El fin de los desahucios tendrá que esperar: los diez puntos negros de la sentencia europea

LAEDICION.NET.-.El fin de los deshaucios que algunos se prometían con la histórica sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitida el pasado jueves tendrá que esperar. Aunque los magistrados europeos llaman a revisar la normativa y estudiar con más profundidad cada caso para detectar posibles abusos, aún quedan puntos negros por esclarecer. Al menos, una decena.

Aunque sí es cierto que de ahora en adelante cualquier juez podría paralizar una ejecución hipotecaria hasta comprobar si el contrato contiene alguna cláusula abusiva, lo cierto es que los deshaucios no quedan automáticamente paralizados, como ya advertía poco después de darse a conocer la sentencia la patronal de la banca hipotecaria. Mientras tanto, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), con su portavoz Ada Colau a la cabeza, sí reclama la completa paralización de estos procesos.

Algo que sin embargo, según los expertos de HelpMyCash.com, no será posible de momento y recomiendan no “lanzar las campanas al vuelo” todavía. Y es que, la sentencia no es universal, los cambios en la normativa española podrían demorarse y quedan muchos puntos en el aire a los que ni los jueces de Bruselas han dado una respuesta clara.

Precisamente la posible demora es uno de los puntos flacos de la sentencia. Al no imponerse plazos, aunque el presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se han apresurado a anunciar cambios en la Ley Hipotecaria, todavía hay que esperar. Si bien, el primer escollo es que porque se haya dictado esta sentencia, no podrán beneficiarse de ella todos los afectados por desahucios. Es más, y éste es el tercer punto débil, la paralización del desahucio solo se podrá contemplar “en los casos de contratos con cláusulas abusivas y no en los contratos que se consideren en regla”, recuerdan desde HelpMyCash.com.

En este sentido, la sentencia no explica qué puede considerarse como abusivo. Habrá que solicitar los servicios de un abogado ante un juez y plantearse si los costes del proceso valdrían la pena. Quinto punto negro: aunque se dictaminara que el contrato es ilegal, la decisión siempre dependerá del criterio final del juez que además -sexto- no podrá contemplar la sentencia del TJUE para casos ya resueltos porque no tiene carácter retroactivo.

Sobre la por muchos deseada dación e pago, ni una palabra en la sentencia. Y tampoco la paralización del proyecto, y van ocho puntos flacos, exime a los hipotecados de pagar sus deudas ni disminuye la cuantía adeudada. A no ser que la tasa de intereses se declarase abusiva. En otras palabras, nada garantiza que el afectado pueda perder su casa si no puede hacer frente a las deudas pendientes.

Y, punto décimo, termina el comunicado de estos asesores financieros, “a pesar de que es previsible que los jueces españoles decidan paralizar procesos de desahucio a la espera de declarar abusivas algunas cláusulas del contrato, la sentencia tendrá un impacto limitado para el grueso de los procesos de desahucios en marcha”.

Se abren razones para mantener la esperanza, dice la nota que acompaña este peculiar decálogo, pero la euforia tendrá que esperar. Este mismo sábado, los abogados de la PAH se reúnen para analizar las “inmediatas estrategias jurídicas posibles ante el fallo del TJUE”, tal y como ha informado la asociación.

 

 

¿Se van a paralizar todos los desahucios tras la resolución de la justicia europea?

La sentencia permite a los jueces parar desahucios abusivos

LAEDICION.NET.-El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha fallado este 14 de marzo de 2013 en contra de la legislación de desahucios española, con el argumento de que no garantiza la protección del consumidor frente a los bancos en el caso concreto de las clausulas abusivas.
Ahora, se plantean varios interrogantes:

• ¿Cuántas personas personas podrán beneficiarse?
• ¿A partir de cuándo?

