Hoy comienza en Palma el juicio Scala por la malversación de 8,2 millones

LAEDICION.NET.- La sección primera de la Audiencia de Palma acoge desde hoy el juicio del caso Scala de corrupción, contra 18 acusados entre los que figura un conseller autonómico, por la presunta malversación de 8,2 millones de euros en la legislatura 2003-2007, en la que era presidente balear Jaume Matas.

La instrucción de este caso dio lugar a una imagen simbólica de la corrupción en Baleares, cuando en el registro del domicilio de una de las implicadas apareció enterrada una lata de Cola-Cao que ocultaba presunto dinero malversado.
La Fiscalía Anticorrupción pide penas que suman 114,5 años y multas de 19 millones de euros para los acusados, a los que atribuye el expolio de 8,27 millones de euros entre los fondos públicos saqueados, los sobrecostes de contratos amañados y las comisiones cobradas.
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha programado un total de 27 jornadas para la celebración de este juicio, que podría prolongarse hasta mediados de mayo.
El principal acusado es el exconseller de Comercio, Industria y Energía entre 2003 y 2007, Josep Juan Cardona, que se enfrenta a 21 años de cárcel y multa de 7,5 millones de euros por siete delitos de corrupción.
La Fiscalía le considera promotor y director de una trama orquestada en torno al Consorcio para el Desarrollo Económico de las Islas Baleares (CDEIB) para apropiarse durante 4 años de fondos públicos mediante un saqueo sistemático, según figura en el escrito de acusación del ministerio público, de más de 400 páginas.
De los mismos delitos que el exconseller -asociación ilícita, malversación de caudales públicos, delitos continuados de cohecho, prevaricación y falsedad documental por funcionario y en documento mercantil, así como fraude a la administración- está acusado también el ex director general de Promoción Industrial en la legislatura 2003-07, Joseph Kurt Viaene, "mano derecha" del exconseller, que se enfrenta a una petición de pena de 20 años y la misma multa.
La tercera principal acusada es la exdirectora del CDEIB, Antonia Ordinas, en cuyo domicilio se halló la famosa lata de Cola-Cao.
Para Ordinas, que ha colaborado en la investigación de los hechos y ha devuelto dinero, la Fiscalía pide 7 años de prisión así como una multa de 1,05 millones.
La Fiscalía considera a los tres -Juan, Viaene y Ordinas- planificadores de los delitos y responsables de "actos materiales decisivos y nucleares" que permitieron las malversaciones, así como de incrementar los fondos del CDEIB para apropiarse de ellos.
Los tres principales acusados, con la colaboración de los otros quince encausados, crearon una trama de empresas con hombres de paja o testaferros a las que adjudicaron numerosos contratos financiados con fondos públicos que se quedaron.
Según el Ministerio Fiscal, en esta causa es que no existe contrato ni soporte documental alguno que justifique el cobro de cuantiosas facturas presentadas por la trama, por trabajos y servicios que, de ser reales, hubieran exigido un procedimiento negociado sin publicidad para ser contratados que no se hizo.
Para los otros quince encausados, la Fiscalía solicita penas que oscilan entre el medio año y los 10 años de cárcel y multas de hasta un millón de euros. Doce de los acusados han reconocido su participación en los hechos y han colaborado con la Justicia.
Además hay un decimonoveno implicado en la trama que no ha sido localizado por lo que no se le ha llegado a acusar.

La Fiscalía requiere más documentos sobre las facturas falsas del Patronato

Después de ordenar un informe policial, continúa la investigación sobre presuntas irregularidades en la anterior legislatura

LAEDICION.NET.- Las irregularidades existen solo en la cabeza de Javier Aureliano García". Lo repetía el secretario general del PSOE de Almería y parlamentario andaluz, José Luis Sánchez Teruel, llegando incluso a pedir la dimisión del secretario general del PP y vicepresidente de la Diputación por el caso de las facturas falsas del Patronato Provincial de Turismo. El paso del tiempo, que hace olvidar lo ocurrido, parecía darle la razón al socialista porque la denuncia llegó a la Fiscalía Provincial en el mes de enero. Desde entonces, nada más se sabe de los errores y presuntos delitos en la gestión del anterior equipo de gobierno al frente del Patronato. Según ha reconocido el vicepresidente de la Diputación a D.M, la Fiscalía Provincial continúa con la investigación y, lo que aún daría más pie a un hallazgo nada bueno para los responsables del PSOE, es que han solicitado más documentos e información sobre los hechos denunciados. Según Javier Aureliano García, "hemos tenido nuevos contactos con la Fiscalía y está investigando, eso es todo lo que pueo decir". Sobre el desenlace de la causa judicial, el vicepresidente de Diputación entiende que "no me corresponde a mí decir si quedará en nada".

La Fiscalía Provincial ofició a la Policía Judicial adscrita a la Fiscalía Superior de Andalucía hace unas semanas para que elaborara un "amplio informe" sobre los hechos recogidos en la denuncia del equipo de gobierno de la Diputación ante posibles irregularidades detectadas en facturas del Patronato de Turismo durante el mandato del PSOE. El PP remitió a la Fiscalía en enero un expediente en el que se incluían facturas por un valor de 44.500 euros abonadas por este órgano y correspondientes a distintos viajes en los que, según los primeros datos, bien "no viajó nadie" o bien se contrataron bajo el nombre de trabajadores del patronato que no los realizaron. En concreto, en la denuncia, según informó el vicepresidente de la Diputación, se especifican, al menos, ocho viajes a lo largo de 2010 a destinos como Viena, Londres, Zúrich o Madrid presuntamente ficticios o en los que se habría emitido una supuesta doble facturación. Al tiempo, se adjunta un informe del Intervención en el que se apuntaba el carácter "un poco extraño" de las citadas facturas, que se abonaron en abril de 2011 mediante un reconocimiento extrajudicial de crédito, y en el que se alertaba de que "no se justificaban lo suficiente". Según fuentes judiciales, el decreto del fiscal dictado el 26 de febrero, resuelve, tras un primer análisis del citado expediente, y en el marco de las diligencias de investigación penal incoadas, ordenar a la Unidad de Policía Judicial la elaboración de un "amplio" informe que "acote y ahonde" en los hechos denunciados. A la vista del informe policial, la Fiscalía Provincial valorará si existen indicios de "entidad suficiente" para proceder a formular la denuncia que judicialice el conocido como caso de las facturas del Patronato o si procede el archivo, aunque no es descartable que se pueda ordenar la practica de alguna otra diligencia de investigación penal. Según informó el equipo de gobierno de la Diputación entre la documentación entregada al Ministerio Público figura el registro por control de huellas dactilares correspondiente a los trabajadores a los que se atribuyeron los viajes bajo sospecha y que revelaría que, en ese rango temporal, "acudieron a su puesto de trabajo" y, por tanto, no realizaron dichos trayectos. García apuntó, asimismo, que, en uno de los casos denunciados, constan facturas de un viaje a Londres entre el 6 y 11 de noviembre de 2011 de las que solo una, relativa a la persona que lo realizó, está justificada, mientras que otra factura por valor de 11.000 euros "no se sabe" a quien pertenece. Desde el PSOE se han desmentido las irregularidades. La justicia tiene ahora la palabra.

