El Gobierno quiso sobornar a Marlaska para que no hurgara en el Faisán

lAEDICION.NET.-REDACCION.-El Mundo lleva a sus páginas este martes nuevos datos que redundan en la teoría -avalada especialmente por el PP- de que el Gobierno sabe mucho más de lo que cuenta sobre el caso del chivatazo al Bar Faisán. Ése que el 4 de mayo de 2006 desmoronó una importante operación contra el aparato de extorsión de ETA en pleno proceso de negociación con la banda y para el que la Fiscalía de Cándido Conde Pumpido pidió el archivo el pasado mes de octubre.

El Ejecutivo quería al frente de la investigación a un juez que no le diera problemas ni hurgara más de la cuenta: a Baltasar Garzón. El chivatazo se produjo cuando éste se encontraba de permiso en Nueva York dando clases, de forma que tomó las riendas su compañero Fernando Grande-Marlaska. Cuando el Gobierno vio que el magistrado estaba dispuesto a llegar hasta el final, quiso apartarle del caso.

¿Cómo? Según el diario de Unidad Editorial, ofreciéndole un puesto tentador y goloso, el de juez de enlace en Londres. Más prestigio, más sueldo y mejor situación para ascensos futuros, ésas eran las condiciones. A cambio, lo único que tenía que hacer Grande-Marlaska era congelar la investigación hasta que Garzón volviera de Estados Unidos.

La oferta se le hizo hasta en dos ocasiones por medio de intermediarios de la Fiscalía General del Estado, pero el juez fue fiel a sus principios y en ambas dijo "no". Ello generó un profundo malestar en el Ejecutivo.

Así las cosas, Grande-Marlaska aceleró el proceso. De hecho, una de sus primeras iniciativas fue crear dos equipos de investigación separados: uno de la Policía y otro de la Guardia Civil (este segundo fue anulado tras la llegada de Garzón al juzgado). Además, dio órdenes muy precisas para que estos agentes solo departieran con él y no facilitaran siquiera informaciones a sus superiores, lo que provocó enormes momentos de tensión entre mandos policiales durante las pesquisas.

Cabe recordar que las acusaciones que se plasman en los escritos contra los aún imputados (un ex director de la Policía, un jefe superior y un inspector de la Brigada de Información de Vitoria dedicado a la lucha contra el terrorismo islamista) son filtración de secretos y colaboración con banda armada.