LAEDICION.NET.-Hoy entra en vigor una nueva política activa de empleo
de la Comunidad de Madrid, con su publicación en el boletín regional. El
programa, que canalizará de forma temporal a parados que cobran prestación
hacia trabajos en ayuntamientos, viene acompañado de la polémica, tras las
críticas vertidas por oposición y sindicatos. Por su parte, la ministra de
Empleo, Fátima Báñez, ha asegurado que "no es nuevo" que las
administraciones empleen en régimen de colaboración social a parados que están
cobrando prestación ya que esa posibilidad existe desde 1982.
El plan recibe el extenso nombre de
Programa de Recualificación
Profesional de Desempleados Participantes en Trabajos Temporales de
Colaboración Social y ofrece, durante un plazo máximo de seis meses,
experiencia profesional y formación a los que participen.
Según se aprobó el pasado 16 de mayo, el programa estará dotado con unos 15
millones de euros. Cada ayuntamiento podrá solicitar hasta 100 puestos de
colaboración social de forma que hasta 4.500 personas podrán beneficiarse, de
acuerdo con las previsiones del gobierno regional que preside Ignacio González.
Destinatarios y subvenciones
Podrán participar en los proyectos todos los demandantes de empleo inscritos
en las oficinas de la comunidad y que estén
cobrando algún tipo de ayuda por
desempleo, ya sea la prestación del paro de nivel contributivo, un subsidio de
nivel asistencial o la Renta Activa de Inserción.
Los ayuntamientos harán la selección a partir de la lista de posibles
candidatos que les remitan desde las oficinas de empleo y distribuirán los
contenidos formativos y de experiencia laboral. Además de esto, el parado
recibirá orientación profesional para la búsqueda activa de empleo y, en su
caso, para el desarrollo de una iniciativa emprendedora, a través de la Oficina
de Empleo, con una duración de diez horas al mes.
En conjunto, las actividades de práctica profesional, formación y
orientación profesional no podrán exceder de ocho horas al día, se explica en
el BOCAM.
Las subvenciones
Además, para ponerlo en marcha Madrid habilitará subvenciones para los
municipios que participen, destinada a sufragar los gastos derivados del
desarrollo del proyecto: los costes del complemento de la prestación o subsidio
por desempleo; los costes de desplazamiento y de la cuota por accidente de
trabajo y enfermedad profesional, y los costes de impartir la formación.
El importe de esta subvención se determinará en función de la 'jerarquía' de
los costes. De este modo, para los primeros gastos, se calcula en 500 euros por
desempleado participante al mes; mientras que para los costes de impartir la
formación, la subvención será de 5 euros por desempleado participante por hora
de formación.
La convocatoria podrá priorizar las obras o servicios vinculadas al cambio
del modelo productivo y a las actividades económicas emergentes o con potencial
en la generación de empleo, tales como servicios que formen parte de un
proyecto de dinamización turística, industria cultural o energías renovables.
También se incluye en este apartado el ahorro energético en la
rehabilitación de edificios, rehabilitación de espacios urbanos o de edificios
públicos, entre otras.
Las críticas
Tanto la oposición al PP, al frente del gobierno madrileño, como los
sindicatos han expresado su rechazo a esta medida, que califican de
"discriminatoria".
Ayer, CCOO aseguró que esta medida, junto a la denunciada la semana pasada
en la que se da prioridad en la asignación de ofertas de empleo a las personas
que cobran prestaciones, tiene como objetivo "aumentar los controles de
los perceptores y reducir la factura del desempleo".
El sindicato añade que estos trabajos temporales de colaboración social no
tienen la consideración de trabajos por cuenta ajena, aunque la jornada pueda
ser de ocho horas diarias, ya que el desempleado está obligado a desempeñar un
trabajo de utilidad pública. Sin embargo, a cambio "no será contratado ni
dado de alta en la Seguridad Social".
Por su parte, desde el PSOE han calificado el plan de de "economía
sumergida" y "empleo encubierto". "La reforma laboral
ampara y da cobijo legal a este tipo de medidas", ha denunciado la
portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, que cree que se trata de
una nueva "discriminación" para los parados que no perciben ningún
tipo de prestación.
A su vez, el diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) por Asturias,
Gaspar Llamazares, cree que es una "grave equivocación" obligar a los
parados a trabajar para los ayuntamientos si no quieren perder sus
prestaciones, porque la lucha contra el desempleo "no trata de utilizar
una mano de obra casi esclava" sino de crear puestos de trabajo "de
calidad".