Invercaria dio 600.000 euros a una empresa que no existía

Ferias Virtuales Internacionales de Andalucía se constituyó seis meses después y no contaba con un socio tecnológico para el proyecto.

LAEDICION.NET.-La empresa pública andaluza Invercaria, cuyos directivos están citados en sede judicial como imputados el próximo mes de mayo, concedió 600.000 euros a la entidad Ferias Virtuales Internacionales de Andalucía (FIVA) seis meses antes de que se constituyera y sin que tuviera un socio tecnológico para desarrollar el proyecto.

Se trata de una de las irregularidades recogidas en el informe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía, que afirma que el total invertido por Invercaria en FIVA fue 1.694.018 euros, pese a que "el producto ha sido reconocido como absolutamente fallido por todos los implicados". El juez de instrucción 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, ha citado a partir del 13 de mayo, como imputados, al ex presidente de Invercaria Tomás Pérez Sauquillo y a otras seis personas por presunta malversación de fondos públicos en las ayudas a FIVA, una de las 34 empresas denunciadas por la Fiscalía Anticorrupción.

El atestado policial, al que ha tenido acceso Efe, afirma que de la denuncia presentada por el ex directivo de Invercaria Cristóbal Cantos "parece deducirse la existencia de graves irregularidades en el desarrollo de la actividad de Invercaria", en especial la ausencia de criterios y procedimientos para las inversiones.

"Con prevalimiento de esa situación, se habrían producido operaciones de financiación irregular respecto a algunas sociedades, con vulneración de los principios básicos de funcionamiento de la Administración pública", recoge el atestado.

La sociedad de capital riesgo Invercaria benefició "conscientemente a determinadas sociedades, muchas de las cuales presentaban signos manifiestos de crisis económica de difícil o imposible recuperación, con lo que la asignación de fondos carecía de toda lógica comercial", según la Policía.

La ausencia de expedientes y de propuestas de inversión son algunas de las irregularidades que demostrarían que "los fondos de origen público se asignaban sin criterio ni procedimiento de garantía alguno".

No se trata solo de irregularidades administrativas sino penales, sostienen los investigadores, pues las conductas podrían ser constitutivas de delitos de falsedad y contra la Administración pública.

En el caso de FIVA, el atestado dice que Invercaria le concedió 600.000 euros en junio del 2006, seis meses antes de que se constituyese y cuando no tenía socio tecnológico para el desarrollo del proyecto, y añade que la ayuda no fue aprobada por el consejo rector de la agencia IDEA o el Consejo de Gobierno de la Junta, como se prevé para las inversiones que superen determinada cuantía.

"No se conoce qué tipo de garantías se exigían para la devolución de los préstamos ni qué circunstancias se valoraron para la aprobación del gasto", dice la Policía, que concluye que "la realidad es que el riesgo lo asumió y lo ha padecido la Hacienda Pública".

FIVA tenía una "gestión muy deficiente" y "el único socio que lo ha perdido todo, y nada ha recuperado, ha sido la propia Invercaria, que ha aportado ingentes cantidades de dinero a pesar de conocer que se trataba de un proyecto completamente fallido", añade el atestado.

Además, la Policía afirma que la Caja General de Ahorros de Granada "ha obstaculizado de forma grave la investigación" por su "excesiva demora" al entregar los documentos solicitados, lo que el atestado relaciona con la participación de la caja en los órganos sociales de Inverjaén, actualmente Invercaria, y que varios imputados tienen cuenta en dicha entidad.

Gordillo, exfiscal de la Audiencia: “Griñán tiene una responsabilidad penal”

LAEDICION.NET.-Podrá ser imputado. Si José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía, sostiene que no existe “argumento legal” para su imputación en el caso de los ERE por parte de la juez Mercedes Alaya, Ignacio Gordillo, exfiscal de la Audiencia Nacional, cree que sí. Y para ello ofrece un argumento legal: el artículo 11 del Código Penal. “Su opinión [la de Griñán] hay que respetarla; como defensa está bien, pero hay que recordarle un artículo en el Código Penal, el artículo 11, sobre la posición de garante: la culpa in eligendo y la culpa in vigilando”, explica Gordillo en una entrevista concedida ayer a El Confidencial.
El responsable del área de Penal del despacho de abogados andaluz Martínez Echevarría remarca estos dos conceptos en la “producción de resultado”. El primero, la culpa in eligendo: el que ha elegido a unas personas tiene que responder por ellas. El segundo: la culpa in vigilando: “Tenía que haber tomado medidas para que no ocurriera. Quitando la responsabilidad política, que está clara, tiene una responsabilidad penal porque debía haber actuado”.
Así lo precisa el artículo 11 del Código Penal: “Los delitos que consistan en la producción de un resultado sólo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la Ley, a su causación. A tal efecto se equiparará la omisión a la acción: a. Cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar. b. Cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente”.
Gordillo, que ejerció de fiscal en el caso de los GAL, avisa de que no se puede mirar para otro lado “cuando un presidente de una comunidad autónoma es quien elige a los altos cargos y luego tiene que estar in vigilando a un director general o a un consejero; el asunto es muy grave”. En este caso, la imputación podría extenderse a Manuel Chaves, que fue quien nombró a los consejeros José Antonio Viera (aún no imputado) y Antonio Fernández como responsables de Empleo de la Junta de Andalucía y quienes impulsaron las ayudas sociolaborales que derivaron en prejubilaciones fraudulentas. Griñán era el consejero de Economía y Hacienda y obvió las 15 advertencias de la Intervención General de la Junta sobre la falta de procedimiento de estas subvenciones. El letrado madrileño, ahora diputado en la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, no tiene duda de que una hipotética imputación de Griñán provocaría su dimisión como jefe del Gobierno andaluz y una crisis en el Ejecutivo socialista. Como experto judicial, ¿cuánto tiempo le queda de instrucción a la juez Alaya? “Cada vez abre más la causa, pero si la debe dar por cerrada ya, tendrá que tomar diligencias, debe enviarlo al tribunal que corresponde. Con lo que hay ya es bastante para enjuiciarlo, terminarlo y elevarlo al órgano competente”. ¿Antes de que acabe 2013? “Yo creo que sí, tiene que cerrarlo lo antes posible: los delitos son claramente punibles con penas muy altas”, apunta.
Ignacio Gordillo defiende a ultranza el trabajo de Alaya. “Por el trabajo que realiza, ya no por el número de horas, seguro que ha estado leyéndose el procedimiento de la causa en su baja por enfermedad; creo que ha estado haciendo un trabajo espectacular, excepcional, pero está más sola. El problema es que tiene que centrar el tema y no ir a una causa general. Ese es el peligro, eso le pasó el juez Castro, del caso Palma Arena, que será imposible de enjuiciar nunca, con piezas y subpiezas”, remata.

Anticorrupción pide al Senado la declaración de Bárcenas de 2008 a 2010

Los miembros de la Mesa tienen dudas sobre la pertinencia de hacer públicos los bienes porque esa información era «no pública»

LAEDICION.NET.- La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la declaración de bienes patrimoniales registrada por el extesorero del PP Luis Bárcenas en el Senado cuando formó parte de la institución entre el 9 de marzo de 2008 y el 19 abril de 2010, fecha en la que presentó su renuncia como senador.

