Los 27 pondrán mañana precio a la ayuda para países en vías de desarrollo

Los Veintisiete revelarán mañana cuánto creen que habría que ofrecer a los países en vías de desarrollo para ayudarles a recortar las emisiones contaminantes y adaptarse a los esfuerzos de lucha contra el cambio climático. La Comisión Europea estimó en febrero que para reducir las emisiones y evitar que la temperatura media del planeta exceda los dos grados centígrados respecto a los niveles preindustriales hay que elevar la inversión adicional neta mundial hasta los 175.000 millones de euros anuales en 2020 y destinar más de la mitad de esa cantidad a países en vías de desarrollo.
Algunos países de la UE, como Reino Unido, Italia y Suecia son reticentes a fijar una cifra tan pronto porque creen que condicionará las negociaciones de finales de año en Copenhague para cerrar un acuerdo internacional tras Kioto.
Sólo Eslovenia y Bélgica se han mostrado a favor de que la cantidad figure en el texto de conclusiones que aprobarán mañana los ministros de Medio Ambiente; mientras que España si bien no se opone a que se mencione preferiría que se refiriese sólo a inversión privada.
Las organizaciones ecologistas, sin embargo, consideran que dar una cifra -que incluye inversión pública y privada y países en desarrollo e industrializados- sin concretar cuánto está dispuesta a aportar de manera individual la UE es una oferta vacía de contenido.
Los países de la UE tendrán que llegar a un acuerdo también acerca de los criterios que quieren proponer en Copenhague para el reparto de esfuerzos en la reducción de emisiones, otro punto que ha planteado problemas entre las delegaciones.
Bruselas propuso cuatro parámetros -PIB per cápita, emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de PIB, tendencia de emisión y demográfica entre 1990 y 2005-, pero estados miembros como España, Francia y Reino Unido quieren añadir criterios adicionales.
España, en concreto, aboga por que se tenga también en cuenta el potencial de reducción de emisiones, ya que no se encuentra en la misma situación una central que ya está al límite de sus posibilidades técnicas que una en la que todavía sea viable la innovación.
Los países del Este rechazan frontalmente incluir este criterio porque les perjudicaría en los cálculos de esfuerzo de reducción, según indicaron fuentes comunitarias.
Otro de los conceptos que España espera que se incluya es el de las emisiones per cápita, al que se oponen países como Luxemburgo, Irlanda y los nuevos estados miembros que obtendrían unos resultados muy altos según este índice, por lo que tendrían que realizar un esfuerzo de reducción mayor.
Los estados miembros se pronunciarán por segunda vez sobre la propuesta de la CE de levantar las restricciones al cultivo de dos tipos de maíz genéticamente modificado -MON 810 y T25- en Austria y Hungría.
Las negociaciones de los últimos días hacen pensar que no se logrará ni una mayoría a favor ni en contra al respecto, por lo que tendrá que ser el Ejecutivo comunitario el que decida en última instancia.
En cualquier caso, estos dos tipos de maíz fueron evaluados y autorizados por un periodo de diez años que ya ha expirado, por lo que en los próximos meses habrá que volver a analizar los riesgos que implica su utilización.
Los ministros debatirán, por otro lado, la refundición en un sólo texto de siete directivas sobre emisiones industriales para poder lograr un acuerdo al respecto en junio y aprobarán un texto de conclusiones de cara al Consejo Europeo de primavera en el que tratarán la lucha contra la pérdida de biodiversidad tras 2010.
Por último, el encuentro permitirá dar un mandato de tres años a la Comisión Europea para que defienda la posición de la UE contraria a la caza de ballenas ante la Convención Ballenera Internacional, un enfoque que sólo rechaza Dinamarca, a favor de lo que llama "la caza de supervivencia" en Groenlandia.