinen sus respectivos mandatos marco. Pero eso no ha impedido que al menos cuatro televisiones autonómicas hayan adjudicado la explotación de los servicios informativos a grupos privados, amparándose en que designan a los editores y marcan la línea editorial. La reforma que plantea el Gobierno va más allá, porque dará vía libre a las comunidades para gestionar el ente de forma directa o indirecta, es decir, abrirá la puerta a la privatización. Canarias, la primera autonómica que cedió a una empresa externa la gestión de sus informativos, atravesó durante años un calvario en los tribunales, pero su modelo ha pervivido. Videoreport Canarias es el proveedor de los informativos y de la continuidad desde 2008. Este grupo está liderado por Vértice 360 y VNews y en el mismo participan los periódicos locales Informaciones Canarias y Diario de Avisos. Las cadenas regionales se amparan en que designan editores El jefe de informativos, los editores y algún presentador pertenecen a la autonómica, pero los equipos técnicos y los realizadores son de Videoreport. “Hay reuniones constantes para ver el cumplimiento del contrato”, explica un portavoz del ente público. El contrato tiene una duración de ocho años y su cuantía asciende a 150 millones de euros. La compañía que ganó la licitación prevé emplear a 340 profesionales, encargados de producir más de 2.700 horas anuales. Murcia tiene un modelo más extremo. Los informativos ni siquiera se confeccionan en las instalaciones del ente sino en las del Grupo Empresarial Televisión de Murcia (GTM). La cadena tiene media docena de editores, pero la concesionaria cuenta con unos 350 trabajadores. Esta compañía realiza los informativos desde 2006 y asume la realización de programas de todo tipo. Fuentes de GTM asegura que producen alrededor del 60% de la parrilla. El resto son enlatados (series, películas) o suministrados por la Forta. En esta federación de televisiones autonómicas están integrados 12 entes públicos (Extremadura ha eludido formar parte de este club y la televisión de Castilla y León no ha sido admitida porque pese a que la frecuencia es pública, la cadena está en manos de empresarios privados). Otros operadores públicos, como la Televisión del Principado, produce los telediarios con sus propios medios y su plantilla, aunque externaliza la información de Deportes, a cargo de Asturmedia. Aragón Televisión tiene un modelo similar al canario. Esta corporación sacó a concurso a finales del año pasado la cobertura de los informativos. Ganó el consorcio Chip Audiovisual constituido por el diario local Heraldo de Aragón, el grupo PRISA, CAI e Ibercaja. Envía redactores y camarógrafos a los actos, aunque es la televisión la que asume “de manera directa la producción y edición de todos sus programas”, señala el director de la cadena, Pepe Quílez. Aragón TV paga a Chip Audiovisual 6,4 millones por los servicios Aragón TV tiene en plantilla alrededor de 35 personas en esta área (jefe de informativos, coordinador, productores, realizadores, presentadores, además de ocho editores), que marcan la línea editorial. Factoría Plural, que ganó el concurso público de los informativos a Mediapro el pasado diciembre, suministra material para las tres ediciones de los telediarios, elabora un espacio semanal de reportajes y otro sobre la actividad del Parlamento regional. Además, cubre los deportes y el tiempo. A la cadena le cuesta 6,4 millones de euros anuales este servicio. El contrato firmado es por dos años y medio con posibilidad de prórroga. Quílez defiende el modelo: “Cuando se puso en marcha la cadena, los principales grupos parlamentarios, el PSOE que gobernaba con el PAR, y el PP, entendieron que este era el único modelo que, desde el punto de vista económico, podía sustentar la comunidad. La Chunta e IU no lo apoyaron porque apostaban por informativos internalizados”. “IB3 marca la línea editorial”, aduce la gestora de los noticieros baleares La televisión aragonesa tiene externalizada la producción de otro tipo de contenidos de entrenamiento (1.650 horas anales) a través de dos productoras que ganaron el concurso público: Factoría Plural (Heraldo y PRISA) fueron adjudicatarias de un lote de 1.300 horas anuales y Zeta Audiovisual (El Periódico) ganó otro por 320 horas. El servicio de operaciones (explotación de platós) lo realiza Telefónica Servicios Audiovisuales (TSA). En Baleares, la gestión de los informativos está en manos de CBM (Grupo Secuoya), que a finales de 2011 ganó el concurso para cuatro años. El valor del contrato es de 47,7 millones de euros. IB3 nació con los informativos externalizados. El ex presidente balear Jaume Matas otorgó la gestión externa de los informativos de la radio y televisión autonómica a SBT, empresa del promotor inmobiliario Cinto Farrús. “IB3 marca la línea editorial y designa al director de informativos y a los editores. Nosotros ponemos los coordinadores, jefes de sección, redactores o camarógrafos. Hacemos la producción, la edición y la locución”, explica la compañía CBM.