viernes, 23 de diciembre de 2011

Miguel Arias Cañete, nuevo ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Nacido en Madrid, ocupó el mismo cargo en el Gobierno de Aznar DANIELLA MONTENEGRO.-LAEDICION.-Miguel Arias Cañete, madrileño pero enormemente vinculado a Jerez de la Frontera, es desde hoy el nuevo ministro de Agricultura del primer Gobierno de Mariano Rajoy. Arias Cañete fue parlamentario andaluz entre 1982 y 1986. Senador por Cádiz en la V y VII legislatura; parlamentario europeo entre 1986 y 1999. En el año 2000 fue nombrado ministro de Agricultura, cargo en el que permaneció hasta el año 2004. Arias es diputado por Madrid en el Congreso desde 2008. El presidente del Gobierno anunció su nombramiento en una comparecencia celebrada a las 19.30 en el Palacio de la Moncloa. Antes, Rajoy había comunicado al Rey, pasadas las 18.30 horas, la composición de su primer Gabinete, cuyos integrantes acudirán mañana al Palacio de la Zarzuela para jurar o prometer sus cargos ante el jefe del Estado. Desde la Zarzuela, Rajoy se trasladó al Palacio de la Moncloa, donde había convocado a los medios informativos para hacer pública la estructura del Gobierno y los nombres de sus ministros. El líder del PP ha jurado su cargo como jefe del Ejecutivo minutos después de las once de la mañana en una breve ceremonia celebrada el Salón de Audiencias del Palacio de la Zarzuela, en la que le han acompañado los reyes, los presidentes del Congreso y el Senado, así como el del Tribunal Constitucional y el del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El nuevo jefe del Ejecutivo regresará mañana a la Zarzuela para asistir, a partir de las 11.00 horas, a la ceremonia de jura o promesa de sus ministros, quienes se desplazarán a continuación a sus respectivos departamentos para tomar posesión de sus cargos. Rajoy fue nombrado ayer presidente del Gobierno tras obtener la confianza de la mayoría absoluta de diputados del Congreso, con 187 votos a favor -los 185 del PP, el de UPN y el de Foro de Ciudadanos-, 149 en contra (PSOE, CiU, IU-ICV, UPyD y la mayoría del grupo mixto) y 14 abstenciones (PNV, Amaiur y CC-NC) Nuevo Gobierno La composición del primer Gobierno de Mariano Rajoy, anunciada hoy por el nuevo jefe del Ejecutivo en el Palacio de la Moncloa, es la siguiente: Presidente: Mariano Rajoy. Vicepresidenta primera, ministra de la Presidencia y ministra Portavoz: Soraya Sáenz de Santamaría. Ministro de Economía y Competitividad: Luis de Guindos. Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación: José Manuel García Margallo. Ministro de Justicia: Alberto Ruiz-Gallardón. Ministro de Defensa: Pedro Morenés. Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: Cristóbal Montoro. Ministro de Interior: Jorge Fernández Díaz. Ministra de Fomento: Ana Pastor. Ministro de Educación, Cultura y Deporte: José Ignacio Wert. Ministra de Empleo y Seguridad Social: Fátima Báñez. Ministro de Industria, Energía y Turismo: José Manuel Soria. Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: Miguel Arias. Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: Ana Mato. Primer análisis: Arias Cañete se la jugará en la UE en la lucha por 7.500 millones en ayudas. El nuevo ministro de Agricultura, Arias Cañete, se la jugará en "la batalla de todas las batallas" para negociar en Bruselas el mantenimiento del cheque agrícola de 7.500 millones que España recibe al año, el último gran pastel en liza ante la paulatina desaparición de los fondos de cohesión. Pero la propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC) a partir de 2013, que piensa más en un modelo centroeuropeo que en el mediterráneo, y la búsqueda de alianzas en Europa no serán su único frente. También tendrá que luchar por las subvenciones comunitarias a la pesca y por los acuerdos de asociación con terceros países, que levantan ampollas entre los agricultores y reabrirán heridas en el ámbito internacional. En casa, por su parte, tendrá que organizar el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente -hasta ahora de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino- y trabajar para que se consiga el equilibrio en la cadena agroalimentaria. En Bruselas, su objetivo será consolidar el "status quo" actual de España, como segundo perceptor de fondos agrícolas (6.090 millones, tras Francia) y el tercero en los de desarrollo rural (1.562 millones, después