Estafan a 15 personas 4 millones con subastas públicas de pisos amañadas

La Policía Nacional detuvo a los presuntos autores del engaño el pasado fin de semana • A una de las víctimas le sacaron 2.700.000 euros • Los agentes les intervienen más de 50 caballos pura sangre
Dos almerienses, identificados como J. M. P. R. y A. N. S. de 36 y 56 años respectivamente, han sido detenidos por la Policía Nacional de Almería como presuntos autores de una estafa que supera los cuatro millones de euros a 15 personas de la provincia.

Según informó la Comisaría Provincial, los reseñados hicieron creer a las víctimas del engaño que adquirían bienes inmobiliarios embargados por orden del juez a un precio inferior al que tienen en el mercado. Todo el entramado se hacía a través de una supuesta subasta pública que estaba amañada.

Las detenciones se produjeron durante el pasado fin de semana dentro de la denominada Operación Subasta, cuya actividad comenzó en el año 2004, según ha podido esclarecer la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Almería. Una operación que aún se mantiene abierta y no se descartan más detenciones.

Al parecer, fue hace cuatro años, cuando J. M. P. R. inició la actividad ilícita que le ha reportado unos beneficios estimados en cuatro millones de euros. El reseñado comenzó a interesarse por el mercado de las subastas públicas de inmuebles embargados, tras lo que empezó a recopilar información sobre los bienes que estaban pendientes de subasta.

Fue precisamente él, quien hizo creer a unas 15 personas que tenía un primo en los juzgados de Almería y que podía intervenir en los procedimientos judiciales, tras lo que mostraba a sus víctimas los lotes de pisos que estaban embargados.

En el momento en que estas personas se mostraban interesadas por alguno de los pisos, J. M. P. R. les reclamaba cantidades económicas en efectivo, que en uno de los casos superó los 2,7 millones de euros. Un dinero que aseguraba que tenía que entregar a su supuesto primo para que éste les favoreciera en el entramado de las subastas y así obtendrían el inmueble a un precio muy inferior al del mercado.

No obstante, el presunto estafador advertía a los interesados que la adquisición de los bienes era ilegal, por lo que les pedía discreción. Según la Policía, esto es lo que ha mantenido en el tiempo esta estafa, pues las víctimas no se atrevían a reclamar los bienes adquiridos al haberlo hecho de forma irregular. Los compradores visitaban los inmuebles pero sólo por el exterior, así como diversos documentos judiciales falsificados. En este tiempo fue cuando J. M. P. R. conoció a A. N. S., propietario de un restaurante de Aguadulce, y a quien puso al tanto de todo el plan.

De inmediato, A. N. S. se interesó en las operaciones ilícitas y ofreció a su confesor una serie de terrenos de su propiedad situados en el municipio de Alcolea, para crear una sociedad y así invertir en fincas del pueblo. A partir de entonces, el segundo en cuestión fue presentando al ideólogo de la estafa a distintas personas que eran susceptibles de caer en la trampa.

La Policía Nacional, además de arrestar a los dos presuntos estafadores, J. M. P. R. y A. N. S., también ha intervenido bienes rústicos e inmobiliarios.