
• El Servicio de Protección de Menores de Cádiz pasará a tener de 6 equipos a 2 y de 30 profesionales a 10
• Rosario Soto: Son los ayuntamientos andaluces y las organizaciones sociales quienes verdaderamente gestionan estas políticas
• Botella denuncia que “no siempre” los 1.601.500 andaluces menores de 18 años ven protegidos sus derechos
• Pide la dimisión de la consejera de Educación, Teresa Jiménez, por la publicación de los nombres de los 100 niños objetores de EpC
19. noviembre. 2008.- La vicesecretaria de Política Social del PP andaluz, Rosario Soto y la diputada del Grupo Popular en el Parlamento andaluz María Jesús Botella, denunciaron hoy el recorte de 100 millones de euros en la partida presupuestaria de Atención a la Infancia, así como el que sufrirán el resto políticas sociales, al tiempo que calificaron de “hipócrita, insuficiente y de maltrato institucional” la gestión del Gobierno de Chaves hacia los menores andaluces.
Durante una rueda de prensa en Sevilla, Rosario Soto concretó su denuncia respecto al Servicio de Menores de Cádiz, el cual va a sufrir una reorganización de personal que afectará a los Equipos De Menores del Servicio de Protección, los cuales pasarán de tener 6 a 2 equipos y de más de 30 profesionales a 10, según se detalla en una resolución de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social con destino a los Servicios Sociales del Ayuntamiento gaditano.
En este sentido, advirtió de que la situación de escasez de ayuda del Servicio de Menores de Cádiz y los recortes de equipos y empleados reseñados anteriormente “se pueden extender a otras provincias andaluzas”.
Además, la vicesecretaria de Política Social del PP andaluz alertó de que debido a los recortes en los Equipos de Menores de Cádiz, de los casos anteriores a octubre de 2008 “sólo se atenderán los extremadamente urgentes, según se reseña en la resolución firmada por el jefe de Servicios de Protección de Menores de la Delegación de Cádiz, Agustín López Sánchez.
“Esto quiero decir –apuntó Soto- que los menores que requerían protección van a quedar a un lado porque sólo se atenderán los extremadamente urgentes”.
Asimismo, aseguró que está cansada de escuchar que la Junta de Andalucía “hace las políticas sociales y da dinero para las mismas, cuando en realidad son los ayuntamientos andaluces y las organizaciones sociales quienes las gestionan”.
Por su parte la diputada del Grupo Popular en el Parlamento andaluz María Jesús Botella, denunció que “no siempre” se ven protegidos los derechos que tienen reconocidos tanto en la legislación nacional como internacional los 1.601.500 andaluces menores de 18 años.
Botella explicó que el PP andaluz ha elaborado un manifiesto con motivo de la celebración de mañana del Día Internacional de los Derechos del Niño, por el que los populares andaluces muestran su compromiso “ineludible con los principios recogidos en la Declaración de los Derechos del Niño, la voluntad de seguir trabajando en el fortalecimiento de esos derechos y el empeño en que esos derechos los disfruten todos los menores en Andalucía, con independencia del lugar en el que residan, de la situación socioeconómica de sus familias y de la procedencia del menor”, apuntó.
“Denunciamos hoy de nuevo el ataque a los derechos de los menores realizado por el propio Gobierno andaluz”, afirmó la diputada popular, quien aseguró que la Junta “ha vulnerado el derecho a la intimidad de más de 100 niños andaluces, que libremente han objetado a la asignatura de Educación para la Ciudadanía”.
Según Botella, el Gobierno de Chaves actúa con hipocresía política en lo que se refiere a la protección de los derechos de los niños, ya que “no los respeta y hace prevalecer intereses políticos partidistas a los intereses y derechos reconocidos a los menores tanto por la legislación nacional como internacional”, criticó.
En este sentido, el PP andaluz considera “necesaria” la dimisión de la consejera de Educación, Teresa Jiménez, ya que “el daño causado ha sido de la mayor importancia”, indicó la diputada popular.
Además, exigió al Gobierno andaluz “mayor sensibilidad y atención” a los más de 32.000 niños menores de 18 años con discapacidad en Andalucía, y reclamó la atención educativa especializada que necesitan y la preparación para su inserción socio laboral en igualdad de oportunidades que el resto de menores en la Comunidad.
“Reclamamos –aseveró Botella- que la atención temprana llegue en Andalucía a toda la población infantil que la necesita. La atención temprana se calcula que la demandan unos 11.150 niños menores de 6 años en nuestra Comunidad y sin embargo solo la están recibiendo 5.000 niños en 128 centros de atención temprana que hay en nuestra región”.
También recordó a los más de 19.000 alumnos que en este curso están en aulas prefabricadas, y exigió al Gobierno andaluz que “acabe con estas situaciones que se repiten todos los años y en ocasiones se prolongan en los mismos colegios durante más de tres cursos escolares”, añadió.
La diputada popular también mencionó al número importante de niños y niñas andaluces que, “curso tras curso, se quedan sin plaza en una guardería infantil”, y por ello seguirá demandando del Gobierno de Chaves más inversiones para la construcción de Centros Socioeducativos en Andalucía “hasta que se pueda satisfacer toda la demanda existente”.
“En el curso 2008/2007 las plazas ofertadas han sido: 62.738, lo que supone un 28% de la demanda existente”, informó Botella, quien también mostró su compromiso con los hijos de trabajadores temporeros en Andalucía para que los ayuntamientos que reciben a estos trabajadores “puedan garantizar la correcta atención a sus hijos en guarderías puestas en funcionamiento a tal efecto”, subrayó.
Asimismo, el PP andaluz consideró que es “urgente” asumir la problemática de los menores extranjeros desamparados que llegan a Andalucía, así como la situación de crecimiento de la violencia entre menores, por lo que demandará al Gobierno de Chaves “medidas concretas para proteger a la infancia”, informó la diputada popular.
Respecto al absentismo escolar, Botella matizó que no se puede “tirar la toalla” en su lucha, ya que un niño absentista a su juicio, “difícilmente tendrá un futuro en igualdad de oportunidades respecto de los demás” y, reclamó una apuesta más decidida en la lucha contra la exclusión social, la marginación y la pobreza, sometidos a la mendicidad infantil, a los malos tratos físicos, a la corrupción o a la explotación sexual.
Por último, quiso recordar “la responsabilidad” que tiene la Junta respecto de los niños y niñas tuteladas, que en el año 2007 fueron 1.154, y exigió “eficacia y agilidad” en la Administración de Justicia, “sobre todo en los delitos relacionados con menores y de manera muy especial en los de pederastia”.
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