de Polonia y Rumanía), para después enfrentarse a la difícil tarea de un reparto nacional que puede abrir luchas internas. Los agricultores mirarán con lupa al nuevo inquilino de Atocha, ya que, no en vano, de la PAC depende el futuro del campo y de miles de empleos. El Gobierno ha impregnado de espíritu agrícola el Ministerio, pero está por ver cómo conjugará los intereses agrarios con los ecologistas, no siempre bien avenidos. La interlocución con el sector agrícola y ganadero situará al sillón del ministro sobre un "avispero", en un contexto de lucha por la mayor representatividad (Asaja, COAG y UPA) o por el acceso a las mesas de negociación (La Unió o las federaciones agroalimentarias de los sindicatos). El nuevo Gobierno es consciente, además, de que en esta legislatura podrían volver las protestas a la calle. Con una mayoría del Partido Popular en las instituciones, el nuevo titular tendrá al menos el respaldo teórico de sus líderes regionales, pero sufrirá la presión del bastión socialista andaluz. No tendrá fácil consensuar una política nacional, para que las aguas vuelvan a su cauce, y elaborar un nuevo Plan Hidrológico Nacional que contente a todos y zanje diferencias irreconciliables en asuntos como los trasvases del Ebro o el Tajo-Segura. Con la restricción presupuestaria como lastre y el coste de energía en máximos, también peligra la modernización de regadíos. Se encontrará sobre la mesa proyectos socialistas culminados, pero pendientes de desarrollar, como los reglamentos de la Ley de integración del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (Reass) en el General, y otros que aún se deben tramitar, como la futura ley de mejora de la cadena agroalimentaria. Las decisiones de la gran distribución y de Competencia requerirán de un esfuerzo titánico, si el Ministerio quiere garantizar unas rentas adecuadas para el sector agropecuario o, al menos, que igualen sus costes. Profesionalizar un sector primario todavía muy atomizado y en reconversión permanente, con mejor gestión de la oferta y de la comercialización, y la adaptación a la globalización serán otros de los desafíos para el futuro ministro. Sin olvidar el necesario impulso a la internacionalización como vía de escape frente a la caída de consumo interno. Las industrias y las empresas también le han puesto ya deberes, como el acceso a la liquidez, avales de crédito a la exportación, mejoras fiscales y tributarias, apoyo a la concentración y fusión cooperativa... "La única batalla que se pierde es la que no se da", decía la exministra Loyola de Palacio, un lema que podrá recuperar el futuro Gobierno para responder a las expectativas creadas. Desde el sector agrario advierten de que no le entregarán un cheque en blanco y le exigirán que gane todas esas batallas, especialmente la europea, porque consideran que el campo ya ha perdido demasiadas guerras. Por lo que se refiere a la pesca, tendrá que afrontar la reforma de la Política Pesquera Comunitaria (PPC), que la Unión Europea negociará en 2012 para que entre en vigor en 2013, y en la que España deberá luchar por frenar la propuesta de Bruselas, que prima medidas para reducir la capacidad de la flota y proteger los caladeros. Otro gran desafío es el restablecimiento del acuerdo con Marruecos, después de su reciente ruptura por el veto de la Eurocámara, que ha obligado a salir de aguas marroquíes a unos 70 barcos españoles. En cuestiones medioambientales, el recién nombrado Gobierno deberá lidiar con la polémica cuestión del futuro almacén de residuos nucleares de alta radiactividad y redefinir la política energética e hidrológica del país. El tema central de su agenda ambiental será decidir qué municipio acoge el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta radiactividad, algo que estuvo a punto de resolverse en 2010 y que, finalmente, se paralizó por diferencias políticas entre el Gobierno central y las CCAA con municipios candidatos a albergarlo. Atendiendo solo a criterios técnicos, la elección apuntaba al municipio de Zarra (Valencia). Habrá de perfilar también la política energética del país, sobre todo el papel que deben desempeñar las renovables y la energía nuclear, con el cierre previsto de Santa María de Garoña (Burgos) a la vuelta de la esquina (2013) y lo ocurrido en Fukushima aún muy presente en la opinión pública.

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