Los pilotos españoles se enfrentan al juez que instruye el 'caso Spanair'

LAEDICION.NET.-Los pilotos españoles se rebelan contra el juez que instruye el caso Spanair. El Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial (Copac) ha salido en defensa de la imparcialidad de este colectivo, justo un día después de que el magistrado Javier Pérez anunciara que recurrirá a la Agencia Europea de Seguridad Aérea para que sea esta institución la que elabore el informe pericial sobre las causas del accidente del MD-82, ocurrido el 20 de agosto de 2008 en Barajas y que costó la vida a 154 personas.
«El hecho de que los pilotos estén afiliados al Sepla no justifica en ningún caso que se cuestione su imparcialidad», advierte el Copac en un comunicado. Es más, deja constancia de que el colegio «es una institución profesional, sin ninguna vinculación con sindicato alguno, lo cual garantiza su independencia e imparcialidad a la hora de colaborar en la investigación de las causas del siniestro».
El juez alegó que los técnicos de mantenimiento de aviones y los pilotos españoles seleccionados para constituir el órgano pericial no son «imparciales, objetivos», ni están capacitados. Asimismo, justificó su decisión en el hecho de que los pilotos están afiliados al Sepla, personado como acusación popular en el procedimiento.
En este sentido, el Copac no ha pasado por alto el hecho de que, el pasado mes de octubre, fue el propio juez Pérez el que solicitó a los colegios profesionales listados de técnicos y pilotos para elaborar el informe pericial sobre las causas del siniestro. Es por ello que recrimina al magistrado que siguió sus "requerimientos" a la hora de elaborar un listado de 30 pilotos, "con los perfiles requeridos" y "todos ellos capacitados para asumir la función pericial".
Los requisitos exigidos por el magistrado fueron no tener vinculación con Spanair, contar con al menos 15 años de experiencia y tener la habilitación del avión siniestrado.
El colofón de las críticas del Copac es su afirmación de que la Agencia Europea de Seguridad Aérea no está sujeta a la obligación legal de cooperación con los órganos judiciales españoles.