Ruiz-Mateos dice que jamás ha pagado su casa con dinero de los inversores

Nueva Rumasa captó 146 millones en 'B' y tenía estructura piramidal LAEDICION.NET.-:/ Redacción Twitter @LaEdicin.-La familia Ruiz-Mateos ha asegurado que "es absolutamente falso y jamás se ha destinado ni un solo euro proveniente de los inversores para el pago de las viviendas de los miembros de esta familia". En un comunicado enviado a los medios de comunicación, la familia Ruiz-Mateos ha afirmado que las viviendas de todos los hijos son casas "sencillas y normales", sujetas a una hipoteca que ha sido "pagada con los ingresos correspondientes a los salarios que han tenido". Los Ruiz-Mateos han efectuado estas declaraciones un día después de que el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, levantara parcialmente el secreto de las investigaciones que se siguen en relación a las emisiones de pagarés que afectan a 4.110 inversores que destinaron más de 337 millones a estas emisiones. El auto recoge las conclusiones de las diligencias practicadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, Brigada de Blanqueo de Capitales. Según estas conclusiones, el dinero de los inversores sirvió para inyectar liquidez a las empresas de Nueva Rumasa, devolver parte de los intereses de los pagarés que iban venciendo, pagar las hipotecas de los hijos varones de José María Ruiz-Mateos y para aportar capital a las sociedades patrimoniales de toda la familia y para mantener su alto nivel de vida. 146 millones en efectivo que no pasaron por Hacienda Nueva Rumasa captó 146,63 millones de euros en dinero en efectivo o "B" que no pasó por Hacienda, los primeros pagos a los inversores se abonaron de forma piramidal y en su venta se "podría haber firmado un acuerdo privado para repartirse los beneficios que se lograran de la liquidación del grupo". Así figura en el auto al que ha tenido acceso Efeagro del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en el que se acuerda el levantamiento del secreto parcial de la causa de Nueva Rumasa, el conglomerado de empresas que se investiga en relación a la 13 emisiones de pagarés que afectan a 4.110 inversores, a las que destinaron 337,37 millones. Sin embargo, los listados detectados en los que figuran nombres en clave para identificar a los inversores, tanto en Jerez de la Frontera (Cádiz) como en Madrid, hacen sospechar que probablemente hubo ciertas cantidades entregadas en dinero en efectivo o en "B", y por lo tanto no fueron declaradas debidamente ante la Hacienda Pública. La investigación policial recoge un total de 716 nombres de diferentes "clientes" o inversores, y un montante efectivo líquido invertido por este concepto, que ascendería a 146,63 millones. El auto refleja que la mayoría de las empresas de Nueva Rumasa son propiedad de otras compañías domiciliadas en el paraíso fiscal de Belice controladas por la familia Ruiz-Mateos a través de testaferros como Zoilo Pazos Jiménez, María Susana Álvarez Ampuero, Jesús Fraile Delgado o Rufino Martín-Maestro. Pero junto a Belice, figuran otros paraísos fiscales en los que la familia ha también ha mantenido actividades empresariales, como Panamá, Islas Vírgenes y Antillas Holandesas, así como los vínculos de las empresas de Nueva Rumasa con Andorra o Suiza, "este último país "donde al parecer se encuentra la famosa 'hucha' de los Ruiz-Mateos". Ante la "situación de extrema falta de liquidez", provocada por una gestión de caja de las empresas por parte de la familia, los Ruiz-Mateos "idearon la emisión de pagarés", según recoge el auto. Pero el resultado "les sobrepasó, dada la enorme demanda que generaron y a sabiendas de la complicada situación en la que se encontraban sus sociedades y de las enormes dificultades que tendrían el día de mañana para poder responder a los