Fuentes de la Cámara Alta, han informado de que la Fiscalía tendrá una respuesta a su petición la próxima semana, una vez que los servicios jurídicos del Senado elaboren un informe sobre la oportunidad de entregarle esos datos, como le ha pedido hoy la Mesa.

Según las mismas fuentes, los miembros de la Mesa tienen dudas sobre la pertinencia de hacer públicos los bienes patrimoniales de Bárcenas de su época de senador, ya que cuando el extesorero del PP era parlamentario esa información era «no pública».

Actualmente, las declaraciones de bienes de los senadores sí son públicas y se pueden consultar en la página web del Senado. Además, no hay precedentes en la Cámara de una petición similar y no se está seguro de que sea la Fiscalía Anticorrupción el órgano competente para solicitar documentación sobre los senadores, ya que la petición «no la hace un juez, la hace el fiscal», han indicado las fuentes.

Los imputados en un fraude masivo en ayudas pactan con el fiscal

LAEDICION.NET.-Medio centenar de acusados reconocen su participación en los hechos y aceptan entre 9 meses y tres años de cárcel Con un beneficioso pacto empezó y terminó ayer, en el edificio central de la Caleta, el juicio a 50 granadinos acusados de participar en un importante fraude de subvenciones llevado a cabo entre 2007 y 2009. Casi todos aceptaron nueve meses de prisión como autores de un delito contra el sistema de la Seguridad Social, después de que las partes llegaran a un acuerdo antes de la celebración de la vista, que comenzó hora y media después de lo previsto.

Fue la representante de la Fiscalía quien, una vez estuvo colocado todo el mundo en su sitio -hubo que habilitar el salón de plenos de la antigua Diputación Provincial debido al elevado número de encausados y letrados de la causa-, detalló al tribunal los detalles del pacto alcanzado, que además de rebajar considerablemente las penas a todos los imputados ha evitado otros 23 días de enjuiciamiento.

La fiscal explicó que modificaba sus conclusiones provisionales de modo que, en primer lugar, retiraba la acusación contra dos de los acusados: Miguel B. R. y Carmelo S. Z., un chatarrero y un toxicómano que figuraban como administradores de dos empresas a través de las que se cometió el fraude. La Fiscalía concluyó que ninguno de ellos tuvo participación en los hechos y ambos quedaron absueltos en el acto. En segundo lugar, pidió tres años de prisión para el principal responsable de la trama, Emilio S. R., así como dos años de cárcel para su esposa, su hermana, su madre, su cuñada y otras dos mujeres. En tercer y último lugar, rebajó de tres años a nueve meses la pena privativa de libertad que solicitaba para los 41 procesados restantes, que son los trabajadores que fueron contratados de forma supuestamente fraudulenta. Se da la circunstancia de que, además, a dos de ellos sólo se les impondrán tres meses de cárcel, al considerar como atenuante el hecho de que hayan devuelto las cantidades que cobraron indebidamente.

Las otras dos acusaciones que hay en la causa (Abogacía del Estado y Tesorería de la Seguridad Social) se adhirieron a esta nueva calificación de los hechos, al igual que las defensas de todos y cada uno de los acusados, que mostraron su conformidad con los cambios introducidos. De este modo, el reparto de penas que se plasmará en la sentencia -que se notificará a los acusados entre los días 11 y 15 de marzo en la Audiencia- será de una condena de tres años de prisión, seis de dos años, 39 de nueve meses y dos de tres meses. Con estos castigos, si ninguno de los condenados tiene antecedentes penales, sólo el principal responsable de la trama entraría en prisión, al ser las penas impuestas iguales o inferiores a 2 años, y mostrarse además la Fiscalía de acuerdo con que se les conceda la suspensión de la ejecución de las condenas -o su sustitución- si así lo solicitaran sus defensas.

Para la Fiscalía hubo finalmente dos delitos de fraude de subvenciones en este caso, que no tiene que ver con el macrofraude destapado con la operación Genil, investigado por el Juzgado de Instrucción 9 y sin fecha aún de juicio.

Amat asegura que se ha puesto "a disposición" de Fiscalía "para todo lo que haga falta"

LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-. El alcalde de Roquetas de Mar (Almería), Gabriel Amat (PP), ha asegurado este miércoles que ha remitido carta a la Fiscalía Superior de Andalucía para ponerse "a su disposición en todo lo que haga falta" tras ser notificado de la incoación de diligencias de investigación penal a raíz de una denuncia sobre una "supuesta trama" en torno a sus "familiares y a sus amistades".
   En declaraciones a los periodistas, Amat ha indicado que el Ministerio Público al ordenar a la Policía Judicial adscrita que elabore un amplio informe está haciendo "lo que tiene que hacer", aunque ha advertido de que, a la vista de la rueda de prensa ofrecida por el colectivo denunciante, sus abogados y él van a "proceder judicialmente contra el acoso, la persecución y la difamación" contra su figura.
   "La Fiscalía que haga lo que tenga que hacer, es motivo de satisfacción para terminar de una vez por todas con esas sinvergonzonerías que viene aguantando, no Gabriel Amat, que es político, sino mucha familia de Gabriel Amat", ha apuntillado.
   El regidor roquetero ha precisado que la carta se remitió a la Fiscalía el pasado día 1 y en esta, se ponía a su disposición "para lo que hiciera falta". "Vamos a intentar demostrar todo lo que tengamos que demostrar --ha ahondado-- para acabar con las mentiras que se están diciendo en algunos sitios".
   El también presidente del PP de Almería y de la Diputación, al ser interpelado directamente por la veracidad o no del contenido de la denuncia de la Asociación Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (Amayt), ha dicho que "tendrán que demostrarlo quienes lo tengan que demostrar" y ha reiterado que "cada palo tendrá que aguantar su vela cuando llegue el momento". "Por el momento, si puedo actuar ya en un procedimiento judicial, así lo haré", según ha concluido.

El presidente del PP almeriense atrapado: La oposición presiona para conocer su patrimonio y Fiscalía pide un amplio informe policial

 “Los socialistas exigen que detalle su patrimonio y sus actividades empresariales que han ido evolucionado de manera paralela a su actividad política”

ElPlural/Andalucía | 21/02/2013El presidente del PP almeriense atrapado: La oposición presiona para conocer su patrimonio y Fiscalía pide un amplio informe policial

“Los socialistas exigen que detalle su patrimonio y sus actividades empresariales que han ido evolucionado de manera paralela a su actividad política”

