viernes, 2 de diciembre de 2011

Piden prisión e inhabilitación para un ex concejal del PP por prevaricar

Indemnizó al gerente de una empresa municipal de Sanlúcar con 70.000 euros de más LAEDICION.NET.-DANIELLA MONTENEGRO.-Rafael Rubio, ex concejal del PP de Sanlúcar, no convenció ayer al fiscal en la Audiencia Provincial de Cádiz. Rubio aseguró que cuando en 2006 despidió al gerente de la empresa municipal de limpieza, Emulisam, y pactó con él una indemnización de 100.000 euros -70.000 más de lo estabecido en el contrato- lo hizo creyendo que actuaba de modo correcto, que lo que hacía era "conforme a Derecho". El interrogatorio del fiscal a Rubio, y luego el del abogado de la acusación particular, mostró con bastante claridad lo principal de los hechos sobre los que se pronunciará ahora el tribunal. El fiscal interpreta que Rubio cometió dos delitos: prevaricación y malversación de caudales públicos. Y mantuvo su petición de ocho años de inhabilitación por el primero y de cinco años de prisión por el segundo. Lo mismo que para el segundo procesado, el ex gerente de Emulisan, José Miguel Barrios Ramos. Para el fiscal, la actuación de Rubio fue "deliberada, fría y descarada", que ni preguntó ni se asesoró a la hora de tramitar el despido de Barrios y que tenía "clara conciencia de que estaba haciendo algo mal hecho". Barrios coincidió con Rubio en que todo transcurrió con normalidad en 2006 cuando fue destituido: que se limitó a negociar su despido. Meses después, explicó, le dijeron que le habían pagado de más y cuando el Tribunal de Cuentas sentenció que eso era así, devolvió el dinero que le reclamaban. El fiscal tampoco creyó esa versión. Considera que Barrios fue un cooperador necesario de una operación que provocó un perjuicio al Ayuntamiento de Sanlúcar. ¿Qué tipo de operación? Eso quedó en el aire. Aunque el fiscal le hizo una pregunta al ex concejal que da indicios de lo que piensa sobre eso. ¿Usted cobró algo en esto? "Yo, no; nada", respondió el ex edil del PP, que en 2006 era vicepresidente de Emulisan sin competencias para despedir a nadie. El abogado de Rubio solicitó la absolución y argumentó que éste no tuvo intención alguna de acordar una resolución injusta y que le reclamó el dinero a Barrios cuando supo que la indemnización era excesiva.

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