sábado, 3 de diciembre de 2011

El juez embarga a los Ruiz-Mateos varias de sus casas

Puede quedarse hasta sin la mansión de Somosaguas La familia no ha podido afrontar los 30 millones de fianza que le exigían por Nueva Rumasa
José María Ruiz-Mateos está a punto de perder su mansión de Somosaguas, donde además de la vivienda familiar tenía hasta ahora las oficinas de Nueva Rumasa. LAEDICION.NET.-DANIELLA MONTENEGRO.-Cuenta Javier Romera en El Economista que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha ordenado el embargo de propiedades inmobiliarias por toda España, tanto a su nombre como al de sus hijos después de que la familia no haya podido afrontar el pago de la fianza de 30 millones de euros. El plazo concluyó el pasado día 3 de noviembre, aunque la familia Ruiz-Mateos había manifestado ya mucho antes que no iba a pagar al no disponer de liquidez. Este embargo se sumó además al decretado en septiembre por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada al patriarca de la familia y a dos de sus hijos por importe de 618,26 millones para cubrir el agujero patrimonial que soporta el fabricante de postres. ¿Cómo es la finca de Somosaguas? El Gobierno socialista de Felipe González intentó ya expropiar la mansión de Somosaguas en los ochenta, cuando ante los reiterados impagos a la Seguridad Social y Hacienda, le embargaron su imperio. Pero el proceso no pudo llevarse a cabo porque para protegerse Ruiz-Mateos puso la casa a nombre de su mujer, Teresa Ribero. La finca tiene 7.000 metros cuadrados y está valorada, según los expertos inmobiliarios consultados por este periódico, en entre 8 y 10 millones de euros. Esta casa soporta además una hipoteca por 5,9 millones con Fortis Bank (actual BNP), que ha iniciado igualmente un proceso de ejecución. Los Ruiz-Mateos, tanto los hijos como las hijas, podrían perder más de una veintena de propiedades, tanto en Madrid como en la costa. Otro proceso por estafa Ruiz-Mateos está de nuevo citado a declarar en Palma acusado de haber estafado 14 millones en la compra de un hotel en Mallorca, después de que la jueza haya determinado que no tienen fundamento los problemas médicos que adujo para no comparecer.

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