Los días de vino y rosas de Gabriel Amat como líder político, caudillo, jefe y omnipoderoso presidente de la Diputación y del PP almeriense así como alcalde de Roquetas, parece que tocan a su fin. El fiel amigo de Javier Arenas se sintió siempre un intocable y una vaca sagrada en un territorio que ha controlado e incluso dominado como su particular cortijo.
Todopoderoso Amat
Amat (en la foto a la derecha de Rajoy) ha puesto y dispuesto a su antojo. Ha decidido, ha recomendado y ha estado presente con su ordeno y mando en el escenario de una provincia aliada del PP. Posiblemente ni eso perdure ya según unas encuestas que pronto saldrán a la luz. Tan a la luz como desde la oposición socialista se le reclama que haga público su amplísimo patrimonio y los negocios y empresas donde él o la  saga de los Amat andan metidos.
¿Político kleenex?
Mucho se ha dicho de su peculio particular, bastante más sobre las empresas en las que, de una u otra forma está presente su larga mano. Ahora desde el frente político se le reclama que lo haga público. Si la ola de transparencia a la fuerza que el PP nacional dice impulsar le llega a él, saldremos de nuestras inmensas dudas. Los rumores podrán hacerse realidad o no, que diría su jefe gallego. Pero donde Amat puede estar ya tocado es por el flanco justiciero, pues ha sido el Fiscal quien ha exigido y ordenado un amplio informe a la policía que recabe toda esta información que hoy circula sobre bienes, patrimonio, intereses, sociedades, empresas, etc… Nos tememos que en esta ocasión ni la ayuda de su gran amigo, Javier Arenas, le va a servir. Además ya se sabe la afición de Arenas a dejar muertos en el camino y en ese sentido su compañero Amat puede pasar a la historia del PP como otro político kleenex.
Pressing del PSOE
Para colmo de males de Amat, hoy el secretario de Organización del PSOE de Almería, Juan Carlos Pérez Navas, ha exigido a Gabriel Amat, “que haga público urgentemente su patrimonio y sus actividades empresariales, como ejercicio de  transparencia, detallando cómo han ido evolucionado de manera paralela a su actividad política desde que llegó a la Alcaldía de Roquetas”. El PSOE ha realizado esta petición tras conocerse que la Fiscalía Superior de Andalucía ha ordenado una investigación a raíz de una denuncia sobre una presunta trama de la que se podrían haber beneficiado familiares y amigos del dirigente del PP.
Amat amenaza
Pérez Navas considera “gravísimo” que la Policía Judicial esté realizando un amplio informe sobre sus actividades y que a esto Amat “no haya ofrecido ni una sola explicación y solo haya respondido con la amenaza de proceder judicialmente contra quien le denuncie”.
Obras faraónicas incrementadas en un 120 %
Para el dirigente socialista, que el presidente del PP esté siendo investigado “supone una vuelta de tuerca más a la oscura gestión que viene desarrollando Gabriel Amat en el municipio de Roquetas de Mar y como presidente del PP en la provincia, y que el PSOE ha venido denunciado en numerosas ocasiones”. Al hilo de esto, Juan Carlos Pérez Navas ha recordado que el PSOE ha llevado a los juzgados a Amat como consecuencia de las irregularidades detectadas en las obras para la construcción del Teatro-Auditorio roquetero, cuyo presupuesto se vio incrementado en un 120%, pese a contar con  informes técnicos en contra.
¿Zoido se ha enterado por la prensa?
Otra pregunta que se formula es “si el presidente del Partido Popular de Andalucía, Juan Ignacio Zoido, estaba al tanto de que Amat está siendo investigado desde hace un mes o si se ha enterado por la prensa.” Para Pérez Navas “resulta preocupante que la denuncia haga alusión a una supuesta trama de más de un centenar de empresas y 315 órganos sociales vinculados entre sí y con Gabriel Amat como nexo de unión y relación entre ellos, y que la estrategia de los populares de Almería, tal y como está ocurriendo a nivel nacional con los casos de corrupción en el PP en la red Gürtel o con los presuntos pagos irregulares de Bárcenas a cargos de su partido, sea negar la mayor e intentar callarlo todo mediante denuncias o amenazas”.
Que confiese
Juan Carlos Pérez Navas considera “oportuno y necesario que Gabriel Amat comparezca públicamente y diga cuántas empresas tiene directa o indirectamente y si esas empresas o de familiares suyos se han beneficiado de decisiones políticas tomadas desde su propio Ayuntamiento o desde otros gobernados por el PP, que es lo que quiere saber la Fiscalía a través del amplio informe policial que ha encargado”.

 

La Fiscalía ordena un "amplio informe" policial sobre "supuesta trama" en torno al alcalde de Roquetas de Mar

LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-. La Fiscalía Superior de Andalucía ha ordenado a la Unidad de la Policía Judicial la elaboración de "un amplio informe" acerca de los hechos relatados en la denuncia interpuesta por la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (Amayt), en la que se da cuenta de una supuesta "trama" en torno "a familiares, allegados y amistades" del alcalde de Roquetas de Mar (Almería), Gabriel Amat, que se remontaría a su primer mandato.

   Así lo ha indicado en rueda de prensa la presidenta de Amayt, Carolina Gutiérrez, quien ha explicado que, en la denuncia, que consta de más de 70 páginas y un apoyo documental de unos 1.000 facsímiles, se "pone en conocimiento" de la Fiscalía la "existencia" de un supuesto "entramado encabezado por Amat" en el que se "habrían beneficiado personas del entorno social y familiar del alcalde".

   La citada denuncia, según ha indicado, hace alusión a 108 empresas y 315 órganos sociales "con vinculación entre sí" y centro de lo que consideran "una serie de irregularidades en materia urbanística en su mayoría, aunque también con respecto a la concesión por parte del Ayuntamiento de obras y servicios", ha precisado.

   Al hilo de esto, ha señalado que los hechos denunciados ante el Ministerio Público por la asociación abarcan un rango temporal desde 1995, año en el que Amat accedió a la Alcaldía, a 2011, por lo que "la comisión de posibles ilícitos aún sin definir serían continuados en el tiempo, lo que rompería la prescripción", ha apuntillado.

decreto de la Fiscalía Superior de Andalucía, de fecha 28 de enero y en el marco de las diligencias de investigación penal incoadas, ordena, a la vista de la denuncia interpuesta en junio de 2012, que la Unidad de la Policía Judicial elabore un "amplio informe sobre los hechos y las personas intervinientes" para dirimir, así, como debe proceder.

   En concreto, subraya que deberá determinar si la denuncia de Amayt se refiere "a los mismos hechos" sobre los que mantiene abiertas diligencias previas el Juzgado de Instrucción número 3 de Roquetas de Mar, lo que "obligaría al cese de la investigación y a la remisión de las presentes diligencias de investigación penal a este órgano". 

   El citado procedimiento se abrió hace un año al apreciar la Fiscalía Provincial indicios de un presunto delito de prevaricación urbanística en la concesión de la licencia municipal de obras para construir diez viviendas unifamiliares de lujo en una parcela localizada en la conocida como la finca La Fabriquilla, en Roquetas de Mar. El Ministerio Público consideró que debía "ser investigado" el acto administrativo por el que se autorizó "de una forma no legal" la obra en una zona donde "no se podía autorizar".

   En caso de que no se trate de estos mismos hechos, el informe encargado a la Policía Judicial por el fiscal deberá determinar "la participación en los mismos de personas aforadas" a efectos de resolver "si la competencia es de la Fiscalía Superior de Andalucía o de la Fiscalía Provincial de Almería".

   Gutiérrez, quien ha avanzado que esta semana procederá a ampliar la denuncia que da dado lugar a la incoación de diligencias de investigación penal, ha lamentado en rueda de prensa que Amat, también presidente de la Diputación Provincial de Almería y presidente provincial del PP, no haya "dado explicaciones no se haya posicionado" sobre los hechos "pese a que tiene conocimiento ya que se le dio traslado del decreto en enero".

La Fiscalía investiga al presidente de la Diputación de Almería por corrupción

Una asociación contra la corrupción ha anunciado la admisión a trámite de una denuncia contra el presidente de la diputación de Almería y alcalde del municipio de Roquetas, Gabriel Amat.

LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-. La Asociación Mediterránea  Anticorrupción ha informado en rueda de prensa que el fiscal general de Andalucía, Jesús García Calderón, ha aceptado la denuncia presentada contra una supuesta trama familiar en torno a Gabriel Amat. El resultado ha sido el encargo de la Fiscalía  a la Policía judicial de un amplio informe sobre una supuesta trama de corrupción en torno a 108 sociedades y 315 órganos sociales.

El colectivo espera los resultados de la investigación. El presidente de la diputación de Almería no ha hecho declaraciones sobre este asunto.

El fiscal disiente del criterio del TSJA y considera que Sánchez Gordillo delinquió

El Ministerio Público recurrirá el sobreseimiento del caso de los piquetes de la huelga del 29-M

LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-"La Fiscalía Superior de Andalucía anunció ayer que interpondrá un recurso contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de archivar la investigación que tenía abierta contra el diputado de IU y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, por los incidentes de la huelga del general del pasado 29 de marzo ocurridos en varios establecimientos de Estepa (Sevilla).

El Ministerio Fiscal afirma que "no comparte el criterio del instructor por diversas razones": tanto por la "no aplicación de preceptos del Código Penal" como por "la forma de llevar a cabo la investigación". De hecho, durante el pasado mes de enero, el Ministerio Público ya recurrió la nulidad de un vídeo grabado por la Guardia Civil e incorporado a la causa, que por lo visto arrojaba bastante luz a los hechos protagonizados por Sánchez Gordillo el día de la huelga. Dicho recurso acabó siendo estimado por la sala, que declaró la validez de la prueba.

Otro de los puntos en los que juez y fiscal no han estado de acuerdo es a la hora de estimar necesaria la declaración como imputado de Sánchez Gordillo. El fiscal, como resalta, sí la considera necesaria.

Las diligencias previas ahora archivadas fueron incoadas el pasado 20 de agosto, tras ser remitido el asunto al TSJA por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepa (Sevilla), dada la condición de aforado de Sánchez Gordillo.

El juzgado sevillano consideraba que los hechos atribuidos al parlamentario -coacciones a trabajadores y responsables de comercios de Estepa por parte del piquete que lideraba el día de la huelga del 29-M- podían ser constitutivos de delito. El Alto Tribunal descartó que los hechos tengan alcance penal y ha devuelto la causa a Estepa por si el juzgado decidiera tramitarla como una simple falta.

La Fiscalía aclara que la resolución que va a recurrir es un auto de archivo -y no una sentencia-, dictado por el magistrado encargado de investigar la causa. En dicho auto se establece "la falta de relevancia penal de los hechos, excepto de los acaecidos en el supermercado de Estepa, que podrían ser constitutivos a lo sumo, de una falta de amenazas que debería ser juzgada en el Juzgado de Instrucción número 1 de Estepa". El TSJA explica que Sánchez Gordillo puede ser investigado y juzgado en el Alto Tribunal por delito, pero no por una falta. Así, subraya que lo que ha hecho el magistrado es derivar el caso hacia el juzgado de procedencia "en atención a la posible existencia de una infracción penal calificada como falta de amenazas leves, para cuyo conocimiento no es competente este Tribunal conforme al Estatuto de Andalucía y la Ley Orgánica del Poder Judicial".

Por contra, la Fiscalía Superior estima - y por eso va a recurrir- que los hechos acaecidos en el establecimiento Mercadona "pueden ser constitutivos, cuando menos de un delito contra los derechos de los trabajadores".

Andalucía ocultó al Tribunal de Cuentas el destino real de 16 millones para el empleo

Se trata de subvenciones estatales de 2008 y 2009 para la formación de trabajadores

LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-"Entre los años 2008 y 2009, en pleno saqueo de fondos publicos destinados al empleo destapados en el caso del ERE, la Junta de Andalucía también cometió irregularidades contables en fondos de este sector provenientes del Estado.

Así lo pone de manifiesto el Tribunal de Cuentas en un informe que critica al Gobierno andaluz por no demostrar el buen uso de 16 millones de euros del Plan Integral de Empelo de Bahía de Cádiz. Esta cantidad debía destinarse a acciones sociales para trabajadores con un nivel bajo de ingresos y «mayores dificultades de inserción en el mercado laboral» debido a su edad, mayores de 53 años.

La Junta ocultó al máximo órgano fiscalizador del Estado qué ha hecho específicamente con estos fondos. El Tribunal de Cuentas se muestra tajante: «La documentación justificativa aportada no permite determinar el carácter específico de estas acciones, así como el colectivo de personas afectadas por las mismas». De este modo, no se ha podido comprobar «si los recursos asignados en el presupuesto de gastos del Servicio Público Estatal fueron destinados a favorecer la cualificación del capital humano y su inserción».

Otro uso de los fondos

El plan completo de esa zona geográfica, especialmente castigada por el desempleo, supuso para el Estado una subvención de 50,6 millones de euros repartidos en 2008 y 2009, que luego sería renovada en 2010. Las incidencias que el Tribunal de Cuentas halló se refieren principalmente en el uso de parte de estos fondos para «aportaciones económicas por desempleo», en lugar de destinarlos a su finalidad original, políticas de empleo para que los despedidos tras el cierre de la multinacional Delphi en Puerto Real (Cádiz) pudieran regresar al mercado laboral.

El Tribunal de Cuentas, que entregó este informe al Congreso de los Diputados en febrero del pasado año, insta al Ministerio de Trabajo a ser más contundente en el control de los fondos que entrega a las comunidades autónomas para políticas de Empleo. El organismo contable recomienda al Gobierno que obligue a las autonomías a que «acrediten en su totalidad, ante el Servicio Público de Empleo Estatal la aplicación de los fondos recibidos a la finalidad para la que se otorgó la subvención», así como «los remanentes de fondos comprometidos».

El Tribunal de Cuentas hace hincapié en que estas subvenciones provienen de «recursos de naturaleza pública que figuran en el presupuesto de gasto del Servicio Público de Empleo Estatal y no forman parte del coste efectivo de los traspasos de competencias a las Comunidas Autónomas». El capital con el que se han nutrido las subvenciones proviene de las cuotas que se detraen a cada trabajador en su nómina para los cursos de formación, de ahí que los gobiernos autonómicos no puedan utilizar este dinero para pagar las prestaciones por desempleo, como denuncia el órgano fiscalizador en el caso de Andalucía.

«Estafa generalizada»

El PP andaluz ha acusado a los sucesivos gobiernos socialistas de cometer una «estafa generalizada y sistemática» con los planes de Empleo, en palabras del secretario general de esa región, Antonio Sanz, ya sean de la Junta, como el caso de los ERE fraudulentos, o provenientes de fondos provenientes del Gobierno central, como las citadas subvenciones. Desde la Consejería de Empleo del Gobierno de José Antonio Griñán se insiste en que las partidas entregadas por el Estado para la formación de trabajadores de la Bahía de Cádiz se utilizaron correctamente.