intereses y el principal invertido". En un principio, pudieron cumplir con sus obligaciones respecto a los intereses y la devolución del principal, "muy probablemente gracias a un efecto piramidal"; los nuevos inversores pagaban los intereses de los antiguos con sus aportaciones y cuando llegaba la fecha de recuperar el principal eran convencidos para reinvertir, según el auto. Bardajera, la sociedad que gestionaba la caja única oficial de Nueva Rumasa, recibió desde su constitución y hasta el 15 de abril de 2011 más de 673 millones de euros del resto de sociedades del conglomerado empresarial, gran parte de ellos procedentes de los inversores de pagarés, según las investigaciones que recoge el auto. Este dinero sirvió para inyectar liquidez a las empresas de Nueva Rumasa, devolver parte de los intereses de los pagarés que iban venciendo, pagar las hipotecas de los hijos varones de José María Ruiz-Mateos y para aportar capital a las sociedades patrimoniales de toda la familia y para mantener su alto nivel de vida. Además, desde las cuentas de Bardajera se sacaron en efectivo 78 millones de euros de los que se desconoce su destino final. Según figura en el auto, tras la "caótica situación de Nueva Rumasa, decidieron recurrir a Ángel de Cabo, propietario de una empresa especializada, "al parecer en reflotar o en su caso liquidar" sociedades que se encuentran en situación de crisis, quien en septiembre adquiere numerosas empresas de Nueva Rumasa. El texto recoge que Ángel de Cabo Sanz "podría haber firmado un acuerdo privado con José María Ruiz-Mateos y Jiménez de Tejada en el que se repartirían los beneficios que pueda obtener Ángel de Cabo de la liquidación de las empresas del grupo. En este sentido, detalla que del beneficio neto obtenido se repartirían un 80% para la familia y un 20 % para Ángel de Cabo, según las "líneas maestras" señaladas a Ángel Francisco Sutil y que figuran en un documento aportado por él. El auto indica que "según se refleja en el documento aportado" por Sutil, Ángel de Cabo "no sólo trataría de obtener el máximo beneficio de la liquidación de las empresas, sino que no haría frente a las deudas de las sociedades respecto de sus inversores". Además, "pagaría un sueldo mensual al cabeza de la familia Ruiz-Mateos y a sus hijos varones, hasta el momento en que finalicen las operaciones judiciales, civiles y procesos laborales o administrativos que afecten a las empresas adquiridas por éste. Levantado parcialmente el secreto del sumario La Audiencia Nacional ha levantado parcialmente el secreto de la causa de Nueva Rumasa, el conglomerado de empresas que se investiga en relación a la 13 emisiones de pagarés que afectan a 4.110 inversores, a las que destinaron 337,37 millones. Según figura en el auto del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso a Efeagro, la medida se adopta en relación a la pieza separada, a excepción de una parte cuyo secreto parcial se prorroga por el plazo de un mes, con el objetivo de que las partes personadas puedan acceder a su contenido y ejercer plenamente su derecho de defensa. Además, el auto acuerda citar el próximo 1 de marzo en calidad de imputados a Manuel Sánchez Marín, Javier Bertolá Navarro y Alfonso Espinosa Bermejo, por su presunta participación en los hechos que se investigan, mientras que tomará declaración en calidad de testigos a José Ramón Romero López, Rufino Romero de la Rosa, Pere Varias Font, María Susana Álvarez Ampuero, Jesús Fraile Delgado y Rufino Martín-Maestro. Hace referencia a las conclusiones del Informe V, elaborado como resultado de las diligencias practicadas por la Policía, la Unidad de Delincuencia Económica, la Fiscalía, la Brigada de Blanqueo de Capitales y de la Comisaría de Policía Judicial del CNP, así como a las de los cuatro anteriores.