El tribunal europeo ha sido tajante en su crítica a la legislación española de desahucios, que no permite paralizar un proceso de lanzamiento alegando abuso por parte de la entidad, sino que insta a resolver la cuestión en otro juicio posterior.
Como consecuencia, en la mayoría de los casos ya se ha procedido a la ejecución de la hipoteca y el afectado ha perdido su casa.
Desde ya y para todos
Esto cambiará con la sentencia del TJUE, aunque falta saber en qué medida. La asociación de usuarios de bancos, cajas y seguros Adicae ha reclamado la paralización "inmediata y de oficio" de todos los procedimientos de ejecución hipotecaria sobre préstamos con cláusulas suelo.
Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PHA) y la asociación de consumidores FACUA, entre otras, van más allá y exigen que suspendan todos los procesos de desahucio.
¿Pero es esto posible? Según explica el decano del Colegio de Abogados de Terrasa y vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española, Miquel Sàmper, sí.
En un principio se podrán acoger todos los afectados por un proceso de ejecución hipotecaria. Es decir, con cualquier tipo de contrato hipotecario y para "cualquier proceso que esté ahora en marcha".
"Entiendo que la aplicación es para todos".
¿Y cómo? A través de los abogados. Los letrados pueden solicitar la paralización del proceso en base al fallo del TJUE, solo con añadir la anotación en su causa de oposición alegando la existencia de clausulas abusivas.
Esto se realizará durante el mismo proceso de ejecución, no en uno posterior. Después será cometido del magistrado analizar si se cumple en todos los casos recurridos y tomar la resolución pertinente.
"Tengo el derecho a defenderme, luego es el juez que decide", señala el decano de Terrassa.
¿Y cuándo? A la espera de que el Ejecutivo anuncie la forma en la que aplicará los cambios y el plazo para implementarlos, los abogados pueden comenzar a incluir desde ya el escrito de petición, basado en la jurisprudencia emitida hoy por el tribunal europeo.
"Nos amparamos en las leyes y en la interpretación clara de los jueces, y la jurisprudencia dictada por el Tribunal Europeo es clara".
Legislación obsoleta
En un país donde las cifras de lanzamientos se cuentan por decenas de miles, la decisión del TJUE va muy ligado a la demanda social.
Por este motivo, Sàmper no cree que el Gobierno vaya a tomar medidas que vayan en defensa de la normativa española y, por lo tanto, en contra del contenido de la sentencia.
La sentencia no deja lugar a dudas, según el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE):
"Nuestra legislación es obsoleta, hay que cambiarla".
La predisposición del Gobierno a adaptar la normativa vigente a la exigencia europea, manifestada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y el propio Mariano Rajoy, apunta a que se verán modificaciones.
Ante la pregunta de si la resolución del TJEU es de obligado cumplimiento, el vicepresidente de la Abogacía española responde que "sí se puede apelar, pero las palabras de Gallardón indican a que recogerá el guante". Y añade:
"Desde la Abogacía española solo pedimos que los cambios sean rápidos".
Según el jefe de estudios de Idealista:
"Es una buena noticia para el consumidor y para el mejor funcionamiento del mercado hipotecario y ayudará a un mejor tratamiento de algunos puntos de las hipotecas como los intereses de demora".
Eso sí, es probable que el impacto sobre el mercado inmobiliario sea reducido.
"La onda expansiva de esta norma sobre el precio o la concesión de las hipotecas será reducido".

El Congreso pide al Gobierno que reforme el acceso a la jubilación de los trabajadores a tiempo parcial

