LAEDICION.NET.-REDACCIÓN.-
González Pons admite que el sistema Sitel de interceptación de comunicaciones fue creado cuando gobernaba el PP para luchar contra el terrorismo y el narcotráfico
El responsable de Comunicación del PP, Esteban González Pons, responsabilizó ayer al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de que la española sea "una sociedad vigilada", ya que su departamento emplea un sistema de interceptación de comunicaciones que cuestiona el derecho a la intimidad.
González Pons, en una conferencia de prensa celebrada en la sede nacional del PP, adelantó que el Grupo Popular en el Congreso iba a registrar ayer mismo una proposición no de ley al respecto con el fin de garantizar la privacidad de las conversaciones telefónicas de los ciudadanos, y de paso, reforzar las garantías de los derechos civiles, consagrados en la Constitución.
González Pons basó su denuncia en el mecanismo del sistema de interceptación de comunicaciones, Sitel, que emplea el Ministerio del Interior para efectuar diversas investigaciones. Tal y como explicó el dirigente del PP, el mencionado sistema desvía una comunicación telefónica a un centro de almacenaje de datos que en verdad "no existe", ya que no tiene dirección ni se conoce quien lo dirige. Sin embargo, ese centro "inexistente" registra "el cien por cien" de las llamadas y el resto de la información asociada, es decir, datos personales del emisor y del receptor con los que "perfectamente" es posible trazar "un perfil biográfico o psicológico", en palabras de Pons.
Al centro accede un "agente facultado" que selecciona la información pertinente para la investigación y acto seguido la acumula en un DVD. Toda vez que "no hay ninguna autoridad que certifique la autenticidad de lo grabado", el dvd "puede ser manipulado". Sitel es, a su juicio, "inconstitucional e ilegal" porque vulnera la Carta Magna y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
González Pons admitió que cuando gobernaba el PP se creó un sistema como Sitel para combatir el terrorismo, la pornografía infantil y el narcotráfico, aunque nunca se puso en marcha porque informes del CGPJ, del Ministerio de Justicia y del Departamento de Defensa señalaban que no había cobertura legal para ello.
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