Un segundo juzgado de Palma prohíbe a Ruiz-Mateos salir de España

La Policía Nacional registró el miércoles durante 15 horas el domicilio familiar REDACCIÓN.-El juzgado de instrucción 3 de Palma ha decretado, al igual que lo hizo el pasado martes el número 9, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España del empresario José María Ruiz-Mateos, imputado en los dos juzgados por sendos delitos de estafa en la venta de dos hoteles. Ruiz-Mateos compareció el pasado martes en los dos juzgados de Palma citado para responder a las acusaciones de estafa y se acogió a su derecho a no declarar en ambos casos. El titular del juzgado número 9, Enrique Morell, decretó entonces las citadas medidas cautelares contra Ruiz-Mateos, al que había citado por segunda vez. En la primera ocasión, declararon ante Morell sus seis hijos varones, sobre los que el juez dictó las mismas medidas cautelares. En el caso del juzgado de instrucción 3, el pasado martes era la tercera vez que se le citaba a declarar, por lo que la jueza sustituta, María Pascual, le advirtió que de no hacerlo emitiría una orden de detención contra él. Tras su comparecencia, el fiscal pidió a la jueza la retirada del pasaporte a Ruiz-Mateos, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer cada quince días, medidas que Pascual ha decretado, según han informado hoy a Efe fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Baleares. La jueza ha rechazado, en cambio, la petición de fianza penal de dos millones de euros pedida por la abogada Isabel Fluxá, que representa al hotelero querellante Francisco Miralles. Largo registro domiciliario Por otro lado, recordar que efectivos de la Policía Nacional abandonaron a la una de la madrugada del jueves el domicilio de la familia Ruiz-Mateos en la calle Alondra situada en una urbanización de lujo de Somosaguas (Pozuelo de Alarcón) tras 15 horas de registro por orden del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. El registro en el domicilio familiar ordenado en el marco de la pieza secreta del proceso Nueva Rumasa, lo ha realizado desde las diez de la mañana del miércoles un equipo formado por una quincena de policías, quienes pasados pocos minutos de la una de la madrugada de este jueves han introducido en dos coches varias cajas y bolsas que contenían diversa documentación incautada en el inmueble. El objetivo del juez, que ha ordenado también el registro de otros domicilios y de empresas vinculadas a los Ruiz-Mateos, es encontrar indicios que permitan conocer dónde ha ido el dinero de los 4.110 inversores que decidieron destinar más de 38 Poco antes, sobre las 00.45 horas de hoy jueves han intentado acceder a la vivienda dos de los hijos de José María Ruiz-Mateos, a quienes las fuerzas de seguridad no les ha permitido el acceso en esos instantes al coincidir con el momento en el que la Policía procedía a la retirada de la documentación incautada. Mientras, en el interior del inmueble permanecían José María Ruiz-Mateos, su hijo Zoilo y la mujer de éste, que a media tarde había accedido al inmueble. A pocos metros y en la calle Ciervo de la misma urbanización otro equipo de policías nacionales también ha efectuado otro registro en un chalé de la familia, que según distintas fuentes ha sido utilizado como oficina. Pese al movimiento policial que el registro ha supuesto, han sido escasos los curiosos que se han acercado a las inmediaciones, a excepción de los trabajadores de mantenimiento de la urbanización y algunos vecinos que salían a pasear por la zona. En esta urbanización la superficie media de las parcelas es de 2,4 hectáreas, por lo que se produce una gran dispersión de los vecinos, así como la total ausencia de comercios, bares o restaurantes en las inmediaciones. Durante todo el día miembros de la Policía han estado entrando y saliendo del domicilio del clan de los Ruiz-Mateos en busca de cualquier indicio que pueda revelar el destino del dinero que 4.110 inversores confiaron a las empresas de Nueva Rumasa que ofrecían pagarés con remuneraciones de entre el 8 y el 12 %. En concreto, los Ruiz-Mateos captaron a 4.110 inversores quienes invirtieron en pagarés de Nueva Rumasa -a través de las 13 emisiones conocidas hasta ahora- más de 337,37 millones de euros, y de los que a día de hoy aún faltan por pagar más de 289,11 millones (el 75 % de lo captado, contabilizado el principal más los intereses). Contra la familia Ruiz-Mateos (los padres, seis de sus hijos y uno de sus primos) pesa una querella presentada ante la Audiencia Nacional por más de 300 inversores en pagarés de las empresas de Nueva Rumasa por presuntos delitos de estafa e insolvencia punible, entre otros. Durante el transcurso del registro se ha conocido que el juez Pablo Ruz ha admitido a trámite la querella presentada por el que fuera el abogado de la familia durante más de 27 años, Joaquín Yvancos, que se dirige contra el nuevo propietario de Nueva Rumasa, Ángel de Cabo, sus colaboradores Iván Losada y Fernando Lavernia, así como contra una de las hijas de Ruiz-Mateos y su marido. Durante toda la mañana y parte de la tarde, los perros de la unidad canina policial desplazada al domicilio familiar han estado buscando indicios y pruebas en la finca de 2,4 hectáreas. El registro se produce un día después de que el patriarca de la familia José María Ruiz-Mateos, realizara ante los medios de comunicación declaraciones desafiantes hacia la justicia y los jueces en los juzgados de Palma de Mallorca, donde se le retiró el pasaporte tras acudir a declarar como imputado por una presunta estafa en la venta de un hotel. Durante el transcurso del registro de la vivienda la Policía Nacional ha requerido la presencia de un empleado de mantenimiento de la finca para que procediera a la apertura de unas instalaciones en el jardín de la casa. A última hora de la tarde, un empleado de Correos ha entrado en el domicilio para entregar distinta documentación.

