LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-
La jueza mantendrá previsiblemente todo ese tiempo el secreto del sumario • Se analiza el contenido de los discos duros y cientos de CDs intervenidos en las dependencias municipales y de la empresa Elsu
La magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería que se ha hecho cargo de la investigación de la 'Operación Poniente' podría prolongar el estudio de la totalidad de documentos que componen en sumario que en la actualidad más de 25.000 folios, durante un periodo de dos meses, el mismo que tiene previsto prolongar el secreto del sumario. Coincidiría ese plazo con el previsto por los abogados defensores de las ocho personas encarceladas para solicitar la libertad bajo fianza de sus clientes por motivos de arraigo.
Cuando se cumplen dos semanas desde que los 20 implicados comparecieran ante la jueza y esta comenzara a tomarles declaración y a decretar contra ellos las medidas cautelares que condujeron a la prisión incondicional de ocho de ellos, la magistrada una vez que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le concediera la posibilidad de contar con una persona que se hiciera cargo de los asuntos ordinarios del Juzgado y pudiera dedicarse en exclusiva al mismo, el estudio de los cientos de discos duros, CDs y documentos intervenidos en los registros, pueden arrojar más luz sobre la compleja trama de Elsur.
El estudio de los mismos puede prolongarse durante más de dos meses y de ellos podría desprenderse el llamamiento de más personas que aparecieran en los mismos para que determinaran sus relaciones con la empresa Elsur y sus subcontratas.
La extensión de las actividades del entramado hacen que este tenga unas implicaciones mucho más amplias de lo que se podrían entrever en un primer momento. El tejido de una red paralela destinada a ocultar las actividades más opacas de las empresas y que estas escaparan del control administrativo, hace que sea básico el estudio de dicha documentación, algo que podría dilatar la adopción de medidas que aliviaran la situación de los encarcelados.
Por el momento los ocho permanecen en el módulo de respeto del centro penitenciario de El Acebuche y la jueza no ha decretado ninguna medida que impida la documentación entre ellos, por lo que es de suponer que los cargos contra ellos se sustentan en las pruebas documentales.
El abogado Francisco Torres, adelantó el pasado fin de semana que tiene previsto solicitar en breve la puesta en libertad bajo fianza de sus clientes y argumentará el arraigo tanto personal como económica y social para justificar que sis patrocinados no tienen intención de huir ni eludir la acción de la Justicia.
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