Cospedal acaba con las subvenciones nominativas en la región

Daniella Montenegro© El consejero de Economía de Castilla-La Mancha, Diego Valle, ha anunciado este lunes un amplio paquete de medidas para controlar el gasto público, así como un cambio de filosofía en la concesión de ayudas, plasmado en el final de las subvenciones nominativas a cambio de procesos de concurrencia competitiva. Valle ha hecho este anuncio durante su comparecencia en el pleno de las Cortes regionales para informar de las medidas de ajuste del Plan de Garantías de los Servicios Sociales Básicos, con las que su Consejería pretende ahorrar 75 millones de euros. El consejero ha recalcado que se trata de medidas de "imperiosa necesidad" para atajar un déficit público que en los últimos 4 años del PSOE creció a ritmo de 5,6 millones de euros diarios y para reducir una deuda pública que va a obligar a que, en los próximos tres años, se paguen 1.387 millones de euros sólo de intereses. Para ello, se adoptarán medidas llamativas, como una nueva subasta de edificios públicos, que en este caso afectará a 16 inmuebles, entre los que se encuentran la sede del Consejo Económico y Social en Toledo y la del Defensor del Pueblo en la Casa Perona de Albacete, por los que se espera obtener 24 millones de euros. Dinero que se sumará a los 7 millones que, como mínimo, espera recaudar la Junta de la subasta de edificios que ya está convocada y a los 4 millones que espera conseguir al reducir la flota de más de 2.600 vehículos a la mitad. Amplio catálogo Entre el amplio catálogo de medidas de aumento de los ingresos y y de control del gasto, el consejero ha explicado a los diputados que su Departamento piensa reducir en un 50 por ciento las subvenciones y, en concreto, eliminar los 37 millones de euros de ayudas a fondo perdido concedidas el último año sin respaldo presupuestario. También se reducirá en 13,7 millones las subvenciones por operaciones corrientes a empresas públicas, ahorro al que se sumarán los 6,8 millones de euros que propiciará la supresión del Instituto Don Quijote de Promoción Turística, Cultural y Artesana. Además, se extremarán los controles para la justificación de las subvenciones recibidas o la petición de ampliación de plazo, materia en la que se ha actuado con "desidia" por parte del anterior Ejecutivo. Para compensar la reducción de las ayudas a empresas y emprendedores, el consejero ha anunciado que se estudia incluir una deducción en el IRPF para el fomento del autoempleo. Materia impositiva También en materia impositiva, habrá un cambio legal en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados con el que se pretende obtener 3,4 millones más; la actualización de la ley de tasas y precios públicos (1,1 millones), un plan para atajar la morosidad de los ayuntamientos con la Junta y la venta de la participación en Telecom y Gas Natural, lo que reportará unos 12 millones de euroS. Asimismo, se mejorará la utilización de Fondos Comunitarios, pues, por "pura negligencia", hay operaciones ligadas al Programa Operativo FEDER 2007-2013 que no han sido certificadas y por las que se podría obtener una ayuda comunitaria de 89,4 millones de euros, 25,7 de ellos en 2011. En cuanto a la reducción de gastos, el consejero ha asegurado que el objetivo es la racionalización de las estructuras administrativas y la eliminación de duplicidades, para lo que la primera medida ha sido la reducción del número de altos cargos, asesores, secretarias y conductores. La Consejería pretende ahorrar en atenciones protocolarias y campañas institucionales 11,4 millones de euros, en contratos de alquiler 4,5 millones, en gastos de telefonía 7,9 millones (limitando sobre todo las llamadas de fijo a móvil), en la contratación de asistencias técnicas externas 15 millones y en papel, periódicos y publicaciones otros 3,8 millones. Más cierres de entidades públicas Asimismo, en el plan de racionalización del sector público, se suprimirá el Instituto Don Quijote, que tenía una plantilla de 50 personas, seis de ellas directivas, y la mayor parte de sus actividades estaban subcontratadas. Esa medida incluye el cierre de las oficinas de turismo de Madrid y Valencia que, según el consejero, no tenían visitantes, y cambios en la presencia en Fitur, que en 2012 se reducirá al máximo y en años posteriores se compartirá con otras comunidades autónomas. También se suprimirá la Fundación para el fomento de la innovación, el diseño y la cultura emprendedora en Castilla-la Mancha (nacida de la Factoría de Emprendedores y el Centro Regional de Diseño) y se fusionarán Sodicaman y el Instituto de Finanzas. Se estudiará la situación de la sociedad AVAL Castilla-La Mancha y del Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración (ISFOC), que tiene un préstamo del Ministerio de Educación de 26,9 millones de euros que no puede amortizar con los fondos que genera. Los servicios del IPEX seguirán siendo gratuitos, pero se añadirá uno de acompañamiento en nuevos mercados (India, Rusia, Emiratos Árabes Unidos y Japón), que tendrá "un mínimo coste fijo" a las empresas. Cambio de filosofía Además de estas medidas, el consejero ha anunciado una serie de instrucciones de funcionamiento que conllevan un cambio en la filosofía de la Administración y en las que se enmarca el final de las subvenciones directas y el aumento de los controles sobre las ayudas. En ese contexto, la contratación de personal directivo requerirá el informe previo de la Consejería de Economía y el Consejo de Gobierno autorizará el número global de nuevos cupos de efectivos y el número máximo de contrataciones de profesores en centros docentes públicos. Se reforzará el control del gasto de personal, con especial atención en el gasto en guardias, en el nombramiento de personal eventual y de sustitutos. La contratación administrativa, como ya ha aprobado el Consejo de Gobierno, quedará en manos de una comisión regional que, por encima de todo, tendrá en cuenta el factor precio y que empezará a funcionar en febrero. Las explicaciones del consejero no han convencido a la oposición, pues su diputado José Molina ha concluido que el Gobierno aplica el recorte "por devoción", no por obligación, además de recalcar la importancia de todo lo construido y avanzado gracias a la deuda que se ha construido. Molina ha expresado su temor que de, tras estas medidas, se implante un modelo para hacer negocio de la prestación de servicios públicos.