El juez embarga a los Ruiz-Mateos varias de sus casas

Puede quedarse hasta sin la mansión de Somosaguas La familia no ha podido afrontar los 30 millones de fianza que le exigían por Nueva Rumasa

José María Ruiz-Mateos está a punto de perder su mansión de Somosaguas, donde además de la vivienda familiar tenía hasta ahora las oficinas de Nueva Rumasa. LAEDICION.NET.-DANIELLA MONTENEGRO.-Cuenta Javier Romera en El Economista que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha ordenado el embargo de propiedades inmobiliarias por toda España, tanto a su nombre como al de sus hijos después de que la familia no haya podido afrontar el pago de la fianza de 30 millones de euros. El plazo concluyó el pasado día 3 de noviembre, aunque la familia Ruiz-Mateos había manifestado ya mucho antes que no iba a pagar al no disponer de liquidez. Este embargo se sumó además al decretado en septiembre por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada al patriarca de la familia y a dos de sus hijos por importe de 618,26 millones para cubrir el agujero patrimonial que soporta el fabricante de postres. ¿Cómo es la finca de Somosaguas? El Gobierno socialista de Felipe González intentó ya expropiar la mansión de Somosaguas en los ochenta, cuando ante los reiterados impagos a la Seguridad Social y Hacienda, le embargaron su imperio. Pero el proceso no pudo llevarse a cabo porque para protegerse Ruiz-Mateos puso la casa a nombre de su mujer, Teresa Ribero. La finca tiene 7.000 metros cuadrados y está valorada, según los expertos inmobiliarios consultados por este periódico, en entre 8 y 10 millones de euros. Esta casa soporta además una hipoteca por 5,9 millones con Fortis Bank (actual BNP), que ha iniciado igualmente un proceso de ejecución. Los Ruiz-Mateos, tanto los hijos como las hijas, podrían perder más de una veintena de propiedades, tanto en Madrid como en la costa. Otro proceso por estafa Ruiz-Mateos está de nuevo citado a declarar en Palma acusado de haber estafado 14 millones en la compra de un hotel en Mallorca, después de que la jueza haya determinado que no tienen fundamento los problemas médicos que adujo para no comparecer.

Las extrañas relaciones entre Zarrías y los Ruiz Mateos salen a la luz

El fondo de reptiles de Andalucía ha puesto de manifiesto cómo un hijo de Ruiz Mateos recibió 2,4 millones de la Junta de Andalucia.
LAEDICION.NET.-D.M.- Ya expresamos nuestra extrañeza por la presencia del dúo Gaspar Zarrías y el conseguidor de ERE y prejubilaciones, Juan Lanzas, ex sindicalista de UGT, en las negociaciones que habían tenido lugar con la familia Ruiz Mateos y su Nueva Rumasa en la provincia de Jaén. Pues ahora se ha sabido que la consejería de Empleo de la Junta de Andalucía tambièn abrió una póliza de nada menos que 2,4 millones de euros a nombre de Álvaro Ruiz Mateos Rivero. Se trataba de que la empresa Dhul, perteneciente a Nueva Rumasa, saldara el préstamo que tenía concertado con la Caja Rural de Granada. Lo cuenta El Mundo.