El Fiscalía recurre la sentencia que absolvió al alcalde de Zurgena

El Ministerio Público pide que se anule y se celebre un nuevo juicio tanto a Cándido Trabalón como a seis exediles de la localidad

LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-La Fiscalía de Almería ha presentado un recurso de apelación contra la sentencia que absolvió de prevaricación al exalcalde de Zurgena y actual edil de Obras Públicas, Cándido Trabalón, así como a seis exediles de la corporación municipal al estimar que la jueza no resolvió al fallar la cuestión principal que pasa por determinar cuál era la clasificación de suelo en el que autorizaron la construcción de cinco viviendas unifamiliares.

La sentencia del Juzgado de lo Penal número 4 señalaba que no había quedado acreditado durante la vista oral el "carácter no urbanizable" de las parcelas en las que se concedió licencia municipal de obras ni que los exintegrantes de la corporación municipal otorgasen licencias "a sabiendas" de que eran supuestamente injustas. El Ministerio Público indica, sin embargo, que la jueza no define cuál era tal calificación y critica que "se acoja" a una sentencia no firme de lo contencioso-administrativo para justificarlo argumentado que esa "cuestión no está resulta por otro orden jurisdiccional".

El recurso de apelación, considera que la jueza ha incurrido en la "quiebra de las normas y garantías procesales" al dictar fallo absolutorio al tiempo que interpreta su postura como que no ha podido "determinar que legislación se ha de aplicar, algo que, a todas luces es improcedente e irregular. Y consecuencia de todo ello, ahonda la fiscal, es un sentencia con falta de motivación que priva al órgano superior de que pueda ejercer correctamente su función fiscalizadora pues ignora los argumentos de la juzgadora para valorar si estos son o no correctos, por lo que el vicio alegado es ya insubsanable en segunda instancia".

Así, interesa que se declare la nulidad de la sentencia, e incluso, del juicio celebrado en diciembre para que "se celebre uno nuevo por distinto juzgador y salvar el principio de imparcialidad objetiva".

En caso de que no se estimase la primera de las alegaciones, el Ministerio Público pide, aludiendo a un error en la apreciación de la prueba, que se modifiquen los hechos probados de la sentencia ya que, según señala, los acusados sí que eran conocedores de que la parcela edificada tenía la consideración de suelo no urbanizable, por lo que a "conciencia" habrían creado ellos mismos "de manera artificial esa aparente controversia" sobre la clasificación del terreno.

Alude a que la propia jueza calificó en su fallo de "inaceptables las alegaciones" que hicieron en juicio sobre que "desconocían" la normativa urbanística aplicable y apunta como prueba de cargo a las "evidentes y clarificadoras" fotografías aéreas que demuestran que no existían "equipamientos propios de las tramas urbanas como calles, acerado o suministros" en esa parcela de 'El Cucador' tal y como exigen las Normas Subsidiarias Provinciales para que un suelo sea considerado urbano.

Fiscalía abrirá diligencias de investigación tras registrar cuatro denuncias por preferentes

LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-La Fiscalía Provincial de Almería ha registrado este viernes cuatro denuncias por posible ilicitud en la emisión de participaciones preferentes y sobre las que se van a incoar diligencias de investigación para determinar si existió "mala praxis" en estos casos, de acuerdo con el decreto dictado por la Fiscalía Superior de Andalucía el día 15 a raíz de la investigación policial realizada sobre un total de 300 expedientes en la comunidad.
   Así lo han indicado a Europa Press fuentes del Ministerio Público, que han precisado que Almería es la provincia donde se han contabilizado un menor número de reclamaciones en este sentido y en relación a estos productos financieros. La Fiscalía deberá analizar ahora cada uno de los casos e incoar las diligencias de investigación penal correspondientes para, de este modo, determinar si procede formular denuncia.
   El decreto dictado por la Fiscalía Superior de Andalucía se deriva de las conclusiones de la instrucción de la Policía Judicial, que, tras el análisis de 300 denuncias que habrían perjudicado a unas 67 personas, apunta a que ha existido una "mala praxis generalizada" que habría consistido en "no observar escrupulosamente las directrices comunitarias" en esta materia, en la "vulneración" de diversos preceptos de la Ley de Mercado de Valores y en el "incumplimiento" de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
   En los casos más graves, señala que se habría producido, asimismo, la "utilización del engaño" respecto de la naturaleza del producto, "su carácter perpetuo y la facilidad de colocación en el mercado secundario, no siendo descartable, incluso, en algún supuesto, la utilización de los fondos existentes en libretas de ahorro o imposiciones a plazo para la suscripción del citado producto, sin el consentimiento del titular".
   Dada la "panoplia de irregularidades", la Fiscalía Superior apuesta por que en la mayoría de los casos es posible una "acción de nulidad" de los contratos e indica que "la inmensa mayoría" de las denuncias formuladas podrían prosperar convenientemente reconducidas a esta vía de resolución contractual por defecto total o vicio de consentimiento.
   El decreto recomienda a las secciones provinciales consultar a la Fiscalía Superior "cuantas dudas puedan asaltarles" y, en todo caso, dando cuenta de las vicisitudes procesales, y poniendo en su conocimiento la resolución que en cada caso se adopte, a los efectos del control y la unidad de actuación del fiscal superior de Andalucía.
   El departamento que dirige el fiscal superior Jesús García Calderón incoó el caso después de que el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, le trasladara unos 300 expedientes de reclamaciones y denuncias recibidas en relación a estos productos financieros, que, según los datos de esta institución, podrían haber perjudicado a un total de 67.000 personas en Andalucía.

La Fiscalía pide 36 años de cárcel para Carretero por su presunta implicación en la Operación Halcón

LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-El Ministerio Fiscal solicita 36 años de prisión para el exjefe de la Policía Local de Ubrique (Cádiz) Carlos Carretero y su pareja, E.C., por su supuesta relación con la 'Operación Halcón', la presunta trama de facturas falsas en la Sierra de Cádiz a raíz de la cual salió a la luz la denominada 'Operación Karlos' de fraude a la Seguridad Social y por la que Carretero se encuentra actualmente en prisión cumpliendo condena.
   Fuentes cercanas al caso han confirmado a Europa Press que, tal y como adelanta la Cadena Ser, el fiscal considera a Carretero y a su pareja responsables de un delito de falsedad en documento mercantil y de otros once contra la Hacienda Pública y pide 1,8 millones de euros de multa.
   Carretero está considerado el presunto cerebro de esta trama, que, según la información recopilada por Europa Press, salió a la luz en abril de 2006, cuando la Agencia Tributaria desarticuló en la provincia de Cádiz una trama organizada dedicada a la emisión y venta de facturas falsas que eran supuestamente compradas, principalmente, por empresarios del sector de la marroquinería e inmobiliarias para desgravar de forma irregular el importe de esa factura falsa en sus declaraciones del IVA y del Impuesto sobre Sociedades.
   Según informó en su momento la Agencia Tributaria en un comunicado, el fraude podría superar los 40 millones de euros y fueron intervenidas varias cuentas bancarias, coches de lujo y propiedades inmobiliarias pertenecientes a los imputados en la trama. En el marco de la operación se procedió a la detención de una veintena de personas en las provincias de Cádiz y Málaga.
   Fuentes de la investigación apuntaban entonces a que el supuesto cabecilla habría creado empresas pantallas y emisoras de facturas falsas utilizando testaferros insolventes. Se informó, asimismo, de que a Carretero se le incautaron durante la operación policial más de 750.000 euros en diversas cajas fuertes encontradas en los múltiples registros domiciliarios efectuados, de los que 250.000 era en metálico y el resto en pagarés.

