Garzón pierde la paciencia y el CGPJ contraataca con el caso Botín

SE QUEJA DE LOS ULTRADERECHISTAS


LAEDICION.NET.-El juez Baltasar Garzón presentó un escrito en el Tribunal Supremo en el que pide el archivo de la causa que investiga su actuación en el caso de las desapariciones de la Guerra Civil y se queja del retraso "injustificado" en la instrucción, que considera "propia de un proceso inquisitorial".

El escrito, presentado por el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, cuestiona la justificación de algunas de las diligencias acordadas que "han retrasado más" el procedimiento y cuyo resultado práctico ha sido que las asociaciones querellantes, Manos Limpias y Libertad e Identidad, han obtenido los datos de centenares de víctimas del franquismo.

Como consecuencia de una de esas diligencias, señala el letrado, estas asociaciones "de inocultado sesgo ultraderechista" han conseguido las piezas de documentos y correspondencia que constan en la causa y en las que figuran los datos personales de las víctimas que comparecieron ante Garzón.

"Sinceramente, para argumentar sobre la existencia de una prevaricación, no se nos ocurre qué les aportará a estas asociaciones identitarias el hecho de conocer estos datos privados", alega el escrito con fecha del 17 de diciembre.

Garzón quiere "hacerse la víctima"

Ante estos argumentos de Garzón, Manos Limpias emitió este martes una nota de prensa en la que niega que hayan recibido una lista completa de víctimas del franquismo, asegura que en ningún momento la han solicitado y acusan al magistrado de querer hacerse la víctima "para exonerarse de su responsabilidad".

Según esta asociación, el magistrado y su letrado están "utilizando torticeramente la causa, amedrentando al juez instructor Luciano Varela y lanzando acusaciones falsas, tendenciosas y sectarias con el objetivo de deslegitimar" el proceso.

Manos Limpias y Libertad e Identidad consideran que Garzón cometió un delito de prevaricación al declararse competente para investigar las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo sabiendo que no lo era.

El Caso Botín cierra el cerco en su contra

Pero no es el único frente abierto que tiene Garzón en la actualidad. El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará el escrito en el que dos abogados solicitan la apertura de un expediente disciplinario y la suspensión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón tras salir a la luz determinada documentación que evidenciaría, indiciariamente, que el magistrado contactó con el Banco Santander de Emilio Botín para la financiación de los cursos que dirigió en la Universidad de Nueva York, entre marzo de 2005 y junio de 2006, y que, a su regreso a España, archivó una denuncia contra esta entidad.

Le acusan de una falta muy grave de inobservancia del deber de abstención.

Ahora el Servicio de Inspección dispone de un mes de plazo para proponer el archivo de este asunto, la apertura de diligencias informativas (investigación) o bien solicitar directamente la incoación de un expediente disciplinario contra el magistrado.

Cabe recordar que el juez de la Audiencia Nacional se dirigió personalmente a través de varias cartas y de correos electrónicos primero a Gonzalo de las Heras, en aquel momento director general del grupo Santander en Estados Unidos; y, después, al mismísimo presidente, Emilio Botín. "Querido Emilio" y "te agradezco la financiación" son algunas de las frases que se leen en las misivas, entregadas por el Santander a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.