Esto es, la familia Ruiz-Mateos cobró 2,4 millones de euros del «fondo de reptiles» de la Junta de Andalucía. El director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero autorizó la apertura de una póliza de rentas por un importe de casi 2,4 millones de euros a nombre de Álvaro Ruiz-Mateos, que recibió el dinero en 2005 por la «ampliación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Dhul del año 2002» que habría obligado a esta empresa de Nueva Rumasa a pedir un préstamo a Caja Rural de Granada.

El grupo Nueva Rumasa confirmó ayer la veracidad de todos esos datos y sólo precisó que Álvaro Ruiz-Mateos aparece en la póliza como «administrador de Dhul» y no a título personal. La empresa confirmó que hubo un ERE en el año 2002 y que fue ampliado en el año 2004, por lo que se formalizó un préstamo que, a día de hoy, según se aseguró, «está cancelado». Las fuentes señalaron que así está recogido en las cuentas y en los balances de la empresa, pues se trata de una «inversión realizada y auditada».

El dinero pagado a Dhul se cargó a la partida presupuestaria '31L', destinada a la 'Administración de las Relaciones Laborales', que entre los años 2000 y 2010 ascendió a 700 millones de euros y que el propio Javier Guerrero definió ante la Policía Judicial como un "fondo de reptiles".

El pagador de la póliza de rentas fue la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, el tomador fue el propio Álvaro Ruiz-Mateos -en nombre de Dhul, según precisó ayer Nueva Rumasa- y el beneficiario, la Caja Rural de Granada. El dinero fue ingresado en la cuenta corriente indicada por Álvaro Ruiz-Mateos en doce mensualidades de unos 200.000 euros cada una y, en teoría, el hijo de Ruiz-Mateos debió utilizar el dinero para ir amortizando un préstamo de la caja de ahorros.

Dado el modo de funcionar tan peculiar del fondo, es factible que ni la Consejería de Empleo -responsable de los fondos- ni la Consejería de Innovación -que 'instrumentalizó' los pagos a través de la Agencia IDEA- hayan exigido, en este caso, al hijo de Ruiz-Mateos la justificación del destino de la ayuda de 2,4 millones.

Zarrías, Juan Lanzas y Dhul

Gaspar Zarrías, viejo conocido de Juan Lanzas en Jaén, ponía las primeras piedras de la nueva empresa del grupo Rumasa en Jaén, en cuyas negociaciones ha participado Juan Lanzas, según fuentes de todo crédito. Por si fuera poco, es sospechado, dijo ABC, que la mujer de Lanzas, Patrocinio Sierra podría aparecer entre los prejubilados de Dhul, SA.

Dhul dijo investigar si existía alguna irregularidad en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que aprobó en 2004 sobre 77 trabajadores y en el que contaron con el asesoramiento de Juan Lanzas, el dirigente de UGT de Jaén detenido tras actuar como «conseguidor» en diversos ERE, especialmente el de Mercasevilla.

Nueva Rumasa aseguró que no había constancia por ahora de la existencia de irregularidades, pero sí admitió que la firma se ha dirigido a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para solicitarle el listado de personas, con nombres y apellidos, que constaban en la Junta como prejubilados en el ERE de 2004 de su firma, ante la sospecha de que se pueda haber incluido a algún «prejubilado fantasma» en su expediente, como los ya encontrados en otras empresas que están siendo investigados por el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Desde la empresa granadina explican que el expediente presentado por Dhul en 2004 afectaba a 77 personas, aunque finalmente abandonaron la empresa 75, ya que dos siguieron trabajando, si bien el apoderado de la compañía ha señalado que «nunca cobramos subvenciones por esos dos trabajadores». Pero es precisamente ese estrecho margen el que pudo ser aprovechado para incluir a alguna persona ajena a la empresa. De hecho, fuentes de la investigación apuntan a que uno de los prejubilados es la mujer de Juan Lanzas, Patrocinio Sierra.