Tras una sentencia del TJUE que declara la norma discriminatoria

LAEDICION.NET.-La Comisión de Empleo del Congreso ha aprobado este martes una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a reformar la normativa sobre acceso a la pensión de jubilación para los trabajadores a tiempo parcial mediante la negociación con los agentes sociales y, posteriormente, en el Pacto de Toledo y teniendo siempre en cuenta la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó el pasado mes de noviembre una sentencia declarando la regulación del cálculo de la pensión para contratos a tiempo parcial contraria a la directiva de igualdad de género, dado que al calcularse la prestación por jubilación en función de las horas trabajadas traducidas, según una fórmula, a días es muy difícil poder acceder efectivamente a una pensión. La alegación de discriminación por sexo se debe a que la mayor parte de los contratos a tiempo parcial se hacen a mujeres.
El caso llegó al TJUE a raíz de la denuncia de una mujer que, tras cotizar 18 años por un trabajo de cuatro horas semanales no consiguió pensión por el método de cálculo. Según el Tribunal, la mujer afectada habría tenido que trabajar durante cien años para alcanzar el tiempo mínimo requerido para acceder a la pensión.
GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA
Así las cosas, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD y CiU han presentado sendas proposiciones no de ley ante la Comisión de Empleo del Congreso para instar al Gobierno a reformar la legislación en materia de Seguridad Social aplicable a los trabajadores con contratos a tiempo parcial.
El PP, por su parte, ha propuesto una enmienda transaccional, en la que se emplaza al Ejecutivo a "continuar y concluir con la mayor celeridad posible el diálogo abierto con los interlocutores sociales, y después en el Pacto de Toledo, para acordar las modificaciones de las condiciones de acceso a las pensiones de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial".
El objetivo es "poner fin a la discriminación que sufren (estos trabajadores) y evitar así que la normativa española relativa a esta cuestión sea contraria a la directiva europea de Igualdad Trato en Seguridad Social, de acuerdo con las consideraciones que ha formulado el TJUE el 22 de noviembre de 2012, de forma que sea compatible con la sostenibilidad del sistema".
"SIN PAUSAS Y CON PRISA"
Según ha señalado la portavoz 'popular' en la materia, Carmen Álvarez-Arenas, la coincidencia sobre este asunto es "clara", aunque el PP discrepa de las propuestas concretas de modificación que plantean algunos grupos, como IU-ICV-CHA, porque el ámbito de propuesta de cambios debe ser, primero, la negociación con los agentes sociales y, luego, el Pacto de Toledo. "Hay que trabajar con responsabilidad. Queremos impulsar el trabajo en esta materia, sin pausa y con prisa", ha apostillado.
Por eso ha rechazado incluir en la iniciativa una previsión explícita sobre por dónde deberían ir las modificaciones normativas, y ha señalado que esta revisión debe hacerse en el marco del "debate ya abierto sobre la reforma de las pensiones". "Hay que intentar que todo cuadre, es complicado y debemos dejar trabajar a quien tiene que hacerlo", ha zanjado, recordando que cualquier cambio en esta materia "tendrá implicaciones para los derechos ya adquiridos en otras circunstancias" y, por tanto, en los complementos a mínimos.
DOBLE PENALIZACIÓN
El portavoz de Empleo de la Izquierda Plural, Joan Coscubiela, ha lamentado que el contrato parcial español suponga una "doble penalización", ya que tienen menos base de cotización y además sufren un cómputo que "impide prácticamente que puedan acceder en condiciones de normalidad a una pensión de jubilación". "Por tanto, urge la trasposición de esa interpretación a la legislación española", ha exigido.
Tras alertar que este tema afecta a "muchos colectivos, cada vez más jóvenes pero especialmente a las mujeres", el diputado catalán ha lamentado que el modelo de contratación parcial es "perverso" y además se recurre a él porque no existe otra opción. Por eso, cree que "urge resolver" una situación que "traslada la discriminación de género del ámbito laboral al ámbito de la Seguridad Social".
"Ahora no tenemos excusa. Espero que podamos llegar a un acuerdo, pero no puede ser un brindis al sol. Que se adapte la legislación a la directiva europea no es suficiente, eso ya es una obligación del Gobierno. Deberíamos concretar un poco más", ha señalado Coscubiela.
DISCRIMINACIÓN PATENTE
Su homólogo en UPyD, Álvaro Anchuelo, ha exigido que se cumpla la sentencia del TJUE con las modificaciones normativas necesarias para eliminar esta "discriminación tan patente" cambiando el método de cálculo. "Es imprescindible hacerlo y pronto, para evitar miles de impugnaciones de personas en situación similar que colapsen los juzgados de lo social y fomentar el uso de este tipo de contrato", ha añadido.
El portavoz de Empleo de CiU, Carles Campuzano, ha recordado que las sentencias del TJUE son "de obligado cumplimiento", por lo que "España deberá adoptar las medidas para" trasponer este fallo judicial. "Nos consta que el Gobierno comparte esta preocupación y ha abierto diálogo con los agentes sociales para ver cómo modificar esta legislación. Hoy no estamos en condiciones de debatir cómo debemos modificarlo, pero sí de emplazar al Gobierno claramente a abordar esta cuestión", ha añadido, pidiendo al Ejecutivo y a los agentes sociales a "ponerse las pilas y dar solución a este problema".
Finalmente, Sabino Cuadra (Amaiur) ha lamentado que este tema no haya sido abordado de forma más urgente tras la sentencia del TJUE, y que no se incluyera ya, por ejemplo, en la reforma del régimen de los trabajadores del ámbito doméstico, la mayoría de los cuales se rige por un contrato a tiempo parcial. Asimismo, ha pedido una solución retroactiva.