El fiscal cree probado que Pantoja permitió el uso de sus sociedades para ocultar el dinero de Muñoz

LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-La representante de la Fiscalía Anticorrupción en el juicio contra el exalcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz y sus exparejas, Maite Zaldívar e Isabel Pantoja, ha sostenido este martes que ha quedado acreditado en la vista oral que la compra del apartamento en el hotel Guadalpín por parte de una empresa de la cantante "se hizo con dinero de Julián Muñoz, permitiendo y ofreciendo Isabel Pantoja sus sociedades para ocultar esa procedencia de los fondos".
   En su informe final, la fiscal ha analizado, entre otras conductas, la compra de este inmueble, concluyendo que hay elementos que "conectados entre sí" llevan a concluir a la existencia de una vinculación de Muñoz en la misma, ya que "la otra explicación única posible que se nos ofrecía de que lo había pagado Isabel Pantoja ha resultado totalmente desacreditada por imposibilidad absoluta ya que no tenía el dinero o liquidez suficiente".
   Uno de los datos destacados por la acusación pública para vincular la compra a Muñoz es la relación sentimental que ambos mantuvieron, que aunque "con carácter auténtico sólo conocen sus vicisitudes sus implicados", hay datos en los que coinciden, ha dicho la acusación pública, como que la relación se hizo pública en marzo de 2003, en la fiesta de Las Candelarias. Al respecto, ha apuntado, eso supone que "antes tuvo que haber una relación privada".
   Asimismo, ha señalado que previamente ya aparecieron juntos, "incluso con escenas de cariño", en concreto en enero de ese año, durante la feria turística Fitur de Madrid, en la que, según han declarado en el juicio los testigos relacionados con la empresa Aifos, la vendedora del apartamento, el exalcalde les presentó a la cantante y donde, según estos mismos testigos, se gestionó y se acordó la compra de este inmueble.
   También ha recordado que se encontró en un trastero del principal acusado en el caso 'Malaya', Juan Antonio Roca, documentación sobre este apartamento con las iniciales JM, MZ e IP, lo que a juicio de la fiscal vincula el apartamento a Roca y éste "está relacionado con Julián Muñoz, no con Isabel Pantoja". Se ha referido igualmente a la documentación intervenida en el registro de Aifos, con anagrama del Ayuntamiento de Marbella, por lo que "está conectado a Muñoz".
   La representante de la Fiscalía Anticorrupción ha analizado también la compra de la casa en la urbanización La Pera y la adquisición de la ganadería, donde, ha dicho, se han detectado "conductas que han permitido desconectar, ocultar los fondos utilizados y dispuestos por Julián Muñoz para satisfacer pagos y por tanto conductas de blanqueo de capitales". También ha examinado el papel de otros acusados.

Una jueza pide a Hacienda información sobre el ático de Ignacio González

  

• Tras la denuncia del Sindicato Unificado de Policía en relación a ese inmueble.
• La esposa de González suscribió un contrato de arrendamiento por un precio, "muy inferior" a la media de la zona y pagado a una empresa "sin actividad".
• El SUP cree de que la venta "supone un trasvase de capital de dudoso origen".

LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-El juzgado de Instrucción número 5 de Estepona (Málaga) ha solicitado a Hacienda que le remita toda la información fiscal que posea sobre la entidad Coast Investor LLC, la empresa que figura como propietaria del ático alquilado en Marbella por el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. En una providencia fechada el pasado 9 de enero, la jueza Mariana Peregrina Blanco resuelve formular esta petición a la Delegación Provincial de la Agencia Tributaria en línea con lo solicitado por el fiscal.
Una decisión que se enmarca en las diligencias previas abiertas el 25 de octubre tras la denuncia interpuesta por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en relación a ese inmueble, ubicado en una urbanización de lujo de Marbella, en la denominada "milla de oro".
El SUP ya denunció con anterioridad posibles irregularidades en la compraventa del ático alquilado por González y su esposa y la Policía abrió una investigación, pero después la Fiscalía Anticorrupción la archivó por no ver indicios de delito.
Según la nueva denuncia del SUP, Pedro Javier Villate vendió en 2008 a través de una agencia inmobiliaria el citado ático y tres plazas de garaje a Coast Investor, por un importe de un millón de euros, aunque la compraventa no estaba inscrita en el Registro de la Propiedad por "tema de impuestos", según el vendedor.

Precio bajo y pago irregular

"Al momento de la trasmisión", continua la denuncia, la esposa de González suscribió un contrato de arrendamiento del ático de larga duración, al parecer por 2.000 euros al mes, "muy inferior" a la media que se paga en la zona, unos "6.000 euros al mes" y pagados a una empresa "sin actividad".
El SUP: La venta del ático ha supuesto un trasvase de capital de dudoso origen
El SUP aporta diferentes datos en su denuncia y llega a la conclusión de que la venta del ático "ha supuesto un trasvase de capital de dudoso origen" y de que la operación "ha sido ocultada deliberadamente ante la Hacienda Pública, Banco de España y otros tantos organismos de control de movimientos de capital".
Y todo ello "eludiendo el fisco ante el flagrante impago de impuestos. Y siendo disfrutada su posesión por González y su esposa por un precio muy inferior a los del mercado, siendo presuntamente abonado a una empresa sin actividad".
El SUP explica que, según algunas informaciones, Coast se creó en marzo de 2008 y quedó inactiva hasta el 19 de julio de 2010, fecha en la que es abandonada por su agente sin ser sustituido por ningún otro y, por tanto, sin funcionamiento ni actividad económica no representatividad alguna.
No obstante, el SUP asegura que "fue reactivada en marzo de 2012 tras las manifestaciones públicas" de González "de ser él quien abonaba el alquiler a dicha sociedad".

Empresas "relámpago"

El sindicato subraya que Coast está inscrita en Delaware, estado que "permite la creación de empresas en mínimo tiempo, permitiendo su constitución que parece públicamente como socio y administrador, en tanto el beneficiario de la misma sea una tercera persona, como parecer que es el caso que nos ocupa".
La dueña de Coast es "titular de numerosas cuentas bancarias abiertas en el paraíso fiscal de Panamá"
La denuncia explica que, al parecer, la propietaria de Coast es la sociedad Waldford Oversead Investements, "titular de numerosas cuentas bancarias abiertas en el paraíso fiscal de Panamá con ciudadanos españoles como últimos beneficiarios".
En el auto de octubre, la jueza de Estepona razona que los hechos denunciados "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", si bien no están determinadas las "naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenidos".
Tras la apertura de estas nuevas diligencias previas, el fiscal anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, reclamó a la jueza que recabara de la Agencia Tributaria "toda la información fiscal" que posean sobre Coast Investor "de cara a impulsar la investigación de los hechos".
Entre otros datos, el fiscal reclama el nombre de la persona que representó a Coast ante Hacienda para obtener el NIF de esta entidad, así como las declaraciones tributarias presentadas por esta empresa en los últimos cinco años.