Nueva Rumasa ha estrechado en los últimos años su relación con la Junta de Andalucía gracias al acuerdo impulsado por el entonces consejero de Presidencia y hoy secretario de Estado de Cooperación territorial, Gaspar Zarrías que anunció en septiembre de 2008 el acuerdo alcanzado con Dhul y Proasego, empresas que invertirían 140 millones de euros en dos plantas que generarían 400 nuevos puestos de trabajo, entre ellos 145 despedidos de la empresa Primayor, heredera de Cárnicas Molina, donde se produjo el primero de los ERE fraudulentos.

La intervención de Zarrías permitió a Nueva Rumasa proyectar una nueva fábrica de Dhul, con incentivos prometidos por el Gobierno andaluz y central y facilidades para instalarse por parte del Ayuntamiento de Jaén. También se permite a la compañía de Ruiz Mateos hacerse con la fábrica sevillana de Central Lechera Asturiana, mediante un alquiler por cuatro años con opción a compra. Precisamente esa empresa también se ha acogido a dos ERE en los años 2001 y 2008. En el primero de los casos, la empresa Yoplait fue realizó un expediente que afectó a 56 trabajadores, tras lo que fue comprada por Capsa (Corporación Alimentaria Peñasanta), perteneciente a La Asturiana. Pero esta empresa realizó en 2008 otro expediente que afectó a un total de 165 trabajadores en Andalucía. DEJA TU COMENTARIO

Nueva Rumasa entregó pagarés con firmas falsificadas

La familia Radó denunciará a los Ruiz Mateos al considerar que han sido estafados.

LAEDICION.NET.-DANIELLA MONTENEGRO.-La familia Radó emprenderá acciones penales contra Nueva Rumasa al considerar que ha sido estafada en una operación de compraventa de dos hoteles, ya que el 'holding' de la familia Ruiz-Mateos pagó a los empresarios mallorquines mediante pagarés con firmas falsificadas.
"Nueva Rumasa entregó pagarés con firmas falsificadas y así lo ha alegado en el pleito que sigue la familia Radó reclamando el pago de dichos pagarés", señalaron a Europa Press en fuentes cercanas a la familia Radó.
Las mismas fuentes subrayaron que los empresarios mallorquines fueron engañados, ya que la venta de los hoteles 'Beverly' se realizó por creer que los pagarés entregados estaban avalados por personas y empresas solventes y "ahora se ha alegado por los firmantes que sus rúbricas fueron falsificadas".
La familia Radó, que la próxima semana presentará una querella por estafa contra la familia Ruiz-Mateos, interpuso ya una demanda por el impago de parte del importe de la venta de dos hoteles 'Beverly' en 2008 (por 69 millones de euros), unos activos en los que contaba con una participación minoritaria, de aproximadamente el 18%.
El Juzgado de Primera Instancia número 57 requirió a Nueva Rumasa que abonara al acreedor 1,2 millones de euros (910.573 euros en concepto de principal, 20.385 euros por gastos y 279.287 euros en concepto de intereses de demora) y ordenó el "inmediato embargo preventivo de los bienes del deudor, por las cantidades expresadas, por si no se atendiera al requerimiento".
El auto, al que tuvo acceso Europa Press, decretaba el embargo de cuatro fincas propiedad del Grupo Dhul, dos de Clesa y una cuya mitad pro indivisa es propiedad de Alfonso Ruiz-Mateos Rivero. Las fincas están radicadas en San Roque (Cádiz), Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Alicante, Valverde de la Virgen (León), Jaén y Picanya (Valencia).