El Gobierno modificará la ley de desahucios tras la sentencia del TJUE

LAEDICION.NET.-Tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, han confirmado este jueves que se incluirán en la reforma de la legislación hipotecaria las modificaciones que sean "consecuencia necesaria" de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha dictado que la ley de desahucios de España es contraria a la norma europea.
"Lógicamente" se cumplirá la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, ha señalado Rajoy, quien ha explicado que los servicios jurídicos están estudiando el fallo para solventar los "problemas de procedimiento" que plantea la norma española.
"Lo están estudiando (los servicios jurídicos) y nosotros, lógicamente, pues cumpliremos con lo que nos dicen las sentencias", ha declarado Rajoy a la prensa en Bruselas.
En los pasillos del Congreso de los Diputados, el ministro Gallardón precisó que aún no podía dar una valoración "con detalle" sobre el asunto porque no había tenido tiempo de leer la sentencia, ya que estaba defendiendo en el Pleno la reforma de la Ley de Tasas Judiciales.
Gallardón aseguró que hará "un estudio en profundidad" de la sentencia y de sus consecuencias y que, en todo caso, la doctrina del Tribunal se incorporará a la legislación española. "Todos los aspectos que ese Tribunal haya declarado contrarios a la legislación europea serán corregidos", aseguró. Y lo serán, según explicó el ministro, aprovechando la reforma hipotecaria que se está tramitando en el Congreso de los Diputados, que ahora está ahora en fase de enmiendas.
La incorporación de la doctrina europea puede hacerse a través de enmiendas a la proposición de ley de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social, ha recordado el ministro.
Precisamente el plazo de presentación de enmiendas a este proyecto, fruto de una iniciativa legislativa popular que se tramita por el procedimiento de urgencia, se amplió hasta mañana a la espera de conocer la sentencia de este tribunal.

El plazo para que llegue la ley podría ampliarse

Fuentes parlamentarias no descartan que el plazo vuelva a ampliarse para que haya tiempo de incluir los cambios que sean necesarios para su adaptación a la normativa europea.
En este sentido, Ruiz-Gallardón ha señalado que en la tramitación de este proyecto se podrán incluir "aquellas modificaciones que sean consecuencia necesaria de la sentencia del tribunal europeo".
No ha querido pronunciarse sobre si la sentencia tendrá algún efecto en la práctica y con carácter inmediato en las resoluciones judiciales sobre desahucios, a la espera de conocer sus términos exactos, aunque sí ha insistido en dejar claro que la legislación se modificará para incorporar los criterios que haya establecido.
Según el Tribunal de Justicia de la UE, "la normativa española, que impide al juez que es competente para declarar abusiva una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario suspender el procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado por otra vía, es contraria al Derecho de la Unión".
La institución comunitaria, con sede en Luxemburgo, considera que el régimen procesal español menoscaba la efectividad de la protección de los consumidores que pretende garantizar la directiva europea sobre cláusulas abusivas en los contratos.

Tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, han confirmado este jueves que se incluirán en la reforma de la legislación hipotecaria las modificaciones que sean "consecuencia necesaria" de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha dictado que la ley de desahucios de España es contraria a la norma europea.
"Lógicamente" se cumplirá la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, ha señalado Rajoy, quien ha explicado que los servicios jurídicos están estudiando el fallo para solventar los "problemas de procedimiento" que plantea la norma española.
"Lo están estudiando (los servicios jurídicos) y nosotros, lógicamente, pues cumpliremos con lo que nos dicen las sentencias", ha declarado Rajoy a la prensa en Bruselas.
En los pasillos del Congreso de los Diputados, el ministro Gallardón precisó que aún no podía dar una valoración "con detalle" sobre el asunto porque no había tenido tiempo de leer la sentencia, ya que estaba defendiendo en el Pleno la reforma de la Ley de Tasas Judiciales.
Gallardón aseguró que hará "un estudio en profundidad" de la sentencia y de sus consecuencias y que, en todo caso, la doctrina del Tribunal se incorporará a la legislación española. "Todos los aspectos que ese Tribunal haya declarado contrarios a la legislación europea serán corregidos", aseguró. Y lo serán, según explicó el ministro, aprovechando la reforma hipotecaria que se está tramitando en el Congreso de los Diputados, que ahora está ahora en fase de enmiendas.
La incorporación de la doctrina europea puede hacerse a través de enmiendas a la proposición de ley de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social, ha recordado el ministro.
Precisamente el plazo de presentación de enmiendas a este proyecto, fruto de una iniciativa legislativa popular que se tramita por el procedimiento de urgencia, se amplió hasta mañana a la espera de conocer la sentencia de este tribunal.

El plazo para que llegue la ley podría ampliarse

Fuentes parlamentarias no descartan que el plazo vuelva a ampliarse para que haya tiempo de incluir los cambios que sean necesarios para su adaptación a la normativa europea.
En este sentido, Ruiz-Gallardón ha señalado que en la tramitación de este proyecto se podrán incluir "aquellas modificaciones que sean consecuencia necesaria de la sentencia del tribunal europeo".
No ha querido pronunciarse sobre si la sentencia tendrá algún efecto en la práctica y con carácter inmediato en las resoluciones judiciales sobre desahucios, a la espera de conocer sus términos exactos, aunque sí ha insistido en dejar claro que la legislación se modificará para incorporar los criterios que haya establecido.
Según el Tribunal de Justicia de la UE, "la normativa española, que impide al juez que es competente para declarar abusiva una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario suspender el procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado por otra vía, es contraria al Derecho de la Unión".
La institución comunitaria, con sede en Luxemburgo, considera que el régimen procesal español menoscaba la efectividad de la protección de los consumidores que pretende garantizar la directiva europea sobre cláusulas abusivas en los contratos.
Tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, han confirmado este jueves que se incluirán en la reforma de la legislación hipotecaria las modificaciones que sean "consecuencia necesaria" de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha dictado que la ley de desahucios de España es contraria a la norma europea.
"Lógicamente" se cumplirá la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, ha señalado Rajoy, quien ha explicado que los servicios jurídicos están estudiando el fallo para solventar los "problemas de procedimiento" que plantea la norma española.
"Lo están estudiando (los servicios jurídicos) y nosotros, lógicamente, pues cumpliremos con lo que nos dicen las sentencias", ha declarado Rajoy a la prensa en Bruselas.
En los pasillos del Congreso de los Diputados, el ministro Gallardón precisó que aún no podía dar una valoración "con detalle" sobre el asunto porque no había tenido tiempo de leer la sentencia, ya que estaba defendiendo en el Pleno la reforma de la Ley de Tasas Judiciales.
Gallardón aseguró que hará "un estudio en profundidad" de la sentencia y de sus consecuencias y que, en todo caso, la doctrina del Tribunal se incorporará a la legislación española. "Todos los aspectos que ese Tribunal haya declarado contrarios a la legislación europea serán corregidos", aseguró. Y lo serán, según explicó el ministro, aprovechando la reforma hipotecaria que se está tramitando en el Congreso de los Diputados, que ahora está ahora en fase de enmiendas.
La incorporación de la doctrina europea puede hacerse a través de enmiendas a la proposición de ley de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social, ha recordado el ministro.
Precisamente el plazo de presentación de enmiendas a este proyecto, fruto de una iniciativa legislativa popular que se tramita por el procedimiento de urgencia, se amplió hasta mañana a la espera de conocer la sentencia de este tribunal.

