LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-El Gobierno valenciano reconoció ayer, negro sobre blanco, que buena parte de los recortes anunciados la semana pasada en el marco del decreto de medidas urgentes para reducir el déficit están en el aire. Porque el mencionado decreto, publicado en el Diari Oficial de la Comunitat (DOCV), no sólo incluye significativas novedades respecto a lo anunciado por el Consell hace sólo cinco días, como la posibilidad de que se produzcan despidos de interinos o la que hace referencia a que el incremento del céntimo sanitario que se cifró en 3,6 céntimos por litro aparezca ahora en el decreto con un 4,8. Además, no hace una sola referencia a la batería de medidas anunciadas por el Ejecutivo valenciano y que eran las que en teoría debían obligar a la administración a apretarse el cinturón, y no sólo a los ciudadanos o a los funcionarios públicos.
Tal y como ya advirtió este periódico tras la presentación del decreto, el Consell fijaba la parte principal del esfuerzo para aumentar ingresos y reducir gastos en las subidas de impuestos que afectan a todos los ciudadanos y en las medidas sobre el personal de la administración autonómica. Y esos capítulos están perfectamente recogidos en la norma publicada ayer. El decreto prevé la reducción de la jornada laboral del personal temporal al servicio de la Generalitat, así como la posibilidad de que el fijo o de carrera también acceda a reducirse la jornada, la reducción al 50% de las cuantías de los conceptos correspondientes a la carrera profesional del personal sanitario. También se incluye la suspensión, en determinados supuestos, del complemento a las prestaciones a la Seguridad Social, así como la de los días adicionales de vacaciones vinculados a los años de servicios prestados.
Y en el capítulo de impuestos, se modifica la escala autonómica de tipos de gravamen aplicable a la base liquidable general del IRPF para 2012 y 2013, se deja sin efecto la deducción autonómica por adquisión o rehabilitación de vivienda, se fija un nuevo tipo general para la modalidad de Actos Jurídicos Documentados del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y se establecen nuevos tipos de gravamen autonómico en el Impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos.
¿Y el resto de recortes? Se han caído. En el decreto publicado ayer no se hace ni una sola referencia a las «medidas de eficacia que mantendrían todas las prestaciones sanitarias y los estándares de calidad» y que permitirían ahorrar 440 millones de euros. Ni medidas de eficiencia (para gastar 70 millones menos), ni utilización de la central de compras (para ahorrar otros 50), ni revisión de precios de conciertos (otros 40), ni las medidas sobre gasto farmacéutico para ahorrar otros 125, entre otras.
Y tampoco figura la aplicación de la reorganización de entes públicos, con la que se pretendían ahorrar 120 millones gracias a una nueva estructura empresarial pública, que reconvertía 46 entes públicos en seis holdings, ni la que hace referencia a agrupar las delegaciones del IVEX en las embajadas de ámbito nacional. Dicho de otra manera, no figuran los recortes con los que la propia administración se comprometía a ahorrar 560 millones de euros -más de la mitad de los 1.057 anunciados-.
Fuentes de la administración autonómica subrayaron ayer que esas medidas no figuran en el decreto porque no revisten carácter de ley ni modifican una norma que tenga ese rango. «Es cuestión de técnica jurídica», se explicó, para añadir que será la gestión del día a día la que las pondrá en marcha y propiciará esos recortes. La precisión se hizo ayer, a preguntas de este diario, pero en ningún caso se hizo el pasado día 5, cuando se anunció el decreto.
Pero las sorpresas no acaban aquí. Entre las medidas anunciadas hace sólo cinco días, y en la línea de lo señalado por el titular de Hacienda, José Manuel Vela, en su última reunión con los sindicatos, se garantizó que no habría despidos de empleados públicos. Sin embargo, el decreto publicado ayer incluye en su disposición final primera que el Consell «podrá aprobar Planes de Ordenación de Personal con la finalidad de ordenar la administración de la Generalitat, para la reducción de hasta un 25% de los efectivos de carácter temporal». Es decir, se abre una posibilidad descartada de forma radical hasta la fecha por el Gobierno valenciano, por la que se podrían producir esos despidos. La medida, que desde el Consell se intentó presentar ayer como una última posibilidad que por ahora no está prevista, provocó la reacción inmediata de las organizaciones sindicales, que conscientes del engaño al que habían sido sometidas por parte del responsable de Hacienda anunciaron toda una serie de movilizaciones y exigieron la dimisión inmediata de Vela como miembro del Gobierno valenciano. En una entrevista en Onda Cero, Alberto Fara aseguró ayer que la intención del Consell no es la de despedir a interinos, y que para eso se ha decidido reducir sus horarios.
Sube la gasolina
Pues aún es más. El decreto conocido ayer fija el céntimo sanitario valenciano en 4,8, es decir, 1,2 más de lo anunciado hace sólo cinco días. Pese a que de las palabras de Vela se entendió con meridiana claridad que lo que anunciaba era que se pasaba del 1,2 al 3,6, desde su departamento se explicó ayer -una vez conocido el decreto y no cuando todos los medios de comunicación habían coincidido en la explicación del anuncio del conseller- que lo que Vela había querido decir es que al 1,2 se le sumaba el 3,6, y por lo tanto, el nuevo céntimo sanitario alcanza el 4,8 que figura en el decreto, y que sitúa a la Comunitat a la cabeza de los carburantes más caros de España.
En la comparecencia ante los medios, el titular de Economía, Enrique Verdeguer, anunció nuevos ingresos en concepto de «tributos medioambientales» por valor de casi 30 millones de euros. ¿Están en el decreto? Pues tampoco, y eso que en este caso también se trata de una norma legal y por lo tanto tendría encaje 'jurídico' en el decreto-ley. Desde el Consell se precisó ayer que esa normativa figurará en otra ley.
El Consell planteó el pasado jueves más iniciativas. Entre ellas, la que hace referencia a vincular los sueldos de los altos cargos de la administración, incluídos los miembros del Consell, al resultado del ejercicio presupuestario, es decir, que se incremente o se recorte en función de si se obtiene superávit o déficit. Una medida sorprendente, que tampoco figura entre las recogidas por el decreto. Ni esa, ni la de sacar a subasta el 50% de los coches oficiales del parque movil de la Generalitat (45 vehículos), o la de convertir las subvenciones a organizaciones empresariales y sindicales en incentivos. Toda una serie de ausencias que contribuyeron ayer a las críticas por parte de las organizaciones sindicales y los partidos de la oposición en Les Corts.
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