La oposición pide nueva ordenanza de rehabilitación privada, pero con dinero

El PSOE exige que "al menos" se destine un millón de euros e IU considera que la revisión del texto normativo es una "excusa"

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Almería han criticado la decisión del equipo de gobierno de consignar una partida económica destinada a las ayudas de rehabilitación privada de solo un euro. Aunque son conscientes de que en cualquier momento el Presupuesto Municipal de 2013 puede ser objeto de modificación, tanto el Grupo Socialista e Izquierda Unida desconfían de que la Gerencia de Urbanismo retome este mismo año la línea de subvenciones, que ha llegado a estar respaldada hasta con 2,5 millones de euros.

El portavoz municipal socialista, Joaquín Jiménez, ha transmitido esta inquietud junto a la petición dirigida directamente al alcalde de nutrir cuanto antes esta partida con esos 2,5 millones que se quedaron en la cartera de la convocatoria de 2011, ya que las solicitudes no fueron atendidas. "O como mínimo un millón de euros", puntualizó Jiménez, quien exige también que la revisión de la ordenanza que regula la concesión de estas subvenciones "no se demore". Las últimas otorgadas corresponden a 2009 y desde entonces el programa permanece suspendido.

Según ha desvelado Jiménez, el actual concejal de Urbanismo, Pablo Venzal, ha remitido a su grupo una propuesta de ordenanza, que puede estar en sintonía con algunas reclamaciones formuladas por la oposición: la eliminación, precisamente, de los cambios practicados por su antecesor en el cargo, Juan Megino. "Está pasando lo mismo que con el Plan General de Ordenación Urbana: el PP está revisando las decisiones que adoptó su socio de Gobierno y con las que compartió voto". En este caso, se refiere Jiménez a la ampliación de los límites zonales para poder acogerse a estas subvenciones -que volverían ahora a ceñirse de nuevo al casco histórico- y a la posibilidad de que pudieran acceder las personas jurídicas sin ánimo de lucro o con escasos ingresos.

"Se ha estado dando dinero a empresas que han arreglado su edificio y luego lo han vendido", critica el portavoz de Izquierda Unida, Rafael Esteban, quien considera que, aunque la revisión de la ordenanza es necesaria, está siendo utilizada por el equipo de gobierno como "mera excusa para tapar que no se ha hecho nada desde 2009 por la recuperación de edificios"

El fiscal denuncia al ex presidente de la Diputación de Ourense por 'enchufar' a 115 personas

• La Fiscalía presenta una querella contra José Luis Baltar Pumar (PP) por un presunto delito continuado de prevaricación.
• El Ministerio Público ha actuado a raíz de una denuncia del PSdeG-PSOE.
• La Fiscalía ha presentado una querella contra el expresidente de la Diputación de Ourense José Luis Baltar Pumar (PP) por un presunto delito continuado de prevaricación en las contrataciones de personal en el ente provincial.
  
  LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-El Ministerio Público ha actuado a raíz de una denuncia realizada en el año 2010 por el PSdeG-PSOE, tal y como han confirmado fuentes jurídicas y de este partido.
  
  Durante el congreso del Partido Popular en el año 2010 los socialistas denunciaron "la escandalosa colocación de diversos cargos políticos en la institución", ha apuntado la secretaria de organización del PSOE en Ourense, María Quintas, en declaraciones a Efe, unas contrataciones que ascenderían, ha dicho, a 115.
  
  El objetivo de estos puestos: "garantizar la continuidad de José Manuel Baltar (su hijo) como presidente de la Diputación", ha señalado.
  
  Quintas asegura que "esto es tan solo la punta del iceberg" de lo que ella define como "una trama de corrupción que se extiende desde hace más de dos décadas" en las que "se ha colocado a concejales, alcaldes, hijos o mujeres", en todos los casos con relación con el PP.
  
  Esto es tan solo la punta del iceberg Por este motivo, el PSdeG de Ourense ha exigido al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo  , una reacción "en consecuencia con la gravedad de los hechos", porque el PPdeG "sabe que son cientos las personas que metieron en las instituciones que gobiernan en la provincia de Ourense por el mismo método caciquil", ha advertido.
  
  Sin embargo, desde la institución provincial garantizan el buen hacer en las políticas de contratación. En un acto con una asociación cultural, el vicepresidente de la Diputación de Ourense, Rosendo Fernández, ha asegurado que "las cosas se han hecho y hacen bien" a este respecto. Asimismo, ha afirmado que "nunca hubo ningún problema judicial y no lo habrá".
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El fiscal pide 10 años de prisión para el acusado de abusar de su hija menor de edad durante años

El procesado esperaba a estar solo para mantener relaciones sexuales con la niña de 13 años El Fiscal tiene previsto solicitar una pena de diez años de prisión para un hombre de 48 años acusado de abusar sexualmente de su hija, cuando ésta tenía entre 13 y 16 años, en Almería.

LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-El Ministerio Público acusa al hombre de un delito continuado de abuso sexual a la menor e interesa también la prohibición de acercase o comunicarse con la víctima a una distancia inferior a 500 metros durante diez años, así como el pago de una indemnización de 60.000 euros por el trastorno de estrés postraumático de tipo crónico que padece la joven en la actualidad.

El Fiscal relata que el procesado, sin antecedentes penales y quien convivía con su mujer y varios hijos, comenzó a tener relaciones sexuales con la menor a finales de 2005, "prevaliéndose de su ascendencia familiar, de la corta edad de su hija y de su carácter pasivo y sumiso". Las relaciones sexuales a las que "el acusado sometió a su hija" continuaron hasta 2008, cuando la menor tenía 16 años. Según el Fiscal, "no es posible determinar el número de ocasiones en las que el acusado mantuvo las referidas relaciones sexuales pero durante aquel periodo casi todos los días sometía a su hija a aquellas".

Además, advierte de que cuando la menor se negaba a mantener la relación "el acusado se volvía agresivo y conflictivo con su esposa", lo que hacía que la hija "terminara accediendo a las pretensiones del acusado para evitar perjuicios a su madre". A consecuencia de estos hechos, la joven "presenta un trastorno de estrés postraumático de tipo crónico", concluye el fiscal.

La vista oral contra el acusado se celebrará ante la Sección Primera de la Audiencia de Almería.

Juristas discrepan si a Pantoja le beneficia declarar

  

  

LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-Algunos opinan que es un derecho y otros que la imagen no es correcta Juristas discrepan sobre si a la tonadillera Isabel Pantoja, procesada por blanqueo de capitales junto a su ex pareja, Julián Muñoz, que fue alcalde de Marbella, y la ex esposa de éste, Maite Zaldívar, le puede perjudicar no declarar ante la Fiscalía Anticorrupción. El pasado martes, la tonadillera se negó a contestar a las preguntas del fiscal, de la acusación y al resto de las defensas y explicó que sólo contestaría a las preguntas de su abogado. En ese momento, la fiscal, María del Mar López-Herrero, dijo al Tribunal que entendía que la declaración parcial de Pantoja no debía tener la validez de una prueba, por no haberse podido someter a contradicción. El presidente del Tribunal, Federico Morales, explicó que los magistrados no prejuzgan.

Debido a ello, se ha abierto un debate que lleva años sin aunar criterios, ya que algunos juristas mantienen que es un derecho el no declarar y que lo contrario vulneraría los derechos fundamentales. Otros juristas mantienen que la imagen que se da a un Tribunal cuando un acusado no declara no es la correcta, ya que si no tienes nada que ocultar, prefieres contestar todas las cuestiones.