El plazo para que llegue la ley podría ampliarse

Fuentes parlamentarias no descartan que el plazo vuelva a ampliarse para que haya tiempo de incluir los cambios que sean necesarios para su adaptación a la normativa europea.
En este sentido, Ruiz-Gallardón ha señalado que en la tramitación de este proyecto se podrán incluir "aquellas modificaciones que sean consecuencia necesaria de la sentencia del tribunal europeo".
No ha querido pronunciarse sobre si la sentencia tendrá algún efecto en la práctica y con carácter inmediato en las resoluciones judiciales sobre desahucios, a la espera de conocer sus términos exactos, aunque sí ha insistido en dejar claro que la legislación se modificará para incorporar los criterios que haya establecido.
Según el Tribunal de Justicia de la UE, "la normativa española, que impide al juez que es competente para declarar abusiva una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario suspender el procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado por otra vía, es contraria al Derecho de la Unión".
La institución comunitaria, con sede en Luxemburgo, considera que el régimen procesal español menoscaba la efectividad de la protección de los consumidores que pretende garantizar la directiva europea sobre cláusulas abusivas en los contratos.

 

Una jueza de El Ejido suspende ejecuciones hipotecarias acogiéndose a lo dicho por la UE

LAEDICION.NET.-:/ Redacción.-Una magistrada de Primera Instancia de El Ejido (Almería) ha acordado suspender todos los procedimientos de ejecución hipotecaria que se siguen en su juzgado y ha dictado un auto en el que fundamenta su decisión en la cuestión prejudicial planteada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona.

   La resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, recoge que "ante las dudas en relación a la compatibilidad" del procedimiento de ejecución hipotecaria con la directiva europea que rige sobre las cláusulas abusivas de los contratos celebrados con consumidores, procede la suspensión del trámite hasta que recaiga resolución por parte de la Justicia de la UE.

   La titular del Juzgado de Primera Instancia número 5 de El Ejido, Ana Fariñas, resalta en el fundamento tercero del auto existen "dudas más que evidentes" sobre dicha compatibilidad según se desprende de las conclusiones emitidas por la Abogada General en el proceso que se sigue ante el TJUE.

   Rechaza, sin embargo, pedir al tribunal europeo que se pronuncie con carácter prejudicial sobre tal cuestiónde acuerdo al artículo 267 de Tratado de Funcionamiento de la UE "pese a estar facultada para ello" para, según añade, evitar las dilaciones que provocaría en el proceso ya iniciado el planteamiento de una nueva cuestión "con el mismo objeto".

   El auto dictado por el órgano judicial que preside Fariñas, que publica este jueves el diario 'La Voz de Almería', deriva de la vía legal abierta por el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona a raíz del caso de un vecino de Martorell.

   El titular paró su desalojo para consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la posible indefensión de los consumidores frente a la aplicación de "cláusulas abusivas" en los préstamos hipotecarios. La Abogado General de TJUE, Juliane Kokott, consideró en sus conclusiones de 8 de noviembre que pagar intereses de demora del 18,75 por ciento era un ejemplo de esta irregularidad.

   Esta vía aparece citada, asimismo, en escrito que El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha puesto a disposición de todos los ciudadanos afectados por ejecuciones hipotecarias y a las asociaciones de consumidores para pedir la paralización de la ejecución hipotecaria.

   La paralización se fundamenta en el artículo 43.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece que el tribunal podrá decretar -a petición de una de las partes- la suspensión del desahucio "hasta que finalice el proceso que tenga por objeto la cuestión prejudicial", en este caso ante la Justicia de la UE. Asimismo, en el escrito de la Abogacía se solicita al juez, como medida subsidiaria, que proceda de oficio a plantear cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

JUEZ DECANO
   En declaraciones a Europa Press, el juez decano de Almería, el magistrado Luis Columna, ha trasladado tener conocimiento "informal" de que algunos magistrados de Primera Instancia de la provincia están "reflexionando" y "revisando criterios" a raíz del decreto ley aprobado por el Gobierno para frenar los desahucios en determinadas circunstancias y que está previsto se convalide el día 29 por el pleno de la Cámara.

   Ha advertido, no obstante, de que la situación no ha sido abordada en Junta de Jueces y que, por tanto, la actuación "queda dentro de su potestad jurisdiccional de acuerdo a cada caso". "Sé que algunos jueces están revisando y, en algunos casos, paralizando", ha añadido.